Relationship models – iCity project

Fleury (2002) sostiene que la proliferación de las redes políticas (también llamadas estructuras multicéntricas), se explican por los procesos simultáneos de descentralización y democratización. En el campo de las políticas sociales hay una tendencia a crear redes locales que vinculen la gestión de las políticas sociales con el territorio y una población específica. Los procesos de descentralización provocan una fragmentación de la autoridad política y administrativa, por lo que la efectividad de las gestión de las políticas públicas se busca a través de nuevas formas de coordinación, ya que la sola transferencia de poder de decisión a los

administradores locales (y territoriales) e incluso usuarios ciudadanos, no garantiza el éxito de la política. Las redes de políticas permiten la construcción de nuevas formas de colectivación, socialización, organización solidaria y coordinación social, compatibles con la transformación tanto de la sociedad civil como del Estado. Las redes (más allá de su utilización herramental) generan confianza (capital social), pluralidad y horizontalidad.

Los gobiernos locales, por su situación de proximidad con el ciudadano, parecieran ser los más propensos a participar de tendencias de cambio, a ser flexibles, adaptables e innovadores. Los retos se trasladan a la complejidad de los procesos de toma de decisiones, articulados en redes y con entramados complejos de gestión pública materializados en agencias y organizaciones cada vez más horizontal. Nacen nuevos modos de lograr legitimidad y efectividad en las políticas a través de la implicación de los ciudadanos y los grupos de interés en la actividad pública más allá de la democracia representativa. Se modifica el paisaje decisorio y cambia el papel de los gobiernos locales.

Así, desde lo institucional ocurre, por un lado, una proliferación (nuevas) y reestructuración de (existentes) instituciones públicas en los procesos de decisión debido a la adopción de algunas recetas de las NGP; por otro, la conformación de redes debido a la necesidad de articular los intereses colectivos a través del diálogo Estado-Sociedad civil. Los gobiernos locales exploran nuevas practicas para coordinar políticas a través de redes, partenariados, y foros, englobando actores varios como sindicatos, asociaciones, empresarios, ONG, OSC, líderes políticos y grupos (Font, 2001). Para Sulbrandt y otros (2001:1) la red "involucra el trabajo de unidades del sector público con unidades del sector privado o de organizaciones sin fines de lucro, estableciendo con ellas pautas de relaciones complejas, todas ellas importantes en la implementación de un número significativo de políticas públicas". Fleury (2002) afirma, retomando a Benson (1975), que existen cuatro ejes para trabajar sobre las redes para lograr políticas coordinadas y cooperativas: el consenso en relación con el dominio (campo de actuación), el consenso ideológico (valores compartidos), la evaluación positiva de los otros miembros y la coordinación del trabajo. Aquí aparece como

recomendación la gestión incremental, en la cual la red va refinando las ideas varias veces, mejorando o contrariando la conducta precedente. El incrementalismo permite mantener constante el tema central de la discusión y adaptar medios y fines de acción más operativos. Para la ejecución de la planificación incremental se necesitan el desarrollo de un sistema de información que permita el seguimiento y la evaluación periódica de las medidas tomadas y el establecimiento de canales efectivos de comunicación y negociación.

En lo que hace al papel de los gobiernos locales, surge el “nuevo localismo” (Brugué y Gomá, 1998), postulando un nuevo impulso a los municipios, reforzando el liderazgo de las ciudades a la hora de dinamizar recursos e impulsar la participación. De hecho, creemos con Rothstein (2003) que existen muchas presiones para desarrollar sistemas más participativos de gobierno que sirvan para estimular el desarrollo de la sociedad civil, así como para reaccionar frente a las estructuras existentes que procesan las demandas de los ciudadanos. Gestionar una red local será provocar dinámicas de cooperación, pactos, alianzas y compromisos entre diferentes agentes sociales y económicos (Brugué y otros, 2005).

Estas dinámicas también son advertidas por Rovere (1998), quien introduce desde la psicología social una serie de (niveles de) acciones y valores, graduales, relacionados con las redes y su formación. Partiendo de que las redes vinculan personas (no cargos ni instituciones) existen los niveles de reconocimiento, conocimiento, colaboración, cooperación y asociación. Cada uno describe acciones destinadas a: reconocer que el otro existe, conocer qué es el otro o qué hace, prestar ayuda esporádica, compartir actividades, y compartir objetivos y proyectos, respectivamente. Esto genera valores como aceptación, interés, reciprocidad, solidaridad y confianza. Este enfoque desde los valores esta en definitiva sintonía con la visión de las redes como una construcción social (Jones y otros, 1997), compuestas por actores encargados de ejecutar acciones en un marco de adaptación y cooperación continuas. No sólo resuelven problemas estratégicos, económicos o técnicos para sus patrocinantes, sino que también desarrollan, producen y comercializan conocimientos, bienes y servicios.

Las redes locales, a diferencia de las nacionales, tienden a incorporar a ciudadanos en su calidad individual. En las formas locales de gobernanza es común encontrarlos como actores de la red articulando decisiones y formando parte de dispositivos articuladores que aseguran la participación. En este punto, la participación ciudadana resulta lógica en tanto es ámbito local, de proximidad, y puede articular más efectivamente los intereses (Navarro-Gómez, 2002). En efecto, no se estaría hablando de gobernanza si no existiera cierto grado o tipo de participación ciudadana. Es importante aclarar que la participación puede establecerse con niveles de intensidad: información, consulta, codecisión y cogestión. Habría situación de gobernanza en los dos últimos grados. Así, la participación pública es deseable ya que las políticas locales se benefician pues incorporan enfoques integradores, complejos, sostenibles, con variedad de intereses, y con mayores posibilidades de implementarse.

Un modelo de redes es un modelo de gobernanza que amplía la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que se da dentro del sector público permitiendo que ellos escapen de las limitaciones que tiene la democracia representativa convencional dentro de la cual sólo tendrán una capacidad esporádica de transformarse en jugadores del proceso de gobernanza (Sorensen y Torfing, 2002). Aunque es importante aclarar, junto con Peters (2003:9) que “no está para nada claro que esta forma de gobernar proporcione defensas adecuadas contra la apropiación del interés público por parte de intereses particulares de unos relativamente pocos actores, incluso si esos actores involucrados provienen de diferentes tipos de grupos y, nominalmente, tienen intereses distintos”.

Fleury (2002) indica que a través de redes, procesos como la descentralización y el fortalecimiento de la Sociedad civil convergen en formas innovadoras de gestión compartida de las políticas públicas locales. Adquieren importancia las propuestas de descentralización de las políticas públicas, en la cual el poder local asume el protagonismo en la unión entre las organizaciones gubernamentales,

empresariales y sociales y amplía la red de acción pública por medio de la inclusión de nuevos actores políticos93.