Scoping and development of disaster risk reduction plans, projects and programmes

social en las ciudades pues se evidencia el abandono, por parte del Estado de sectores desprovistos de acceso a servicios públicos. Indicó que vivir en un barrio segregado significa vivir en lugares donde hay una carencia de acceso a infraestructura pública de calidad. En muchos lugares hay escuelas y hospitales, pero lamentablemente la calidad de esos equipamientos es bastante paupérrima. Hay familias a las que les llegó una solución habitacional, pero están a la espera del área verde o de una plaza. Existe un desafío importante al momento de discutir sobre lo que es la integración social y cuáles son los beneficios que ella acarrea. En ese sentido, la integración tiene que ser entendida no solo desde la óptica de la movilidad, es decir, de cómo hacer que haya oportunidades para que las familias puedan optar a vivir en lugares que tienen buen equipamiento público, sino también integrar aquellas zonas que están deterioradas.

Afirmó que en Chile, desde los años noventa se han generado políticas de rehabilitación urbana, de mejoramiento de barrios y de entrega de subsidios para que las familias puedan optar a una vivienda, sin embargo aún ocurren vulneraciones graves de derechos que atenta contra una política de integración en el Chile actual. Explicó que en los barrios donde se concentra mucha población vulnerable existe homogeneidad social y ausencia del Estado, lo que genera bastantes problemáticas, pero al mismo tiempo existen

barrios con poca o inexistente población vulnerable, configurándose en la práctica dos ciudades distintas.

Comentó que Techo Chile realizó un taller con dirigentes vecinales para conocer opiniones sobre la integración social, quienes sostuvieron que no consideran la necesidad de ir a vivir a un sector acomodado económicamente para vivir bien. De ahí que hizo presente la necesidad de promover la diversidad social e invertir en estos sectores, pero al mismo tiempo trabajar la cohesión social en la convivencia imprescindible entre vecinos de un barrio. Esto señaló debe ser una preocupación real que se manifieste en las políticas para avanzar en la construcción de una sociedad más justa en que convivan seres humanos diversos.

Indicó que la Fundación elaboró un documento con cinco propuestas concretas de integración social, que se hizo llegar al Ministro de Vivienda. Estas medidas – que tienen como objetivo promover el desarrollo de ciudades integradas en el país- , fueron creadas por una comisión de 16 expertos en materias de políticas públicas urbanas, en dos meses de trabajo.

El contenido de estas propuestas fue:

1. Establecer Zonas de Integración Social definidas por el Estado, donde existan incentivos y cuotas para proyectos de integración urbana. Este punto se hace cargo el proyecto, no obstante indicó que deberían ser los gobiernos regionales quienes las establecieran y no el Ministerio de Vivienda, sobre todo, por la discusión que han tenido en el Concejo Nacional de Desarrollo Urbano sobre la necesidad de descentralizar la política pública. Asimismo indicó que aun cuando la iniciativa establece que esas zonas de integración social puedan tener incentivos de constructibilidad, ser necesario una focalización en el 40% más vulnerable del país.

2. Fortalecer el rol del Estado en la regulación, adquisición y utilización del suelo con fines de interés público, lo que redunda en una política que determine la función social del suelo, es decir, todas las plusvalías que se generan mediante inversión pública, otorgue al el Estado preferencia para adquirir esos terrenos y esa reserva de suelo pueda ser utilizada para generar proyectos de vivienda, cuestión que en el proyecto está enfocada en los terrenos Serviu.

3. Configurar un sistema de financiamiento que potencie el desarrollo de las comunas que avancen en la integración de sus barrios. Opinó que no sólo resultaba importante promover e incentivar la proximidad de grupos sociales distintos, sino que era fundamental contar con herramientas para impulsar y mejorar las zonas que se encuentran más deterioradas en nuestras ciudades.

4. Entregar facultados a gobiernos regionales para tomar definiciones de regulación y planificación urbana a escala intercomunal y metropolitana.

5. Generar planes de inversión pública prioritaria para zonas de integración, garantizando acceso a estándares urbanos de alto nivel. Precisó que no solo era importante incorporar viviendas sociales con buena accesibilidad y atributos urbanos, sino que también un financiamiento sostenido y comprometido, es decir contar con políticas de regeneración urbana como las que existen en otros países, que duran 10 o 15 años, y que son coordinadas con distintos ministerios, de tal suerte de avanzar, sobre todo, en los barrios más segregados.

Opinó que no era excluyente pensar en políticas de integración con miras a revitalizar y fortalecer zonas de inversión pública en sectores segregados y aprovechar las

plusvalías que hay en sectores bien consolidados. En ese sentido, las propuestas de Techo Chile avanzan en ambas direcciones, como se explicó.

Respecto a la temática del arriendo, calificó de grave que actualmente en Chile 146 mil familias gasten casi la mitad de sus ingresos en arriendo, cuando según datos de la OCDE una familia promedio en arriendo debería gastar aproximadamente 20% de sus ingresos. Esto ha generado que existan familias chilenas que vivan en la manifestación más dura de la exclusión como es habitar en campamentos o de allegados.

En este sentido consideró importante generar políticas de arriendo y se permita que las organizaciones sin fines de lucro sean incluidas entre quienes administren conjuntos de vivienda integrada, para lograr que mejore la calidad de vida de las familias en el mismo sector. Esta posibilidad las ha consagrado por más de 40 años países como Dinamarca o Alemania.

En lo atingente a la participación ciudadana y los mecanismos de gobernanza respecto de quién define las zonas, opinó que había que hacer un trabajo previo consistente en resolver las problemáticas existente en torno a la discusión barrial y la densidad frente a una política de depredación del mercado inmobiliario, como por ejemplo, ha ocurrido en la comuna de Estación Central.

19. Sergio Bravo, coordinador de investigación aplicada de la Fundación