La transición en Chile ha sido expuesta como una transición ejemplar, la que, al igual que la de España, logrará desarticular las demandas de los grupos más radicales llegando a acuerdos de élite que se avocarán a un pacto “de no agresión” post-dictadura. Es difícil, sin embargo, definir como pacto la incorporación de parte de las élites políticas de oposición a la dictadura que no hicieron más que sumergirse en el camino trazado por el propio Gobierno militar. Las limitaciones al cambio impuestas por la Constitución del ’80 supondrán un espacio establecido para los acuerdos, por lo que los gobiernos de transición sabrán de antemano a qué atenerse y procurarán no sobrepasar dichos límites.
Dichos límites prestablecidos se expresarán en la importante presencia de Augusto Pinochet durante gran parte del período de transición, el que realizará algunos movimientos militares para “expresar” su oposición a distintas acciones del Gobierno, asumirá más tarde como senador designado y finalmente, será aprehendido durante un viaje a Inglaterra por delitos de lesa humanidad, logrando el Gobierno de la época su regreso a Chile acusando senilidad, lo que más tarde probó no ser cierto. No obstante, el nuevo escenario se mantendrá bajo un “consenso macroeconómico y político”, frente a lo que el gran empresariado irá poco a poco perdiendo el temor a los gobiernos de “centro-izquierda” de este período, los que además lograrán alcanzar importantes niveles de “gobernabilidad”, es decir, de manejo regulado de los conflictos, limitando su efecto en la actividad económica, lo que será el plus que le entregará la izquierda renovada al modelo económico.
248 Estas reglas son denominadas por Manuel Antonio Garretón como “enclaves autoritarios” (M. Espinoza & Garretón,
1992), son el Consejo de Seguridad Nacional, las Leyes Orgánicas Constitucionales
que necesitan un quórum de 3/4 para su modificación, el Tribunal Constitucional, la presencia de senadores designados y vitalicios, la inamovilidad de los comandantes en jefe y el sistema electoral binominal.
El saber tecnocrático, a la par de importante figuras de la ex-izquierda revolucionaria, esta vez reconvertidas en asesores y lobistas de la gran empresa frente al Estado -con múltiples contactos en la política, alto conocimiento sobre política de base y movilización de izquierdas- lograrán hacer lecturas de los escenarios de demanda social, resolviéndolos a través de medidas efectistas. Ante esto, el tercer gobierno del ppd/socialista Ricardo Lagos será nominado por los empresarios como el mejor presidente de derecha de todos los tiempos.
Los gobiernos de transición avanzarán así en la privatización de las sanitarias, en el abandono de la educación pública, en el carácter extractivista de la matriz productiva, en la política de concesiones de infraestructura entre ellas autopistas, puertos, sistemas de transporte urbano y cárceles (muchos de ellos con ingresos mínimos asegurados por el Estado), extensión masiva de la educación superior, extensión del crédito a estudiantes de universidades privadas, etc. Sin embargo, poca atención se pondrá en los problemas que empezaban a afectar la educación pública primaria, secundaria y universitaria y especialmente, en las “externalidades” que las políticas aplicadas tendrían a futuro.
De este modo, en 2006 se presentará una primera gran revuelta entre los estudiantes de educación pública. El Gobierno del período enfrentará la situación bajo la misma lógica ya establecida. Convocará a gran cantidad de actores que se relacionaban al ámbito de la educación (los estudiantes y los profesores no ocuparán mayor porcentaje del total de convocados) a discutir diagnósticos y soluciones de consenso. Esta instancia, denominada Comisión Asesora para la Calidad de la Educación, será el puntapié inicial para la generación la presentación de la nueva Ley de enseñanza, la que será aprobada con gran acuerdo de las dos coaliciones de gobierno.
No obstante, en 2011 nuevamente se presentarán grandes movilizaciones, esta vez bajo el Gobierno de derecha del empresario Sebastián Piñera. Dichas movilizaciones apuntarán no ya a una ley, pues ésta había mantenido en gran medida la estructura original del sistema educativo, sino al modelo de educación propiciado por la dictadura y los gobiernos de transición. Si en la primera movilización se atacará la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza como la culpable de los problemas que acarreaba el sistema público de educación, así como la segregación asociada a las escuelas subvencionadas (concertadas), la nueva movilización tendrá como foco el énfasis en el lucro asentado en el sistema educativo, al cual -a pesar de no estar permitido- se le culpabilizará de altos costos que tendrán que pagar los estudiantes, muchos de ellos afectados por créditos que además tenían un alto interés.
Ante la demanda de los estudiantes, el Gobierno de Piñera presentará un conjunto de leyes que serán resumidas bajo la sigla GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación), cuya elección como sigla no parece haber atendido al carácter no económico de la demanda. Esta propuesta irá, sin embargo, nuevamente dirigida a la regulación y el incentivo al interior del mercado de la educación, la que Sebastián Piñera definirá inicialmente como “un bien de consumo”249.
249 En este sentido a la educación superior también se le ha entendido como una inversión individual, de la que sería
beneficiario solo aquel que la lleva a cabo. De este modo, ésta pierde conexión con las necesidades del país y el Estado se vuelve innecesario para definir un cierto sentido productivo, solo regulable por el mercado. De este modo, las “apuestas por capital humano” que ha llevado adelante el Estado en los últimos años, se definen menos por una inversión decidida y con un objetivo claro y más como una respuesta a un diagnóstico mal hecho sobre la importancia de la educación superior para el desarrollo y la movilidad social. Lo preocupante es que lo mismo sucede con la educación primaria y secundaria, la que, no se orienta por un objetivo común sino básicamente individual.
Entre otras cosas se apuntará a “desmunicipalizar” el sistema educativo (el cual depende de los municipios y por tanto se ve afectado por el presupuesto que estas entidades poseen) y a generar una superintendencia y agencias locales que resguarden la calidad de la educación, siempre bajo la lógica subsidiaria del Estado250. Otras reformas apuntarán a generar “liceos”
(Institutos de educación secundaria) de excelencia, donde podrán asistir los mejores alumnos de la educación pública e información más fiable sobre la calidad de los colegios, a través de semáforos que indiquen los resultados que estos presentan, sin consideración de las causas sociales que pueden afectar el nivel de los resultados.