La incorporación de la noción de “capital humano” no supone abandonar la de “individualismo posesivo”. De hecho, en la narración del neoliberalismo, los agentes son los individuos propietarios de sí mismos. A pesar de eso, esta apariencia de que nada ha cambiado no
impide observar la transfiguración radical subyacente. El propietario de sí del liberalismo moderno se vende en el mercado de trabajo. En cambio, el agente empresario de sí mismo del neoliberalismo se invierte. Es decir, emplea su cuerpo e idoneidad en la permanente búsqueda de una promesa de satisfacción que no se halla garantizada de ningún modo. Al arriesgarse, activa los dispositivos del cálculo y la confrontación que lo impelen a perseguir el éxito al que renunciará para emprender una nueva búsqueda. Podría decirse que entre ambos individualismos existe alguna discontinuidad que los separa, pero al mismo tiempo los une.
Cabría preguntarse, entonces, en qué sentido varía el concepto de membresía política. Tras la incorporación de la noción de “capital humano”, ¿quién posee la condición de ciudadano? Hemos visto cómo el contractualismo moderno expulsa a los no propietarios. Es decir, a los carentes de los medios para ejercer su libertad de forma plena. Sin embargo, también se puede comprobar cómo la historia de los siglos XIX y XX pone en cuestión los axiomas del individualismo posesivo. El mercado abandona su condición de “objetivo” y “natural” y la democracia cuestiona el monopolio de clase del poder político.
Frente a este desafío, lo “neo” del liberalismo consiste en introducir nuevamente el principio de igualdad de sometimiento a las leyes del mercado a través del empleo de la noción de “capital humano”. En tanto “empresarios de sí”, todos los individuos comparten un mismo estatus jurídico. Serían iguales en la imperiosa necesidad de evaluar los costos de oportunidad en los que incurren al invertir su capital humano. Las relaciones sociales ya no estarían signadas por lo mercantil, sino por lo bursátil –es decir, la comercialización de “valores” en búsqueda de un rendimiento individual–. El CEO de una compañía multinacional se ve impelido, al igual que el más ínfimo de sus trabajadores, a producir su propia satisfacción. Nadie estaría exento de responsabilidad por las inversiones fallidas de su propio capital humano. Las diferencias de estatus se entienden, tan solo, como rentabilidades diversas obtenidas en la lucha paranoica por adelantarse a los cambios y triunfar por sobre los demás.
Los neoliberales ya no requieren explicar la exclusión de los no propietarios. La participación en el sistema de inversión de capital humano y producción de satisfacción confiere la ciudadanía. El mercado perfectamente libre se encarga de distribuir los ingresos de forma justa. En la medida en que todo individuo está dotado de un acervo natural de capital humano es “potencialmente” un empresario de sí. No se registra la inversión inicial que la lotería natural deposita en cada nuevo ser humano. Más aún, esas desigualdades tienen que respetarse y garantizarse mediante el aparato disciplinario del Estado. Los mitos legitimadores de la libertad pura de mercado darán cuenta de la
infinitud latente de posibilidades de inversión.
La soberanía del consumidor se esgrime como la piedra angular de la democracia del mercado. Economistas de distintas extracciones internas del neoliberalismo confluyen en apuntalar esta noción. El avance del mercado como eje de configuración social requiere de esa mitología explicativa del devenir social. La eficiencia del mercado garantizada por dicha soberanía ilusoria del consumidor resume todos los objetivos humanos. En los próximos capítulos analizaremos en profundidad las implicaciones de esta ilusión reductora de la vida política y económica. Por ahora, notemos que la distribución de la riqueza gobernada por el consumidor soberano no requiere de disquisiciones abstractas sobre la justicia. Los individuos siempre pueden dirimir sus conflictos identificando cuánto están dispuestos a pagar por hacerlo. El uso eficiente de los recursos, definido por la interacción de operadores en el mercado, se convierte en el criterio principal para su resolución. Las intervenciones exógenas al mercado son disfuncionales a dicho cálculo, y han de evitarse.
Pese a ello, el neuroliberalismo no cree en la democracia. La garantía de las desigualdades naturales debe marginar a las “mayorías ilimitadas” y sus sueños igualitarios. En la historia del siglo XX los teóricos del neoliberalismo no han escatimado elogios a las oligarquías locales que emprendieron con éxito dicho arrinconamiento de la voluntad popular. Pero la fase armada del neoliberalismo solo ha servido para cimentar, mas no para reproducir, el sistema de exclusión. Así, si bien los dispositivos de control no son originarios de finales del siglo pasado, sí es posible afirmar que la base de la obediencia política de la ciudadanía neoliberal no está dada por el monopolio estatal de la violencia. De un modo más “humanizado”, por ejemplo, el endeudamiento privado activa dispositivos de autocontrol. De forma sincrónica, la capacidad de contraer deuda exterioriza una euforia de libertad, mientras que ajusta el nudo de la obediencia al sistema de mercado. Como veremos en el capítulo octavo, este control dispone hoy de una capacidad continua e ilimitada de la que en la antigua sociedad carcelaria no disfrutaba. La deuda no requiere de espacios cerrados. Por sí misma mantiene a los sujetos apegados a las reglas de juego neuroliberal como el cielo del que cae el maná de su satisfacción.
La discontinuidad entre el liberalismo y el neoliberalismo no supone una ruptura definitiva. De la misma forma en que en el pasado existían individuos demasiado pobres para votar, en el presente una masa ingente de individuos son demasiado pobres para consumir y endeudarse. Los pobres actuales disponen de libretas electorales, han jurado lealtad a sus banderas y se los convoca a los comicios. Ello no tiene ninguna importancia. La funcionalidad de un Estado reducido a su
mínima expresión quita relevancia a la elección del gerente de turno. El neoliberalismo confiere al mercado gobernado por corporaciones la capacidad exclusiva de fijar metas y atender a la demanda de los individuos. Participar en esa toma de decisiones no requiere de cartas de ciudadanía. El poder económico y político consiste en disponer de la capacidad de presión para influir en las políticas de las empresas productoras de bienes y servicios. Los sujetos demasiado pobres para consumir carecen por completo de importancia. La defensa de sus derechos en el contexto neuroliberal requeriría en mayor medida de una cuenta bancaria que de acceso a la representación política. De ahí que las marcas de clase que empleaba el liberalismo clásico se tornen innecesarias.
Sin embargo, el confinamiento del Estado al papel de conserje no alcanza por sí mismo a dar una base sólida al principio de obediencia. El dilema del sufragio universal continúa horadando el monopolio de los mecanismos de poder. El desafío que la democracia propone al neoliberalismo pasa, sustancialmente, por arrebatar al mercado la exclusividad en la distribución de los ingresos. Ha de notarse, entonces, que la aplicación de la clave económica al conjunto de lo real no busca hacer comprensibles procesos sociales, sino fijar los términos precisos de la crítica política. La igualación alegando la universal posesión de capital humano opera como detracción de la acción gubernamental.
Lo relevante del carné de membresía ciudadana no estribaría en la asignación de derechos políticos. En última instancia, hemos dicho, en un Estado “mínimo” el poder político no reside de forma exclusiva en las instituciones constitucionales. El longevo prontuario de los “golpes de mercado” a las democracias de todo el mundo así lo acredita. Pensemos, por ejemplo, en la imposición de Mario Monti como presidente del Consejo de Ministros italiano en 2011; o en la salida prematura de la presidencia de Raúl Alfonsín en 1989. Para los neoliberales de distintas extracciones, la fachada decorativa de la premisa democrática ha de ser puesta bajo control, ya que “lo más probable es que un sinnúmero de personas expresándose en voz alta sean irresponsables y no sean más que un estorbo”.41 En particular, si los que logran hacer oír su voz son aquellos que,
siendo demasiado pobres para consumir, buscan encontrar un método alternativo al mercado para distribuir la riqueza. En el capítulo próximo veremos cómo la asimilación de las condiciones de vida de un sujeto con la renta económica de su capital humano se traduce en un auténtico y permanente ataque a la voluntad popular.
41 GEORGE, Susan, Informe Lugano (Barcelona: Icaria, 2001), p. 229. Ver también de la misma autora El Informe