Qualitative analysis

El fin del mandato de Carlos Menem y la llegada de Fernando de la Rúa al poder ofrecía a muchos de los argentinos expectativas de solucionar un conflicto donde el desempleo, la precarización y los bajos salarios tenían un impacto muy alto. El electorado se volcó a la fórmula De la Rúa – Álvarez en busca de una solución. Aunque Javier Zelaznik sostiene que el gobierno de la Alianza se limitó a administrar la agonía del modelo económico impuesto durante la década de gobierno de Menem, y más aún que la crisis terminal que llevó al trágico final anticipado del gobierno potenció la crisis de la UCR iniciada en 1993. La erosión de la base electoral del radicalismo fue sólo disimulada por la conformación de la Alianza UCR - FREPASO en las elecciones de 1997 y 1999: en ambas elecciones el peronismo fue derrotado, llevando nuevamente a un líder de la UCR, Fernando De la Rúa, a la presidencia. (Zelaznik, 2013).

La asunción presidencial fue el 10 de diciembre de 1999. En su discurso inaugural De la Rúa sostenía: ―Concluye una etapa, comienza un nuevo ciclo, iniciamos un nuevo camino. En la incesante marcha de la historia, ese camino no es una encrucijada sino una ruta firme hacia una nueva sociedad ética, solidaria y progresista…La transparencia, la honestidad, la austeridad, la lucha permanente contra cualquier forma de corrupción, la convicción profunda de servir a la gente y no a sí mismo o a grupos privilegiados a la sombra del poder será un presupuesto insoslayable de mi gestión […] Hoy asumo la presidencia de la Nación sin que se haya aprobado el presupuesto para el año 2000. El gobierno que

168 hoy concluye su gestión vivió el efecto de años de crecimiento global, reformó el Estado privatizando empresas públicas; tuvo estabilidad monetaria mediante la convertibilidad y en rigor debió entregar el país con cuentas ordenadas. En cambio, hay un enorme déficit presupuestario alejado de la ley de responsabilidad fiscal votada por este Congreso.‖ (De la Rúa, 1999)

Además de una retórica basada en la transparencia y en la ética su discurso ponía énfasis en tres cuestiones:

- Bajar el gasto, ya que el déficit presionaba sobre la tasa de interés, afectaba las obligaciones básicas del Estado y perjudicaba al conjunto de la economía. Había que parar el déficit para disminuir el riesgo país y el costo argentino.

- Tener un presupuesto realista. De la Rúa era consciente que la pobreza y la exclusión se habían extendido de modo dramático y junto con el desempleo de millones de personas presentaba un frente social de marginación que obligaba a un enorme esfuerzo para revertir drásticamente esta situación

- Crear empleos. Ese era el mayor desafío. Crear más fuentes de trabajo, más empleo para los argentinos, porque el trabajo como sostiene en su discurso:

―[…] es la verdadera dimensión de la justicia social, y la forma de lograrlo es haciendo crecer la economía. En un contexto de crecimiento podremos generar nuevos puestos de trabajo‖. (De la Rúa, 1999).

Además de equilibrar las cuentas públicas, pensando que esa era la manera de traer nuevas inversiones al país y evitar que “el peso del déficit caiga sobre el conjunto de la población, que en definitiva es la que paga las consecuencias‖ (De la Rúa, 1999)

La propuesta esencial era crear empleos de calidad. Esto implicaba estabilidad en el empleo, dotarlos de productividad creciente, remuneración y condiciones de trabajo dignas, protección legal y seguridad social. No le resultó fácil hacerlo. La crisis desmedida hicieron que su deseo que todos los argentinos tuvieran un empleo digno, ya que:

169 ―para cada trabajador, es la dimensión de su propia dignidad como ciudadano‖, (De la Rúa, 1999), quedara en un discurso pletórico de buenas intenciones.

El Gabinete presidencial estaba constituido por varios economistas: José Luis Machinea, Ministro de Economía; Ricardo López Murphy, Ministro de Defensa; Adalberto Rodríguez Giavarini, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Juan José Llach, Ministro de Educación. Dos puestos claves quedaron en manos de los aliados del radicalismo, el FREPASO: Alberto Flamarique como Ministro de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y Graciela Fernández Meijide como titular de Desarrollo social y Medio ambiente. Dos puestos claves para reparar una estructura social destruida por las políticas de cuño liberal de la década pasada.

El peronismo gobernaba la mayoría de las provincias (entre ellas Buenos aires, Córdoba y Santa Fe). Esto, sumado a la falta de quórum en la Cámara de Diputados y la imposibilidad de cambiar algunas posturas en el Senado le quitaron maniobrabilidad política a De la Rúa. Como afirma Marcos Novaro, ―De la Rúa careció de interlocutores en la oposición con los que fuera viable plantear un acuerdo más que coyuntural sobre el modo de encarar la crisis económica y garantizar la gobernabilidad (algo que, es justo decir, tampoco estuvo en los planes de ese presidente hasta que fue demasiado tarde). Esa ausencia se explica, principalmente, por la aguda fragmentación interna que resultó de la derrota electoral de Duhalde en 1999 y el consecuente congelamiento de la sucesión del liderazgo interno: Menem continuó siendo el presidente del partido, pero sin capacidad para encabezar ya un consenso amplio en la fuerza, en parte porque Duhalde retuvo un control férreo sobre el peronismo bonaerense (donde logró imponer a su sucesor en la gobernación en 1999, derrotando a la Alianza), y en parte por los agudos disensos que generaba la crisis del modelo de la convertibilidad y la presencia de figuras regionales con bases propias y aspiraciones de suceder a ambos caciques nacionales‖. (Novaro, 2003:344)

170 Una de las medidas más importantes para enfrentar la crisis fue la Ley 25.250 de Reforma laboral con el objetivo de adecuar esta reforma a los pedidos de los organismos crediticios internacionales (Rapoport, 2006). Fue promulgada el 29 de mayo del 2000 y a partir de la denuncia de Hugo Moyano adquirió la denominación de ―Ley Banelco‖debido al uso de sobornos en el Senado para facilitar su aprobación.

Precarizó aún más el empleo fijando el período de prueba en 3 o 6 meses (este último para las pequeñas empresas) permitiendo su ampliación a 6 o 12 meses. Se hacía una eximición parcial de las contribuciones al sistema de la Seguridad Social, equivalente a un tercio de las contribuciones vigentes. La ley establecía que en ningún caso la reducción citada podría afectar el financiamiento de la Seguridad Social y para ello se incluiría una partida compensatoria en el Presupuesto Nacional.

Respecto a las Convenciones colectivas, se hicieron modificaciones a la ley 14.250 (t.o. decreto 108/88). Su artículo segundo por ejemplo, sostenía: "Cuando se pretenda constituir una unidad de negociación que exceda el ámbito de una o varias empresas determinadas, la autoridad de aplicación establecerá sus alcances, en función de la aptitud representativa del sindicato definida en el acto de otorgamiento de su personería gremial y de la del grupo de empleadores y asociaciones de empleadores que hubieren expresado su voluntad de integrarla. La reglamentación indicará las pautas y criterios a los que debe someterse esa autoridad para establecer la aptitud representativa del sector de los empleadores, que se aplicarán en los supuestos en que éstos no hayan alcanzado un acuerdo. También fijará los que deban tenerse en cuenta para determinar la participación de sus integrantes en la formación de la voluntad del sector, para el caso de que estos últimos no la establecieren de común acuerdo. En todos los casos que se constituya una unidad de negociación de una convención colectiva que incluya a más de un empleador entre los cuales se encuentren pequeñas empresas, debe acreditarse en el convenio que se celebre, que contiene

171 un capítulo específico que las comprenda y que ha sido negociado por sus propios representantes."

Los convenios colectivos tendrían el ámbito funcional y territorial que las partes acuerden dentro de su capacidad representativa (incluidos aquellos convenios exclusivamente destinados a regular las condiciones de trabajo y empleo en las pequeñas empresas). Respecto a estos convenios de ámbito menor, se establecía que no sería afectado por un ulterior convenio de ámbito mayor, salvo que las partes de aquél manifestaren de modo expreso su adhesión a este último, o estuvieren representadas por acto expreso emitido a tal fin en la comisión negociadora del convenio colectivo posterior. Y que un convenio colectivo de trabajo de ámbito menor prevalecería sobre otro anterior de ámbito mayor, salvo que aquél hubiere sido concertado para articularse con este último.

Este mecanismo en realidad parecía obstruir la negociación por actividad, imponiendo en los hechos su descentralización por empresa. La ley derogaba tácitamente un principio rector: la aplicación de la norma más favorable al establecer que en caso de concurrencia de convenios de diferente ámbito sería aplicable el de ámbito menor aunque fuera peor. Además habilitaba la posibilidad que en caso de acuerdo de la empresa con el sindicato, se pudiera eludir el convenio colectivo.

Por último, según el art. 33 de la ley, en los casos que en razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucraran actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, éstas deberían garantizar la prestación de servicios mínimos que impidan su interrupción.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos estaría facultado para disponer intimatoriamente la fijación de servicios mínimos que deberían mantenerse en cada establecimiento o empresa. La reglamentación de la huelga mantenía indudablemente las facultades del poder administrador con una excesiva ambigüedad.

172 El sindicalismo respondió con nueve huelgas contra De la Rúa. La crisis de 2001-2002, con la renuncia de De la Rúa y su reemplazo por Eduardo Duhalde como presidente provisional (con otras tres breves presidencias en el interregno), precedió a una nueva unificación de la CGT, con divisiones internas reflejadas en el triunvirato elegido para encabezar la Secretaría General. (Murillo, 2013)

En 2012 se le hizo un juicio a Lamarque, otros ex funcionarios del gobierno de la Alianza, incluido el ex presidente Fernando de la Rúa, y a ex legisladores peronistas por los cohechos en el Senado.

Entre los Senadores de aquel momento estaba Antonio Cafiero, quien afirmó: ―denuncié efectivamente la cuestión en la Cámara. Morales Solá35 había hablado de prebendas políticas y personales, a cambio de aprobaciones y rechazos. Yo la había votado por una cuestión de disciplina partidaria. Pero para un gobierno que se jactaba de transparente, se pudo demostrar que existía un sistema de corrupción asociado a las leyes” (Entrevista a Antonio Cafierorealizada porla autora, 2010)

El entonces vicepresidente se puso al frente de las investigaciones. La transparencia se vio puesta en juego. De la Rúa emprendió un cambio de figuras en el Gabinete nacional que trajo a Patricia Bullrich como nueva Ministra de Trabajo, y a Flamarique como Secretario General de la Presidencia.

Era un país con un 15,4 por ciento de desocupación. “Había descontento en la gente, el desempleo aumentaba. Se había dado un l decreto que reglamentaba el derecho de huelga. Todos nos quejamos porque se ponía límites a las protestas‖ (entrevista realizada a A, dirigente del MTA y de la CGTRA realizada por por la autora, 2012)

El gobierno estaba implementando el plan Trabajar que alargó su existencia, remozado por una inyección de unos 50 millones de pesos que

35

Se refiere a la nota de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación en la cual denuncia este hecho de corrupción

173 permitió al Gobierno de la Alianza otorgar cerca de 110.000 empleos transitorios. Aunque la intención era comenzar una nueva fase en la política laboral, y focalizar estos subsidios en tareas productivas -y no sólo en obra pública, como era hasta ese momento, para que pudieran convertirse gradualmente en puestos estables, no lo logran. No varió el sueldo (120 a 160 pesos por mes) ni la extensión del contrato (de tres a seis meses).

El otro programa de trabajo que siguió funcionando fue el de Emergencia Laboral, por el cual el Gobierno pagaba 100 pesos durante un año del sueldo que cobren empleados nuevos de pequeñas y medianas empresas. Se calculaba que esa iniciativa tendría especial incentivo cuando se concretara la inyección monetaria prevista. Este Programa tenía dos componentes, uno Comunitario (reemplazaba al Programa Servicios Comunitarios) y otro productivo. Se buscaba atacar las causas estructurales del desempleo e incentivar el empleo permanente.

En el gobierno de De la Rúa, además, se llevaron a cabo tres Programas de importancia, por un lado el Programa especial de capacitación laboral, creado por la resolución 289 del MTEyFRH, con fecha 5 de julio de 2000. Su objetivo fue contemplar el desarrollo de proyectos para la calificación o recalificación laboral de la población desempleada o en riesgo de pérdida de empleo, de trabajadores afectados por crisis productivas regionales o para el desarrollo de iniciativas productivas o de servicios innovadores o que respondieran a especificidades locales y regionales. Por otro lado, se instituyó el Programa Crear trabajo que se orientó a apoyar la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo estables en el marco de micro emprendimientos familiares y comunitarios o micro y pequeñas empresas dentro de la actividad extractiva, manufacturera, agropecuaria, de servicios turísticos, etc. Los beneficiarios eran personas desocupadas, mayores de 18 años, sin prestaciones previsionales, ya sea por el seguro de desempleo o por otro programa del MTEyFRH, o de otros programas nacionales provinciales o municipales. Por último, se puso en marcha

174 además el Programa de capacitación sectorial, con el objetivo de incrementar las competencias y la productividad de trabajadores ocupados o desocupados con baja o mediana calificación, mediante la financiación total o parcial de proyectos de capacitación tendientes a desarrollar nuevas competencias laborales, o adaptar las ya adquiridas, a los cambios tecnológicos u organizacionales en los procesos de trabajo, siendo el campo de referencia y realización un específico sector de la actividad económica en los niveles regional, provincial o local. (Neffa, 2011)

En ese momento, Martín Redrado desde la Fundación Capital, presentó un Informe en el cual sostenía que la tasa de desocupación seguiría superando los dos dígitos durante los próximos cinco años. Elaboraron una proyección de los índices de desempleo hasta 2006, sobre la base de tres variables: la evolución de la oferta de trabajo (tasa de actividad), la potencialidad de crecimiento del producto bruto interno y la capacidad de la economía para que esa expansión se traduzca en más puestos laborales. "Teniendo en cuenta que la tasa de actividad habría alcanzado cierto valor de equilibrio en el último quinquenio -señalaba el estudio-, cercano a los estándares internacionales de países comparables y limitado por el efecto desaliento que genera el elevado desempleo, no se prevén mayores cambios en la oferta de trabajo." (Redrado, 2000).

Se estimaba que con las condiciones de la economía argentina de ese momento no se pudiera crecer anualmente más de un 4,5%. La proyección calculaba una tasa promedio del 14,4% para ese año, 13,9% para el año próximo y 13,3% para 2002. Sólo en 2006 el índice llegaría a una cifra de un dígito (9,7 por ciento) (CEPAL, 2000; MTEySS, 2000)