Las FARC-EP manifestaron que el inicio de la administración de Ernesto Samper representaba la posibilidad de superar el retorno a la guerra que se vivió en el gobierno anterior. “La Guerra Integral del presidente
Gaviria sólo desató la dinámica del conflicto y mayor polarización, odio y empobrecimiento”, afirmaron y luego dijeron estar dispuestos a “la búsqueda de una paz duradera”. En un primer comunicado, dirigido al
presidente, le expresaron su voluntad de diálogo: “… al expresarle nuestra
disposición a dialogar con su Gobierno sobre la paz, no hacemos nada diferente a interpretar un acrecentado anhelo nacional”179. Por tanto, le
solicitaron que, dada su calidad de Comandante General de las Fuerzas 177 Tales principios hacen referencia a: 1. Reconocimiento del carácter político del conflicto armado y de las organizaciones guerrilleras. 2. Responsabilidad exclusiva del gobierno, en cabeza del presidente, para dirigir la negociación. 3. Disposición a negociar en medio del conflicto y sin condiciones previas. 4. Construcción conjunta entre gobierno e insurgencia de la estrategia de negociación. 5. Decisión de asegurar el monopolio de la fuerza por el Estado. 6. Compromiso unilateral del Estado con las normas humanitarias y disposición a los acuerdos humanitarios con la guerrilla, de aplicación inmediata y verificable. 7 Participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. 8. Negociación unificada nacional y soluciones de los conflictos regionales.
178 Intervención del Consejero de Paz presidencial, Daniel García-Peña, Cámara de Representantes, abril 3 de 1997.
179 Carta Abierta del Secretariado Nacional de las FARC-EP al Presidente de la República. Agosto 19 de 1994.
Armadas, les ofreciera garantías para poder realizar una reunión inicial con la delegación gubernamental.
En sus pronunciamientos, las FARC-EP expresaron que el asesinato cometido contra el senador Manuel Cepeda, a pocos días del inicio del nuevo mandato, era un atentado dirigido a impedir el proceso de paz. En consecuencia, llamaron a defender la posibilidad de reemprender el proceso de paz y propusieron que el primer encuentro entre las partes se realizara en el país, a alto nivel, con carácter decisivo y en perspectiva de conseguir un tratado de paz definitivo. Lo que requería del gobierno, en lo inmediato, garantías efectivas que incluyeran la desmilitarización del municipio de Uribe. El Alto Comisionado para la Paz respondió positivamente, pero dejó en claro que se trataba de construir conjuntamente la estrategia de negociación y que el gobierno se empañaba en realizar la exploración de las posibilidades de entendimiento con la insurgencia “para definir una
agenda, sin precondiciones, y brindar el marco de garantías necesario”180.
Cuando fue presentado ante la opinión pública el Primer Informe sobre el Estado de la Paz, las FARC-EP insistieron en la necesidad de iniciar las conversaciones en territorio nacional y de abordar temas como la situación de los derechos humanos, el paramilitarismo y la iniciativa gubernamental de las cooperativas Convivir, señaladas de propiciar los grupos paramilitares181. De hecho, el paramilitarismo y la creación de las Convivir —en diciembre de 1994— fueron asuntos discutidos por las FARC-EP durante toda la administración Samper, y responsabilizaron al gobierno y al Estado de “formar nuevas organizaciones paramilitares,
cooperativas de seguridad o asociaciones comunitarias de vigilancia», organismos que calificaron de asociados para «eliminar los adversarios políticos”182.
En los inicios de 1995 las FARC-EP entregaron la propuesta de iniciar los diálogos a partir “del despeje de la fuerza pública y de servicios de
inteligencia del área del municipio de Uribe, departamento del Meta, durante sesenta días”183. Descartaron la posibilidad de una reunión
preliminar o preparatoria y señalaron que había una ofensiva militar del 180 Carta del Alto Comisionado para Paz, Carlos Holmes Trujillo, al Secretariado Nacional de las FARC-EP, octubre 21 de 1994.
181 Declaración del Secretariado Nacional de las FARC-EP, noviembre 23 de 1994. 182 Mensaje de fin de año del Secretariado Nacional de las FARC-EP, diciembre 26 de 1994.
183 Carta del Secretariado Nacional de las FARC-EP al Alto Comisionado para la Paz, Carlos Holmes Trujillo, enero 3 de 1995.
gobierno “a pesar de su voluntad de paz”. El Alto Comisionado respondió que un eventual despeje solo se daría por treinta días y en áreas específicas de Uribe; sin embargo, en abril de 1995 manifestó el interés del gobierno de llegar a un acuerdo al respecto con el grupo guerrillero. Durante la primera mitad del 95, tanto el gobierno como las FARC-EP no encontraron la manera de acordar lo fundamental para un primer encuentro y pronto los acercamientos se hicieron menos frecuentes, a pesar de que ante la posibilidad de su suspensión definitiva intervinieron con el interés de evitarla varias organizaciones y personalidades de la sociedad civil. Se produjo entonces un cruce de correspondencia sobre los términos del área y los tiempos para la reunión en Uribe, pero pronto surgieron dos escollos desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares: las tropas oficiales desataron un fuerte operativo contra el municipio seleccionado para el inicio del diálogo y se opusieron a su desmilitarización, calificada como inconstitucional. Sin embargo, en actitud defensiva, el presidente Ernesto Samper dio instrucción al Alto Comisionado de Paz para condicionar el despeje solo en la parte rural, lo cual, al ser rechazado por las FARC-EP, conllevó la anulación de la posibilidad del inicio del diálogo. No valieron los esfuerzos del exsenador, exministro y exconstituyente Álvaro Leyva y de otras voces que trataron de conseguir una tercera opción en otro municipio o una fórmula que evitara la frustración de un primer encuentro. El Alto Comisionado criticó a las FARC-EP por haber hecho públicas las diferencias, lo que a su juicio acentuó las dificultades; a la vez, les expresó en nombre del gobierno que los obstáculos no eran insalvables y que podían buscarse acercamientos precisos sobre los términos para la reunión de inicio del diálogo y la negociación184. Las FARC-EP respondieron al presidente, insistiendo en la desmilitarización total de Uribe, con el argumento de que en su entorno ya estaba establecido un cerco militar y que instalar tropas y helicópteros en su cabecera los haría muy vulnerables a un eventual ataque oficial185. El 11 de agosto de 1995, en carta pública dirigida al Secretariado de las FARC-EP, el Gobierno nacional declaró que definitivamente era inaceptable desmilitarizar totalmente a Uribe y rechazó los ataques desarrollados por esta guerrilla186.
184 Carta del Alto comisionado para la Paz, Carlos Holmes Trujillo, a las FARC, febrero 24 de 1995.
185 Carta abierta del Secretariado de las FARC-EP al presidente Ernesto Samper, mayo 28 de 1995.
186 Indicó que uno de ellos fue dirigido contra una aeronave con símbolos humanitarios de la Cruz Roja y que otros se habían realizado en cercanías de Bogotá.
A partir del fracaso de la primera reunión, que esperaba ser definitiva para marcar la ruta del proceso de paz, pero que produjo una desautorización y presionó un cambio gubernamental de actitud y de términos, las relaciones con las FARC-EP se congelaron casi definitivamente. El grupo guerrillero afirmó: “todo el país quedó enterado con el memorando del Comandante del Ejército, solapadamente entregado a la publicidad, que el militarismo se opone a las gestiones de paz y que dentro del aparato del Estado han impuesto sus reglas los partidarios de la confrontación”187. De esta manera, y a pesar del descontento del presidente Samper por lo ocurrido con el general Bedoya y de reclamar el manejo de la política de paz para las autoridades civiles del gobierno, las relaciones con las FARC-EP empeoraron con dos nuevos hechos: la renuncia de Carlos Holmes Trujillo como Alto Comisionado para la Paz y el comienzo del Proceso 8000, que involucró a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio presidente Samper, con denuncias sobre utilización de recursos del narcotráfico en su proceso electoral.