para que ordene la salida de tropas de los límites del país con fines bélicos, salvo el caso de guerra defen- siva con otra nación, previa ley del Congreso de la Unión, exceptuando los casos contemplados en trata- dos y normas del derecho internacional ratificados por el Estado Mexicano.
Tampoco autorizará al Presidente de la República para que permita el paso o la estancia de unidades militares pertenecientes a otros países por el territo- rio nacional. Podrá autorizar la llegada y estancia en los casos en que por fenómenos naturales que causen muertos o heridos en forma masiva a los habitantes de la República y que sea imposible que el gobierno y el pueblo puedan resolver por sí mismos la situa- ción. El Senado autorizará expresamente al Presi- dente, de que países se recibirá ayuda y de cuales no. Las tropas que se acepten deberán venir sin armas, quedando a cargo del gobierno mexicano su protec- ción en nuestro territorio.
El Presidente de la República, solicitará al Senado la autorización para la salida de unidades pertenecien- tes al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de los lími- tes del territorio nacional, para efectuar acciones hu- manitarias en caso de desastres naturales, e informará a éste, una vez que hayan regresado, so- bre las actividades realizadas.
Para que los buques escuela o militares mexicanos en lo individual, salgan del territorio nacional en viaje
de estudio, capacitación o entrenamiento, el Presi- dente de la República no necesitará autorización del Senado pero deberá informar a éste del resultado.
Artículo Transitorio
Único: El presente decreto entrará en vigor al siguiente día
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2005.— Dip. José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted. Y, de acuerdo con su
solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales.
ARTICULO 108 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, nos ha pedido retirar del or-
den del día, el Partido Verde Ecologista de México, la ini- ciativa que habría de presentar el diputado Jorge Legorreta Ordorica.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señoras y señores legisladores: tiene el uso de la palabra el señor diputado don René Meza Cabrera, del grupo parla- mentario del Partido Revolucionario Institucional, para ini- ciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso,
diputado Presidente; diputadas y diputados:
«Iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos.
El suscrito René Meza Cabrera, diputado federal en ejerci- cio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Re- volucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Cons- titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pre- senta iniciativa de decreto para reformar el segundo pá-
rrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo si-
guiente
Exposición de Motivos
La paz pública de que disfruta la República, es consecuen- cia del cumplimiento de las disposiciones legales, que con- figuran el Estado de Derecho, indispensable para el pro- greso económico, cultural, político y social.
Sin embargo, existen indicios en las relaciones políticas e intergubernamentales, de posibles divergencias entre los diversos sectores que integran nuestra sociedad.
Nosotros, los diputados federales como representantes de esos sectores, tenemos la responsabilidad de prever y le- gislar, a fin de que esas eventualidades, no lleguen a ha- cerse realidades.
Estamos a poco más de un año de distancia de las eleccio- nes federales, en que elegiremos al titular del Poder Ejecu- tivo Federal, para el sexenio 2006-2012; la integración de un nuevo Congreso de la Unión, y la elección de varios go- bernadores, diputaciones locales y presidencias municipa- les en algunos estados del país; es decir, unas elecciones en donde el futuro de la nación estará en incertidumbre, de- pendiendo de la imparcialidad y legalidad de los resultados del proceso electoral.
Para que las elecciones federales de julio del 2006, sean pacíficas, equitativas, legítimas y legales; los legisladores debemos revisar las disposiciones y reglamentaciones que normarán el proceso electoral, cuidando que ningún parti- do político, grupo o individuo, dispongan de algún ele- mento que le dé una ventaja injusta, sobre los demás con- tendientes.
Nadie por encima de la ley, ha expresado en varias ocasio- nes el señor presidente Vicente Fox Quesada. En ese nadie debe estar incluido el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, en el actual contexto de nuestra convivencia po- lítico-social, ninguna persona o sector del país, puede tener
preponderancia sobre sus similares; sino que todos, desde la posición más importante hasta la más insignificante, hemos de ser iguales en los derechos y las obligaciones es- tablecidas en nuestra Constitución Federal.
Las épocas de las imposiciones presidenciales y su autori- tarismo, han quedado en nuestro pasado histórico, como una lección, para que no permitamos que regrese a dirigir los destinos de la nación.
La observancia de las disposiciones legales que normarán el desarrollo del proceso electoral del 2006, tienen que ser acatadas sin ninguna excepción desde que se inicie la con- tienda con las campañas de los candidatos, hasta su con- clusión con el fallo que otorguen las autoridades electora- les.
La igualdad en la obligación de respetar y cumplir con las leyes electorales, debe incluir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el párrafo segundo del artícu- lo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene que ser reformado para establecer que si el Presidente de la República, llegara a violar la normativi- dad de un proceso electoral, puede ser acusado ante los tri- bunales competentes, como cualquier ciudadano mexica- no.
Actualmente el párrafo segundo del artículo 108 Constitu- cional, dispone que:
“El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
Esta iniciativa propone que agreguemos la frase: “y delitos electorales”.
Por el expuesto y para cumplir con el artículo 56 del Re- glamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto, que reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Esta- dos Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artícu-
lo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Artículo 108. ...
El Presidente de la República, durante el tiempo de su en- cargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, deli- tos graves del orden común y delitos electorales.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor, el día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de marzo de 2005.— Dip. René
Meza Cabrera (rúbrica).»
Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado don René Meza Cabrera. Túrnese
la iniciativa de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY MINERA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Ávi- la Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolu- cionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera.
El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor
Presidente, licenciado Juan de Dios Castro Lozano, distin- guido paisano mío y distinguido jurista.
Exposición de motivos: a partir de 1521 y hasta 1821, el te- rritorio mesoamericano se convirtió en una posesión más de la Corona de Castilla, que lo ocupó y lo explotó; es de- cir, lo convirtió en una colonia, bajo el nombre de Nueva España, y se estableció la dependencia de este territorio respecto al imperio español. Esta nueva colonia pronto se convirtió en la más importante del imperio español por su extensión y su riqueza en metales preciosos, maderas y productos agrícolas.
El descubrimiento de los yacimientos de plata de Zacatecas aumentó el interés de la metrópoli por la colonia. Era tal la importancia de este comercio para España, que de 1503 a 1600 llegaron a Sevilla 16 millones de kilos de plata y 185 mil kilos de oro. Las grandes cantidades de producción
minera fueron obtenidas a costa de la vida de muchos in- dios, quienes eran obligados, junto con otros hermanos de ellos, a trabajar en las minas en terribles condiciones, lo que provocó, entre otras cosas, la disminución de la pobla- ción india, con mayor intensidad durante el siglo XVIII. La minería en México está enraizada en lo más profundo de nuestra historia. Basta recordar a El Pípila, personaje de la época de la Independencia de México, de cuyo origen hay diferentes versiones, tal vez debido a que únicamente participó con el Ejército Insurgente de Hidalgo en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. En esa época, los mineros guanajuatenses eran rudamente castigados por oponerse a la orden del rey Carlos III, quien expulsaba a los jesuitas del Real de Minas, por lo que muchos mineros fueron sen- tenciados a la pena de muerte, otros a galeras, a ser azota- dos públicamente y, en el menor de los casos, estaban en- deudados con las tiendas de raya.
Los mineros han sido parte fundamental del desarrollo de este país. Su participación en la lucha revolucionaria, jun- to con los campesinos, obreros y sectores populares, dio sentido social y principios a las transformaciones que el apóstol Madero imprimió en el Plan de San Luis.
Cananea es para la Revolución Mexicana la cuna de todas las injusticias. Los mineros han sido un sector explotado, marginado y olvidado. Todas las formas de explotación se han dado en este sector. Sin embargo, las injusticias conti- núan en esta historia. Según el convenio de venta de la Compañía Minera de Cananea, los trabajadores deberían recibir 5 por ciento de la operación. La venta se consumó en 1990 y la batalla de los ex mineros por lograr tal dere- cho ha llevado a varios a la cárcel y a otros más a solicitar asilo político en el vecino país del norte.
En un artículo de la periodista Noami Adelson, en La Jor- nada del 20 de marzo de 2004, se presenta el testimonio de la represión actual a los mineros. Sotero Soto dejó a sus cuatro hijos en México. Él es uno de los tres ex mineros de Cananea que huyeron del país y solicitaron asilo político en Estados Unidos en febrero pasado. Tememos perder nues- tra libertad y ser torturados, incluso nos pueden asesinar. Ellos son miembros de la sección 65 del Sindicato Nacio- nal de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares. Los tres huyeron a Tucson, Arizona.
El 13 de enero de 2004, un juez giró órdenes de arresto en su contra, derivadas de la denuncia del grupo industrial mi- nero México-Gin, dueño de la mina de Cananea. Ocho lí-
deres del Comité pro Cinco por Ciento fueron acusados de extorsión, despojo y obstrucción de la vía federal. José de Jesús Calderón León, y Alcívar, Macario y Alberto Tras- quillo fueron aprehendidos el mismo día y continúan en- carcelados. Otros tres mineros lograron pasar la frontera con visas de cruce frecuente; dos de ellos, Francisco Cal- derón León y Soto pidieron asilo político; el tercero deci- dió no hacerlo porque –dijo– hubo amenazas contra su fa- milia en Sonora. Por ahora ha decidido quedarse en Estados Unidos sin regularizar su condición migratoria. ¡Nunca nos dieron ese mentado 5 por ciento de acciones! Que ahora serían 84 millones de dólares con los intereses, precisa Soto. Todas estas injusticias se cometen en perjui- cio de los mineros de México y no sólo en Cananea sino también en Durango, en mi estado. Allá en Tayoltita, don- de se encuentra la mina más rica del mundo, a los obreros desde hace 20 años no se les pagan sus utilidades y viven en la más completa miseria, allá en el corazón de la sierra, y todavía les pagan en la tienda de raya. ¡Eso está allá, en Durango, en mi tierra, en la tierra de Villa, en la tierra don- de se inició la Revolución!
Por eso hay todas estas historias de despojo a los campesi- nos, que tienen en su tierra mineral y que son expropiadas con una exposición ridícula, que no les permiten percibir un mejor horizonte para su familia. Día a día vemos cómo se llevan las riquezas mineras los grandes capitales extran- jeros. Allá, en Durango, llegan aviones a la sierra de Ta- yoltita y salen cargados de barras de oro y de plata hacia Canadá, hacia Estados Unidos y hacia Inglaterra. Y no se diga en el municipio de Tepehuanes, donde en Ciénega de Nuestra Señora los aviones salen cargados de minerales y nunca dan un centavo para instalar ahí un hospital, para ha- cer esa carretera que tanto se necesita de Durango a Culia- cán, y menos dan para poner ahí una escuela. ¡Todo se lle- van! ¡Se llevan nuestras riquezas los ingleses, los canadienses y los americanos!
Proponemos desde esta ley estas reformas: la protección de quien trabaja en una compañía minera, dándole la seguri- dad de sus derechos laborales y sociales. Exigimos la re- partición de utilidades que a la fecha les niegan. Exigimos la construcción de clínicas y hospitales, tan importantes en el derecho a la vida de los mineros y sus familias. Este gre- mio está en riesgo permanente de enfermedades que lo condenan a la postración el resto de su vida. Por eso pro- ponemos la protección social como compromiso al conce- sionario ante la ley. Proponemos que se indemnice correc- tamente a las tierras expropiadas de los campesinos, que
son despojados por unos cuantos centavos, con la compli- cidad de quien debe protegerlos.
Además, reconocemos la figura del gambusino, el hombre de leyendas que surcó las montañas, los ríos y las aguas en busca de esa riqueza que guarda en las entrañas de la tierra, esa tierra nuestra que es Durango y que es México y que ha sido lugar de nuestros antepasados y será de nuestras gene- raciones futuras. Por ellos es la lucha, por ellos debemos hacer que la ley les asegure la herencia de una patria libre y soberana, dueña de sus riquezas minerales para el bene- ficio del pueblo mexicano, como lo soñaron los grandes hombres de la nación: Juárez, Zapata, Villa, Flores Magón, Lázaro Cárdenas, López Mateos y Colosio.
¡La patria es nuestra! ¡La patria es primero! ¡Viva México! ¡Viva Durango! ¡Viva Villa!
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá- mara de Diputados.— LIX Legislatura.
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI
De conformidad a los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Inte- rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica- nos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta H. soberanía la si- guiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma a los artículos 1, 7, numerales I y IV, 10, 11, numeral III, y 13-A, numeral III; y adiciona al artículo 6 dos párrafos, al artículo 8 y 15 un último párrafo de la Ley Minera.
Exposición de Motivos
A partir de 1521 y hasta 1821, el territorio mesoamericano se convirtió en una posesión más de la Corona de Castilla que lo ocupó y lo explotó, es decir, lo convirtió en una co- lonia bajo el nombre de Nueva España, y se estableció la dependencia de este territorio respecto al Imperio español. Esta nueva colonia pronto se convirtió en la más importan- te del Imperio español por su extensión y su riqueza en me- tales preciosos, maderas y productos agrícolas. El descu- brimiento de los yacimientos de plata de Zacatecas aumentó el interés de la metrópoli por la colonia.
Era tal la importancia de este comercio para España que de 1503 a 1660 llegaron a Sevilla 16 millones de kilos de pla- ta y 185 000 kilos de oro.
Las grandes cantidades de producción minera fueron obte- nidas a costa de la vida de muchos indios, quienes eran obligados, junto con los negros, a trabajar en las minas ba- jo terribles condiciones, lo que provocó, entre otras cosas, la disminución de la población india, con mayor intensi- dad, durante el siglo XVIII.
La minería en México, esta enraizada en lo más profundo de nuestra Historia. Basta recordar al Pípila, personaje de la época de la Independencia de México de cuyo origen hay diferentes versiones, tal vez debido a que únicamente participó con el ejército Insurgente de Hidalgo en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Una de las versiones es que fue oriundo del poblado de Valenciana, Guanajuato y tra- bajaba como barretero en la mina de Mellado; su esposa: Victoriana Bretadillo. La otra cuenta que Juan José nació en San Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende, Guanajuato), hijo legítimo de Pedro Martínez y María Ru- fina Amaro y murió el 26 de Julio de 1863.
El insurgente Pedro García que conoció en Guanajuato al Pípila dice que era un hombre fuerte, valiente, poseído de una enfermedad silicosa común en las minas como casca- do, que sabía leer y escribir; de tipo mestizo, con mucho de indio otomí o chichimeca, de color moreno, pelo lacio y os- curo, ojos rasgados y complexión musculosa. Partidario de la causa insurgente, pertenecía al ejército organizado por Mi- guel Hidalgo y Allende; hombres del pueblo armados con ondas, garrotes, lanzas y unos cuantos machetes y fusiles. En esa época los mineros guanajuatenses eran rudamente castigados por oponerse a la orden del rey Carlos III, que expulsaba a los jesuitas del Real de Minas, por lo que mu- chos mineros fueron sentenciados a la pena de muerte, otras galeras a ser azotados públicamente y en el menor de los casos estaban endeudados en las tiendas de raya. Motivos para que el Pípila y sus iguales se levantaran con- tra los españoles, sólo faltaba la mecha para enfrentárseles abiertamente, el padre de la patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla la tomó, el pueblo entre ellos y muy significativa- mente los mineros de Guanajuato. Pero: ¡aún hay otras al- hóndigas por incendiar!
El heroísmo del Pípila fue realidad, su origen no fue un mito o una leyenda, fue el hombre valiente, el salvador