Al igual que en un momento anterior, cuando pretendimos establecer una suerte de balance sobre los avances y pendientes de la Ley 70, así como del proceso organizativo emprendido por las comunidades negras en el Pacífico caucano, analizar los alcances y limitaciones del proceso de ordenamiento territorial en Colombia, supone una tarea de gran complejidad. Un análisis detallado al respecto, desbordaría los alcances de esta investigación. Por esta razón me aventuraré a realizar sólo algunas anotaciones que sin perder de vista el contexto nacional, se centrarán en las dinámicas vividas en el Pacífico sur colombino, teniendo como referencia nuevamente el municipio de Guapi.
Sin lugar a dudas, y pese a todas las falencias/ausencias del proceso, es importante señalar que la dimensión territorial ha empezado a entrar en la lógica nacional, más allá de los lineamientos político-administrativos de orden tradicional o de la asignación de ciertas competencias a una u otra entidad territorial. Pese también a su marcado énfasis urbano y a las dependencias que se construyen desde el nivel central, este primer momento de los planes aportó de manera significativa para que la mayoría de municipios ganaran en experiencia y emprendieran un camino de recolección, levantamiento y análisis de información que les permitiera entender su escenario actual y les brindara pistas y herramientas para aventurarse a diseñar y soñar su futuro.
El horizonte temporal con el que han sido presupuestados los planes de ordenamiento ha significado quizás una de las mayores dificultades para las administraciones municipales que se han concentrado, por un lado, en lograr la aprobación y posterior implementación de sus respectivos planes de desarrollo, y de otro, por tratar de mostrar resultados inmediatos en su gestión, ambos elementos actuando en la urgencia del corto plazo con la necesidad implícita de pagar ciertos favores políticos y electorales, abandonando las políticas y el compromiso que podrían garantizar la continuidad del plan de ordenamiento de una administración a otra.
En el municipio de Guapi se presentó un escenario mucho más complejo. La puesta en marcha del proceso de ordenamiento territorial encontró coincidencia espaciotemporal con las dinámicas previas a la titulación colectiva, es decir que por la misma época, tanto la administración municipal como las organizaciones sociales se vieron enfrentados a la formulación y comprensión del Plan Básico de Ordenamiento y a mantener una línea de trabajo en pro de la titulación colectiva, además, claro está, de responder a las elaboraciones y criterios del tradicional plan de desarrollo. En un escenario ideal, cada uno de estos procesos podría haber sido complementario y articulador de los otros, lo que pasó sin embargo, fue que establecieron rutas con diferentes intereses de trabajo, y sin importar coincidencias y posibilidades de maximizar recursos, se alejaron caminando en direcciones opuestas. Esta división estuvo acentuada no sólo por las diversas corrientes políticas, sino –
ocupación del mismo mantiene su vigencia en este ámbito, pero debe considerarse el entorno o escenario contextual en el que el territorio se inserta”. (Massiris 2008: 73).
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y de manera más contundente– por la poca articulación existente entre las organizaciones sociales con presencia en el municipio.
A pesar de que la cabecera municipal de Guapi cabría hoy a primera vista en los cánones tradicionales de un centro poblado de cuadrícula ortogonal, sus dinámicas encuentran un fuerte referente en el patrón de poblamiento lineal al margen del río. Esta tendencia es aún más notoria en el sector rural, donde se conservan rasgos de movilidad y de espacios itinerantes, quizás por esta razón, Gerardo Bazán señala que los diagnósticos que tradicionalmente se realizan a través de los planes de desarrollo y de ordenamiento, rápidamente pierden vigencia. “La comunidad de nosotros es muy dinámica, posiblemente lo que es hoy en diciembre cambie, eso me ha quedado de conclusión en este recorrido; nosotros hacíamos caracterizaciones hoy y después de seis meses cambiaban notoriamente las cosas”. (Bazán 2011). En línea directa y al preguntarle a Gerardo por el tipo de horizonte prospectivo que se proponen los planes de ordenamiento, éste aclaró: “[…] acá es muy bravo, las comunidades están muy dinámicas, por la misma etno-sincracia, la alegría y el ser distintos nos permite ser así, nosotros somos así. Nosotros no proyectamos, los negros no proyectamos sino por el camino, andando. Yo aprendí a proyectar estudiando en
Popayán, pero uno viene y acá y la teoría se queda poca”. (Bazán 2011; énfasis agregado).
La postura de Bazán (2011) en torno a la incidencia del proceso de ordenamiento y de otros instrumentos similares de planificación propuestos desde el nivel central por un lado, y del proceso organizativo que bajo un discurso étnico-territorial se adelanta en los cinco consejos comunitarios del municipio, por el otro, podría servir fácilmente como conclusión preliminar para este aparte. La búsqueda de un punto de relativo equilibrio, sería la meta inicial. Según él, los esencialismos de ambas partes han contribuido muy poco para el buen vivir en la región. Si bien el proceso organizativo está tratando de reivindicar un sentido de pertenencia y de revalorización de las tradiciones, el discurso no alcanza a impactar al grueso de la población, quienes en su mayoría están avizorando que el mejor escenario para sus vidas, es salir del territorio, “[…] la gente acá está educada para un desconocimiento y subvaloración de lo nuestro y a un reconocimiento y valoración de lo otro. Aquí de diez docentes que se jubilan, nueve se van a vivir a Cali, no desean vivir acá, eso implica que no hay sentido de pertenencia, se refleja una vida trabajando acá para vivir allá”. (Bazán 2011). Las organizaciones sociales promueven ciertas prácticas en detrimento de otras, pero muchas veces estas orientaciones están mediadas por intereses distintos al bienestar de las comunidades y de los territorios. Se ataca con pasión todo lo que viene de afuera como una amenaza, pero a la vuelta se está actuando en la misma dirección de lo que tanto se criticaba. Finalmente, él es optimista –al igual que yo– al respecto de que se debe propiciar un escenario de encuentro y de acercamiento más sincero con este tipo de instrumentos de planificación, superando el lugar de común de criticarlos y atacarlos, sino más bien abordar el trabajo desde eso que les hace falta, lo que los hace incompletos y lo que les podría complementarse y articularse con las dinámicas que actualmente se suscitan en el municipio. “No es una tarea fácil, pero es una tarea que nos compete a todos si queremos avanzar”. (Bazán 2011).
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Conclusión El proyecto de país que empezara a concebirse como uno de las más refinadas elaboraciones de la burguesía criolla desde la época colonial, terminaría normalizándose, escindiendo y privilegiando las dinámicas andinas, sobre las de las tierras bajas, costas y selvas. Desde esta lógica, los territorios que hoy comprende el Anden Pacífico colombiano quedaron enmarcados en una exterioridad constitutiva, que serviría a su vez para explicar y legitimar la superioridad del interior. Sin embargo, los trazos de las primigenias calles, que evolucionarían hasta las cuadrículas ortogonales y que prefigurarían la mayoría de las actuales ciudades, encontrarían un patrón de excepción en la costa Pacífica, donde el río serviría como el eje articulador de poblamiento, trazando parámetros lineales y de parentesco, que aun en la actualidad y tras haber adoptado de cierta manera algunos parámetros de conversión al modelo de cuadrícula ortogonal, encuentran su nuclearización a través de las dinámicas del río.
La segunda mitad del siglo XX va a ser testigo de un redimensionamiento en estos territorios, con su declaratoria como baldíos –entiéndase como pertenecientes a la nación–, se fortalece el imaginario de exterioridad constitutiva, de una tierras lejanas, prestas a ser colonizadas y explotadas, las cuáles tenían la función/obligación de aportar en la ‘construcción de país’60
, es decir, bajo una disposición legal, la Ley 52 de 1959, el Pacífico fue validado para establecer en él procesos extractivistas, los mismo que desde la época colonial venían haciendo parte de su realidad. Sin embargo, sería la década de los ochenta la que marcaría la entrada formal al escenario de la planificación nacional del Pacífico bajo una concepción de “entidad desarrollable” (Escobar y Pedrosa 1996), en la cual la lectura no fue muy distinta, el Pacífico como exterioridad, estaba atrasada con referencia a los procesos de desarrollo que se venían gestando en el resto del país, así que habría que llevar, vía planificación del desarrollo, las dinámicas para que estos territorios se integraran a la vida nacional de manera definitiva y fueran funcionales a los intereses de las economía nacional e internacional. De manera paralela, fue esta década la que marcó la génesis de las primeras organizaciones campesinas negras, que con la ayuda de una rama de la iglesia emprendieron un proceso en pro de reivindicar sus derechos territoriales en contra de las embestidas de las empresas extractivistas de orden nacional e internacional a partir de la construcción de un discurso étnico-territorial. Todos estos esfuerzos eclosionarán en la década siguiente, momento histórico que permitió el nacimiento de la Ley 70 de 1993 y de la posterior titulación colectiva de los territorios. Tal y como lo ha comentado el sociólogo Luis Carlos Castillo, “[…] el reconocimiento constitucional de la titulación colectiva constituye la mayor conquista de los negros en Colombia después de la ley de abolición de esclavitud del año 1851”. (Castillo 2007: 307).
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“Esta tradición de lectura y descripción del espacio nacional va a marcar de manera casi indeleble hasta nuestros días la imaginación geopolítica nacional. Ello se refleja en la continuidad semántica que contiene en los conceptos, baldíos, ‘territorios nacionales’ y fronteras (agrícolas, de colonización, internas) a través de los cuales se ha categorizado, clasificado y diagnosticado este conjunto de regiones”. (Serje [2005] 2001: 71).
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Con los antecedentes que suscitaron la adopción del Convenio 169 de la OIT y la promulgación de la nueva Constitución para Colombia en 1991, la movilización en el Pacífico inscribió un giro territorial y multicultural, en el que por primera vez, un grupo históricamente excluido del proyecto nacional, materializaba una ruptura en las dinámicas de propiedad privada instaurando desde un discurso étnico-territorial, derechos colectivos sobre los territorios. Si bien las dinámicas se vivieron de manera diferencial en el Pacífico, y ejemplo de ello son los tres municipios de la costa Pacífica caucana, la gran movilización y organización social representó sin lugar a dudas un logro del proceso organizativo que tendrá que ponerse en tensión frente a las nuevas dinámicas y retos que hoy enfrentan.
En medio de las primeras entregas de títulos colectivos en el departamento del Chocó, aparecería otro pronunciamiento legal en torno a la configuración territorial del país. La Ley 388 de 1997, formalizaría el proceso de ordenamiento territorial, como un instrumento de planificación y prospección que todos los municipios de Colombia deberían emprender con metas en el corto, mediano y largo plazo en pro de su desarrollo territorial. Sin embargo, sus planteamientos con un fuerte sesgo urbanístico dieron un tratamiento superficial a la dimensión rural, y por ende, buena parte del territorio nacional no logró atemperar las dinámicas de las diferentes localidades a este instrumento de planificación. Como se ha podido analizar a lo largo de este capítulo, éste instrumento –que aún no encuentra un verdadero proceso de contextualización en la vida nacional–, ha representado para los municipios más pequeños y retirados del país, un reto casi insalvable, tanto por el grado de complejidad en su elaboración como por la poca articulación que ha podido engendrar en las dinámicas de las entidades territoriales.
En el municipio de Guapi, la consolidación del instrumento resultó un proceso bastante tortuoso que hoy se encuentra relegado a un segundo plano frente a la urgencia de instrumentos como el Plan Municipal de Desarrollo, pero más allá de esto, su poca incidencia radica quizás en la incapacidad de generar lecturas relacionales sobre los que se plantea desde la ley, y las particularidades que se coproducen en los territorios colectivos.
Si bien las formas tradicionales de organización territorial y de configuración espacial están cambiando y han sido impactadas como consecuencia de las nuevas dinámicas ligadas a los procesos de neoliberalización de las economías y a sus requerimientos en el orden territorial, existen hoy lugares que escapan a la brújula y al norte de la planificación convencional y que inscriben a través de su andar y navegar por el territorio, grafías de vida. “No es fácil, sin embargo, que esto ocurra en países donde sus gobernantes tradicionalmente han desconocido al territorio en su visión de país y menos aún, cuando el estado al adoptar el modelo económico neoliberal renuncia, en gran medida, a su poder de organización del espacio y deja en las fuerzas del mercado dicho poder”. (Massiris 2008: 76).
Es importante señalar que las líneas argumentativas planteadas en el capítulo I sobre las geografías jerárquicas de raza, que actuaron a su vez como un discurso disciplinante, construido para ordenar, clasificar y excluir, encontrará en los modernos mecanismos de planificación territorial, una renovada ventana para disciplinar los espacios, ahora a través de modernas técnicas de planificación territorial, que establecen y determinan usos, así como las zonas que se deben y las que no se deben urbanizar, detrás de estos elementos,
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aparentemente neutros, hay una vinculación de estos espacios a intereses nacionales y no en pocos casos, supranacionales, que buscan justificar la instauración de un modelo, de un proceso, de un proyecto, y en consecuencia, ‘recomendar’ –explícita o tácitamente– cuál es el tipo de personas que deben y puede estar ahí. De este tipo de prácticas devienen buena parte de los desplazamientos y confinamientos tan repetitivos en la historia reciente del Pacífico colombiano, situación que será analizada en profundidad en el siguiente capítulo. Queda abierta la pregunta sobre cuál o cuáles serán las tareas y retos que asuman los consejos comunitarios más allá de lo dispuesto en la ley, y cuál será la posibilidad de superar las inscripciones y sujeciones de un discurso multiculturalista que se estaciona en el relativismo de un reconocimiento jurídico que en la mayoría de las veces no alcanza a superar la enunciación del discurso. De igual manera se abre una ventana para analizar y dimensionar si bajo una estricta revisión y reformulación, los planes de ordenamiento pueden encontrarse en un escenario de diálogo con formas alternativas de estar y ser en los territorios, como las representadas por los consejos comunitarios de la costa Pacífica colombiana y de otros lugares del país.
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