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Creo que puede afirmarse sin exageración que el conflicto polí- tico interno que se ha vivido todos estos años en el País Vasco como consecuencia de la fragmentación y complejidad de su ciuda- danía y la terca pervivencia de la violencia arbitraria ha determina- do que por parte de las autoridades y también de los juristas y pro- fesores se ejerza una presión creciente sobre el texto legal de algu- nas disposiciones constitucionales que ha elevado, por así decirlo, su temperatura jurídica propiciando interpretaciones extremadas de las mismas y teorías distorsionadas que nunca se aplicaron a otras disposiciones. Mi propósito en estas páginas ha sido tratar de qui- tarle esa temperatura a la cláusula adicional primera y las relacio- nadas con ella. Como resultado de esa táctica de enfriamiento pro- pongo el siguiente: La adicional primera de la Constitución es una disposición redactada en términos extremadamente vagos que for- mula una regla que faculta a las autoridades competentes, sean es- tatales (por ejemplo, el legislador estatal a través del 150,2), sean estatales y autonómicas (aquellas que tienen competencia para crear o modificar el Estatuto de Autonomía), sean autonómicas so- lamente (el legislador autonómico en materias de su competencia) para diseñar el orden jurídico de la autonomía vasca inspirándose en contenidos materiales o aspectos estructurales del histórico régi- men foral, debidamente actualizados y siempre que no pugnen con preceptos constitucionales. Aparece así como un título para justifi- car competencias o estructuras institucionales especiales respecto de las demás comunidades autónomas. Como tal norma facultativa, puede ser usada o no usada, y no impone obligación alguna, ni es- tablece garantía institucional de la foralidad, ni reconoce ningún sujeto político diferente a los previstos en la Constitución. Si las autoridades competentes apelan a ese título obran de acuerdo con una norma constitucional, si no lo hacen no vulneran ninguna.

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