Research Hypotheses Validation

“Desconocidos” atacaron a los abogados del departamento jurídico. El objetivo de estos ataques era amedrentar su trabajo en defensa de los derechos humanos. La Vicaría les entregó su apoyo, se interpusieron las acciones legales, pero sin ningún resultado positivo. Una bomba destruyó el antejardín de la casa del abogado colaborador de la Vicaría Pedro Barría Gutiérrez el 14 de julio de 1981. Unos días antes su compañera, Aminta Traverso había interpuesto un recurso de amparo preventivo porque estaba siendo objeto de seguimiento y amenazas a su persona. Por este acto la Vicaría emitió una declaración pública “en la madrugada

de hoy un abogado colaborado de esta Vicaría de la Solidaridad, don Pedro Barría, ha sido víctima de un atentado terrorista en su hogar que providencialmente no acarreó consecuencias graves para él y su familia. Ante este repudiable suceso expresamos nuestra solidaridad con el abogado Pedro Barría, quien durante los últimos años ha prestado su eficaz y constante colaboración profesional en la defensa jurídica de los derechos humanos”280.

El abogado Roberto Garretón, jefe del programa de protección a libertad individual, fue objeto de un macabro amedrentamiento en su casa. Recibió una amenaza directa contra él y su familia. El 29 de julio de 1981 su esposa recibió una llamada telefónica.

Esta fue la llamada telefónica: “¿Don Roberto Garretón? -no está-.

¿Hablo con la señora? –insistió el desconocido-. -Sí, con ella.

-¿Viste los gatitos?- el tono de la voz había cambiado.

-¿Qué gatitos?, preguntó la esposa del abogado de la Vicaría de la Solidaridad. -Dile al huevón de tu marido que si sigue, tus hijos van a quedar como los gatitos.

La comunicación fue cortada por el desconocido luego de la cobarde amenaza. La esposa de Garretón salió al antejardín. En una bolsa plástica, depositada cuidadosamente en el suelo, encontró dos gatos muertos. El matrimonio tiene dos hijos”281.

El abogado Roberto Garretón ante esta agresión contra su persona y su familia escribió una carta al Ministro de Interior Sergio Fernández. En esta le señaló que “esta cobarde y macabra amenaza sólo puede estar relacionada con el ejercicio de mi profesión, vinculado a la defensa de los derechos humanos, en mi calidad de abogado de la Vicaría de la Solidaridad (...) amenazas como la descrita que se agregan a atentados sufridos por otros colegas y por mí, no pueden explicarse sino se hubiera generalizado en círculos iletrados la impresión de que la actividad del abogado que defiende la causa de los derechos humanos constituye un apoyo al terrorismo”282.

El abogado de la Vicaría Ignacio Walker recibió el 31 de diciembre de 1982 una tarjeta dejada en su domicilio por desconocidos, esta tarjeta lo amenazaba de muerte al decir “Defunciones In Memorian I. Walker P. (QUEP) sus funerales se efectuaran hoy” con un signo de interrogación (?).

280

Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, julio del año 1981, p. 15. 281

Revista Solidaridad Nº 117, p. 5. 282

Tarjeta que recibió el abogado de la Vicaría Ignacio Walker

Luego de recibir la tarjeta el abogado fue objeto de llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Ante las amenazas el Cardenal Raúl Silva Henríquez le envió al Ministro de Interior Sergio Fernández una carta denunciando esta amenaza y dando a conocer que los responsables de este hecho tenían la capacidad para conocer antecedentes privados de las personas.

El abogado Roberto Garretón encontró su automóvil apedreado, que estaba estacionada en su domicilio, el 6 de mayo de 1983. Al día siguiente en su oficina en la Vicaría recibió un llamado de una persona que quería darle su solidaridad ante el atentado que había sido objeto. Cuando el abogado agradeció el apoyo el sujeto agregó que quería rectificar lo que habían informado las radios de que se trataba de “una piedra de 20 kilos” ya que en realidad habían sido sólo tres piedras de alrededor de un kilo cada una, lo que efectivamente fue. El abogado Garretón luego de esta confesión escuchó “pero señor Garretón usted puede estar tranquilo ya que nadie va a atentar contra su vida: sólo se atentara contra la de sus hijos”283. El abogado Garretón envió una carta al Ministro de Interior, en que le señaló “cualquier hecho que me ocurra a mí o a mi familia, sólo es responsabilidad de quienes, obligados a mantener el orden público por los medios legales, no lo hacen”284. El mismo día 6 de mayo la Vicaría emitió una declaración, denunciando los hechos y dando todo su apoyo al abogado Garretón.

La Comunidad Catacumbas amenazó a la Vicaría de la Solidaridad

El 18 de mayo de 1982 se recibió una carta dirigida a la Vicaría que decía “para defender a la Iglesia Católica infiltrada por el marxismo hemos creado este Movimiento Cristiano con el fin de reivindicar los valores

283

Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, mayo del año 1983, p. 31. 284

morales que la sustentan desde sus inicios junto a los pies de la Cruz de Cristo. Hacemos este primer y ultimo llamado a los que tratan de quebrar sus bases para que abandonen tal actitud y sigan el camino de la verdad”285. Este grupo continuó sus actos de amedrentamiento. El 19 mayo, el frontis del edificio de la Vicaría, en Plaza de Armas nº 444, aparecieron unas cruces rojas pintadas en la entrada. En unos panfletos arrojados identificaron a los autores de las “cruces rojas” era el autodenominado grupo “Comunidad Catacumbas”. En el panfleto anunciaban su intención de “defender a la Iglesia Católica infiltrada por el marxismo” y “reivindicar los valores morales que la sustentan desde sus inicios junto a los pies de la CRUZ DE CRISTO”. La Comunidad Catacumba amenazaba con un “primer y último llamado a los que han tratado de quebrar sus bases para que abandonen tal actitud y sigan el camino de la VERDAD”.

Estas cruces además fueron pintadas en domicilios de trabajadores de la Vicaría. Fueron amenazados el Secretario Ejecutivo de la Vicaría Enrique Palet, y los abogados Alejandro González, Roberto Garretón, Ignacio Walker, Pedro Barría, Jorge Sellan y Jaime Hales. Los panfletos fueron lanzados también en la Revista Mensaje y en la Academia de Humanismo Cristiano. El Vicario de la Solidaridad ante estas amenazas de la “Comunidad Catacumba” decidió interponer el 7 de junio de 1982 una querella criminal en contra de los integrantes de esta “comunidad”.