DME REPAIR CODES 2006 IMPLEMENTATION

En la década del 2000 y primera mitad de la década del 2010, se produce un nuevo proceso de reconfiguración de la política neoliberal, frente al conflicto social producido en la década anterior. Fue en diciembre del 2001 que un sector de la población se expresó efusivamente en contra del proyecto hegemónico existente hasta ese entonces, generando una crisis en el sistema de acumulación y representación existente hasta entonces. Aquí se puso de manifiesto una crisis general económica, social y política que expresó la necesidad de un cambio. Un cambio que implique fundamentalmente la reestructuración de las relaciones sociales desde una lógica diferente. A partir de ello comenzó un período en el que se pretendieron colocar en el campo estatal las reivindicaciones y demandas sociales por parte de sectores populares, así como también un sector intelectual y profesional. En este sentido, las políticas sociales asumieron nuevas estrategias en pos de lograr una mayor legitimación estatal. Así, la participación social fue presentada por las políticas sociales como una oportunidad para superar la pobreza. Este componente participativo, esconde además un aspecto asistencialista, ya que no son propuestas que pretendan terminar definitivamente con el problema. Detrás de una visión supuestamente universal, continúan desarrollándose políticas focalizadas a un sector que debe cumplir con ciertos requisitos. Es decir que cada política continúa teniendo una población destinataria, definida previamente.

Es pertinente aclarar que la crisis desatada en Argentina no se trata de un mero conflicto coyuntural, sino que hace referencia a una crisis constitutiva del desarrollo del capitalismo, que cíclicamente presenta estas manifestaciones, favoreciendo el desarrollo de una nueva etapa del mismo.

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de la legitimidad orientada a la construcción del consenso, intentando crear la imagen de un gobierno receptivo de las demandas sociales.

En este marco histórico, han nacido y desarrollado su vida los jóvenes entrevistados que actualmente se encuentran cumpliendo medidas penales, por lo cual están atravesados por estas transformaciones en el terreno político.

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CAPITULO CINCO

EDUCACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES: ¿HABLAMOS DE

INCLUSIÓN?

5.1. “A mi casa nunca fueron”.

La trayectoria educativa de los entrevistados ofrece una perspectiva interesante para comprender de qué sujetos sociales estamos hablando. Una continuidad que encuentra una primera interrupción y posterior deserción escolar entre los 12 y 14 años, es decir en los primeros años del secundario, en paralelo al comienzo de su actividad delictiva y consumo de drogas. Como relata uno de los entrevistados,

“Fui hasta séptimo, a la 60. Después dejé, me fui del camino, agarre para otro que no tenía que agarrar. A los 13 ya no arranqué más.

¿Y cómo te iba cuando ibas?

Bien, estudiaba. Aparte yo me concentro. Ahora también, me concentro para no pensar en otra cosa. Acá arranque otra vez, porque empecé el secundario. Arranque en primero, por las fugas y eso no lo alcance a terminar.

¿Cuándo vos dejaste la escuela que empezaste a hacer?

Nada, empecé a juntarme con los pibes más grandes que yo. De 18 o 19 años y yo tenía 14. Empecé a conocer la droga, empecé a robar con ellos. Una banda de veces entraba y salía, como era inimputable.”(Entrevista 1, joven del Instituto Lugones, 20 años, Olavarría, hace tres años que esta institucionalizado).

Al momento de las entrevistas, todos los jóvenes estaban cursando su escolaridad con un desfasaje mínimo de dos años según el año al que van y la edad que tienen. Quienes retoman la escuela, lo hacen debido a ser una de las exigencias de la medida penal. Uno de los jóvenes, por ejemplo, relató que

“En la calle fui hasta 7mo grado. En las comunidades que estuve, iba estudiando también, pero me cansaba y me iba, nunca pude terminar 7mo y en cambio acá hice tres grados en uno, con el Fines. Por eso ahora terminé la escuela.” (Entrevista 10, joven del Instituto Lugones, 21 años, Lomas de Zamora, hace 4 años que está institucionalizado).

A pesar de lo estipulado por la Ley 26.206, la educación secundaria obligatoria en nuestro país, vemos como la normativa no es taxativa para todos los jóvenes. Esta

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regularidad permite observar cómo la educación primaria es percibida como obligatoria, no siendo igual la educación secundaria. Todos los entrevistados finalizaron sus estudios primarios en el tiempo estipulado. Sin embargo no todos comenzaron el siguiente nivel, y quienes sí lo hicieron, avanzaron hasta abandonarlo. Es pertinente mencionar que cuando se les preguntó por su deserción escolar ninguno de los jóvenes mencionó que se haya acercado a su domicilio personal docente o del gabinete de las respectivas escuelas públicas a las que concurrían, lo cual denota el escaso o nulo seguimiento que se hace desde las entidades educativas respecto a los jóvenes que por distintos motivos dejan de concurrir.

“Yo dejé a los 15. Hice hasta 9no. Ahora acá estoy haciendo 4to.

¿Y te gustaría terminar?

Sí.

¿Cuándo dejaste no fue nadie a tu casa? ¿No fueron a ver por qué no ibas?

No, nunca fue nadie.” (Entrevista 19, joven del Instituto Lugones, 17 años, Sierra Chica, hace un año que está institucionalizado)

Sin embargo los jóvenes entrevistados mencionaron el cobro de la Asignación Universal por Hijo5, política social que exige como contraprestación certificar la escolaridad. A lo cual surge una pregunta esencial, ¿cómo es que los jóvenes reconocen el cobro de la AUH, sin poder certificar la concurrencia a la escuela? ¿En qué medida ésta política social permitió la culminación de los estudios de los jóvenes que la recibían, siendo este uno de los requisitos? A partir de esto, podemos reflexionar sobre la existencia de un Estado que se hace presente o ausente en la vida de sus ciudadanos (categoría que también es cuestionada), de forma contradictoria. Si bien por un lado impulsa una política social basada en la redistribución de la riqueza a través del pago de determinada cantidad de dinero a aquella población que cumple con requisitos específicos de dicha política, no garantiza el cumplimiento de los mismos, como así tampoco la permanencia en la escuela de aquellos jóvenes afectados por la AUH en este caso. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho establecido por la constitución nacional, el Estado debe garantizarla como un derecho básico, por lo que es fundamental la tarea de quienes deben velar por el acceso y continuidad de los estudios en las escuelas secundarias. Además, es interesante reflexionar acerca del contenido transmitido dentro de las aulas con esta nueva

5 _{Referimos a la Asignación Universal por Hijo, política que fue creada en Octubre del año 2009, por la}

presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de un pago mensual que realiza ANSES a aquellas madres/padres de hasta 5 hijos, menores de 18 años. Los destinatarios son aquellas personas que se encuentren desocupadas, trabajadores del mercado informal de trabajo y trabajadores domésticos. Lo puede percibir solo un adulto por niño.

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población que accede para poder recibir el “beneficio” al terminar el ciclo. Podríamos preguntarnos si hay realmente docentes formados para atender a las particularidades que existen en el aula, si existe un plan de formación y actualización basado en las realidades con que nos encontramos a diario.

Por otro lado, al pensar en la escuela como el órgano encargado de la función educativa, estaríamos dejando de lado otros espacios educativos en los que también se desarrollan formas de socialización y transmisión de saberes. Además, es fundamental destacar que la totalidad de los jóvenes entrevistados abandonaron la institución educativa en los primeros años del secundario, lo cual implicaría que si consideramos que tal función es llevada a cabo solo por la escuela estaríamos hablando de personas que efectivamente quedan por fuera de los parámetros de lo que es hegemónicamente considerado “educado”, lo cual nos llevaría a afirmar, erróneamente, que una de las causas de su detención por infringir la ley es que no han sido jóvenes debidamente “educados”.

Teniendo en cuenta que la escuela no solo transmite saberes sino que también se producen allí los procesos de socialización, estamos hablando de jóvenes con dificultades en sus relaciones sociales. Ahora bien, es pertinente considerar que las clases hegemónicas culpabilizan a los sujetos por la interrupción de estos procesos, individualizando lo que en realidad son problemas sociales construidos históricamente. De esta forma, al individualizar los problemas sociales, al verlos desde una perspectiva singular, se produce lo que Netto (1992) denomina “procesos de psicologización” de los problemas sociales. En estos procesos, se generan respuestas por parte del Estado para atender a aquellos sujetos que por motivos singulares, personales, íntimos y privados no han podido insertarse positivamente en la sociedad por características personales del individuo, por lo que se considera que necesita ser ayudado para ajustarse al orden instituido. De esta forma, el sujeto comienza a ser destinatario de servicios del Estado que incidan sobre su personalidad para poder insertarse socialmente. Estos servicios son lo que conocemos como políticas sociales.

Así, las políticas sociales muchas veces revestidas de procesos de redistribución de la riqueza o beneficios temporales para aquellos sujetos expulsados temporalmente del mercado laboral, son en realidad los mecanismos que el Estado utiliza para mantener la hegemonía de la clase dominante, dando respuestas alternativas a las necesidades de los pobres y marginados de la sociedad. Tal como afirma Netto (1992), las políticas sociales son instrumentos de preservación y control de las clases trabajadoras.

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secundario observado en las entrevistas realizadas, es pertinente mencionar que ninguno de los jóvenes ha hecho referencia al acercamiento de algún miembro de la comunidad educativa para regularizar su situación, lo cual nos permite cuestionarnos la presencia del Estado en la dimensión educativa de los jóvenes.

“Antes de encanar iba. Estaba haciendo 8vo y 9no a la noche, pero no llegué a terminar. Acá rendí un par de materias, y estoy en tercero. (…) La citaron una banda de veces a mi mamá. Pero a mi casa nunca fueron.”

(Entrevista 2, joven del Instituto Lugones, 18 años, San Martín, hace 8 meses que esta institucionalizado).

Efectivamente las escuelas públicas existen, materializadas en distintas zonas de la ciudad, permitiendo el acceso de toda la población en edad escolar al sistema. Sin embargo, no se generan mecanismos para acercar a aquella población que por diferentes motivos abandona, dejando de ser la institución educativa un lugar de referencia y contención. Es pertinente mencionar que luego del abandono comienzan en la vida de los jóvenes los conflictos policiales y las infracciones de la ley. Por otro lado, respecto a la inserción en el espacio educativo, es pertinente mencionar que a partir de la implementación de programas sociales de transferencias condicionadas de ingresos como la Asignación Universal por hijo (AUH) desde el año 2009, donde las madres deben presentar certificado de asistencia escolar a el ANSES para cobrar el 20% retenido anualmente de la AUH, como así también desde la obligatoriedad de la escuela secundaria consagrada por la ley 26.206/2006, se produjeron algunos efectos dentro de las aulas de los establecimientos educativos, ya que se generó una mayor inclusión formal, una mayor permanencia en los espacios escolares, aunque sin tener en cuenta los resultados de la educación otorgada y los indicadores de fracaso escolar como repitencia, sobreedad y deserción (Guemureman, 2015).

Lo que sí se generaron son espacios alternativos a la educación formal, programas estatales u organizaciones de la sociedad civil subvencionadas por el Estado, destinados a poblaciones vulnerables que buscan generar espacios recreativos, culturales, de contención y acompañamiento.