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1 Esta ponencia es parte de la investigación correspondiente al proyecto Ciencia para el desarrollo y la democracia que cuenta con el apoyo del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación-CONACYT.

democracia. En segundo lugar la escisión entre ley y violencia, la noción de la ley como contrapeso del Estado, como alguna vez lo demostró Nicos Poulantzas (1979), e s f a l s a e n l a m e d i d a q u e e l E s t a d o moderno es el que tiene, contrariamente a los Estados precapitalistas, el monopolio de la violencia, y es en este sentido, que la l e y o r g a n i z a l a s c o n d i c i o n e s d e funcionamiento de la represión física, designa y significa sus modalidades, encuadra los dispositivos que la ejercen: la ley en este caso es el código de la violencia pública organizada. El ejercicio de la ciudadanía estará determinado en última instancia por esta condición.

Ha g o e s t a a c l a r a c i ó n p o r q u e e n l a m e d i d a e n q u e l o s d i s p o s i t i v o s constitucionales modernos han generado normas y valores que determinan el acceso al poder político (es decir, el régimen político), de igual forma generan canales informales de acceso al mismo, aún sin p r o p o n é r s e l o . Y e n u n a s o c i e d a d atravesada por contradiciones de clase, raza, género, etc. el régimen democrático sustentado en un conjunto de libertades políticas y civiles, que convive con un mercado que reproduce y acentúa tales c o n t r a d i c c i o n e s h a e s t a d o permanentemente amenazado por su contra parte: la dictadura.

La historia en el siglo pasado y lo que va de éste así lo demuestra, no obstante las expectativas y buenos augurios que se generaron a partir del último cuarto del siglo pasado en lo que se llamó la tercera hola democratizadora.

Este excepcionalismo cobra mayor relevancia cuando constatamos que la democracia ha echado raíces en los países con las economías más poderosas del mundo. Pero mayoritariamente en el resto del mundo y particularmente en América Latina, el excepcionalismo es una regla. No quiero con esto decir que la relación entre n i v e l e s d e d e s a r r o l l o - b i e n e s t a r y democracia sea mecánica ni unidireccional, desde Lipset (1992) hasta Mainwaring (2004) el tema sigue siendo objeto de discusión. Lo que trato de señalar son tendencias y algunas de las condiciones sociales en la s que la democracia ha subsistido y se ha consolidado de acuerdo a la experiencia histórica, y en contraparte algunas de las limitaciones a las que se enfrenta, y tal vez la más importante de ellas, sean las desigualdades sociales que reproduce y acentúa el sistema capitalista de producción.

Wolfang Streek (2011) siguiendo una tradición en el pensamiento crítico que dialoga con Claus Offe (1994) y Jürgen Haberma s (1999), prefiere hablar de

capitalismo democrático, es decir, una economía política gobernada por dos tipos de regímenes en conflicto, uno que opera en función de los méritos manifestados en el “juego libre de las fuerzas de mercado”, y e l o t r o b a s a d o e n l a s n e c e s i d a d e s o derechos sociales, expresados en la s o p c i o n e s c o l e c t i v a s d e l a p o l í t i c a democrática, sustentada a su vez en el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Los gobiernos democráticamente electos deberían atender a ambos principios, pero a excepción del periodo de vigencia del Estado de Bienestar en donde se alcanzó un cierto equilibrio en algunos de los p a í s e s m á s a v a n z a d o s d e l m u n d o occidental, lo tendencia en al menos los últimos treinta años ha sido a privilegiar los primeros.

A diferencia de la situación prevaleciente en la posguerra en los países capitalistas m á s a v a n z a d o s , d o n d e s e l o g r ó u n e q u i l i b r i o e n t r e l o s p r i n c i p i o s contradictorios que rigen el mercado capitalista y la política democrática, en t o r n o a l E s t a d o d e B i e n e s t a r y l a ciudadanía social; en los países con bajos niveles de desarrollo de América Latina ese equilibrio nunca se ha encontrado en ningún periodo histórico. De tal forma que han predominado los Estados nacionales con regímenes regularmente autoritarios, d o n d e e n d e t e r m i n a d o s c o n t e x t o s

h i s t ó r i c o s p r e v a l e c e c i e r t o t i p o d e d e r e c h o s s o c i a l e s p a r a g r u p o s relativamente ampliados de la población, a costa de los derechos políticos y civiles, como ocurrió en el periodo de la segunda posguerra, o como ha ocurrido en las tres últimas décadas, la vigencia de cierto tipo de derechos políticos y civiles a costa de los derechos sociales. De tal forma que se p u e d e a f i r m a r q u e e n l a r e g i ó n latinoamericana la ciudadanía social ha sido tardía e incompleta, en la medida en q u e l o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s q u e l a integran no han sido completamente reconocidos y protegidos por el Estado.

D e a c u e r d o a Pr z e w o r s k i ( 2 0 0 0 : 246-247), un compromiso de tal tipo entre clases sociales antagónicas es posible siempre y cuando esté provisto de una relativa certidumbre, cuando la eficiencia de la inversión es alta, y cuando ambas cla s es t i ene n razo ne s p ara temer un co nf li cto a bie r to. En e l cap it al i smo democrático de los países avanzados en el periodo de posguerra fue posible generar t a l e s a c u e r d o s , p e r o e n l o s p a í s e s latinoamericanos las posibilidades de su vigencia han estado menguadas por las características de la acumulación bajo el s u b d e s a r r o l l o , q u e a c e n t ú a t a l e s desigualdades.

Podemos afirmar entonces, como señala Durand (2010: 49-50), que lo que ha existido en América Latina ha sido una ciudadanía precaria. Caracterizada por un funcionamiento de la libertad y la legalidad acotadas a sólo una parte de las relaciones sociales, básicamente las que tienen que ver con el comercio internacional y en menor medida con el nacional. Donde el reconocimiento y vigencia de los derechos ciudadanos por los Estados nacionales, más allá de su incorporación formal al entramando institucional y normativo, ha funcionado como instrumento a favor de los grandes propietarios, quienes ostentan el poder real, al imponer gobernantes, restringir libertades a sus intereses, y sobre to d o a co n c u l c a r e l b i e n e s t a r d e l o s c i u d a d a n o s p a r a s a l v a g u a r d a r s u s ganancias.

Cabe entonces especificar qué es el a u to r i t a r i s m o b a j o e s t a l ó g i c a y l o s elementos que lo constituyen. Para Juan Linz (1991): “Los regímenes autoritarios s o n  s i s t e m a s p o l í t i c o s  c o n un pluralismo político limitado y no responsable; sin una ideología elaborada y propulsiva (sino con las mentalidades características); sin una movilización política intensa o vasta (excepto en algunos momentos de su desarrollo), y en los que un jefe (o tal vez un pequeño grupo) ejerce e l  p o d e r  d e n t r o d e l í m i t e s q u e

formalmente están mal definidos pero que de hecho son fácilmente previsibles.” Se trata de regímenes híbridos ubicados en medio de la democracia y el totalitarismo que dan como resultado una combinación variada de fórmulas políticas con un predominio de canales informales de acceso al poder, al margen del diseño formal legal constitucional.

Aquí habría que hacer otra precisión. Linz (1991) aclara que en su definición del autoritarismo hace una abstracción de los elementos extra políticos del propio r é g i m e n , d e t a l f o r m a q u e e l funcionamiento del sistema capitalista, las desigualdades que genera y los procesos sociales resultantes no están incluidos en su definición. Con ello se generó una tradición para el análisis de las transiciones políticas que ha hecho abstracción de las condiciones sociales y económicas para el f u n c i o n a m i e n t o d e l a d e m o c r a c i a . Considero que tal abstracción tiene alcances explicativos limitados, porque los r e g í m e n e s p o l í t i co s m a n i f i e s t a n l a s posibilidades de la sociedad para incidir en la toma de decisiones del Estado, donde se define en última instancia la forma en que se dispone del excedente social. El régimen encarna la política, el Estado encarna el poder (González, 1992). De tal forma que l o q u e i n t e n t o a c o n t i n u a c i ó n e s caracterizar el régimen político mexicano 63

en función de la conformación histórica de l a s f o r m a d e E s t a d o , e l p a t r ó n d e a c u m u l a c i ó n p r e d o m i n a n t e e n e s e contexto histórico, y las estructuras de poder y los a gentes involucrados que resultan de tales elementos, para a partir de ello caracterizar periodos y tendencias recientes.

1. El régimen político mexicano en su etapa clásica.

E n M é x i c o d u r a n t e e l p e r i o d o posrevolucionario hasta entrada la década de los ochenta, se consolidó un régimen a u t o r i t a r i o c o n c a r a c t e r í s t i c a s t a n particulares que dio como resultado la vigencia de un conjunto de obras que trataron de explicar la contradicción entre u n a Re p ú b l i c a r e p r e s e n t a t i v a , democrática, laica y federal formalmente definida en la Constitución de 1917 y un régimen con una escasa o nula división de poderes con un fuerte predominio del Poder Ejecutivo, centralista y autoritario.

C u a t r o o b r a s a p o r t a r o n d e f o r m a determinante elementos explicativos para definir las particularidades de este régimen en su etapa clásica: La democracia en M é x i c o e s c r i t a p o r Pa b l o G o n z á l e z Casanova en 1965; El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio de Daniel Cosío Villegas y La formación del poder político en México de Arnaldo

Córdova, ambos publicados en 1972; así como El presidencialismo mexicano de Jorge Carpizo cuya primera edición vio la luz en 1978.

González Casanova (1983) analizó las c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a i n t e r n a , interrelaciones y funciones de cada uno de los principales factores que determinan la naturaleza y el comportamiento real de la democracia en la sociedad mexicana y su co n d i c i o n a m i e n to p o r e l n i v e l y l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o d e l a n a c i ó n . S u conclusión fue que existía una estructura formal del poder en México Sistema Electoral, Presidencia, Congreso, Corte S u p r e m a , S i n d i c a t o s , Fe d e r a c i ó n y Estados, Estructuras Municipales; que se combinaba con factores menos visibles, pero históricamente poseedores de una significativa capacidad de presión política: Caudillos locales, Fuerzas Armadas, Clero, Empresariado; Pero que a su vez esta estructura combinaba con un sistema de influencia s y presiones económica s, militares, políticas y culturales externas al e s t a d o n a c i ó n : c o m e r c i o e x t e r i o r, inversiones, crédito, invasiones militares, despojos, tratados políticos, importación de libros, influencia religiosa, suministro noticioso, medios de comunicación y películas. Estructura que se reproducía y r e f o r z a b a e n l a s c o n d i c i o n e s d e 64

subdesarrollo de la estructura económica, en la medida que esta a su vez reproducía desigualdades sociales en las en las cuales la democracia no podía echar raíces.

Cosío Villegas (1986) definió el régimen político en México a partir de lo que denominó sus dos piezas fundamentales: un poder ejecutivo con facultades de amplitud excepcional y un partido político oficial predominante. En lo referente a las facultades extraordinarias del presidente destacó: a) las que formalmente le otorgó l a C o n s t i t u c i ó n d e 1 9 1 7 ; b) o t r a s provenientes de los errores de las propias leyes de la Constitución de 1917; c) el asiento de los poderes federales en la Cd. de México; d) la dirección del desarrollo e c o n ó m i c o ; e) e l n u l o f e d e r a l i s m o p r a c t i c a d o e n l a Re p ú b l i c a , f) l a subordinación del poder legislativo y en menor medida el judicial al ejecutivo; y g) lo que de manera imprecisa definió como efectos psicológicos que en los gobernados t i e n e u n d e r r o c h e d e p o d e r d e e s a magnitud. La “otra pieza fundamental” del sistema, el partido político oficial, se c a r a c t e r i z ó p o r u n d e f e n d e r u n nacionalismo marcado, un populismo visible y buscar al menos en el discurso la elevación social, económica y política de la población menos favorecida, es decir, los campesinos y los obreros. Organizar a estos sectores sociales fue la tarea que

prosiguió, con lo cual contaría no sólo con un número importante de ciudadanos, sino con un número importante de votantes activos.

El interés principal de Arnaldo Córdova ( 1 9 9 1) e s a n a l i z a r l o s e l e m e n to s q u e permitieron la formación del régimen político mexicano. La concentración del poder para Córdo va fue el elemento central que permitió la conformación del E s t a d o- Na c i ó n e n M é x i c o , n o l a formación de un mercado nacional como o c u r r i ó e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s desarrollados. La diferencia central para Córdova en el continuo histórico entre el porfiriato y el régimen portrevolucionario, l o h a c e l a C o n s t i t u c i ó n d e 1 9 1 7, particularmente sus artículos 27 y 123, que definen todo lo nuevo logrado por la Re v o l u c i ó n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a estructural, social y político, entre otras cosas porque dan viabilidad a un pacto social que perduró hasta entrada la década de los ochenta y dotaron de legitimidad y estabilidad al régimen político.

Fi n a l m e n t e Jo r g e C a r p i z o ( 1 9 8 3) caracterizó a partir del análisis jurídico el régimen político en México. Encuentra en la constitución estadounidense de 1787 la d e m a y o r i n f l u e n c i a d e n t r o d e l a C o n s t i t u c i ó n Me x i c a n a d e 1 8 2 4 , antecedente que sentenciaría la historia de

n u e s t r o s i s t e m a p o l í t i c o h a c i a l a preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. A partir del análisis jurídico de la Constitución de 1917 e l a u to r e n c u e n t r a e n l a s f a c u l t a d e s constitucionales y meta constitucionales d e l Pr e s i d e n te l a e x p l i c a c i ó n d e l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l r é g i m e n p o l í t i co mexicano: facultades de iniciativa y veto del presidente sobre el congreso; control sobre el ejército; control sobre el poder judicial a partir de su facultad de nombrar a la terna de magistrados que constituyen Suprema Corte de Justicia, sus labores de auxilio y la facultad de indulto; facultades d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o c o m o l a intervención en el proceso económico, regulación de la política monetaria entre otros; facultades en el ejercicio de la acción penal, en materia educativa, control sobre los medios de comunicación, control sobre el procedimiento electoral, sobre el G o b i e r n o d e l D F. A p a r t i r d e e s t a facultades constitucionales desplegaron otras metaconstitucionales: la jefatura real del PRI; la designación de su sucesor; la d e s i g n a c i ó n y l a r e m o c i ó n d e l o s gobernadores.

Estas obras aportaron desde diferentes v e r t i e n te s te ó r i c a s y m e to d o l ó g i c a s e l e m e n t o s t r a s c e n d e n t a l e s p a r a caracterizar todo un periodo de vigencia de un régimen político sui generis en

México: una presidencia con facultades constitucionales y metaconstitucionales extraordinarias que contradecía en los hechos la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos constitucionales, a l a v e z q u e h a c í a u n a c a r i c a t u r a d e l centralismo; un partido hegemónico que socavaba el pluralismo social; un aparato corporativo que generó una base cautiva de apoyo social y electoral para el partido de Estado, convirtiéndose además en un eficaz mecanismo de intermediación de i n te r e s e s q u e d o t ó d e e s t a b i l i d a d a l régimen a costa de minar las libertades civiles de los ciudadanos; y un sistema electoral controlado por el Presidente de la República a través de la Secretaría de G o b e r n a c i ó n v u l n e r ó l o s d e r e c h o s políticos de la población. Lo anterior bajo una estrategia económica desarrollista b a s a d a e n l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n v í a sustitución de importaciones que a la larga p r o f u n d i z ó e l s u b d e s a r r o l l o d e l a estructura económica, y que si bien generó importantes tasas de crecimiento y una expansión del mercado interno, en la misma medida profundizó desigualdades sociales, y aun sin proponérselo engendró una sociedad con niveles educativos más altos, urbanizada y con una predominancia de las clases medias.

En estas condiciones la democracia liberal difícilmente podría haber echado 66

raíces al menos en su forma mas básica, ya q u e p o r l a v í a d e l o s h e c h o s n o s e cumplieron los requisitos para el buen funcionamiento de una democracia, si tomamos como referencia a Robert Dahl (1992): la elección de los responsables de la t o m a d e d e c i s i o n e s d e l E s t a d o e r a frecuente, pero no era libre ni equitativa; la libertad y autonomía de asociación de los ciudadanos estaba condicionada por el sistema corporativo; la ciudadanía era excluyente y alcanzaba parcialmente y de forma diferenciada a las organizaciones y sectores sociales afines al régimen; libertad de expresión muy limitada por el control del régimen sobre los medios, que además l i m i t a b a f u e n t e s a l t e r n a t i v a s d e información.

2. La transición política: nue vos ropajes de un régimen autoritario.

Sin embargo en el contexto de la crisis capitalista global en la década de los setenta, que se manifiesta en México como una crisis del modelo de crecimiento orientado al mercado interno, se generaron las condiciones para insertar a la economía n a c i o n a l d e n t r o d e l p r o c e s o d e globalización de la economía a escala g l o b a l m a n t e n i e n d o s u c o n d i c i ó n s u b d e s a r r o l l a d a y s u b o r d i n a d a , y s e desplegó una transformación importarte del Estado de acuerdo a los modelos del

n e o l i b e r a l i s m o y l o s d e s i g n i o s d e l Consenso de Washintgton.

E s t o i m p l i c ó n u e v a s f o r m a s d e acumulación y explotación de la fuerza de t r a b a j o q u e s o c a v a r o n e l a p a r a t o corporativo forjado durante varias décadas en México con fuertes organizaciones obreras y campesinas, generándose nuevas f o r m a s d e i n t e r m e d i a c i ó n p o l í t i c a , privilegiándose la vía electoral.

Es en este contexto que el régimen político se transforma. Por una lado, se destacan las reformas político-electorales q u e i m p a c t a r o n d i r e c t a m e n t e e n l a c o n s t i t u c i ó n d e l r é g i m e n p o l í t i c o . Reformas impulsadas desde el Estado pero también desde la sociedad civil organizada e n p a r t i d o s p o l í t i co s , p e r o d i r i g i d a principalmente por el empresariado del norte fuertemente vinculado comercial y financieramente con el capital trasnacional y de forma secundaria por escisiones del partido oficial. La reconversión política se apoyó en la lucha por el sufragio y dejó al margen la lucha por la justicia social. En ese contexto la derecha, particularmente la empresarial toma como suyo el control del c a m b i o c o n u n a i z q u i e r d a q u e s e reorganiza en torno a un programa por recuperar el nacionalismo revolucionario heredado del cardenismo.

El f raude en la s elecciones de 1988 definió el rumbo de una transición iniciada formalmente en 1977 con la LOPPE y antes de eso por el movimiento estudiantil de 1968. La reforma política desde 1973 había abierto la participación restringida a otras fuerzas políticas, pero había dejado en las manos del presidente el control sobre el proceso electoral. Las elecciones de 1988 cerraron el paso a una opción de centro izquierda con el acuerdo de la derecha partidista al momento de calificar la elección, a lo que siguió un proceso de c o n d u c c i ó n d e l a t r a n s f o r m a c i ó n conducido por el propio Estado y en alianza con la oposición de derecha.

C o m o s a b e m o s s e r í a n e v e n t o s extraordinarios como el levantamiento armado en Chiapas por el EZLN en enero de 1994, los a sesinatos políticos del candidato del partido oficial y el secretario general de ese partido, la crisis económica que estalló en 1995, lo que derivó en una nueva reforma político electoral de mucho m a y o r a l c a n c e , q u e g e n e r ó m e j o r e s condiciones de equidad en la contienda electoral para los partidos políticos, pero sobre todo le quitó al gobierno la facultad de organizar las elecciones, creando un órgano ciudadano para ello, y le quitó al Congreso la facultad para calificar las elecciones depositando en un tribunal a u t ó n o m o d e l Po d e r Ju d i c i a l d e l a

Federación tal facultad. Un elemento f u n d a m e n t a l d e l r é g i m e n p o l í t i c o tradicional se transformaba y avanzaba en su democratización.

Se avanzó igualmente en el acotamiento de las facultades constitucionales del p r e s i d e n t e , d e r i v a d o d e l a r e f o r m a electoral de 1997 el presidente pierde el control que tenía sobre el Congreso y que le permitía ser “el gran legislador”. Además, el control que de facto ejercía sobre los Tribunales se acotó como producto de la pluralidad partidista presente en el Senado y la reforma del Poder Judicial que dio como resultado el surgimiento del Consejo de la Judicatura Federal. En el ámbito e co n ó m i co co n l a l i b e r a l i z a c i ó n d e l m e r c a d o y l a f i n a n c i a r i z a c i ó n d e l a economía el presidente perdió importantes facultades sobre la economía, entre otras cosas destaca la autonomía del Banco de México que le quitaba la facultad de regular la política monetaria. Finalmente perdió el control pleno sobre el Gobierno del Distrito Federal, al reconocer los derechos políticos de sus ciudadanos en la reforma antes citada.

E n e l c a s o d e l a s f a c u l t a d e s metaconstitucionales, por la vía de los hechos el presidente perdió la jefatura real del PRI y abrió pasó a un plurispartidismo,

la designación de su sucesor, la designación y remoción de los gobernadores.

En el caso del aparato corporativo como sistema de intermediación de intereses, éste empezó a mostrar su inviabilidad d e s d e l a s e l e c c i o n e s d e 1 9 8 8 c o m o p r o d u c to d e l i m p a c to d e l a p o l í t i c a económica neoliberal en las condiciones de vida de los obreros y campesinos. Las d i r i g e n c i a s d e l a s o r g a n i z a c i o n e s corporativas tuvieron que lidiar con más problemas para encontrar en sus bases lealtad al gobierno, por lo que pronto dejaron de garantizar el caudal de votos cautivos para el partido oficial, y en esa m e d i d a , p e r d i e r o n p r e s e n c i a e n l a postulación de cargos de elección popular dentro de ese partido. Con la reforma al ar tículo 23 de la Constitución, y sus implicaciones para el funcionamiento del ejido, estas tendencias han seguido las organizaciones campesinas.

Se consolida así un proceso de apertura del régimen que pasa por la alternancia en d i f e r e n t e s e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s acompañado de una apertura inusitada de l a p r e n s a n a c i o n a l , a s í c o m o d e l a consolidación del IFAI como organismo p ú b l i c o d e s c e n t r a l i z a d o e n c a r g a d o garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos.

Sin embargo, bajo los gobiernos panistas p e r s i s t i e r o n e l e m e n to s d e l r é g i m e n anterior por la vía de los hechos, que sin la voluntad política necesaria de los grupos políticos y empresariales desdibujó la d e m o c r a c i a e n c i e r n e s q u e s e h a b í a configurado hasta entonces. Qué decir, de la fuerte intervención del presidente en la elección de 2006 reconocida por el propio t r i b u n a l e l e c t o r a l a l m o m e n t o d e c a l i f i c a r l a , q u e d e j ó u n a s o m b r a d e sospecha sobre los órganos electorales que aún hoy subsiste al menos para una parte no despreciable de la oposición política en el país.

L o s g o b i e r n o s p a n i s t a s n o s ó l o n o atacaron la corr upción del pasado ni llamaron a cuentas a los violadores de derechos humanos del pasado, sino que generaron nuevas modalidades de estas prácticas. El bono petrolero de esos años f u e a d a r a l o s g o b e r n a d o r e s principalmente priístas, lo que combinado a q u e e n a l g u n o s d e e l l o s n o h u b o simplemente transición ni alternancia, g e n e r ó l a s c o n d i c i o n e s p a r a l a construcción de feudos que teminaron por dilapidar esos recursos y muchos otros en manos de la federación, en un país con m u y b a j o s n i v e l e s d e c r e c i m i e n t o económico, altos índices de desempleo y desigualdad social. Las alianzas de los gobiernos panistas con los líderes del 69

S N T E y d e l s i n d i c a t o p e t r o l e r o refuncionalizaron algunas de las prácticas m á s a ñ e j a s d e l v i e j o co r p o r a t i v i s m o corrupto. De igual forma, se protegió a los grandes capitalistas que han hecho de la competencia una caricatura en varios sectores estratégicos de la economía: la banca con su Fobaproa, los monopolios en las telecomunicaciones, cemento, y la televisión.

3. Nuevas tendencias y reediciones de un pasado que no termina por irse.

Ha s t a e n t o n c e s l o s e m p r e s a r i o s nacionales y extranjeros volcados a la política formal y real participaron y se constituyeron en auténticos factores reales de poder, acotando el presidencialismo de viejo cuño y dando pie a una democracia imperfecta que a pesar de todo siguió a r r a s t r a n d o e n s u f u n c i o n a m i e n t o prácticas del pasado.

Este periodo cerró con una elección presidencial en 2012 cuestionada por la utilización de recursos públicos y privados fuera de los canales legales del candidato del PRI, que terminaría por imponerse en dicha contienda, algo que se conoció como el caso Monex y que no prosperó como