De la VI Cumbre de la CGSB sale un conjunto de propuestas para construir la paz de Colombia, que la organización logra entregar al parlamento colombiano en una carta del 25 de enero de 1992. En ella advierte que uno de los logros importantes de los diálogos de Caracas es la elaboración conjunta de una Agenda de negociación, la cual trasciende los elementos exclusivamente militares de cese al fuego y toca aquellos que sirven de soporte al entendimiento y búsqueda de soluciones a la crisis nacional. Allí se resalta nuevamente, la
urgencia de incluir en los procesos de paz la participación de otros sectores sociales como empresarios, trabajadores, la clase política, militares, clérigos y laicos, estudiantes, artistas e intelectuales entre otros. Para esto, se propone como metodología la realización de tres encuentros que permitan recoger el sentir y el pensamiento de todos, con respecto a los grandes problemas de la sociedad colombiana. También se insinúa por primera vez la ejecución de Diálogos Regionales por la Paz, con la presencia de autoridades locales y regionales, organizaciones políticas, sociales, y la comunidad con el fin de incorporar de manera efectiva la opinión popular en la orientación de los destinos de cada región y de la nación en su conjunto.
Los doce puntos propuestos se concentran en:
Primero. “Sustitución de la Apertura Económica por una política que estimule la industria
nacional y la producción agropecuaria, para lo cual es necesario facilitar créditos, construir infraestructura, importación de tecnología moderna y apertura del mercado para los productos. En donde desarrollo y progreso económicos, signifiquen bienestar social y respeto por los derechos de los trabajadores y empleados, que abra nuevas fuentes de empleo y estimule las formas asociativas de producción y la microempresa.
La incorporación del país al mercado internacional no puede ser la imposición de las políticas de choque del FMI, ni de la Banca Mundial, sino consecuencia de una reflexión racional que proteja las ramas vitales de la producción del país. Es imperioso renegociar la deuda externa para impedir la exportación de capitales que se requieren para el desarrollo nacional.
Segundo. Los recursos naturales de Colombia deben ser explotados, administrados y
comercializados, haciendo valer la condición de propietarios, los beneficios de la producción mineral: petróleo, carbón, oro, esmeraldas, platino, níquel, cobre deben revertir prioritariamente en el desarrollo de las regiones como fruto de un Plan Nacional Concertado. La revisión para modificar los contratos de asociación existentes con las compañías multinacionales para la explotación de los recursos en el país y garantizar que las concesiones que van cumpliendo sus términos reviertan inmediatamente al Estado Colombiano y no a manos de ningún particular. Se deben construir nuevas refinerías y desarrollar la petroquímica para lograr el autoabastecimiento. La Comisión Nacional de Energía debe planificar la política energética del país.
Tercero. Fortalecer la función social del Estado, garantizando su eficacia administrativa,
protegiéndolo de la politiquería y desarrollando su capacidad productiva a través de empresas de alta eficiencia y productividad.
El Estado debe garantizar en salud, educación, vivienda, transporte, cultura, recreación y equilibrio ecológico y servicios públicos el bienestar de todos los colombianos.
Cuarto. La corrupción administrativa es uno de los principales factores de violencia en el
país. Hay que fortalecer mecanismos de fiscalización popular; aumentar las penas de sanción a los corruptos; llevar a juicio a los servidores públicos comprometidos en enriquecimiento ilícito y devolver los dineros y bienes mal habidos al Estado.
Quinto. El Estado Colombiano debe cambiar su política militar de guerra total y de enemigo
interno. La aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de Guerra de Baja Intensidad cuando se ha terminado el conflicto Este-Oeste y la Guerra Fría, continúa
sembrando de odios y tragedias a la patria.
Se debe desmilitarizar la vida nacional: reconstruir la Fuerza Pública, con una doctrina democrática, nacionalista y patriótica, que represente las diferentes corrientes de pensamiento, reducir los gastos y el número de efectivos. Desintegrar los servicios de inteligencia, regresar la policía nacional al régimen y control del Ministerio de Gobierno y cancelar la participación de Colombia en todos los pactos militares internacionales.
Sexto. Se deben desmontar los grupos paramilitares y de autodefensa. Castigar a sus
inspiradores, instructores, financiadores y jefes, así como a los responsables de asesinatos y masacres. Depurar la fuerza pública de sus miembros comprometidos en la guerra sucia.
Séptimo. Restituir y hacer vigentes los derechos humanos en Colombia, garantizándole al
ciudadano la vida, la dignidad, el respeto y las condiciones básicas como ser humano.
Octavo. Terminar con la impunidad, supone revisar de manera integral el sistema de la Rama
Judicial para dotarlo de todos los elementos posible que hagan parcial la justicia. Terminar con el fuero militar, alcahuetería suprema convertida en el principal factor de impunidad existente.
Noveno. Colombia necesita una democracia sin trampas, sin estatutos antiterroristas que solo
golpean a la oposición y a los inconformes, sin privilegios para los poderosos de los medios de comunicación, sin militarización de las campañas electorales y con una Registraduría del estado Civil como rama independiente del poder público.
Es urgente llenar de libertad el proceso electoral; instrumentar más la democracia directa del Referéndum, del Plebiscito, de la Revocatoria del mandato; defender el pleno derecho de tutela y acrecentar el papel de los órganos elegidos popular y directamente. Pero sobre todo, garantizar la vida a los ciudadanos y las organizaciones que quieran ejercer la oposición.
Diez. Hay que redistribuir la tierra allí donde impera el latifundio. Construir la infraestructura
vial y dotar de transporte necesario los campos del país; fijar créditos baratos para la agricultura y la ganadería; fijar seguro de cosecha; facilitar insumos y tecnologías modernas a todos aquellos que generan riquezas en nuestros campos y, garantizar la venta de sus productos.
Once. Fortalecer la Unidad Nacional. La arrogancia centralista de los gobiernos y la ausencia
sumido en la injusticia a las diferentes regiones del país, a los indígenas y a las minorías étnicas. Integrar armónicamente a Colombia es prioridad de carácter estratégico para cimentar la paz.
Doce. Indemnizar a los afectados de la violencia. Debemos elaborar y desarrollar un plan serio
que comprometa al Estado, a la empresa privada y a la comunidad internacional, para que sin paternalismos vayamos restañando las profundas heridas que ha dejado la confrontación.”223