Integración en América Latina
¿Cuestión de género?
COYUNTURA: Fernando Molina. Bolivia: la geografía de un conflicto. Álvaro Artiga-González. Una mirada sobre las elecciones presidenciales en El Salvador.
APORTES. César Ferrari / Nelson Contreras. Universidades en América Latina.
TEMA CENTRAL. María Rigat-Pflaum. Gender mainstrea- ming: un enfoque para la igualdad de género. Anna M. Fernández Poncela. Las mujeres en la política latinoame- ricana. José Olavarría. Globalización, género y masculini- dades. Laís Abramo. Trabajo, género y raza. Un tema pre- sente en la agenda brasileña. Patricia Torres San Martín. Mujeres detrás de cámara. Mariana Inés Conde. El poder de la razón: las mujeres en el fútbol. Matilde Ribeiro. Las mujeres negras en la lucha por sus derechos. Graciela Ro- dríguez. Género, comercio internacional y desarrollo: una relación conflictiva. Frances Negrón-Muntaner. Mariela Castro, los homosexuales y la política cubana.
Director: Joachim Knoop Jefe de redacción: José Natanson
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Cuentas pendientes:
La rendición de cuentas
de las organizaciones de la
sociedad civil1
Inés M. PousadelaIntroducción
¿Quién controla a los controladores? He aquí una pregunta una y otra vez repetida, cuyas respuestas —raramente simples— distan con fre- cuencia de ser satisfactorias. Pregunta que se plantea con particular insistencia allí donde, como en la situación que nos ocupa en las páginas que siguen, quienes son controlados, limitados, complementados o interpelados por la labor de los “controladores” son las autoridades legí- timamente erigidas por efecto del despliegue de una serie de procesos institucionales que instituyen una relación de representación, mientras que los “controladores” son, por su parte, organizaciones constituidas
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en el poroso terreno de la sociedad civil, no “representativas” en el sentido formal y clásico del término e imbuidas, al igual que muchos otros actores políticos relevantes, de una legitimidad que emana de fuentes ajenas al principio fundante de la modernidad política —la soberanía popular.
Poco más de dos décadas atrás, al iniciarse la llamada “tercera ola” de democratizaciones, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas no quitaba el sueño a ninguno de los numerosos teóricos de la transición democrática. El término “accountability” no sonaba familiar ni siquiera entre los cientistas sociales, y a nadie preocupa- ban las dificultades de su traducción a los idiomas vernáculos. A la hora de la salida de los regímenes autoritarios, el establecimiento de regímenes genuinamente representativos parecía bastar como garantía del advenimiento de todas las cosas buenas de este mundo. Años más tarde, cuando ya corrían caudalosos los ríos de tinta dedi- cados a los problemas de las post-transiciones y a las particularidades de los procesos de consolidación de las nuevas democracias, estos temas comenzaron a asomar en las agendas del debate público y la discusión académica. Al ingresar las nuevas democracias en una etapa de relativa estabilidad de sus procesos políticos, el debate sobre la consolidación cedió paso poco a poco a las preocupaciones sobre la calidad —dudosa, en la mayoría de los casos— de las democracias recuperadas. Fue entonces cuando varios autores, precedidos por las reflexiones pioneras de Guillermo O’Donnell acerca de la “democracia delegativa”, comenzaron a volcar su atención hacia los problemas de la accountability en sus diversas variantes: vertical/electoral, horizontal/ interinstitucional, societal, etc.
El primer terreno en que se libró la batalla por la accountability fue, por supuesto, el de las instituciones públicas, dada su autoridad para producir decisiones públicas vinculantes. El debate sobre la transpa- rencia y la rendición de cuentas, junto con las acusaciones y críticas relativas a su ausencia, arribaró al terreno de la sociedad civil bastante más tarde, y ello por al menos dos motivos: en primer lugar, porque el sitio lógico para comenzar los reclamos por su aplicación era el de las instituciones estatales; en segundo lugar, porque para volverse objeto de tales reclamos las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debían primero transformarse en actores relevantes y, en cierto modo, afines
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y los derechos de los ciudadanos. Esta es la situación que comenzó a verificarse en torno de los inicios de los años ’90, delimitando el terreno sobre el cual se sitúan estas reflexiones sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las OSC.
El material de que se alimenta este análisis comparativo es el resultado de una serie de trabajos de campo emprendidos, con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg, en nueve países de América Latina y en España por las siguientes organizaciones e instituciones: la Asociación de Graduados en Organización y Dirección Institucional (AGODI) en Argentina; Catholic Relief Services (CRS) y la Fundación Jubileo en Bolivia; la Red de Informaciones para el Tercer Sector (RITS) y el Nú- cleo de Investigación, Solidaridades y Políticas (NAPS) de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil; la Fundación Soles en Chile; la Fundación Acceso en Costa Rica; el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC); la organización Sumando, en Paraguay; la Alianza ONG en República Dominicana; el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) en Uruguay; y el Observatorio del Tercer Sector (OTS) en España. El relevamiento realizado en cada país incluyó la revisión de fuentes documentales y de publicaciones periódicas, el análisis de medios de comunicación, la realización de estudios de caso, la realización de consultas y la conducción de entrevistas en profundidad y de grupos focales con informantes calificados tales como representantes de OSC, beneficiarios, donantes y funcionarios de gobierno, entre otros actores relevantes. Cabe señalar que si bien los estudios realizados son de carácter exploratorio y cualitativo, sus resultados se alinean a grandes rasgos con los hallazgos sobre trans- parencia y rendición de cuentas del Índice de Sociedad Civil (CSI) de Civicus2.