Ludwig Valverde Botello*1
I. El Paco Fiscal, el conjunto de oportunidades para medir resultados en la gestión pública.
El Pacto Fiscal, proceso a encararse en septiembre de 2015, es un espacio de concurrencia de actores que tienen directa incidencia con la gestión pública del Estado y, específicamente, con los mecanismos actualmente existentes que “operativizan” la gestión del desarrollo en Bolivia. Esto quiere decir, que los actores de la gestión pública en el país tienen el deber de encarar, en el futuro próximo, los términos no sólo de la administración planificada, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, sino de evaluar la marcha de las autonomías, principalmente en términos de resultados. Desde los años `90 del siglo pasado y, con mayor razón, en el Estado Plurinacional, “los resultados” son característica sustancial de la gestión pública boliviana. El ordenamiento institucional y de servicio público se “mide” cualitativa y cuantitativamente por este principio.
El Pacto Fiscal, mecanismo identificado en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley Nº 031: “Andrés Ibáñez”) es una necesidad de la gestión pública boliviana y de sus actores, en tanto plantea un escenario de acuerdo, de confianza que articule los procesos que estatalmente se producen a nivel de gobierno nacional y de gobiernos subnacionales y que actualmente requieren de un conjunto de dificultades para realizarse plenamente. El sistema competencial en Bolivia, particularmente en lo referente a las competencias concurrentes
y compartidas adolece de problemas y de mecanismos efectivos que posibiliten sincronía entre los diversos procesos que local, departamental, regional y nacionalmente se producen. En la práctica se tienen deficiencias alarmantes en el sistema integral de planificación en todos sus componentes. Aún siguen siendo problemas álgidos y de preocupación cada vez más creciente, por ejemplo, la seguridad ciudadana o el desarrollo económico-productivo; competencias que convocan la acción efectiva no solo del gobierno central sino del conjunto de actores que legalmente deben atender, de modo coordinado, estos temas. En el Estado Plurinacional, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y superación de pobreza forman el núcleo central de la agenda pública.
En tal sentido, el Pacto Fiscal, que no debe ser privativo de autoridades, ni un momento para contemplar que el Estado boliviano se ha transformado con respecto al periodo neoliberal, y menos un momento que sirva solo para evaluar el nivel de recaudación y (re)distribución de recursos públicos, debe constituirse en un espacio de alta evaluación de los procesos y resultados que se construyen en el Estado Plurinacional Autonómico en términos de metas alcanzadas, desafíos y mecanismos efectivos de coordinación inter-niveles y que involucren, en debate y deliberación constructiva, la multiplicidad de actores del desarrollo nacional y subnacional. Es una buena oportunidad para “sincerar” la marcha del Estado Plurinacional en términos de una de sus características: la(s) Autonomía(s).
II. El Pacto Fiscal es una oportunidad para generar una “concertación sostenible y armó- nica” en torno a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, en el marco de una política integral de desarrollo del país. Actualmente NO existente en Bolivia un Plan Nacional de Desarrollo que proyecte al país el próximo quinquenio (2015-2020). La Agenda Patriótica 2025 es un índice indicativo y principista de aspectos relativos a necesidades de país pero no un Plan Nacional de Desarrollo. Una evaluación participativa del actualmente existente y diseñado para el periodo 2006 – 2011 se hace imprescindible. La articulación del mismo con los objetivos que apunta la Agenda Patriótica es necesaria y, de hacerlo, de seguro que se convertirá en una útil guía para los actores del desarrollo que requieren de certezas en la definición de sus propias metas a nivel local, regional, indígena originario campesino, así como a nivel departamental. En cuanto mayor certeza se tenga en la planificación los resul- tados tienen mejores condiciones para ser alcanzados. Nueve años de Estado Plurinacional son un tiempo suficiente para abandonar la idea del “estado experimental” en el que todo norte debía ser probado por la realidad antes que definido o reafirmado en su diseño, si es que existiese. La propia necesidad de gobierno, a nivel nacional y subnacional, ha demostrado claramente la importancia de tener claridad y certidumbres en objetivos de gestión pública. La construcción de objetivos comunes, a nivel nacional y subnacional, que finalmente terminen aunando y/o armonizando esfuerzos institucionales, cuyos resultados traduzcan la atención y resolución efectiva de demandas públicas es todavía una tarea pendiente.
III. El Pacto Fiscal es una oportunidad para el desarrollo de las autonomías, sus capa- cidades y la profundización de nuevas formas de ejercicio de ciudadanía, construcción de instituciones fuertes, de nuevos procesos de decisión que produzcan articulaciones efecti- vas, eficientes y solidarias entre el nivel nacional y el nivel subnacional. Es establecimiento de escenarios de políticas públicas y de impulso a la eficacia del “sistema de gobierno” que identifique el mejor camino para la resolución de problemas estructurales de pobreza, generación y distribución de riqueza y proyección de país. Es creación de escenarios para el fortalecimiento de las regiones y el diseño de políticas fiscales que desconcentren recursos. Actualmente el gobierno central administra el 80% de los recursos fiscales incidiendo, esto, en las limitaciones del ejercicio de las autonomías y reforzando un anacrónico centralismo lejano a las pretensiones del Estado Plurinacional.
IV. El Pacto Fiscal es reingeniería financiera. Las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y el gobierno central no solo deben construir un efectivo sistema de redistribución de recursos, sino acordar los modos de generación de riqueza coherentes con las vocaciones económi- co-productivas de cada región o micro-región y con las condiciones institucionales de las ETAs. Se debe focalizar la intervención coordinada del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales con base en las competencias (concurrentes, compartidas, exclusivas, privativas) establecidas en la actual normativa estatal. Evaluándose los grados de desempeño de cada competencia y ajustándose el sistema normativo en lo pertinente. Indicadores de calidad, de impacto, de capital social incrementado, de ejercicio ampliado de “ciudadanía intercul- tural”, congruente con la democracia intercultural que tiene nuestro Estado son necesarios de implementarse en la gestión pública boliviana.
V. El Pacto Fiscal debe ser resultado de una amplia participación de la sociedad civil. La participación ciudadana es transversal a la estructura del Estado, a sus instituciones y a toda acción que construya políticas públicas, proyectos o programas, por lo que actualmente un evento de este tipo, que además debe ser evaluado en sus alcances y en sus resultados en el corto, mediano y largo plazo, debe ser una oportunidad de desarrollo de ciudadanía, de acercamiento de las instituciones del Estado a los derechos de la sociedad civil organizada y de desarrollo democrático, en el contexto del proceso de transformación estatal. Una opor- tunidad de ejercicio de participación y de corresponsabilidad en el marco del establecimiento de metas comunes que incidan en la resolución de problemas estructurales.
Es en el espacio público en el que se encuentran Estado y Sociedad donde las respuestas a los diversos temas, por ejemplo, aquellos inscritos en la Agenda del Bicentenario 2015, se hacen sostenibles en el tiempo.