CONNECTICUT
8. Are public institutions required to be accredited by statute or regulation?
juzgados ante un tribunal civil en relación con un presunto intento de golpe de Estado en marzo de 2006 fueron condenados a 20 años de prisión con trabajos forzados en agosto. El cuarto fue absuelto. Otros cuatro hombres –el ex director del Servicio Nacional de Información Foday Barry; dos
funcionarios de este organismo, Yaya Bajinka y Baba Saho, y un estudiante– detenidos en relación con el mismo caso continuaban recluidos en régimen de incomunicación al final del año. Estaban acusados de conspiración para cometer traición.
Dos hombres más –Musa Dibba y el ex director del Servicio Nacional de Información Abdoulie Kujabi–, detenidos también en 2006, fueron puestos en libertad. El segundo fue torturado, al parecer, bajo custodia y perdió un ojo a causa de ello. A Musa Dibba le confiscaron el pasaporte al dejarlo en libertad.
Una corte marcial condenó a diez ex militares a entre 10 años de prisión y cadena perpetua en la base militar de Yundum por su participación en el presunto golpe de Estado. Cinco militares más quedaron en libertad por falta de pruebas. Al menos uno de los acusados afirmó haber sido sometido a tortura y malos tratos durante su reclusión en espera de juicio.
Libertad de expresión
Un creciente número de periodistas se ocultaron debido a intimidaciones, amenazas y actos de hostigamiento del Servicio Nacional de Información y de autoridades del gobierno. Otros estuvieron detenidos arbitrariamente durante distintos periodos y fueron puestos luego en libertad bajo fianza.
Mai Fatty, abogado de derechos humanos que defendía a menudo a periodistas, se marchó del país a fin de recibir atención médica tras un accidente de automóvil que creía que había sido un intento de asesinato.
En abril, Fatou Jaw Manneh, periodista gambiana radicada en Estados Unidos, fue detenida en el aeropuerto internacional de Gambia y acusada de sedición por unos comentarios que había hecho en contra del gobierno en una entrevista un año antes. Al concluir el año no había terminado aún su juicio, en el que se habían producido considerables demoras por problemas de jurisdicción.
La coordinadora residente de la ONU, Fadzai Gwaradzimba, fue expulsada del país en marzo por unos comentarios en los que había puesto en duda que el presidente Jammeh pudiera, como había afirmado en una reunión de diplomáticos extranjeros en febrero, curar a las personas infectadas de VIH.
Durante el año se despidió a cinco empleados del periódico progubernamental The Daily Observer: el redactor jefe, Sal Jahl; el reportero y redactor Ousman Darboe; Abdoulie John; Seedy Bojang y Lamin Dibba. Dos de los despidos parecían guardar relación con el modo en que los periodistas habían descrito las afirmaciones del presidente sobre su capacidad para tratar el VIH/sida.
Las oficinas del periódico The Independent estuvieron bajo vigilancia policial y sin permiso para abrir durante todo el año.
Pena de muerte
Dos personas extranjeras, la senegalesa Tambara Samba y el guineano Sulayman Bah, fueron condenadas a muerte por asesinato por el mismo tribunal en cuestión de semanas. La condenas se impusieron en un contexto de preocupación por delitos cometidos por extranjeros. Al concluir el año estaba pendiente un recurso de apelación interpuesto por Tambara Samba.
La Constitución preveía la pena de muerte, aunque raras veces se imponía y las sentencias tenían que
ser firmadas personalmente por el presidente. De acuerdo con la Constitución, en 2007 tenía que revisarse el uso de la pena de muerte, pero no se cumplió con este requisito.
Impunidad
No se supo nada nuevo sobre el ex director general del Servicio Nacional de Información Daba Marena y cuatro militares –Ebou Lowe, Alieu Cessay, Alpha Bah y Malafi Corr– que, según informes, se habían fugado durante un traslado penitenciario en abril de 2006. Se temía que hubieran sido ejecutados extrajudicialmente, ya que al concluir 2007 sus familias no los habían visto ni habían sabido nada de ellos. Al finalizar el año no se había realizado ninguna investigación independiente al respecto.
La Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth presentó una queja contra el gobierno gambiano ante la Comisión Africana por el homicidio de 50 migrantes, 44 de ellos de Ghana, en Gambia en 2005. Al final del año no se había llevado a nadie ante la justicia, y se pensaba que los presuntos responsables se habían exiliado voluntariamente.
Informes y visita
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional envió una delegación a Gambia en octubre. Gambia: Amnesty International calls for the reopening ofThe Independentand the release of Chief Manneh(AFR 27/001/2007) Gambia: Amnistía Internacional pide la libertad incondicional de personal suyo detenido(AFR 27/003/2007)Gambia: Los delegados de Amnistía Internacional, en libertad incondicional(AFR 27/004/2007)
GEORGIA
GEORGIA
Jefa del Estado: Nino Burdzhanadze (sustituyó a Mijail Saakashvili en noviembre)
Jefe del gobierno: Lado Gurgenidze (sustituyó a Zurab Nogaideli en noviembre)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 4,4 millones
Esperanza de vida: 70,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 45/37 por cada 1.000
No había refugios suficientes para las mujeres que huían de la violencia en el ámbito familiar, y se demoraron algunas medidas destinadas a proteger a las mujeres de la violencia. Según los informes, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones antigubernamentales que se celebraron en noviembre, y a lo largo del año se recibieron informes que indicaban que la policía golpeaba a las personas sospechosas al detenerlas y que opositores políticos del gobierno eran sometidos a juicios sin las debidas garantías.
Información general
En noviembre se celebraron manifestaciones multitudinarias en las que se pedía la dimisión del presidente, Mijail Saakashvili, elecciones parlamentarias, cambios en las normas electorales y la liberación de Irakli Batiashvili (véase infra). Según los informes, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar las manifestaciones que se celebraron los días 7 y 8 de noviembre. El presidente decretó el estado de excepción, lo que se tradujo en la restricción del derecho a recibir y difundir información, a la libertad de reunión y a la huelga.
El 8 de noviembre anunció que se celebrarían elecciones presidenciales en enero de 2008 y un referéndum sobre la fecha de las elecciones al Parlamento. El 25 de noviembre presentó su dimisión, con el fin de presentarse a las elecciones presidenciales.