El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales señala en su artículo 34 que la CEDH podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en dicho instrumento o sus Protocolos (entiéndase por Altas Partes Contratantes a los gobiernos signatarios del convenio). La anterior disposición evidencia a priori la imposibilidad para la organización internacional de ser parte en un litigio ante la CEDH, pero al igual que en el caso de la CIJ, la CEDH ha sentado precedentes de impacto significativo sobre la inmunidad jurisdiccional de la organización internacional.
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Dado al ámbito regional de la CEDH, creada en el seno del Consejo de Europa, presentaremos un ejemplo relacionado con la inmunidad de una entidad europea, la Agencia Espacial Europea (ESA).
El 18 de febrero de 1999 la CEDH resolvió dos casos estrechamente relacionados entre sí, a saber, Beer & Regan vs. Alemania222 y Waite & Kennedy vs. Alemania223 que fueron escuchados juntos y decididos de manera idéntica.
Los demandantes de ambos casos habían interpuesto sus demandas inicialmente ante el Tribunal Laboral de Darmstadt (Arbeitsgericht) en Alemania en contra de la ESA, organización a la que prestaban sus servicios, con motivo de la terminación de sus contratos de trabajo y no renovación. Los demandantes no habían sido propiamente funcionarios fijos de la organización sino personal contratado a término fijo a través de otra empresa intermediaria. Durante las audiencias preliminares que tuvieron lugar en ambos casos, ESA invoco su inmunidad de jurisdicción a la luz de lo dispuesto en el Articulo XV.2 de la Convención para el Establecimiento de la ESA224.
El Tribunal de Darmstadt reconoció la inmunidad de jurisdicción de la ESA para ambos casos (en abril de 1991 lo declaró para el caso Waite & Kennedy y en marzo de 1995 ratificó su postura para el caso Beer & Regan). Los recurrentes fueron agotando progresivamente las instancias judiciales nacionales hasta que el 16 de marzo de 1998 fueron recibidas sus solicitudes por la CEDH. El razonamiento dado por la Corte en la
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Beer &Regan vs. Alemania (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58299). 223
Waite & Kennedy vs. Alemania (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58912). 224
Tal Artículo dispone lo siguiente: “The Agency, its staff members and experts, and the representatives of its Member States, shall enjoy the legal capacity, privileges and immunities provided for in Annex I”. A su vez, el Anexo I de la Convención estipula en su Artículo IV que: “1. The Agency shall have immunity from jurisdiction and execution, except: a. to the extent that it shall, by decision of the Council, have expressly waived such immunity in a particular case; the Council has the duty to waive this immunity in all cases where reliance upon it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of the Agency; b. in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Agency, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle; c. in respect of an enforcement of an arbitration award made under either Article XXV or Article XXVI; d. in the event of the attachment, pursuant to a decision by the judicial authorities, of the salaries and emoluments owed by the Agency to a staff member”.
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sentencia de Beer & Regan 225 fue en esencia el mismo del de su antecesor Waite & Kennedy por lo que nos limitaremos a comentar este último.
Richard Waite y Terry Kennedy eran ciudadanos ingleses programadores de sistema que habían sido empleados por la compañía inglesa SPM quien los colocó al servicio de la ESA. ESA estaba a cargo de la dirección del European Space Operation Centre (ESOC) que se trata de una operación independiente que había sido establecida en 1967226, ocho años antes de la creación de la ESA (1975). ESA decidió asignar a los Señores Waite y Kennedy al ESOC en 1977.
SPM (el empleador de Waite y Kennedy) traspasó los contratos de estas personas a una compañía holandesa denominada CDP. Waite y Kennedy formaron en 1982 su propia empresa de suministro de servicios llamada “Storepace” a través de la cual celebraban contratos con CDP (Storepace fue al poco tiempo sustituida por sus creadores por “Network Consultants”). CDP continuó contratando a los Sres. Waite y Kennedy a través de Network Consultants y a partir de 1984 la propia ESA participaba de estas contrataciones a través de una firma afiliada a la agencia denominada “Science System”.
El 12 de octubre de 1990 los Sres. Waite y Kennedy fueron informados por la CDP que su cooperación con esta ultima tendría fin el 31 de diciembre de 1990. Para entonces, Waite y Kennedy habían acumulado una experiencia de servicios provistos a la ESA de 13 años. Waite y Kennedy interpusieron una demanda al Tribunal de Darmstadt en contra de la ESA alegando que de conformidad con el “German Provision of Labour (Temporary Staff) Act” (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) que regula el mercado laboral en Alemania, ellos habían adquirido el estatus de empleados fijos de la ESA y por ende la decisión de CDP de poner fin a sus contratos no debía afectar su relación laboral con la agencia.
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Véase párrafos 15 y 16 de la parte narrativa de la Sentencia de la CDHE. 226
Official Gazette, Agreement concerning the European Space Operations Centre of 1967, (Bundesgesetzblatt) II no. 3, 18.1.1969.
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ESA tiene una Junta de Apelaciones para resolver los conflictos laborales que surjan con su personal o sus expertos, pero no se dice expresamente en el Reglamento de esta instancia que podrán recurrir ante ella contratados externos que era la posición de los Sres. Waite y Kennedy. Los demandantes emplearon entonces el argumento de que la ESA era una organización derivada del European Space Research Organization (ESRO), y como las disputas laborales de ESRO que estuvieran fuera de la jurisdicción de la Junta de Apelaciones recaían en la jurisdicción de los tribunales alemanes, mutatis mutandis, lo mismo era aplicable a la ESA.
En medio del litigio ante el Tribunal de Darmstadt ESA invocó su inmunidad de conformidad con el Artículo XV.2 de la Convención para el Establecimiento de la ESA ante lo cual el Tribunal procede a declararla inmune contra todo procedimiento judicial sin entrar a considerar el fondo del asunto y declara inadmisible la demanda el 19 de abril de 1991. El Tribunal de Darmstadt señaló además que la ESA había sido constituida en 1975 como una entidad nueva e independiente a la que no le era aplicable la distribución de competencias jurisdiccionales fijadas a la ESRO en su momento.
Wait y Kennedy apelaron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Frankfurt. Dicho Tribunal ratificó la inmunidad de jurisdicción de la ESA y añadió que incluso si la ESRO hubiera predefinido el mecanismo de renuncia de inmunidad para aquellas disputas laborales que quedaban excluidas de la jurisdicción de la Junta de Apelaciones, ello todavía no significaba que la ESA estaba obligada a hacer lo mismo. Los apelantes seguidamente optaron por solicitar a las autoridades Británicas y del Gobierno Federal Alemán intervenir para que el Consejo de la ESA renunciara a la inmunidad de jurisdicción prevista en su Convenio constitutivo. El Presidente del Consejo de ESA el 16 de diciembre de 1992 informo a los Sres. Wait y Kennedy que el Consejo decidió no renunciar a la inmunidad de jurisdicción para dicho caso.
El reclamo de los trabajadores llegó a la Corte Federal Laboral que desestima igualmente la demanda el 10 de noviembre de 1993. Esta instancia agregó que el hecho de que los apelantes hayan sido contratados por una tercera persona (la CDP) y no fuesen
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empleados fijos de la organización hacía inaplicables para ellos la obligatoriedad de renuncia por parte de la ESA a su inmunidad de jurisdicción y que la acción de los apelantes debía haber sido dirigida a su empleador (CDP).
El asunto escaló a la Corte Federal Constitucional. Los apelantes arguyeron que debido a la legislación imperante en materia de contratación temporal ellos habían sufrido serias desventajas ante la terminación de sus contratos. La Corte Constitucional consideró no probadas tales desventajas mas allá de las secuelas comunes asociadas a cualquier pérdida de trabajo pues no había indicios de que el desempleo sería permanente, y consecuentemente declinó la apelación el 11 de mayo de 1994.
Waite y Kennedy acudieron a la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión refirió el caso a la Corte Europea de Derechos Humanos el 16 de marzo de 1998. Los demandantes sostuvieron que su derecho de acceso a la justicia no quedaba satisfecho solo la presentación de acciones y que los tribunales alemanes habían desconocido la primacía de los derechos humanos sobre las reglas de inmunidad.
La labor de la Corte consistió entonces en elucidar si Alemania (por intermedio de sus Tribunales) había infringido el Artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relacionado a la tutela judicial efectiva:
Artículo 6
Derecho a un proceso equitativo
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
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El 18 de febrero de 1999 la CEDH emitió su fallo. La Corte señaló que debían haber dos factores principales a considerar para determinar si la inmunidad de jurisdicción concedida por los tribunales alemanes había sido apropiada: primeramente que la inmunidad de jurisdicción, como límite al derecho de acceso a los tribunales, persiguiera proteger un fin legitimo (párrafo 63) y, segundo, que debía observarse un patrón de proporcionalidad consistente en la verificación, en cada caso, de medios razonables alternativos de protección de los derechos enmarcados por el Convenio Europeo (párrafo 64). Alemania argumentó que la inmunidad aplicada por los tribunales sí respondía a un fin legítimo que era asegurar que la organización desempeñara sus funciones eficientemente conforme a lo previsto en el Anexo I de la Convención de ESA y con respecto a la disponibilidad de medios alternativos para la solución de disputas sostuvo que el sistema detallado de protección legal provisto en la Convención de ESA sobre disputas traídas por su personal (Junta de Apelaciones) y los mecanismos previstos en el Anexo I de la Convención para otro tipo de disputas derivadas de contratos (Arbitraje) satisfacían el Artículo 6.1 del Convenio Europeo relacionado al acceso a la justicia.
La CEDH concluyó que Alemania no había quebrantado el Artículo 6.1 porque la ESA sí cumplió con la obligación de proveer medios alternos de solución de disputas ya que si bien era cierto que la Junta de Apelaciones de la agencia tenía competencia para resolver disputas surgidas entre la organización y su personal, los Sres. Waite and Kennedy podían y en efecto debieron haber acudido a dicha Junta cuando precisamente el asunto principal que motivó la cadena de litigios fue el reclamo sobre la existencia de una verdadera relación laboral entre ellos y la ESA. La Junta de Apelaciones, que es un órgano independiente de la agencia, habría resuelto primero la cuestión de la naturaleza jurídica de su relación laboral para determinar si los recurrentes eran empleados fijos o no, pero los aplicantes precluyeron tal posibilidad.
La CEDH también subrayó que los trabajadores temporales deben dirigir sus reclamos de indemnizaciones hacia las empresas o firmas que los contraten (en este caso
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la CDP), y que esto era un principio contenido en el German Provision of Labour (Temporary Staff) Act que regulaba este tipo de litigios en los que la naturaleza de la relación laboral de los aplicantes también pudo ser clarificada.