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CHAPTER 3. PROJECT INITIATION

3.2 PLANNING THE PROJECT

Pero en cualquier caso Nithard no vio nunca reconocida su autoridad y la Regente no pudo imponer su criterio, porque faltóle flexibilidad. Las facciones nobiliarias impusieron, en tales condiciones, su concepción política y aquellos titulados que no se encuadraban en ellas tampoco encontraron el ambiente propicio para servir a doña Mariana. Nithard y la Regente no hallaron los medios para gobernar, ni tampoco pudieron cortar la maledicencia; y perdieron, sobre todo, la batalla por el control de la opinión. Ésta les fue desfavorable y los juicios apresurados, reforzados por la demagogia, se fueron instalando adentro en el interior de la conciencia social. En ella se impuso el estereotipo de un confesor, extranjero, maquinador de maldades, monstruo del mundo, loco y villano. Un Nithard, decía la sátira pública, que había cercado la conciencia de la Reina en confusa y sospechosa promiscuidad, como insinuara aquel pérfido clérigo, fray Clemente Álvarez, cuando descubría al padre Everardo «... hablando en alemán —con la Reina— tres y cuatro horas pidiendo de almorzar sopas de su puchero [del de la Reina], comiendo en su real presencia sentado y cubierto, entrando tal vez en lo más interior de su retrete (...) da ocasión a que se diga aquí lo que se dijo de la Reina Madre y del Cardenal Mazarino». Todos sabían lo que, en su tiempo, se había dicho de esto en la corte de España y en la de Francia. Sin embargo, para el historiador, lo más interesante de estas insidias es que quien las escribió, fray Clemente Álvarez de la Orden de Predicadores, era confesor personal del duque famoso, el de Medina de las Torres, ya entonces, conspirando abiertamente junto con don Juan.71

Porque, efectivamente, don Juan encabezó las distintas ambiciones de la corte y dirigió aquel confuso partido de los grandes de España, prestos a medrar a costa de la Corona, pero huidizos cuando de defender los intereses de la monarquía se trataba. Y estos intereses eran entonces muchos y pasaban por momentos difíciles. Lo más urgente era hacer frente a las ambiciones de las potencias extranjeras. Inglaterra buscaba que se pusiese fin a la guerra de Portugal por intereses comerciales, y Luís 71 Se trataba, también, de un conflicto entre órdenes religiosas; en este caso entre jesuitas y dominicos. Fray Clemente Álvarez (O.P.), Dudas políticas y teológicas que consultan a las Universidades de Salamanca y Alcalá los Señores del Gobierno. Citado en G. Maura y Gamazo, Carlos II.... op. cit. T. I, p. 266.

XIV amenazaba con ensancharla pretextando que los estados de Brabante le pertenecían a su esposa, María Teresa, por las leyes de devolución vigentes en esos estados. Todos sabían que era un argumento falso, porque lo que realmente perseguía Francia era el control de los territorios de Flandes.

Y Flandes, para la monarquía española, lo significaba todo. Existía una doctrina geopolítica, elevada a categoría, que consideraba la seguridad de este territorio como la piedra angular de la supremacía política de los Habsburgo en Europa. Esta doctrina todavía estaba vigente, aunque no todos los miembros de la Junta de Gobierno, ni todas las personalidades políticas influyentes, participaban con el mismo entusiasmo de ella. El marqués de Aytona, el único miembro militar de la Junta, era acérrimo partidario de defender Flandes de acuerdo con esta doctrina, ya clásica: «Máxima es asentada —escribía este marqués dirigiéndose a doña Mariana — (...) que Flandes es el antemural de España y el freno de Francia, el medio entre Inglaterra y Holanda y uno de los baluartes del Imperio Austriaco y el equilibrio de Europa.»

Podía ser verdad, pero aquel equilibrio de Europa no era necesario de igual modo para todos; ni para el Imperio, ni para Inglaterra, ni, sobre todo, para Francia. Se trataba, sin duda, del equilibrio español; pero ocurría que la monarquía española no tenía capacidad ni recursos para defenderlo. Claro que había hombres capacitados para proponer remedios pero, desgraciadamente para la Regente y Nithard, éstos no estaban ni en la Junta ni, tampoco, con don Juan y la gran alianza aristocrática que éste «presidía». Y así ocurrió que, cuando en mayo de 1667 las tropas francesas invadieron el territorio con 70.000 hombres, aquello fue un paseo militar y los remedios no se encontraron. Se llamó a don Juan a palacio para que aportase su opinión considerando su anterior experiencia militar en los Países Bajos, pero se mostró altivo y, antes que nada, exigió ser remunerado con una plaza oficial en el Consejo de Estado. Se pidió un donativo general a las ciudades, a las sedes episcopales y a los títulos y grandes de España, y la respuesta, aunque muy variada, fue, por lo general, parca y huraña. Pero, sobre todo, lo que llamó la atención fue la actitud remisa de la nobleza para colaborar en la defensa de la monarquía. Porque, entonces, no hubo ni un solo caballero que ofreciese, generoso, sus armas o su dinero. Todos prefirieron callar y no darse por enterados. Quizás el más sincero de todos fue el duque de Medinaceli, quien explicó con franqueza su posición en estos términos: «... me hallo pobre, viejo y olvidado (...) y no puedo, por su real servicio y mi obligación, dejar de decir que las guerras no se hacen con donativos miserables, antes suelen ocasionarlas». Efectivamente el problema del poderoso titular de la Casa de la Cerda, «piélago inmenso de grandezas», era que, a su parecer, la Regente le tenía «olvidado»72.

Con una sociedad así, tan desestructurada, no era posible hacer frente ni a las osadías de los portugueses ni a la fuerza de los ejércitos de Francia. Había otras causas, también, obviamente, pero el problema primero era político; una ruptura de 72 A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII. (Vol. I) CSIC, Madrid, 1992 (Ed. Facsímil de la de 1967), pp. 221 y 222. También en C. Sanz Ayán, «Reformismo y Real Hacienda: Oropesa y Medinaceli» en C. Iglesias (ed.), Nobleza y sociedad en la España moderna. Nobel, Oviedo, 1996, p. 180, nota 3.

los vínculos en la cúspide jerárquica de aquella monarquía. Por ello Luís XIV paseóse por Flandes humillando las defensas españolas y con la única oposición de las potencias extranjeras que sentían recelo de aquella soberbia francesa.73 Y fue ese

recelo externo el único que pudo salvar, un tanto, las posiciones hispanas porque, la diplomacia regia, actuando con mucha habilidad, fue capaz de tejer los hilos para, incitando a unos y a otros, conseguir una coalición, la Triple Alianza (Inglaterra, las Provincias Unidas y la monarquía hispana) que obligó a Luís XIV a considerar la conveniencia de una paz, aunque fuese muy débil y coyuntural. Aquella alianza fue obra del esfuerzo de los embajadores españoles en Bruselas, en Londres y en La Haya; obedecía a una estrategia defensiva y obligatoriamente pacifista. En lo substancial coincidía con la visión del padre Nithard aunque partía de una filosofía mucho más realista. La explicó el conde de Molina, entonces embajador en Londres: «No podemos mantenernos por nosotros mismos —decía el conde— sin apoyos extranjeros.»74

Se llegó así a firmar la paz de Aquisgrán en mayo de 1668. Se trataba de un acuerdo en que la monarquía de España pagaba la mayor parte de las exigencias francesas, desde luego. Se perdieron doce ciudades en Flandes; y, en realidad, esto fue el mal menor, porque la habilidad y el buen hacer del marqués de Castel-Rodrigo logró mantener lo más importante: el Franco Condado. Ello no obstante esta paz no podía ser perdurable porque, en ella, no se habían alcanzado todos «los grandes designios que Francia había concebido», como aclaraba el embajador Mexía de Tobar. Es verdad que, desde ahora, Luís XIV podría penetrar en los Países Bajos cuando quisiera, que el Franco Condado, que tanto deseaba, caería pronto en sus manos y que sus potenciales enemigos, Inglaterra y las Provincias Unidas, quedarían ahora anulados. Pero «los grandes designios» franceses miraban en otro sentido: nada menos que a la partición de todo el enorme Imperio español.75

Y este gran asunto, ahora ya, en este año de 1668, se estaba gestando en la corte de Madrid, donde el príncipe bastardo don Juan daba muestras de una insolencia política tal que, de no ser contenida, podía hacer peligrar la legitimidad de don Carlos, todavía un príncipe de siete años de enclenque salud, protegido y aislado hasta la obsesión por una madre de horizontes políticos muy limitados. Porque ocurrió que ni la Regente, ni Nithard, ni tampoco su enemigo don Juan supieron interpretar convenientemente el silencio de la corte de Viena, cuando Luís XIV invadió Flandes, ni el mutismo del emperador Leopoldo cuando su hermana Mariana autorizó a su embajador Castel-Rodrigo a firmar las condiciones —muy negativas para España— del acuerdo de Aquisgrán. Sorprendente silencio, éste, de Viena, cuya diplomacia excusó siquiera una protesta ante la soberbia francesa. No la hubo, y Viena aceptó el acuerdo. Hoy se sabe con certeza lo que, entonces, sólo fueron rumores. Y la certeza es que Luís XIV y el emperador Leopoldo, meses antes de Aquisgrán, habían firmado, por enero de 1668, un dictamen mediante el cual el 73 B. Bennassar et al., Historia Moderna... op. cit., p. 622 y ss.

74 C. Sanz Ayán, Los Banqueros de Carlos II. Universidad de Valladolid, 1989, p. 209.

75 Cit. en G. Maura y Gamazo, Carlos II... op. cit. T. I, p. 347. Fue también, en este confuso contexto, cuando se llegó al Acuerdo de Paz con Portugal; un acuerdo un tanto ocultado vergonzosamente. Vid. R. Valladares, Felipe IV y la restauración... op. cit., pp. 256 y 257.

Imperio y Francia procederían a repartirse pacíficamente la herencia dinástica del príncipe Carlos si éste moría sin descendencia. Porque se decía que estaba muy enfermo y que no salían por eso del alcázar76.

En efecto, Viena y París llegaron a considerar, entonces, que sus Coronas tenían derechos legítimos y sobrados para aspirar a la herencia española. Y en estos momentos el verdadero peligro a estas aspiraciones lo representaba don Juan. Porque es obvio que, en ambas capitales, se recibía puntual información de la crisis interna que tenía lugar en Madrid. El asunto era muy grave, sin duda; don Juan venía dando pruebas de una indisciplina tal que, en circunstancias ordinarias, dicha actitud sería considerada como traición y deslealtad.

Los lazos entre el Príncipe bastardo y la Regencia se habían roto ya, casi definitivamente. Envalentonado por el halago de sus adeptos —Medina, Montalto y, ahora sobre todo, por el duque de Pastrana—, don Juan había desobedecido la orden de la Regente de trasladarse a Flandes, como gobernador y capitán general, para hacer frente a la invasión francesa y asumir la dirección política del territorio. Fue muy temerario el Príncipe cuando se negó a embarcarse; en aquellas circunstancias dijo que su marcha significaba «un triunfo del confesor y una orfandad de sus parciales». Por ello prefirió quedarse, aunque luego rectificó y acudió al discurso demagógico para justificar su decisión: alegó, a modo de disculpa, que había una «estrechez» real de los medios; que nada podía solucionarse en Flandes si no se le otorgaban atribuciones más importantes como la facultad de firmar tratados o concluir paces, entre otras. Además don Juan pidió que se indicase, claramente, que él representaría en Flandes a la propia familia real; y, finalmente, con evidente cinismo, arguyó que no podía abandonar la corte cuando, como todos sabían, el presente gobierno era el más monstruoso del mundo.

Presionaba así don Juan, con el regocijo de los grandes y la ineficiencia de la Junta. Respondió la Regente ordenando, otra vez, que el Príncipe se trasladase, sin dilación y con urgencia, a los Países Bajos. Y una vez más don Juan se opuso acusando también al confesor Nithard de tener secuestrada a doña Mariana. Contestó ésta ordenándole que se recluyese inmediatamente en Consuegra, la cabeza de sus estados, y que lo hiciera de inmediato, sin pasar por la corte. Al mismo tiempo, desde palacio, se enviaba orden a don Iñigo Melchor Fernández de Velasco, condestable de Castilla, que se encaminase a Flandes para ejercer de gobernador y capitán general, el mismo ministerio que había rechazado don Juan.

El aviso fue importante, estaba cargado de fuerza y llevaba consigo la amenaza de tomar medidas disciplinarias. Como siempre haría don Juan, ante tal firmeza, fingió acatarla adoptando una posición de falsa humildad. Dejó, en consecuencia, La Coruña y se volvió hacia Consuegra, el centro de sus «estados». Supo, también, que al duque de Pastrana, su partidario más notorio, se le ordenó, también desde palacio, que se recluyese en Guadalajara, la sede del ducado del Infantado.

Fueron decisiones tajantes que, si bien no rebajaron la tensión, al menos 76 B.N.E., mss. 8344, fol. 70-85. También en A. Graf von Kalnein, Juan José de Austria... op. cit., pp. 91 y 92. J. Castilla Soto, Don Juan José... op. cit., p. 212. G. duque de Maura y Gamazo, Vida y reinado de Carlos II Aguilar, Madrid, 1990, p. 95 y ss.

reafirmaron un tanto la figura de la Regente, aunque la campaña contra el confesor no disminuyó en absoluto. Veíase, entonces, el padre Nithard criticado por grandes censuras que no podía controlar. Era importante, en consecuencia, buscar colaboradores fieles aunque éstos no fueran fáciles de encontrar.

Ocurrió así que, en la primavera de 1668, el Conde de Castrillo, presidente del Consejo de Castilla y miembro por ello de la Junta de Gobierno, ya anciano de unos ochenta y cinco años, pidió ser retirado de sus altos cargos luego que consiguió ver satisfechos sus deseos de alcanzar la grandeza de España, si no para su Casa, al menos para su persona. Para la Regente y el padre confesor, el presidente del Alto Tribunal que ahora «se jubilaba», no había dado muestras excesivas de fidelidad a su causa. Preocupado por sus propios intereses, el conde de Castrillo siempre supo maniobrar en la corte con unos y con otros sin pudor y recato alguno. Por ello su retiro fue aprovechado para designar un sustituto que fuera proclive, sin sombra de duda, a doña Mariana y al padre Everardo. No era sencilla la elección porque no era fácil encontrar, entre todos los grandes de España o entre las altas dignidades de la Iglesia, alguien que hubiera dado pruebas de una lealtad como la que se exigía. Se decidieron, finalmente, por don Diego Riquelme de Quirós, que era obispo de Ciudad Rodrigo. Cuando se hizo público su nombramiento, llovieron las críticas. Se dijo que era un pastor diocesano de segunda fila y de muy pocas luces, indigno de ocupar la Presidencia del Consejo de Castilla y más indigno todavía de ser miembro de la Junta. Un eclesiástico mediocre que no sería más que «hechura» manejada por el padre Nithard.

Sin embargo don Diego, para desgracia de sus «patronos», murió a las dos semanas de ocupar su alto ministerio. Una sucia lanceta infeccionada, instrumento necesario para realizar la sangría que los doctores le habían prescrito, terminó con su vida. Había que buscar, de inmediato, otro hombre que, como don Diego, pudiera ser criatura de Nithard en la Junta de Gobierno. Y se creyó encontrarlo en otro don Diego, este de ahora, apellidado Sarmiento Valladares. Un hombre de vocación burocrática, de edad avanzada —casi sesenta años—, licenciado en Derecho Canónico, que había desempeñado diversos oficios cualificados entre los ministros de los Consejos y Audiencias. Un hombre de segunda fila, también; y cuyo mérito más relevante lo había adquirido como fiscal del Consejo de la Inquisición, donde trabajó muchos años. Hacía menos de cuatro meses que, por enero de 1668, se le concedió, como obispo, la mitra de Oviedo, una de las sedes episcopales más pobres de todo el Reino. Poco antes de tomar posesión de ella fue ordenado como sacerdote. Don Diego Sarmiento de Valladares fue siempre un segundón en todo, por linaje y por oficio. Empero ahora le llegaba su hora; y por voluntad del padre Everardo se le aupaba a la Presidencia del Consejo de Castilla; y por ello mismo, entraba como miembro de pleno derecho en la Junta de Gobierno para reforzar la figura del confesor, aislado en ella.77

Aquel nombramiento escandalizó a todos porque fueron muchos los que se 77 T. Sánchez Revilla, «Los Inquisidores Generales...» cap. cit., p. 271 y 272. También J. Meseguer Fernández, «Diego Sarmiento de Valladares. Inquisidor General. Documentos para su biografía.» en Archivo Iberoamericano (40,1980), pp. 310-318. Véase también J. Fayard, Los miembros del Consejo... op. cit., p. 140 y ss.

sintieron preteridos; muchos aristócratas y muchos altos eclesiásticos. Por lo mismo se arguyó que el confesor, en el ejercicio de un nepotismo descarado, había roto la tradición y había deshonrado la dignidad de la Junta. Con el nombramiento de Sarmiento de Valladares todo el sistema de elección que, tradicionalmente, se seguía, se había roto. Las élites políticas, en aquel medio tan enrarecido, se sintieron por ello menospreciadas, y el padre confesor fue objeto de la crítica más implacable.