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competentes. El hecho de que este tipo de informes sería presentado por persona físicas, en este caso ex funcionarios, simplifica la adjudicación de responsabilidad y desincentiva la manipulación de los índices (como ocurrió en varias oportunidades con los índices de pobreza o inflación emitidos por el INDEC137_).

A criterio de esta tesis, en un país como Argentina, donde la despersonalización y la burocracia protegen a los infractores, es preciso elaborar sistemas que identifiquen claramente a los responsables y a las funciones que realizaron, o debían haber realizado. La documentación y los informes generados serían documento pasibles de ser cuestionado en el futuro, ya que, es preciso tener en cuenta que, el hecho de que el acto de corrupción no haya salido a la luz durante la gestión no descalifica el hecho de alguien investigue la causa o el hecho de que la misma pueda surgir en un futuro. Este tipo de sistemas tenderían a generar una base de datos e indicadores, similar a un sistema de red flags, que permitirían la implementación de sistemas de controles periódicos cotejables con conclusiones y datos obtenidos en periodos anteriores, emitiendo así alertas cuando las conclusiones sean manifiestamente distintas.

Esta adjudicación de responsabilidad y los sistemas de control a ponerse en práctica, ofrecerían, por ejemplo, una alternativa para que el hecho de presentar un desmesurado incremento patrimonial que haya sido generado durante el ejercicio de las funciones, y que no sean pasibles de ser razonablemente justificados por los ingresos legítimos traiga, al menos, la presunción de posibles actos de corrupción y de un potencial enriquecimiento ilícito.

En síntesis, siendo el elemento cultural un factor desequilibrante para la aplicación exitosa del régimen y soluciones planteadas, desde esta tesis se propugna que la sanción del régimen normativo de esta especialidad prevea especialmente:

1) La clara obligación para el Estado Nacional de informar sus actos periódicamente;

2) El derecho de los ciudadanos a acceder a información amplia por los medios de acceso que se dispongan;

3) La clara obligación de darle publicidad a las sanciones que se adopten, siendo ello claramente positivo para la formación de una cultura de cumplimiento y que posibilite advertir a la sociedad las consecuencias para quien realiza este tipo de actos;

4) La obligación de difundir el destino de los fondos que se obtengan como consecuencia de la aplicación de multas y/o recupero de activos, de modo tal de crear no solo la conciencia generalizada de la existencia de límites y sanciones, sino también los beneficios que traen aparejados para la sociedad combatir este tipo de hechos ilícitos;

5) Acciones de educación y promoción de estas normas y los parámetros y principios rectores de conductas; y

6) Generación de ámbitos y sistemas que posibiliten la efectiva interacción del sector público, la ciudadanía y organizaciones sin fines de lucro para fomentar la difusión de estas normas, ocupando estos un rol activo en el accionar preventivo y sancionatorio.

137_{para mayor información véase: "Indec: denuncian una "maniobra delictiva" para adulterar los índices", Diario}

la Nación, 16/07/2007, disponible online en: http://www.lanacion.com.ar/926198-indec-denuncian-una-maniobra- delictiva-para-adulterar-los-indices

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A lo largo de la presente tesis se analizaron las principales virtudes y debilidades de las distintas estructuras jurídicas que componen el sistema estatal de lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos argentinos.

Dicha exposición se llevó a cabo haciendo énfasis en la necesidad de que las mismas actúen de manera coordinada y eficiente teniendo como único objetivo aumentar la presencia estatal, tanto dentro como fuera de su estructura orgánica, valiéndose de la transparencia, la independencia y el control constantes como parámetros rectores de la estrategia para erradicar la corrupción.

Como se resaltó en varias oportunidades, el aparato estatal debe estructurarse de manera tal que logre estar apto para responder a las tres etapas claves a contemplar al momento de plantear cualquier sistema de control contingente en materia de corrupción en la faz pública. Dicho organigrama debe lograr:

1) capacitar a los empleados y fomentar una cultura de cumplimiento normativo;

2) que los organismos estatales cuenten con procesos que garanticen el control efectivo y la supervisión constante, a modo de lograr consolidar la aplicación de la normativa y el compromiso con el trabajo realizado en la etapa anterior. Esta etapa hace énfasis en la prevención y fiscalización de este tipo de hechos ilícitos;

3) por último, es necesario crear un sistema de juzgamiento y sanción eficientes para que, una vez cometido el hecho de corrupción, se respalde, mediante la aplicación de un castigo, la seriedad y el compromiso tanto de las instituciones como de los valores y políticas implementadas. Los organismos deben estar aptos para imponer sanciones que desincentiven la comisión de este tipo de hechos ilícitos y recuperen los activos detraídos por los mismos.

Un sistema como el actual, donde pueden encontrarse ineficiencias e incumplimientos en las tres etapas planteadas amerita, en opinión de esta tesis, una reforma estructural tanto de los organismos de control como de sus procesos internos. Para erradicar la corrupción es preciso lograr adoptar nuevas estrategias, tecnologías, ideas y compromisos, para establecer un marco eficiente que sustancie la normativa y ayude a que los sujetos involucrados conciban como viable la aplicación de la misma.

El sistema propuesto elimina los vacíos de poder y minimiza la exposición de los funcionarios públicos a distintas oportunidades para obtener ventajas haciendo uso indebido del poder que le otorga su cargo. Si bien la propuesta debe combatir el hecho de que: (a) la cultura avala este tipo de conductas, (b) la burocracia interna y la falta de control posibilitan el aprovechamiento de estas ventajas indebidas, y (c) la falta de aplicación de las sanciones o la extensión de los procesos penales alejan la sensación de recibir un potencial castigo; la situación actual del país se caracteriza por una administración que tiene al incremento de los niveles de transparencia y a el fortalecimiento como principal estrategia de gestión y campaña, y una situación, que harta de una historia zanjada por la corrupción, adhiere activamente al mantenimiento de dichos objetivos. La Argentina, en su totalidad, parece estar gestando un fuerte cambio de paradigma, tendiente a encauzar todas las propuestas y fundamentos expresados en esta tesis.

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