En tiempos de amplia globalización económica, social y política (inclusive ambiental), se va demarcando un escenario diferente en cuanto a estructuras y relaciones. Bajo ese contexto el mundo está redefiniendo el rol del Estado. ¿Es el Estado una entidad que planifica, regula o interviene? En términos más específicos, ¿sólo debe satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanas y ciudadanos o producir bienes y servicios?
Resulta más complicado establecer el/los rol(es) del Estado, en países con elevados índices de pobreza, alta dependencia a la producción primaria, principalmente agrícola y del sector extractivo, así como una –cada vez más- ciudadanía que exige un Estado mejor preparado para atender todas las demandas sociales, con recursos financieros, económicos y tecnológicos precarios y siempre limitados.
La contextualización –país- es necesaria para este Capítulo, pues si bien existen países que han desarrollado normas sobre RSE, en la discusión sobre el rol del Estado es usual incurrir en el error de considerar solo el análisis normativo comparativo, sin antes haber considerado las características de nuestro Estado.
En este sentido se describen a continuación las características del Modelo Económico y del Orden Económico y Regulatorio del Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto de la RSE. Para el economista ortodoxo Jack Hirshleifer, el Estado es “un sistema de subordinación que organiza a
todos los individuos de un área geográfica dada, dentro de la cual se posee un monopolio efectivo de la fuerza física”. Dentro del área geográfica dada existen interacciones de carácter económico y político.
Guillermo O’Donnell entiende por Estado al “componente específicamente político de la dominación
En el desarrollo de la Teoría del Estado, la escuela alemana (con Immanuel Kant a la cabeza) propone que en un Estado de Derecho bajo la forma republicana, el poder legislativo es el encargado de sancionar las leyes mientras que el Poder Ejecutivo debe hacerlas cumplir. En otras palabras, el Estado es el administrador de los recursos naturales y bienes del país11.
En nuestro caso, en un Estado Plurinacional resulta imperativa la implementación y promoción de valores como la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, el vivir bien y el respeto del medio ambiente, por ello que la RSE, en términos filosóficos y doctrinales ha encontrado amplia cabida en empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias12.
Es usual que la interacción económica se dé a través del mercado, mientras que la interacción política está articulada a través del Gobierno. En el caso boliviano, la participación del Estado se encuentra arraigada en ambas interacciones. Esto incide en que la priorización normativa se concentre en “regular” acciones monopólicas, individualistas o consumistas del mercado. También en la redistribución de la riqueza para la lucha contra la pobreza y la resolución de problemas sociales, precisamente porque los recursos y el alcance estatales son limitados.
El Gobierno -para el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución- realiza gastos sociales que deben ser financiados. Este financiamiento, en la manera tradicional, es cargado a las ciudadanas y ciudadanos a través de impuestos. Sin embargo, algunas normativas recientes están demostrando que las empresas también deben enfocarse a ciertos problemas sociales a través de sus operaciones y razón de ser, aspecto que será ampliado a lo largo del capítulo.
Para alcanzar el Vivir Bien, necesariamente el Gobierno requiere implementar políticas de Estado. Basados en la Teoría Económica del Bienestar, el bienestar social se logra mediante dos objetivos de política concretos: Eficiencia y equidad distributiva.
Para lograr esto, es imprescindible entonces definir cuáles son las funciones del Estado. El Estado Plurinacional ha encontrado sus funciones basado en uno de los dos enfoques del pensamiento económico: keynesiano y neoclásico.
Para el enfoque keynesiano – arraigado intrínsecamente al Estado Boliviano- el sistema capitalista es inestable y tiende a la ineficiencia económica. Por ello, como el mercado por sí solo no tiene la capacidad de asignar eficientemente los recursos, se necesita la intervención del Gobierno. Esta característica determina el rol inductor y regulador del Gobierno en nuestra economía y en la mayor parte de las acciones empresariales, incluidas la RSE13.
Para lograr esto, es muy importante un soporte basado en la fortaleza institucional. Se tienen que crear instituciones de control públicas capaces de formular leyes y normas, ejecutarlas, brindar seguridad y protección, administrar justicia y equidad. Sin embargo; no es suficiente la mera existencia de tales instituciones, es decir, el rol del estado no debe consistir en la simple prestación de los servicios públicos correspondientes a través de estas instancias, sino que también deben ser eficientes.
11 http://www.margen.org/suscri/margen64/parra.pdf
12 http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf 13 Percepción Personal del Autor: Javier Espada Valenzuela.
Por otro lado, los sistemas de información también deben ser simétricos. Entonces, dentro del rol institucional que le compete al Estado está también el de coadyuvar a la existencia de un sistema de información perfecto, simétrico y accesible para todas las ciudadanas y ciudadanos, de tal manera que la información y la comunicación fluyan y no se conviertan en nuevos centros del monopolio. En nuestro contexto, una sociedad empoderada ha ido solicitando al Gobierno (en sus niveles: Nacional
Departamental y Municipal) una serie de demandas como educación y salud masiva y gratuita, apoyo a
los sectores productivos, construcción de infraestructura física como carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas, etc., apoyo prioritario a la microempresa y pequeña empresa, crédito preferencial a sectores productivos, mayor presupuesto para las universidades públicas, políticas integrales de protección al medio ambiente, normas de RSE, etc. Todo esto muy difícil de cumplir al mismo tiempo con recursos limitados.
¿En cuanto al rol del Estado sobre la RSE? La siguiente pregunta a los encuestados intentó responder
a ese cuestionamiento:
Gráfico 8
¿Cuál es el principal rol del Gobierno Nacional en la RSE?
17%
2% 4%
77%
Otorgar incentivos a las empresas / institucionales que implementen RSE Aprobar normativas y lineamientos que impulsen y aceleren el desarrollo de RSE en mas empresas / instituciones Regular la RSE a travees de sanciones a quienes incumplan
Articulador de los sectores públicos, privados y académicos para incentivar la investigación
Fuente y Elaboración: Propia.
De acuerdo a los resultados del gráfico 9, es indudable que los entrevistados consideran que el principal rol del Gobierno Nacional es aprobar normativas y lineamientos que impulsen y aceleren el desarrollo de la RSE en más empresas/instituciones del país, el 77% respondió afirmativamente a este rol. Muy por debajo se encuentran los incentivos que se podrían dar a las empresas/instituciones que implementen RSE (17%), esto se debe a un carácter de percepción. Las personas encuestadas no responden a intereses empresariales, por tanto, se encuentran más interesados en que la RSE se acelere de tal manera que la sociedad obtenga beneficios y retribuciones de las empresas. El 4% respondió que el Gobierno Nacional debería actuar como articulador de los sectores públicos, privados y académicos y solo un 2% que el Gobierno Nacional debería regular con carácter sancionatorio a las empresas e instituciones por prácticas antiRSE. En este sentido, debería ser rol de la población quien castigue económica y socialmente a una empresa/institución, aspecto que debe ser trabajo en el país para que el ciudadano se empodere en el derecho al reclamo.
Estos resultados reafirman un rol normativo y regulatorio del Estado y más intervencionista con relación a la RSE, en especial porque el mercado ha generado una distorsión sobre la razón de ser de la RSE confundiéndosela por marketing u obras privadas de caridad.