gas para el crecimiento pro-pobre
El crecimiento pro-pobre es un concepto importante para Bolivia ya que aún en sus periodos de crecimiento más alto, no se ha logrado reducir la pobreza monetaria significativamente ni la desigualdad en el país. A pesar de la importancia del concepto, hasta ahora hay poca claridad en Bolivia y a nivel internacional sobre cómo definir y medir crecimiento pro-pobre y mucho menos sobre cómo alcanzarlo.
Dadas las restricciones de la economía boliviana para generar niveles de crecimiento superiores a los hasta ahora logrados, e
impactar sobre la reducción de la pobreza y desigualdad en el país, se hace necesario analizar detalladamente las propuestas de política para asegurarse que éstas conduzcan hacia ese objetivo. Como se ha visto
Crecimiento Promedio (%) Incidencia Nacionala Incidencia Urbanaa Incidencia Rurala Escenario Base 4.7 55.3 38.9 82.8
Devaluación Real (política monetaria restrictiva)
4.7 54.8 38.1 82.9
Reformas al Mercado Laboral 5.0 54.4 37.4 82.8
Reforma Tributaria (neutra) 5.0 53.9 37.0 82.4
Proyectos de Exportación de Gas (incremento del consumo del Gobierno)
5.1 54.9 37.8 83.8 Proyectos de Exportación de Gas (consumo del
Gobierno constante)
5.1 53.8 36.1 83.7 Proyectos de Exportación de Gas (consumo
constante del Gobierno) mas Reformas al Mercado Laboral y Reforma Tributaria
5.8 52.0 33.5 83.0
Mayor Acceso al Crédito para Minifundistas 4.7 55.2 38.8 82.8
Inversión en infraestructura rural (con alto efecto en la productividad)
4.8 55.0 38.6 82.4 Inversión en infraestructura rural (con bajo
efecto en la productividad)
4.8 55.1 38.7 82.5
Políticas industriales (agricultura moderna) 4.7 55.7 39.6 82.7
Políticas industriales (bienes de consumo) 4.6 54.9 38.3 82.8
Programa de transferencias (bajo consumo del gobierno)
4.7 53.8 37.9 80.5 Programa de transferencias (baja inversión
pública)
4.5 54.6 38.9 81.1 Proyectos de Gas más Programa de
Transferencias
en el presente capítulo, ninguna política por si sola será capaz de impactar suficientemente en la pobreza y desigualdad, y por ello deber estudiarse la combinación adecuada de las políticas que permi- tirán avanzar mejor hacia ese objetivo.
Si bien ha quedado claro que la exportación de gas (economía de enclave) por si sola no solucionará los problemas del país, ni menos contribuirá a reducir la pobreza y desigualdad por si sola, queda también claro que la producción y exportación del gas puede brindar una excelente oportunidad al país para, con decisiones acertadas y la combinación de políticas adecuadas, contribuir a cambiar su destino en los próximos años. Este recurso ofrece la posibilidad de aumentar de forma significativa los ingresos del Estado y crear así la base de recursos internos para la inversión pública, la redistribución a través de transferencias y otras modalidades y/o el pago de deuda. Existe también la posibilidad de usar el gas y sus sub-productos para fortale- cer o crear industrias dentro del país.
Sin embargo, la oportunidad del gas plantea también al país al menos dos grandes desafíos. El primero, transformar la posibilidad del gas en recursos reales para el Estado. Esto requiere:
– estimar de manera precisa las inversiones necesarias para conver- tir esas reservas probadas y probables en gas listo para ser expor- tado,
– tomar una decisión clara sobre quienes serán los que invertirán esos recursos y bajo que condiciones, para hacer realidad esas reservas y tenerlas a disposición en los mercados a los que se pueda acceder
– desarrollar una estrategia sobre cómo llegar mejor y a que ritmo a los mercados considerados potenciales compradores de este recurso, y
– tomar una decisión sobre la parte que el Estado considera justa como retribución a sus recursos naturales y en que tiempo se deberán recaudar esos recursos.
Si se logra un acuerdo y luego la exportación, el segundo desafío es decidir como usar los recursos y/o quién y cómo tomará esas decisio- nes. Esto implica tener:
– una visión estratégica de cómo aprovechar la exportación para generar otros usos internos del gas y sus sub-productos dentro del país
– una visión estratégica sobre como utilizar e invertir mejor los recursos obtenidos por el Estado y las regiones productoras de la renta gasífera y las actividades asociadas a su producción, para maximizar los beneficios de esta actividad
– una visión estratégica sobre la redistribución de la renta del sector, hacía los usos mas adecuados para lograr un crecimiento pro-pobre y la reducción de l;a desigualdad, considerando que la actividad petrolera no será la que generara empleo masivo y que esta actividad se concentrará principalmente en dos departamen- tos (Tarija y Santa Cruz), con el potencial incremento de las desigualdades en el país.
Actualmente, el gobierno está concentrado en el primero de ambos desafíos, tratando de lograr la aprobación de una ley de hidrocarburos en el Congreso, que viabilice la continuidad de las inversiones priva- das en el sector, al mismo tiempo que le permita incrementar la renta que obtiene del sector en el corto plazo. Su propuesta de ley ha encontrado oposición en el Congreso y en la industria por razones diferentes. En el Congreso algunos partidos políticos buscan una ley más radical que nacionalice la actividad petrolera y cierre las puertas a la inversión extranjera directa. Las empresas del sector han manifesta- do al gobierno que si se vota su actual proyecto de ley, no les quedará otro camino que el arbitraje internacional para hacer respetar sus contratos vigentes y eventualmente buscar otras opciones de inversión fuera de Bolivia. Por ello, un paso crítico es resolver estos conflictos sobre la manera más adecuada de explotación del recurso natural para viabilizar la exportación del gas boliviano.
Pero el gobierno y sus ”socios” del desarrollo no deben descuidar el segundo desafío: desarrollar una visión estratégica para usar los recursos del gas en la generación de un crecimiento pro-pobre. La revisión de la EBRP es una oportunidad para avanzar en esta direc- ción. Como hemos visto, no es obvio que seguir adelante con el modelo actual de desarrollo (sobre una base estrecha) tendrá el desea- do impacto en reducir pobreza y la desigualdad. Parece importante que los que participen en estas discusiones acepten la necesidad de cuestionar supuestos y abrirse a ideas menos ortodoxas, más
innovadoras y hasta controversiales. No será suficiente, sin embargo, buscar solamente nuevas ideas. Por un lado, es necesario tomar en cuenta en los procesos de planificación la relación estrecha entre el aspecto macroeconómico y la reducción de la pobreza, dejando la vieja práctica de políticas macroeconómicas basadas en una lógica de ajuste tradicional, sin tomar en cuenta el posible impacto en los niveles de pobreza monetaria. Por otro lado, hay que buscar además entender porqué los programas actuales no han dado los resultados esperados, ya que los problemas de implementación y/o de concep- tualización que afectan a los programas vigentes podrían afectar también en el futuro a los programas nuevos. En cualquier escenario, las capacidades de gestión pública, nacional y descentralizada, debe- rán ser reforzadas, para asegurar así la adecuada y oportuna
implementación de los recursos comprometidos en esa estrategia. La falta de gestión eficiente de los recursos públicos ha sido en los últimos años uno de los aspectos más preocupantes y esto debe solucionarse. El Estado juega un rol fundamental en cualquier estrategia de creci- miento pro-pobre y debe pasar de ser hoy parte del problema a ser parte de la solución en el futuro.