Research methods

Los conflictos sociales han aumentado en la región, ello debido principalmente al descontento de la población con las autoridades y las empresas mineras que

52

invierten en sus ciudades, pues estas no estarían cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad social, así como por los impactos generados en el medio ambiente.

Bajo este contexto, según el reporte de Conflictos Sociales Nro. 166 del mes de Diciembre 2017 de la Defensoría del Pueblo, la región Apurímac registra 13 conflictos, 9 activos y 4 latentes, de Tipos: Socio ambiental, Asuntos del Gobierno Nacional, Laboral, Demarcación Territorial y Comunal, entre otros, que a continuación se detallan:

Tipo: Socio ambiental

La población de la comunidad campesina San Juan de Chacña, Distrito San Juan de Chacña, Provincia de Aymaraes, se opone a las actividades de pequeña minería y minería artesanal, que un grupo de personas desarrolla en territorios de su propiedad. Por este motivo exigen que se retiren.

Las comunidades campesinas de Tiaparo y Tapayrihua se oponen a la actividad minera que realiza la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en el proyecto Los Chancas.

La comunidad de Tiaparo en el Distrito de Pocohuanca se opone por presunta falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa durante once años de trabajos de explotación, y la comunidad campesina de Tapayrihua en el Distrito de Tapayrihua de la Provincia de Aymaraes, se opone debido a que no contaría con el acuerdo de uso de terrenos comunales y por presunta afectación a recursos hídricos.

El Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, el Comité de Lucha de las Provincias de Cotabambas y Grau, la Federación Campesina Challhuahuacho, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Challhuahuacho, entre otras organizaciones sociales, así como comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau demandan el cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos por el Estado y la empresa operadora de la unidad Minera Las Bambas. Pobladores y actores locales de las comunidades de la parte media y baja como

Pampa San José, Patán, Huanccasca,Patahuasi, Cchocha, Llaj-Husa, Haquira, Ccallao de la Provincia de Cotabambas, entre otras señalan que el proyecto Utunsa de la empresa Anabi S. A. C.se encuentra en fase de exploración pero que estaría realizando actividades correspondientes a la fase de explotación generando impactos ambientales y sociales como la contaminación por relaves del río Colchaca. Además, se señala que existe incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa con las comunidades de influencia directa.

La población de la comunidad campesina de Mollebamba, Distrito de Juan Espinoza Medrano de la Provincia de Antabamba señala supuestas irregularidades en la firma del convenio suscrito con la empresa Buenaventura S. A. A. para que realice sus actividades hasta el filo Mocsoma del cerro Condori, debido a que la empresa buscaría expandirse hasta la quebrada de Mareniyoc donde hay un ojo de agua que estaría considerado dentro del proyecto de irrigación del Gobierno Regional llamado Condorillo, lo cual afectaría las fuentes de agua, el proyecto de irrigación y los baños termales que existirían en la zona. Además, refirieren que no se autorizó la instalación de una planta de beneficio de minerales tal como aparece en el convenio suscrito.

53

La población del Distrito de Micaela Bastidas de la Provincia de Grau, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Vilcabamba y el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Grau exigen el retiro de la planta concentradora de minerales Usayma operada por la empresa Minera Santa María Perú S. A. C. Esto debido al derrame de material minero ocurrido el 19 de abril de 2016 en el distrito de Micaela Bastidas, ocasionado por un vehículo que transportaba dicho producto por la trocha carrozable que conecta la planta concentradora con el distrito de Vilcabamba y Chuquibambilla.

Tipo: Demarcación territorial.

Autoridades locales y organizaciones sociales de Aymaraes reclaman la modificación del cuarto artículo de la Ley N.° 30295, Ley de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Andahuaylas y sus distritos.

Tipo: Comunal.

Las comunidades campesinas de San Antonio y Ayrihuanca de los Distritos de San Antonio y Ayrihuanca de la Provincia de Grau, se disputan por los linderos entre ambas comunidades.

La comunidad campesina de Lambrama en el distrito de Lambrama, provincia de

Abancay y comunidad campesina de Curpahuasi en el distrito de Curpahuasi, provincia de Grau, se encuentran en disputa por los linderos. Ambas insisten en que el sector de Taccata pertenece a su jurisdicción.

Comunidades campesinas Sabaino y Huaquirca, distritos de Sabaino y Huaquirca,

provincia de Antabamba. se disputan la zona de Supayco Q’ocha, afirmando que

este lugar pertenece a su jurisdicción respectiva. Distrito de Progreso, provincia de Grau.

La comunidad campesina de Cconccacca exige que la comunidad campesina Ccahuanhuire le reconozca el flanco norte del cerro Samapunta como territorio de la comunidad. En caso contrario los expulsarán de sus viviendas a los aproximadamente treinta comuneros de Ccahuanhuire, ubicados en el centro poblado menor Record-Cconccac

La comunidad campesina de Pampachiri, Distrito de Pampachiri de la Provincia de Andahuaylas, desde hace más de dos décadas, desconoce sus colindancias con la comunidad campesina de Sañayca, Distrito de Sañayca, Provincia de Aymaraes, en el área que comprende desde el sector Sotaya hasta Socllahuire.

Las comunidades campesinas de Totora Pisquicocha y Hurayhuma del Distrito de Progreso, Provincia de Grau, se disputan un área territorial usada para la cría de camélidos en la zona limítrofe entre los departamentos de Apurímac y Ayacucho. Ambas comunidades afirman tener los títulos de propiedad del área en disputa.

Tipo: Asuntos de gobierno nacional.

Pobladores y organizaciones sociales de la provincia de Andahuaylas reclaman la declaratoria de emergencia de los sectores Salud, Educación y Agricultura; además, la intervención de la Contraloría General de la República en los proyectos de saneamiento y en obras ejecutadas, entre otros, por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

54

Docentes del Sindicato Único de trabajadores de la Educación (SUTEP) filial Abancay, reclaman el pago de bonificación, pago de compensación por tiempo de servicios (CTS) la reformulación de la jornada escolar completa con alimentación para los estudiantes, aumento de sueldos a docentes contratados, homologación de los sueldos de los directores encargados por función, entre otros.

Tipo: Laboral

Trabajadores del Poder Judicial reclaman su exclusión del régimen laboral de la Ley del Servicio Civil, la aprobación de nueva escala remunerativa y el pase de los trabajadores del régimen de contrato administrativo de servicios (CAS) al régimen del Decreto Legislativo Nro.728.

A consecuencia de los conflictos de Tipos Socio ambiental, Demarcación territorial y Comunal, el día 16 AGO 2017, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial “El Peruano “el Decreto Supremo N°085-2017-PCM, que declara en Estado de Emergencia por 30 días a los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas, en Apurímac., a fin de asegurar el control del orden público y evitar actos de violencia o de acciones que alteren la tranquilidad pública.

Posteriormente, mediante los Decretos Supremos Nros.093-2017-PCM. del 15 SET 2017, 101-2017-PCM; 107-2017-PCM y 120-2017-PCM se prorroga el Estado de Emergencia en dichos distritos por el término de 30 días calendario respectivamente Cabe mencionar, que en la actualidad dichos conflictos sociales aún no se han resuelto en su totalidad, motivo por el cual, el Poder Ejecutivo mediante el DS. Nro. 006-2018-PCM del 10 ENE 2018 ha declarado en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac- Cusco-Arequipa por el término de treinta (30) días calendario con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención, a fin de evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en el mencionado Corredor Vial y zonas adyacentes. Posteriormente mediante DS.Nro.015-2018-PCM del 08 FEB 2018 ha sido prorrogado el Estado de Emergencia por 30 días calendario.

En este lapso, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y además se remarca que, mientras la medida este vigente, "quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio" para las personas que se encuentren en las zonas anteriormente mencionadas, Sin embargo mediante mesas de diálogo entre dirigentes campesinos con comisionados del gobierno nacional se pretende lograr soluciones equitativas entre los actores en conflicto. Pero las manifestaciones como paros, bloqueos de carreteras, cierre de mercados, marchas y marchas en las zonas en conflicto, que son convocadas por gremios frentes, gremios y sindicatos, etc., ocasionan alteraciones del orden público, que sin duda ocasionan malestar y preocupación en la población y en las autoridades, lo perjudicial es que a estas protestas que son latentes, en algunas ocasiones son promovidas por grupos interesados, dirigentes antimineros y personas inmersas en la política local que azuzan la protesta y la violencia. que en muchos casos producen enfrentamientos con la policía.

55

C. ESTADÍSTICAS POLICIALES