Para las participantes, el Sistema de Consejos de Desarrollo es un reflejo del sistema político y económico avalado por el Estado. Para una de ellas, éste es un “Estado falli- do, en el marco de la democracia y la ciudadanía”, en la medida en que las estructuras del Estado están cooptadas por el sicariato, el narcotráfico y el poder económico, que usan y manipulan la ley para sus intereses. Esos diversos actores, muchos de ellos vin- culados a partidos políticos de derecha, utilizan el Sistema para legitimar sus intereses y mantenerse en el poder municipal o departamental. Se trata de intereses que se mez- clan con los de familias poderosas a nivel local, las cuales controlan las estructuras de participación y en algunos casos negocian con los liderazgos representados en ellas. En este sentido, el Sistema de Consejos de Desarrollo reproduce el sistema político que excluye a la mayoría de la población, aunque esté representada, y especialmente excluye a las mujeres y a la población indígena. Como resultado, el Sistema no es “un espacio de deliberación y propuesta, sino de intercambio, de mercadeo entre alcaldes y gente con poder”. A esto agrega que “no hay voluntad política de los gobernantes, que ejecutan politiquería partidaria. Imponen sus poderes económicos y mantienen el aparato represor contra aquellas y aquellos que se atreven a hacer política con ética”. Un ejemplo de la utilización partidaria del Sistema es la puesta en marcha del progra- ma de gobierno “Mi Familia Progresa”, para paliar la situación de pobreza extrema de algunas familias y garantizar el acceso a la educación y a la salud de menores en zonas priorizadas. El programa ha generado controversias e inconformidades, tanto a nivel nacional como local, puesto que se beneficia a muchas familias que no necesariamen- te son las más necesitadas, lo cual ocasiona división y conflicto dentro de las comu- nidades. El problema es también la relación que establece este programa con los Consejos de Desarrollo, único espacio legitimado para la participación social: «En algu- nos municipios, son los COCODES quienes tienen que coordinar con el programa pre- sidencial Mi Familia Progresa. Si quieren hacer alguna actividad comunitaria, son ellos quienes llevan el control de la población». Por medio de este programa, finalmente, lo que se fomenta es el control mutuo entre las mujeres: si llevan a los niños y niñas a la escuela, al control sanitario o si utilizan el dinero que se les entrega para la alimen- tación de los y las menores.
Las malas prácticas enquistadas en el ámbito político son una de las razones por las cuales mucha gente pierde la confianza en la política y se desencanta, o incluso aban- dona los espacios de participación. El Sistema de Consejos de Desarrollo no es ajeno a esta situación, principalmente en los niveles del COMUDE, CODEDE y CODEUR, siendo éstos espacios donde se toman decisiones trascendentales que tienen que ver con la definición de proyectos, obra y asignación de presupuestos.
La población observa que, en todo el país, lo que se hace en los Consejos de Desarrollo está determinado por los intereses económicos de los sectores en el poder. Son habi- tuales prácticas como el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción y las for- mas de negociación en espacios paralelos. De esta forma, las mujeres y hombres que
participan que participan en el Sistema de Consejos pasan gran parte de su tiempo intentando incidir para garantizar que se aprueben sus proyectos, mientras que las decisiones son tomadas según criterios ilícitos.
En cuanto a la forma en que las mujeres participan, otro de los males de la cultura política del país es el machismo y el sexismo en todos los niveles, reflejo de una tra- dición patriarcal que sigue considerando a las mujeres como ciudadanas de segunda. Esta situación se agrava, además, con el racismo y el clasismo. Entre alcaldes y gober- nadores prevalece el caudillismo, en la medida en que se ven a sí mismos como con- ductores de los destinos de la población.
En general, una de las limitaciones más importantes para la participación es la falta de influencia o de poder en la toma de las decisiones finales. Las decisiones sobre las obras que se aprobarán para los departamentos se toman en el Congreso de la República, a nivel departamental los gobernadores deciden y en el caso de las muni- cipalidades son los alcaldes, todos ellos vinculados a intereses del poder económico. En el CODEDE, quien asiste es el alcalde o alcaldesa, y como se ha dicho, habitualmen- te sólo cuando se habla de presupuestos o se va a discutir o repartir las obras, la mayor parte de las cuales son finalmente dirigidas a infraestructura, frente a los escasos pro- yectos de carácter social.
Por último, un actor relevante es la cooperación internacional, a través de las Organiza- ciones No Gubernamentales. Por una parte, estas ONG “imponen agendas o procesos” y, por otra, la dependencia de los recursos de la cooperación en procesos organizati- vos y de formación hace que algunos de esos procesos se caigan cuando ya no hay recursos económicos.
Los recursos que el Estado invierte en la resolución de los problemas de la población, es decir, la inversión pública es, en última instancia, la concreción de la política públi- ca en los distintos niveles de acción del Estado, sea municipal o central. Los procesos de incidencia desde los movimientos de mujeres han ido dirigidos a que haya una expresión política en los diversos espacios y niveles de las necesidades estratégicas de las mujeres, para revertir la situación y condición de inequidad y exclusión.
Puesto que la orientación de la inversión pública es indicativa del avance o retroceso en la búsqueda de la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres, el objetivo de es- te capítulo consiste en analizar los montos y los contenidos que se aplican a las accio- nes dirigidas a las mujeres en ese camino hacia la igualdad. Para ello, es fundamental observar de qué manera el Estado -tanto desde la perspectiva local/municipal como desde el Ejecutivo central- ha incorporado las acciones de promoción de los derechos de las mujeres como preocupación y elemento central de la inversión pública. Este capítulo contiene información de dos fuentes: la inversión municipal y la guber- namental. Esta última se refiere a la realizada por el Ejecutivo a través del Listado Geográfico de Obras aprobado por el Congreso de la República y canalizado a través del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, particularmente a través de los CODEDES y en algunos casos de las municipalidades.