POPULATION DYNAMICS AND LEARNER ENROLMENT

Como efecto de la resolución invocada, los jueces de garantías penales deben aplicar en el caso de las personas que sean halladas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o preparados que las contengan, una sanción acumulativa, esto

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es, una pena privativa de libertad acumulada que según la Corte Nacional de Justicia, se deduce de la propia tipificación contenida en el ordenamiento penal.

Ello introduce en la práctica judicial un lineamiento y parámetro legal, aunque las consecuencias aún no pueden ser plenamente medibles, si es posible anotar uno de los criterios desde los cuales se podría verificar las consecuencias de la medida. Este criterio es el efecto de prevención general que asiste a toda medida sancionadora de una infracción penal. Como se repasó en líneas anteriores, la prevención general como finalidad de la pena, establece además un criterio que subyace al subprincipio de la necesidad.

Entonces, la Corte Nacional de Justicia, espera que la sociedad pueda ser prevenida de la gravedad del hecho sancionado, incluso con la pena acumulada, puesto que el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización amenaza gravemente el derecho a la salud pública.

METODOLOGÍA

La investigación del tema expuesto se sustentará en el procedimiento metodológico cualitativo. Cualitativa porque ayudará a entender el fenómeno jurídico y sus características. El procedimiento permite evaluar las características del problema explorando las experiencias cotidianas de las personas.

El presente trabajo investigativo se basará en los siguientes tipos de investigación:

Investigación Bibliográfica.- Por cuanto la investigación del tema tendrá un contenido teórico y documental, tomando como referencia los libros, códigos, y documentos de varios estudiosos y tratadistas del tema. Para tal efecto resulta de trascendental importancia la revisión de varios autores de obras jurídicas que nos dilucidan temas como: Los Derechos

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Fundamentales, El principio de proporcionalidad, Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derecho Penal.

Investigación Descriptiva.- Se analizará la práctica y el actuar de los jueces y tribunales de garantías penales, respecto a la disposición de la Corte Nacional de Justicia, de acumular la pena cuando se trate de delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Investigación Aplicada.- Esta investigación está orientada a resolver un problema concreto en el ámbito jurídico, esto es la “desproporcionalidad de la acumulación de la pena” para las personas que ha sido declaradas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en virtud de los derechos constitucionales que asisten a las personas que participan en cualquier tipo de infracción, reconociendo que en el actual Estado Constitucional de Derechos, la interpretación de cualquier norma jurídica es legítima si observa todos los derechos y principios constitucionales.

La presente investigación se basará en los siguientes métodos:

MÉTODO INDUCTIVO.- Permitirá obtener la verdad científica partiendo del estudio de los elementos particulares referentes a cada caso.

MÉTODO DEDUCTIVO.- A través de este método se partirá de un principio o realidad general ya conocido como es el conjunto de leyes y normas de nuestro país en cuanto a los Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal, Principios estructurales de los derechos, Principio de Proporcionalidad.

MÉTODO ANALÍTICO.- Permitirá separar algunas de las partes del todo jurídico existente para someterlas a estudio independiente.

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MÉTODO SINTÉTICO.- Permitirá orientar las conclusiones, ordenando la información obtenida, de manera que se pueda construir conceptos y definiciones.

MÉTODO HISTÓRICO.- Se utilizará para indagar los sucesos y acontecimientos que se han presentado en el campo jurídico partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Este método es muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la problemática y las conclusiones finales, ya que dentro de la información que se analizará se estudiará la evolución y desarrollo del fenómeno de estudio.

PROPUESTA

Elaborar un documento de análisis jurídico; en el cual se evidencie la desproporcionalidad de la pena, contenida en la Resolución No. 12-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592 de 22 de septiembre de 2015, por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que establece la acumulación de la pena; para las personas que son declaradas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Con esto se garantiza la no vulneración del principio de proporcionalidad y seguridad jurídica consagrado en la Constitución del Ecuador.

En lo principal, como se ha podido constatar en la investigación que se presenta, la resolución No. 12-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592 de 22 de septiembre de 2015, por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador resulta desproporcionada, es decir, que aplicando el test constitucional de la proporcionalidad, no satisface dicho principio.

De esta forma la investigación pretende llevar a consideración de los jueces de garantías penales, tanto de la Corte Nacional de Justicia, como los jueces ordinarios, un trabajo de corte

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académico e investigativo, en el que se encuentren argumentos mediante los cuales es posible determinar que la resolución que sanciona la acumulación de la pena para las personas culpables del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no satisface el principio de proporcionalidad, tal como se lo encuentra determinado en la Constitución de la República.

Es necesario recordar que el Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, siempre los derechos fundamentales; serán el límite y sustento de toda actuación y decisión jurisdiccional, sobre todo; cuando ella restringe otros derechos como la libertad, autonomía individual e integridad física, tan elementales para los seres humanos, que su exclusión supondría la eliminación de tal catalogación.

Por ello la investigación se propone como una crítica y desarrolla algunos elementos en las que se sustenta, así como también, para la convalidación científica de la investigación , se hace necesario el uso e integración del método que permite identificar el procedimiento científico mediante el cual se obtiene un resultado que trata de dar solución al problema inicial planteado.

Lo que se investiga es una realidad concreta, como se ha mencionado en líneas anteriores. El fenómeno existe en la práctica jurídica ecuatoriana y se afirma en cada juzgado en donde se sanciona a los culpables por delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización con la acumulación de la pena.

Por otra parte, la información que respalda fundamentalmente a la investigación se obtiene de diversas fuentes. Sin embargo, la principal fuente radica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Aquí se encuentra los principales fundamentos jurídicos que determinan el

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principio de proporcionalidad y los subprincipios que lo componen; es decir, los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A partir de estos criterios se puede enjuiciar una determinada medida y concluir si satisface o no el principio de proporcionalidad. El estudio de la doctrina que analiza el principio de proporcionalidad, también constituye un pilar muy importante para desarrollar la investigación, ya que permite conocer conceptualizaciones y características del objeto de estudio.

Básicamente con el desarrollo de la investigación se busca construir una aporte científico- jurídico a la ciencia penal, particularmente para el desarrollo y aplicación del criterio de proporcionalidad como criterio estructural que proyecta la racionalidad de una decisión que restringe derechos humanos fundamentales, como la dispuesta en la resolución No. 12-2015, de 22 de septiembre de 2015, de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en la que sanciona la acumulación de la pena.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

La Resolución No. 12-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592 de 22 de septiembre de 2015, por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que establece la acumulación de la pena para las personas que son declaradas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es desproporcionada en razón de que no ha evidenciado, certeramente, ser una medida idónea, necesaria y estrictamente proporcionada.

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Cada uno de los criterios que componen el principio de proporcionalidad, representa un filtro que permite ejercer un control de constitucionalidad sobre una decisión jurídica que restringe o limita derechos constitucionales. Por lo que, si una resolución de carácter judicial, que limita o restringe derechos, como en el caso particular en que se dispone la acumulación de pena, aumentando de esta manera la cantidad de pena y con ello restringiendo por más tiempo la libertad de las personas, no se verifica con el paso de cada filtro, el resultado evidente es la desproporcionalidad.

El principio de proporcionalidad es un criterio metodológico que permite resolver los conflictos resultantes entre derechos constitucionales. De esta forma, las personas que son coaccionadas por la acción penal, gozan de los mismos derechos y garantías constitucionales que todos los demás ciudadanos, entre ellos: el respeto a la dignidad humana, la prohibición de penas crueles inhumanas o/y degradantes, el debido proceso, el principio de legalidad, in dubio pro reo, presunción de inocencia e igualdad. A ellos, se enfrentan el derecho penal y su poder sancionatorio.

En el caso ecuatoriano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, afirma que los derechos constitucionales son norma jerárquica superior y que constituyen además límites y vínculos del poder estatal. Los derechos constitucionales deben respetarse, pero también pueden efectivizarse a través de mecanismos, como el principio de proporcionalidad, que logra resolver de manera racional, los conflictos o colisiones entre derechos fundamentales.

En el plano internacional, los derechos fundamentales son garantizados por instrumentos de derechos humanos. De tal manera que la tipificación de conductas de tráfico ilícito de sustancias ilegales y su respectiva sanción con penas privativas de libertad es un imperativo

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que surge del llamado de los instrumentos internacionales de derechos humanos de proteger, primordialmente, el bien jurídico y derecho a la salud.

4.2 RECOMENDACIONES

Es posible señalar, en este punto, que la investigación presenta únicamente la evidencia del carácter desproporcionado de la resolución analizada, entendiendo que el principio de proporcionalidad es un criterio estructural metodológico que debe estar presente en toda decisión de restricción o limitación de una libertad o derecho. Frente a ello, es posible, profundizar el estudio de cada subprincipio componente de la proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; y consecuentemente resolver interrogantes que podrían surgir, como resultado también de la investigación.

Desde este perspectiva, surge como necesaria la interrogante de cuál es el rol de los jueces penales en el Ecuador, frente a una resolución con fuerza de ley, emitida por un órgano jurisdiccional superior, como la Corte Nacional de Justicia, que no presenta en su argumentación y construcción jurídica, observación del principio de proporcionalidad. Esta interrogante se concreta luego de la investigación y permite direccionar las futuras propuestas investigativas, cuyo eje sea el principio de proporcionalidad.

En el contexto de los derechos de las personas que son sujetos pasivos de la coacción penal, los derechos constitucionales, es posible construir ideas que permitan desentrañar cuál es el contenido que cada derecho constitucional presenta, frente a la contrapartida del derecho penal. Es cierto, que en la investigación se mencionaron algunos derechos que se consideran elementales y fundamentales, pero no se ha determinado, parafraseando a Alexy, el peso que cada uno presenta en una situación concreta. Esta última circunstancia permitiría clarificar la

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precedencia de un derecho frente a la restricción del contrario. Lo mismo puede predicarse de la normativa contenida en instrumentos internacionales de derechos humanos.

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