La problemática alrededor de la Reserva de Biosfera del Yasuní (RBY)65 y el PNY refleja confusión en los papeles y responsabilidades de los actores para la conservación. Éstos tienen percepciones diferentes del significado y objetivo de cada una de estas zonas. Cada organización plantea una posición particular frente a la problemática del Yasuní, y la conservación se transforma en un cúmulo de intereses que reflejan las expectativas de los actores sociales. La preservación de los ecosistemas está ligada a factores sociales, económicos, culturales y políticos, y desde cada sujeto se proyecta en diferentes planteamientos ante la actividad petrolera. La multiplicidad de actores en la zona, afectados tanto directa o indirectamente, dificulta pensar en temas de conservación que no estén acompañadas por estrategias para el desarrollo sostenible de estas poblaciones.
Los pueblos indígenas kichwa y Waorani plantean el reconocimiento de su derecho a habitar y hacer uso de los recursos, identificándose como protectores y gestores de la conservación66. Las comunidades ubicadas dentro de los bloques petroleros han optado por negociar directamente con las empresas petroleras y esta relación está supeditada a una continua dotación de recursos desde la industria. Las empresas y sus departamentos de relaciones comunitarias contribuyen a crear dinámicas de dependencia en las poblaciones indígenas67. La supervivencia de las poblaciones depende de la capacidad de negociación que posean, para obtener recursos de las empresas que operan en sus territorios. Dentro de las organizaciones indígenas existen posiciones diversas, algunas de ellas plantean que la actividad petrolera afecta de forma irreversible sus vidas y que el medio ambiente es degradado continuamente y apoyan la paralización de las operaciones petroleras; y otros
65
Tal como se dijo al inicio del capítulo, La UNESCO destacó la importancia del PNY integrándolo a la red de reservas de biosfera, por petición del Estado ecuatoriano en 1989. Hasta el momento, los límites del la RBY y su zonificación no ha sido establecidos con precisión (Jorgenson, 2005: 82). El proyecto Yasuní (UN y MAE), establecido con fondos del Gobierno de España para el fortalecimiento de la RBY, trabaja en una propuesta de ordenamiento territorial para la zona en conjunto con los miembros del Comité de Gestión de la RBY.
66
Comentarios emitidos por los representantes de la FCUNAE y la AMWAE, en el Foro Socio Ambiental “Comercialización y tráfico de carne de vida silvestre”. WCS – Comité de Gestión de RBY – FLACSO, realizado el 30 de enero del 2009.
67
Aún en la actualidad, las empresas petroleras facilitan sus actividades a través de la práctica del clientelismo con las comunidades indígenas. Por lo general, los acuerdos firmados entre estos dos actores pueden encontrarse referencia a entrega de dinero o bienes a fin de subsanar las demandas planteadas por las poblaciones indígenas y sus dirigentes.
miembros consideran que, la presencia de las empresas ha permitido su articulación al mundo moderno y les provee de la atención que reciben del Estado. Por otra parte, las compañías petroleras suelen suplir la ausencia del Estado. El accionar del Estado y la empresa privada está dirigido a solventar estas relaciones, de tal forma que los conflictos puedan minimizarse y las operaciones no sufran retraso alguno. Los gobiernos seccionales no logran atender a las poblaciones que se encuentran alejadas de las vías de comunicación carrozables, y en la mayoría de los casos, los servicios básicos sólo están disponibles en las áreas urbanas y cabeceras parroquiales. La satisfacción de las demandas de las poblaciones más alejadas, implicaría un alto costo de recursos. Estos problemas debilitan la imagen del Estado y se hace imprescindible el trabajo desde la organización.
Las alianzas entre las organizaciones indígenas son débiles debido a que no existen interrelaciones entre las diferentes poblaciones que habitan en el parque, consecuencia de la competencia sobre los recursos naturales y aquellos que provenienen de las empresas petroleras. La Federación de Comunas de la Uniñon de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) no mantiene diálogos68 con las organizaciones shuar69 o Waorani, sus contactos son esporádicos y remitidos a circunstancias puntuales. Las poblaciones de agricultores colonos, organizadas en la Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana (FOCAO), asentadas en las zonas de amortiguamiento del PNY y dentro de la RBY, se preocupan por la sostenibilidad del parque debido al continuo agotamiento de los recursos existentes en sus fincas y bogan por la aplicación de normativa ambiental, de manera que regulen el ingreso, uso y manejo del parque de forma efectiva.
La percepción acerca del Ministerio del Ambiente (MAE)70 entre las organizaciones locales, es de poca capacidad operativa para los controles del PNY y respuestas a los problemas del parque71. La declaratoria de la RBY y del PNY es vista
68
Esto a pesar de que la FCUNAE y la NAWE son interlocutores en el Comité de Gestión de la RBY
69
En el costado suroeste del PNY se encuentran asentadas familias shuar. No están reconocidas como comunidades y se encuentran afiliadas a la FOCAO, en calidad de campesinos. Los indígenas shuar son observados como colonos por los dirigentes kichwas, donde la competencia y la discusión política gira alrededor de la apropiación de los recursos.
70
El Ministerio del Ambiente se percibe como un ente distante de la realidad local. Las preocupaciones de este ministerio están relacionadas a la conservación en la medida de poder coordinar acciones que incluyan a otros actores sociales.
71
La sociedad civil observa con preocupación la falta de estabilidad en los puestos de alto mando de los ministerios. Los ministros son remplazados con frecuencia, lo que dificulta establecer acciones y estrategias de trabajo a largo plazo, consolidándose mecanismos de clientelismo político.
como una alternativa de desarrollo para las poblaciones involucradas, ya que el ecoturismo podría permitir a las comunidades obtener recursos humanos aleatorios a sus actividades cotidianas de supervivencia72. El interés por el parque está atado a un vaivén de intereses políticos, centrados en la captación de recursos. La lucha está centrada en las discusiones alrededor de la reivindicación de los derechos sobre su territorio y el acceso a los recursos. Momento en el cual, se confunden las estrategias hacia el desarrollo sustentable de las poblaciones, frente a un desarrollo económico dirigido al incremento de la producción.
En las organizaciones locales no se dilucida un objetivo concreto hacia la conservación. La prioridad está centrada en estrategias que posibiliten el desarrollo de la zona y la reducción de los impactos ambientales que producen las actividades humanas e industriales sobre los ecosistemas (HCPO, 2005: 72-84). Desde el Municipio y el Consejo Provincial de Orellana (HCPO), se han impulsado formas diversas de participación: la probación de los presupuestos participativos anuales municipales73, la red de monitoreo ambiental74 y un proyecto de educación ambiental75. Desde el ámbito de la sociedad civil, las organizaciones ambientalistas han impulsado varias propuestas y estrategias dirigidas a la conservación de las áreas protegidas. Por ejemplo, un proceso de concertación fue impulsado por la UNESCO, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), la Wildlife Conservation Society (WCS Ecuador) en el 2001, para la consolidación del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera a fin de “promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres
humanos y la biosfera” (Jorgenson et.al. 2005: 68). Los objetivos del Comité giran
alrededor de temas como: financiamiento y sostenibilidad financiera, co-gestión y manejo del área protegida.
72
Comentarios recogidos en reuniones del Comité de Gestión de la RBY, en el transcurso del 2008.
73
Este proceso implica la formación de múltiples mesas que representen una problemática específica. Las actividades de la mesa cantonal ambiental son planificadas a partir de un Plan Estratégico presentado por el gobierno seccional.
74
Este proyecto está diseñado para monitorear los recursos hídricos de la provincia de Orellana, con ayuda de los dirigentes de las comunidades y poblaciones de la zona. Tiene como objetivo mantener una frecuencia de registros del estado de la calidad del agua, que obligue a la industria petrolera a cumplir las normativas ambientales.
75
Desde 1996, existe en el cantón de Orellana un proyecto de educación ambiental impulsado por el Municipio, actualmente se ha extendido a toda la provincia. Contempla la distribución de un libro de Educación Ambiental, publicado en castellano, kichwa y Waorani, que es socializado en los colegios y escuelas de la provincia.
Desde su creación, los miembros76 del Comité de Gestión trabajan en el fortalecimiento del mismo, aún cuando han tenido altibajos que ameritaron suspender sus funciones entre los años 2006 y 2007. El director del PNY, funge como representante del MAE en el Comité y preside como presidente del Comité, contribuye con su conocimiento de la zona para el establecimiento de acciones dentro la RBY.
La FOCAO observa al MAE como distante de la dinámica que se suscita en la Reserva de biosfera, y apunta como una debilidad que el Comité de Gestión no haya tenido suficiente apoyo institucional77. Esta visión se contrapone con el continuo soporte técnico brindado por la Dirección del Parque. La falta de recursos debilita las acciones y proyectos emprendidos por las organizaciones ambientalistas. Instituciones del Estado, como el Instituto de Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), deben colaborar para la conservación del parque y para fortalecer las acciones emprendidas por el Comité de Gestión de la RBY (Andrade, 2006).
El Comité de Gestión corresponde a una iniciativa desde la sociedad civil local, dirigida viabilizar la conservación de un área protegida. Sus acciones fueron criticadas por organizaciones ambientalistas nacionales y organizaciones sociales locales, especialmente en referencia a su relación con la empresa petrolera Petrobras y las sugerencias ofrecidas por el Grupo de Asesoría Técnica (GAT) sobre el Centro de Facilidades Petroleras (CPF) en el bloque 31, eventos que suscitaron conflictos políticos ambientales entre las organizaciones sociales ambientalistas, con el Estado y Petrobras, que condujo a la suspensión temporal de la licencia ambiental.