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programas sociales. Por su parte, se debe recurrir al endeudamien-

to en situaciones especiales y dichos recursos deben limitarse al fi-

nanciamiento de proyectos de inversión en infraestructura produc-

tiva y social, que faciliten la creación de capacidades productivas y

la obtención de rendimientos positivos en el largo plazo.

reservar los fondos necesarios para la ope- ratividad del sistema.

Las fuentes tradicionales de ingresos son: la recaudación de impuestos, la reorienta- ción de fondos de otros destinos de gasto, donaciones y el endeudamiento. En el pri- mer caso, se deberían implementar nuevas reformas tributarias orientadas a mejorar la equidad horizontal, en las que cabe la revi- sión de la política de incentivos fiscales a la inversión y modificaciones tendientes a ampliar la base tributaria de los principales tributos. En el mismo sentido, existe mucho espacio de mejora en la administración tri- butaria que puede derivar en un aumento sustancial de la carga tributaria: una geren- cia con enfoque estratégico, personal pro- fesional y con mayor cualificación, mejores prácticas en materia de fiscalización y con- trol, entre otras.

Respecto al aumento de ingresos cobra es- pecial relevancia el desempeño de la acti- vidad económica, pues es el principal de- terminante de la recaudación tributaria. En dicho contexto, mejoras en la carga tributa- ria dependen de tasas de crecimiento altas y sostenidas en el mediano plazo.

La reorientación de fondos puede ser tam- bién una importante fuente de recursos, pero supone, como es propio en estos ca- sos, el surgimientode conflictos de econo- mía política e implica la puesta en marcha de una política de mejora de la eficiencia y efectividad del gasto –corriente e inversión–, que permita obtener ahorros que puedan ser destinados a financiar la política social. En este caso, el gobierno debería recurrir a una mejor focalización de los subsidios y de otros programas sociales, a la depuración de funciones duplicadas en algunas entida- des públicas, la revisión de la política de ad- quisiciones y contrataciones, entre otros.

Con respecto a las donaciones, el gobierno no debe cifrar esperanzas en que dicho con- cepto sea permanente y con ellas financiar programas sociales, pues las donaciones tienen un carácter transitorio y coyuntural. El riesgo de financiar uno o varios progra- mas sociales con dichos recursos es que en el momento que se suspenda o extinga la cooperación financiera, el programa puede quedar abandonado por falta de recursos.

Finalmente, el endeudamiento debe ser la última instancia para recurrir en la búsque- da de recursos. El problema es que la deuda pública de El Salvador está por llegar al 60% del PIB, lo que vuelve difícil seguir obtenien- do recursos de manera ilimitada, pues en los últimos años, el rating crediticio del país se ha deteriorado mucho y en la medida que los indicadores macroeconómicos y la credibi- lidad de las políticas no mejore, se seguirá deteriorando,lo que derivará en mayores ta- sas de interés y menos espacio para acceder al mercado crediticio local e internacional.

Ante ello, la prioridad del Estado debe cen- trarse entonces en aumentar sus propios ingresos de manera sustancial y con ellos financiar los programas sociales. Por su parte, se debe recurrir al endeudamiento en situaciones especiales y dichos recursos deben limitarse al financiamiento de pro- yectos de inversión en infraestructura pro- ductiva y social, que faciliten la creación de capacidades productivas y la obtención de rendimientos positivos en el largo plazo.

De no obtener los recursos suficientes, el costo de los programas sociales tendría un impacto considerable en el déficit y en los indicadores de sostenibilidad, requiriéndose esfuerzos fiscales mayores para que la políti- ca sea sostenible sin hacer cambios bruscos en la política fiscal que puedan provocar pér- didas de bienestar en la población.

Una recomendación adicional es que el go- bierno debería formular nuevos programas sociales con un enfoque de política de sub- sidiariedad, que vengan a sustituir los ac- tuales programas asistencialistas. También, la focalización de los beneficiarios es vital para la sostenibilidad del sistema, es decir, que más que universalización se debe bus- car la optimización y mejoras cualitativas en la efectividad de los programas.

Finalmente, los programas sociales –asis- tencialistas o subsidiarios– no deberían es- tar atados a una ley, con el objeto de per- mitir que aquellos sean temporales y con eliminación gradual. Esto será un incentivo para que los beneficiarios disminuyan su dependencia a la ayuda del gobierno y bus- quen insertarse en el mercado productivo o laboral del país, generando por sí mismos su subsistencia y desarrollo.

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