The role of interaction and performance in identity work

En la literatura más reciente sobre el análisis de la gobernabilidad, la legitimidad y la eficacia son sin duda dos de los elementos sobre los cuales se sostiene la primera. La construcción de un orden político estable por parte de los gobiernos, requiere de un equilibrio en la legitimidad y la eficacia de su acción; en el caso de la legitimidad, es importante como se construye, esto es, cómo se logró definir un conjunto de reglas de acceso, distribución y ejercicio del poder legitimadas por los

diferentes actores sociales. En el caso de la eficacia, se trata de una propiedad de la gobernabilidad, que refleja la interacción entre gobernados y gobernantes, en relación a demandas establecidas.

La legitimidad y la eficacia en la gobernabilidad, presupone atender problemas específicos relacionados con la cultura política, y por tanto con el régimen político. En el primer capítulo de este trabajo se hizo mención a las críticas del concepto de gobernabilidad, pero queda pendiente la tarea de definir con precisión a que se refiere el término, de ahí el hecho de haber anotado primero la importancia que tienen los términos de eficacia y legitimidad. La gobernabilidad ha sido definida de distintas formas por diversos autores en América Latina y en otros contextos. Ángel Flisfisch (1987) menciona que la gobernabilidad se refiere a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo, considerando principalmente las dimensiones de la “oportunidad”, la “efectividad”, la “aceptación social”, la “eficiencia” y la “coherencia de sus decisiones”.

Como puede observarse, la idea de eficacia está detrás de la noción de gobernabilidad, en este caso vista como una propiedad específica de los gobiernos y de los actores sociopolíticos relevantes: la eficacia para llevar adelante sus metas y encuadrar a los gobernados (Rial (año s/f); citado por Camou, 2001).

Por su parte, Acosta (1994) define a la gobernabilidad como la capacidad institucional para legitimar sus decisiones con base en un desempeño eficaz de sus funciones. Asimismo, López Zárate (2000), resalta que la legitimidad y la eficacia son dos elementos constitutivos de la gobernabilidad, pues ésta alude a la consecución de fines en un tiempo dado y con determinados recursos; no hay gobernabilidad posible sin logros. El conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno deben ser decididas por alguien que cuente con esa facultad, las acciones que emprenda deben ser legales y, sobre todo, que esas acciones sean valoradas positivamente por la ciudadanía, es decir, que sean legítimas.

Tanto la legitimidad como la eficacia se convierten en categorías de análisis del ejercicio del poder político, como se apunta en la cita siguiente:

Es claro que la eficacia, legitimidad y estabilidad en el ejercicio del poder político aparecen como componentes básicos de la gobernabilidad (…) la función de gobernabilidad tiene no solamente una función denotativa o descriptiva, sino también una función persuasiva y normativa, en la medida en que el debate sobre la misma está específicamente abierto a, y depende de, la tensión entre hechos y valores (Camou, 2001: 33).

El mismo autor, establece las bases para considerar a la eficacia y a la legitimidad en la gobernabilidad cuando menciona:

La gobernabilidad es pensada como una propiedad de los sistemas políticos definida por su capacidad para organizar objetivos prefijados al menor costo posible. Dejando de lado la cuestión acerca de la definición y eventual medición de esos costos, es claro que todo sistema tiende a asegurar su propia supervivencia y a reforzar su capacidad operativa. En ese sentido, el concepto de gobernabilidad como eficacia/eficiencia posee una notoria afinidad con la noción de “razón de Estado” (…) el problema central de la política pasa por el ejercicio eficaz/eficiente del poder, es decir, por el mantenimiento adecuado del “grado de gobierno” sobre una sociedad. En este sentido podríamos trazar un paralelo esclarecedor entre gobernabilidad y la conocida noción weberiana de “dominación”. De este modo, si el gobierno hace referencia a la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas, diremos que a mayor probabilidad de encontrar cumplimiento (o al menos aceptación social) a una decisión política, tendríamos mayor grado de gobierno, y por tanto, mayor gobernabilidad (Camou, 2001: 34).

Respecto de la noción de legitimidad en la gobernabilidad, el autor referido destaca lo siguiente:

Las condiciones de gobernabilidad se han vinculado a una más lejana tradición del pensamiento político: la tradición de la justicia y de la legitimidad de un ordenamiento político-social, la tradición del respeto a los derechos humanos y de la obligación gubernamental de proveer el bienestar general; en suma la tradición del “buen gobierno”. Quienes (…) ven a la gobernabilidad desde el ángulo del “buen gobierno”, destacan la conexión necesaria entre legitimidad y ejercicio del poder, concentrando su atención en el problema de la calidad de la acción gubernamental (Camou, 2001: 35).

Al enfocar la relación que existe entre los regímenes políticos y la gobernabilidad, hay que señalar que no necesariamente en los regímenes democráticos la gobernabilidad goza de su mayor expresión. Como refiere Coppedge, (citado por Camou, 2001), de hecho, democracia y gobernabilidad están basados en principios antagónicos y por tanto se hallan en inevitable conflicto. La gobernabilidad requiere la representación efectiva de los grupos en relación al poder, la democracia requiere la representación de los grupos en proporción al número de adherentes que cada grupo tiene. La gobernabilidad asume la lógica del poder, en tanto que la democracia respeta la lógica de la igualdad política.

Los autores de la comisión trilateral,31 _{consideran que el desarrollo democrático tiende a} generar una quiebra de los significados tradicionales del control social, una deslegitimación de la política y otras formas de autoridad, y una sobrecarga de demandas sobre el gobierno que excede su capacidad para responder. Si la democracia es una forma de gobierno, la gobernabilidad, es una propiedad o cualidad que nos indica el grado de gobierno que se ejerce en una sociedad; ese grado de gobierno viene representado por un nivel de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental (Camou, 2001).

De lo anterior es conveniente resaltar algunas consideraciones. La primera de ellas, es que la gobernabilidad, entonces, tiene márgenes de expresión que están en plena concordancia con el régimen político que orienta el ejercicio de un determinado gobierno. La segunda cuestión, es que la legitimidad y la eficacia en la gobernabilidad, en consecuencia, van a depender de las formas de gobierno establecidas. Una tercera consideración es que las sociedades diferenciadas y complejas, como el caso de las universidades, no pueden operar eficientemente sólo con un sistema político centralizado y autoritario, sino que requieren, además, de un marco democrático que permita integrar y dirigir las demandas e iniciativas de la comunidad. En la realidad, se trata de una combinación de ambas.

Mientras que los regímenes autoritarios se caracterizan por el uso de la represión a las demandas (si es que éstas llegan a formularse) de los distintos actores de una comunidad, en los regímenes democráticos es precisamente la participación de la comunidad, directa o indirectamente, la que genera los distintos niveles de gobernabilidad, misma que desde luego estará supeditada a los vaivenes propios del régimen. Un ejemplo de ello es el manejo del conflicto, a menudo suele pensarse que los regímenes democráticos son más conflictivos que los autoritarios, pero lo que ocurre en realidad es que en los regímenes autoritarios la información no circula, o lo hace de manera discrecional, además la expresión del conflicto está reprimida por la fuerza. En el caso de los regímenes democráticos, por el contrario, la expresión del reclamo no tiene costos trágicos como en el caso de los primeros.

Como opina Camou, en el caso de las democracias, además, la distribución del poder es distinta, pues se encuentra difundida en diversos ámbitos (ejecutivo, parlamento, organizaciones políticas y sociales, etc.), que deben ser adecuadamente coordinados en el momento de la toma de decisiones; pero además, el uso de atribuciones y facultades se regula mediante procedimientos que implican la participación de la comunidad. De este modo, cuando se presentan demandas al poder político democrático, las decisiones deben recorrer un camino más largo que en el caso de los regímenes autoritarios, tanto porque es preciso respetar el proceso de deliberaciones en el interior de los ámbitos colegiados de poder, como porque es necesario que coincidan en una misma línea de acción las distintas instancias gubernamentales. Todos estos aspectos son parte constitutiva de los análisis de la gobernabilidad.

Los rasgos anotados hasta el momento sirven para cuestionarse si es posible pensar a las universidades a partir de ellos, hay que recordar que el funcionamiento colegiado de base de las universidades, como apunta Clark, es un elemento central a considerarse antes de plantear si es posible aplicar las nociones referidas; o bien, si en las universidades se puede hablar de gobernabilidad, gobierno y régimen político.