School Environment and Gender Difference in Mathematics Performance among

La institución pública que se ha pronunciado sobre el reconocimiento de la diver- sidad cultural de los pueblos indígenas basada en la Constitución es la Corte Cons- titucional colombiana, al distinguir los derechos del sujeto colectivo y brindarle la posibilidad de interponer acciones de tutela cuando sus derechos sean vulnerados. Este procedimiento jurídico estatal ha sido utilizado repetitivamente por los afec- tados en lo concerniente a la diversidad y la autonomía de los pueblos indígenas: La Corte Constitucional de Colombia, frente a las posibles confusiones, distinguió también los derechos del sujeto colectivo (los pueblos indígenas) […]. Estas consideraciones de la Corte Constitucional de Colombia permiten ampliar la compresión para justificar el principio que permite a las comunida- des indígenas –como sujeto colectivo– utilizar el mecanismo más eficaz para garantizar la protección de sus derechos: la acción de tutela. Por ser distintos de otros colombianos, se articularon diferentes principios sustantivos para contribuir a recuperar y fortalecer a estas sociedades a las que [se] les causó tanto daño. Así, la Constitución genera cambios fundamentales para tratar a ese nuevo sujeto de derecho como sujeto colectivo y como distinto. El sujeto de derecho es una categoría fundamental: es el producto de la eliminación social de la discriminación. La Corte Constitucional resumió cómo se concibe y se construye desde lo jurídico la nueva categoría de los indígenas como sujetos de derecho. Este pronunciamiento jurisprudencial (T-308 de 1993) refleja fiel y gráficamente un proceso de transformación de supuestos conceptuales.54

Al pretender la configuración de límites constitucionales en relación con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, es necesario analizar si desde el Estado existe una línea jurisprudencial para la compresión e intervención del pluralismo, de la diversidad y del multiculturalismo. Varios expertos argumentan que las instituciones jurídicas estatales no han logrado consolidar una línea jurisprudencial en el tema. La investigadora Esther Sánchez Botero ha explicado por qué no se puede plantear una clara línea jurisprudencial: “[…] la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre este punto, sin embargo, no es uniforme. Pueden distinguirse por lo menos tres líneas de precedentes”.55 _{Es decir, en Colombia no se vislumbra una sola lí-}

54 _{Sánchez Botero, Entre el juez Salomón y el dios Sira, 87-88.}

55 _{Esther Sánchez Botero e isabel Cristina Jaramillo Sierra, La jurisdicción especial indígena (Bogotá: Procuraduría}

nea jurisprudencial, sino que se distinguen tres líneas interpretativas con base en diversos principios. En el estudio jurisprudencial se resaltan las Sentencias T-394 de 1996, T-254 de 1994 y la SU-510 de 1998, tras el cual se han recopilado los límites de la autoridad indígena en sus decisiones. En la Sentencia T-254 de 1994 se determinan los principios que limitan el derecho de administrar justicia para los pueblos indígenas. Se argumentó que el sistema axiológico de estos pueblos requería que cuantos más usos y costumbres, mayor sería su autonomía:

La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades, hace indispensable distin- guir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres –los que no deben ser, en principio respetados–, de aquellos que no los conservan, y deben, por tanto regirse en mayor grado por las leyes de la república, ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una premisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones […]. Hay un ámbito intangible del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede ser objeto de disposición por parte de la ley, pues se pondría en peligro su preservación y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la diferencia cultural. La jurisdicción especial (C. P. art. 246) y las funciones de autogobierno encomendadas a los consejos indígenas (C. P. art. 330) deben ejercerse, en consecuencia, según sus usos y costumbres, pero respetando las leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales superiores.56

En la Sentencia T-349 de 1996 se relacionaron los límites de los derechos de los pueblos indígenas ante particulares, es decir, desde la proporcionalidad, se analizaron los derechos involucrados o en colisión cuando se relacionan con las comunidades indígenas. Asimismo, se observaron los alcances de la autoridad indígena frente al respeto de los derechos fundamentales. Debe resaltarse que la Corte aceptó la utilización del “cepo” y del “fuete”, ya que estos medios de castigo no atentan contra la dignidad humana de la comunidad indígena:

De acuerdo con esta sentencia, los límites al derecho de los pueblos indígenas deben establecerse teniendo en cuenta las personas e intereses que se ven afectados por la decisión de las autoridades indígenas. En el caso en el que las

personas e intereses involucrados pertenecen a una misma comunidad o pueblo indígena, debe aplicarse el principio de maximización de la autonomía. Según este principio, los únicos límites a la autoridad indígena en los casos en los que el principio se aplica son: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la esclavitud, la servidumbre y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el derecho a que el castigo sea previsible para los miembros de la comunidad.57

Por último, en la Sentencia SU-510 de 1998 se mantiene el criterio de autonomía, cuya dependencia está ceñida al grado de conservación de la comunidad y se re- duce el derecho a administrar justicia en la síntesis de los derechos fundamentales constitucionales:

De acuerdo con el examen de la Corte, la comunidad involucrada debía respetar el derecho a la libertad de conciencia de sus miembros, en tanto este derecho constituye el núcleo intangible de la libertad religiosa y de cultos. […] plantea que estos límites se determinan en primer lugar por el nivel de asimilación o conservación de la comunidad indígena de la que se trate. El referente único para establecer los límites son los derechos constitucionales fundamentales. Dependiendo del nivel de asimilación o conservación de la comunidad, el límite será solamente el núcleo intangible de cada uno de los derechos, o la totalidad de las garantías relacionadas con cada uno.58

Conclusión

Por medio del concepto de pluralismo jurídico, las especialidades de la Ciencia Jurídica como la Teoría del Derecho, la Sociología Jurídica, el Derecho Constitu- cional y la Antropología Jurídica han pretendido explicar los fenómenos sociales, culturales y jurídicos que se desprenden de la compleja globalización.

Entre las deliberaciones a las que acude la Ciencia Jurídica se encuentra el plu- ralismo cultural, las identidades de los colectivos, las alianzas transculturales, la interculturalidad, el reconocimiento de la diversidad y el multiculturalismo. Estas reflexiones académicas sobre la realidad contemporánea no solo se han limitado a la comprensión de dichos fenómenos socioculturales y jurídicos, pues también están presentes en los pronunciamientos de los tribunales o de la Corte Constitucional

57 _{Sánchez Botero y Jaramillo Sierra, La jurisdicción especial indígena, 140.} 58 _{Sánchez Botero y Jaramillo Sierra, La jurisdicción especial indígena, 142.}

sobre el reconocimiento de la diversidad cultural, las identidades y la convivencia en la diferencia, entre otras temáticas relacionadas que han impactado las sociedades en lo local, lo nacional y lo internacional.

Los tiempos que transcurren determinan que estas investigaciones estén en su etapa inicial, ya que los fenómenos y las situaciones relacionadas con el pluralismo cultural y, por supuesto, el pluralismo jurídico son intensos y se encuentran en cons- tante trans formación. Ante estos desafíos, la Ciencia Jurídica debe estar en constante aná lisis, reflexión, interpretación e intervención para aportar a la comprensión y transformación de esta compleja realidad, en la que la interacción humana debe estudiarse desde una perspectiva interdisciplinaria y académica. Limitarse a una disciplina restringiría la comprensión de los fenómenos socioculturales que deter- minan cambios en la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Ciencias Jurídicas; aunque estas últimas se han caracterizado por su conservadurismo, debido a que las situaciones actuales han originado reformas de fondo que posibilitan un Derecho y unas especialidades jurídicas más flexibles ante las transformaciones que se avecinan.

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