En la última década se han desarrollado, implementado y ejecutado diferentes polí- ticas, programas y proyectos con el propósito de promover la integración de las TIC en el ámbito educativo. La mitad de los países de la región cuenta con una política formal publicada y en la mayoría de estos existe una unidad responsable de la imple- mentación de las políticas o iniciativas TIC en educación (Hinostroza y Labbé, 2011).
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INFORME SOBRE TENDENCIAS SOCIALES Y EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA 2014Esto implica que los países han institucionalizado sus acciones y han convocado a distintos actores o unidades, quienes, en conjunto, han realizado una amplia va- riedad de acciones e incorporado en su currícula objetivos vinculados con las TIC y con el desarrollo de las competencias asociadas. Aun así, como ya fuera descrito, el grado de implementación de las políticas TIC en educación es muy heterogéneo en América Latina y parte de ello se ve reflejado en el grado de madurez de los marcos normativos que se han generado con el fin de regular estas acciones. Respecto de la producción de regulaciones y normativa, se pueden distinguir tres planos de actua- ción (Sunkel, Trucco y Espejo, 2013):
> el plano mundial, que implica la suscripción de las políticas TIC implementadas en los países de la región a acuerdos internacionales, en el marco de cumbres mundiales;
> el plano regional, que alude a la realización de acuerdos regionales, como planes de acción para llevar adelante;
> el plano nacional, que se refiere a las políticas TIC implementadas en el campo de la educación, como así también a la definición de agendas digitales a nivel de cada país.
En el contexto internacional se discute la necesidad de contar con una política TIC reconocida y cada vez más los organismos internacionales están apoyando este ni- vel de formalización. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, fijados en 2000, y las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información (CMSI), junto con los planes de acción por ellas formulados, constituyen acuerdos esenciales para la implementación de las políticas TIC de nivel mundial.
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que es impulsada por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), llevó a cabo en 2001 su primera fase en Ginebra, donde se redactó y propició una declaración sobre la voluntad política de sentar las bases de una sociedad de la información para todos. En 2005, se realizó la segunda fase en Túnez cuyo propósito fue poner en marcha el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en los planos nacional, regional e internacional.
En el contexto regional se plantea la necesidad de crear un enfoque local sobre el desarrollo de la sociedad de la información. El Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (eLAC), que fuera construido en el marco de la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, tiene como objeto intermediar entre las metas de la comunidad internacional y las de los países que componen la región. Desde esta estrategia, las TIC son concebidas como instrumentos del desarrollo económico y de la inclusión social, con una visión a largo plazo. Este plan ha sido revisado en tres oportunidades –eLAC2007, eLAC2010 y eLAC2015– y, entre las metas elaboradas en la última revisión, se establece que la política de aprovechamiento de las TIC debe ser una política de Estado en el contexto educativo, además de incluir: la formación de profesores, la producción de contenidos y aplicaciones digitales, metodologías innovadoras y provisión de banda ancha y dispositivos con potencial pedagógico. Por otra parte, en el plano regional la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI incluyó, en el marco de las Metas Educativas 2021, que las políticas de integración de TIC tienen prioridad en la región.
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INFORME SOBRE TENDENCIAS SOCIALES Y EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA 2014Por otra parte, un aspecto de particular relevancia lo constituye la ausencia general de regulaciones o normativas que traten la gestión de residuos TIC. Los esfuerzos que se observan cuantitativamente por parte de los gobiernos de América Latina sobre distribución de equipos contrastan con la ausencia de acciones en torno a la necesidad de programar y gestionar los residuos que esos mismos equipos genera- rán en un corto plazo. Algunos testimonios dan cuenta de este crítico aspecto. “Incluso la propia dimensión ambiental de las nuevas tecnologías (…) Y en ese sentido, una política de envergadura que no tenga en cuenta la dimensión de la gestión misma de los re- siduos es un gran problema y ahí necesitamos una mirada fuertemente crítica” (Diego Leal, investigador colombiano en temas de TIC y su aplicación pedagógica, asesor y capacitador en programas de inclusión digital).
Actualmente, los Estados de la región dejan librada al azar una instancia de enorme relevancia que atenta contra el derecho irrenunciable de los ciudadanos a habitar en un ambiente sano. En este escenario, es importante señalar, por ejemplo, que el riesgo ambiental que las baterías provocarán en el futuro solo podrá ser reducido si la política pública interviene en el presente para gestionarlo. Pues no es posible olvidar que las baterías están clasificadas como residuos peligrosos universales y que, en la mayoría de los casos, van a parar a rellenos sanitarios o basurales si no es que se acumulan en los domicilios de los usuarios. En la medida que los Estados no avan- cen y no efectivicen medidas para revertir la contaminación, serán las escuelas o los estudiantes quienes acumulen o se deshagan de los residuos TIC de manera inconve- niente. En este sentido, es obligación de los Estados disponer de los dispositivos nece- sarios para regular la composición de los artículos eléctricos y electrónicos, establecer los grados de responsabilidades entre los distintos actores de la cadena de producción y comercialización, y administrar correctamente la disposición final de los residuos. En otro nivel de reflexión, debe observarse, pues habitamos en una sociedad de consumo, que la velocidad creciente con que se desarrolló la ciencia y los dispo- sitivos TIC, no ha sido acompañada con la misma velocidad de desarrollo por una tecnología capaz de absorber los residuos en que se convertirán más temprano que tarde esos mismos productos. Por otro lado, deberá observarse que la velocidad de desarrollo de las tecnologías de fuentes energéticas convencionales, generalmente contaminantes, es muy superior a aquellas otras que se basan en fuentes alternati- vas, menos contaminantes para el planeta. En este tipo de decisiones, los Estados, a través de sus agencias de investigaciones y desarrollo, también están fuertemente implicados; aquí también se dirime la tensión Estado-mercado, pues todo Estado debería asumir el rol de regular la gestión integral de los dispositivos TIC empleados en sus políticas de inclusión digital.
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INFORME SOBRE TENDENCIAS SOCIALES Y EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA 2014 CUADRO 2.2 Metas educativas 2021:La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios
En 2008 los ministros de Educación iberoamericanos aprobaron y adoptaron el proyecto “Metas educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”. Los objetivos de este proyecto se centran en mejorar la calidad y la equidad en la educación, para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, favoreciendo la inclusión social
en Iberoamérica. Las metas educativas generales acordadas fueron las siguientes:
> meta primera: reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora;
> meta segunda: lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación;
> meta tercera: aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo;
> meta cuarta: universalizar la educación primaria y la secundaria básica y ampliar el acceso a la educación secundaria superior;
> meta quinta: mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar;
> meta sexta: favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnico-profesional;
> meta séptima: ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida;
> meta octava: fortalecer la profesión docente;
> meta novena: ampliar el espacio Iberoamericano del Conocimiento y fortalecer la investigación científica;
> meta décima: invertir más e invertir mejor;
> meta décimo primera: evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del proyecto “Metas educativas 2021”.
Las políticas TIC adquieren un papel relevante a la hora de garantizar el compromiso adquirido en estas metas por los países que componen Iberoamérica, y no deben reducirse solamente a la alfabetización digital de la población, sino que se espera que permitan potenciar la integración de las TIC transversalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la formación de competencias modernas y mejorando los logros educativos del estudiantado y de los profesores.
Con este fin, las condiciones de infraestructura y equipamiento escolar son un puente necesario, aunque no suficiente, para potenciar las condiciones adecuadas de aprendizaje de los estudiantes. En este contexto, la escuela desempeña un papel compensador
de las deficiencias de los hogares respecto de las TIC, lo que se refleja en las metas específicas 12 y 13, que se ubican dentro de la quinta meta general:
> ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante y que estimule el interés por la ciencia, el arte y el deporte entre las alumnas y los alumnos;
> mejorar la dotación de bibliotecas y computadores en las escuelas.
En el contexto nacional, las agendas digitales nacionales definen prioridades en mate- ria de políticas TIC por medio del Plan de Acción eLAC, pero también se atienden las particularidades y las urgencias de cada país a través de un proceso que se inicia con
FUENTE: elaboración propia sobre la base de OEI (2010), Metas educativas. La educación que queremos
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INFORME SOBRE TENDENCIAS SOCIALES Y EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA 2014el análisis de la situación de las TIC en cada país, con el fin de establecer un diagnós- tico. La construcción de estas agendas se desarrolló en dos etapas, que respondieron a diferentes enfoques: de tipo tecnológico, por un lado, con el propósito de impulsar el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones y la industria; y con la intención de hacer entrar las TIC en los procesos productivos y sociales para la gestión y generación de conocimiento, por el otro. Si bien existe una heterogeneidad en el diagnóstico sobre la situación TIC en cada uno de los países que componen la región, en general, se comparte la misma visión sobre las nuevas tecnologías, al definírselas como herramientas orientadas al desarrollo social.
En lo que respecta al sector de la educación en América Latina, si bien los antece- dentes y las iniciativas de las políticas TIC pueden encontrarse de forma aislada ya desde la década de 1970, es a partir de las dos últimas décadas que su incorporación en el ámbito educativo ha sido objeto de atención, a través de la institucionalización de las políticas y de la asignación de mayores recursos. Entre los datos destacables, es importante confirmar que más de la mitad de los países cuenta con una política formal publicada y además que, en casi todos ellos, existe una unidad responsable de aplicación de políticas o iniciativas relacionadas con las TIC en educación. En los últimos cinco años puede reconocerse, en América Latina, una tendencia al diseño e implementación de políticas TIC basadas en el modelo 1 a 1. Esto es visible a partir de numerosas experiencias que, con diferentes alcances, se están desarrollan- do en la región: desde el Plan Ceibal, en Uruguay, y Conectar Igualdad, en Argentina, que apuntan a la saturación de un nivel o del sistema educativo completo, hasta iniciativas, por el momento más acotadas, de Perú, Chile, Costa Rica y Paraguay, por mencionar algunos casos. Estas iniciativas representan un avance cualitativo, rea- lizado a partir de experiencias educativas previas en materia de TIC (Valiente Gon- zález, 2011), debido a que cada niño o joven tiene acceso a un dispositivo personal
(portátiles, miniportátiles o dispositivos móviles). Dado su énfasis en la provisión de equipamiento y conectividad, existen señalamientos hacia este modelo y, entre los más habituales, los que indican que estas políticas deben atender los diferentes as- pectos que involucra una reforma educativa global (Area Moreira, 2011) y no limitar
su accionar, por ejemplo, a la provisión de equipamiento tecnológico.