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Antes de ir de lleno a la temática que enuncia el título, hare una breve descripción del criterio que se siguió para enfocar el trabajo que respecto a una temática que hoy ocupa las primeras páginas de los diarios y se ha convertido en un clamor social más allá de quienes tienen un interés económico directo en el conflicto.

El paro se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio, culminando con la derogación de la Resolución 125/2008 del Ministerio de Economía y Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales(lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.

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Con los preceptos anteriormente explicitados hemos de analizar primero el encuadre jurídico de las retenciones a las exportaciones del sector agrario, conjuntamente, porque como lo dijimos al principio es inédito el apoyo cuasi uniforme de parte de la sociedad argentina a una causa en la que no tenían un interés directo-abordaremos también esta conducta colectiva que debe ser analizada más por la comunicación social que por el derecho tributario, pero que ha tenido al conflicto como eje del apoyo general de cierto sector de la sociedad y ha generado una causal que ha unificado al menos temporalmente a los argentinos, disociado por épocas de liberalismo y total ausencia de políticas planificadas desde el Estado Argentino.

Quizás la continuidad de un régimen político excluyente y la soberbia que ha engendrado en quienes detentan el poder, ha servido de revulsivo para que la sociedad tomo como propia una causa, que a simple vista deja expuesto un esquema político que sojuzga a los gobernantes provinciales con el manejo de los fondos comunes, ahogando económicamente a quienes se animan disentir públicamente y sobre pagando a los adictos que, aunque también conservan diferencias, se cuidan de que éstas no trasciendan su círculo íntimo y acallan la queja en espera del lógico desgaste.

Estamos presenciando un conflicto sectorial agudo. La pugna entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional alrededor de las retenciones y la tregua que ahora vivimos llego, cuando las consecuencias estaban tornándose muy graves para el conjunto de la sociedad. Aunque aparece primariamente como un conflicto de intereses, es de suma importancia para todos los argentinos, pues el telón de fondo del debate es el modelo de país y el futuro de la argentina en el contexto internacional de las naciones. El

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sector agropecuario es, y ha sido, un segmento crítico en la economía argentina por resultar el eje de su balanza de pagos. Justamente su ―Talón de Aquiles‖, mientras persistan problemas estructurales en el diseño general de la economía.

La soja es el principal cultivo agrícola en la Argentina y su complejo agroindustrial es considerado el sector con mayor competitividad de la economía. La última campaña fue record en superficie con 16,6 millones de hectáreas sembradas y la Argentina ocupa el tercer lugar en producción, detrás de Estados Unidos y Brasil, pero es el primer exportador de aceite de soja (con el 60% de los embarques mundiales) y harinas (42% del comercio internacional).

Agronómicamente, continúa su expansión en superficie y rendimientos y los productores argentinos mantienen el camino de innovación tecnológica, base del crecimiento. Sin embargo, existen algunas luces de alerta -justificadas y no tanto- que invitan a ajustar la estrategia para aprovechar la oportunidad que la oleaginosa le presenta a la Argentina.

Haciendo una proyección a futuro podemos decir que en los próximos cincuenta años la población mundial crecerá un 50%, pasando del los 6.000 millones de habitantes contabilizado a inicios del milenio, a más 9.000 millones para mediados de siglo. A ello se suma que la demanda pér cápita también aumentará, ya que en promedio la condición económica por habitante muestra una tendencia creciente. La consecuencia será una mayor demanda de alimentos en cantidad y calidad, a lo que en los últimos años se agrega la demanda de productos agrícolas para la producción de biocombustibles.

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En ese contexto que acabamos de bosquejar, la demanda de productos derivados de la soja es la que maneja e impulsa los constantes crecimientos en la producción, principalmente del Mercosur. Dado este escenario, las expectativas de continuo crecimiento de la producción sojera en los países del Mercosur son altas y justamente en ellos se encuentran las reservas de superficie más importantes, lo que seguramente va a incrementar el protagonismo de nuestros países en los próximos años, agregó categórico.

En realidad, ya en la temporada 2002-2003 la producción regional superó por primera vez a la de los EE.UU., lo que marcó un punto de inflexión muy relevante para la región y el agro-negocio sojero internacional. Teniendo en cuenta que 3.000 Kg fue el rendimiento por hectárea que obtuvo la Argentina, como promedio, en la cosecha del año pasado, la cifra fue récord mundial. Un análisis prospectivo de la producción mundial para el año 2020 supone una producción de 310 millones de toneladas, sobre la base actual de 225 millones. Para cumplir el pronóstico y este es un dato clave, la Argentina debería sumar un 22% a la producción actual y el Brasil un 60% sostuvo el especialista Rodolfo Rossi, líder de la argentina en investigaciones sobre la soja. Además, ―el señor soja‖ como lo llaman, preside ACSOJA la entidad que agrupa a toda la cadena sojera de Argentina.

La soja es foco de críticas de diferentes sectores de la opinión pública. Se le achacan todo tipo de males y perjuicios. Y uno de los principales focos de críticas es su impacto ambiental. En este sentido, el desafío consiste en diseñar e implementar sistemas productivos localmente adaptados al ambiente, que incluyan a la soja como un componente más de la rotación.

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En todos los casos, hay que apuntar a la maximización de la productividad de la mano de los conocimientos. La clave pasa por incorporar las buenas prácticas agrícolas tales como siembra directa, rotación de cultivos, nutrición balanceada, y manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades.

La falta de una ley de semillas adaptada a este nuevo escenario y la práctica de comercialización de bolsa blanca atentan claramente contra el ingreso de estas tecnologías y ponen a la Argentina en desventaja respecto a principales competidores: Estados Unidos y Brasil. Resolver el marco institucional resulta clave para propiciar la productividad en la agroindustria sojera.

Hoy por hoy se acusa a la soja de ―barrer con todo‖. El Gobierno intentó instalar la idea de que había que frenar su expansión para evitar quedarnos sin trigo y sin maíz. Es cierto que la producción de soja se triplicó en los últimos doce años, cuando pasó de 15 a 47 millones de toneladas. Pero la producción de trigo también creció. Un 60%, nada menos, a pesar de que sí se había achicado el área sembrada. Esto refleja el aumento de los rindes, lo que tiene que ver con los beneficios secundarios de la ola sojera: la tecnología de la siembra directa que, además, permitió limpiar los campos de malezas perennes. Este nuevo maná de las pampas le dio sustentabilidad al proceso de transición de un modelo de rotaciones con ganadería pastoril, a un sistema de agricultura continua altamente intensivo. Esta segunda revolución de las pampas implica el abandono de la producción tradicional de carne y leche basada en praderas, destinando las tierras con aptitud agrícola a la siembra de cereales y oleaginosas, de mayor productividad fruto de la nueva oferta tecnológica. A partir de ahora, la ganadería será cada vez más una

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actividad de ―segundo piso‖: la transformación de granos en proteínas animales, como ya sucedió con la avicultura y los de cerdos.

La expansión de la soja, a partir de la llegada en 1996 de la tecnología de Rodolfo Rossi, experto en biotecnología, permitió liberar 10 millones de hectáreas para la agricultura.

Todos estos criterios con sustento jurisprudencial desde 1912 a la fecha han sido desconocidos por el poder ejecutivo, por cuanto concluimos que la resolución 125/08 tiene desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, el vicio manifiesto de ser confiscatoria, pues no considero, en su diseño, ninguno de los elementos enunciados con lo cual surge evidente la conducta ―del Príncipe‖ que impone cargas a sus súbditos, según las necesidades de caja, conducta que fuera tachada desde la historia por la reforma que deviene, como ya adelantamos, de la Revolución Francesa y en consecuencia resulta el acto administrativo enunciado nulo de nulidad absoluta. Hoy en base a la 125/08 las retenciones a las exportaciones alcanzan el 44% del total exportado por el productor agropecuario.

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