Second order Rational Solution with Differential Shift

Además del creciente escepticismo que se mani- fiesta hacia la ciencia y la tecnología, otra tendencia importante de nuestra época es la publicidad de los debates científicos. Las ciencias y las tecnologías suscitan ahora debates públicos entre protagonistas tan distintos como los científicos, los miembros de la sociedad civil, los gobiernos o las empresas. Hasta hace muy poco, las decisiones en materia de ciencia y tecnología habían sido el producto de una relación casi exclusiva entre los científicos y las instituciones –gubernamentales o empresariales– que los emplean. Una vez tomada una decisión en las altas esferas, a los ciudadanos no les quedaba más remedio que acatarla. Ahora, la presencia cada vez más importante de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana nos obliga a pensar de manera menos lineal, menos autoritaria y más compleja la interacción entre los científicos, los encargados de la adopción de decisiones y la sociedad (véase figura 7.1). Este cambio profundo en

las estructuras de decisión obedece a la influencia que han ejercido los medios de comunicación de masas y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los modos de gobernar. Al propi- ciar la circulación de la información y la creación de redes, la revolución de la comunicación permite –por lo menos en parte– reemplazar las jerarquías clásicas por nuevos modelos de difusión de la información más transparentes y descentralizados. Esta evolución en el plano tecnológico y social provoca la aparición de nuevas expectativas y exigencias, en especial por parte de la sociedad civil.

Parece que nos dirigimos efectivamente hacia normas de gobernanza más transparentes, regidas por lo que podríamos llamar una exigencia de prueba pública. Por ejemplo, los debates nacionales e inter- nacionales sobre el tratamiento que se ha de dar al embrión humano en los laboratorios científicos ilus- tran este nuevo requerimiento. La exigencia de prueba pública significa que, ante un problema científico o técnico, los protagonistas interesados (Estados, comu- nidad científica, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos) deben argumentar sus posiciones no sólo recurriendo a pruebas y demostra- ciones de índole científica, sino también situándose en el marco de un debate cívico y una deliberación pública de índole política y ética. La exigencia de la prueba pública no se manifiesta sólo a escala nacional o local. Durante la crisis internacional provocada en 2003 por el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), algunos Estados se vieron obligados a publicar bajo la presión internacional informaciones epidemiológicas que no mucho tiempo antes se habría considerado que entraban en el ámbito exclusivo de la soberanía nacional. Como la mundialización incrementa los desplazamientos de las personas y su rapidez, la propagación de las epidemias se ha convertido en un problema internacional. Por lo tanto, es de prever que la exigencia de prueba pública se intensifique en el plano internacional e intergubernamental.

La exigencia de prueba pública entraña una nueva deontología que ya no se aplica sólo dentro de los laboratorios, sino también en el mundo exte- rior. Los científicos y los expertos tienen que admitir que un discurso técnico sólo es aceptable en un foro

público cuando su construcción y problemática son transparentes para los ciudadanos. Los argumentos de autoridad ya no existen. El espacio político se ha convertido así en un espacio de aprendizaje que necesita una mínima aculturación a la tecnicidad de las cuestiones científicas.

Se suele creer a menudo que nos hallamos ante una crisis de la ética científica, cuando en realidad

lo que estamos presenciando es una concienciación política cada vez mayor de la sociedad civil, que se ha vuelto más exigente porque está mejor informada. Las controversias sobre los OGM han demostrado cuáles son las consecuencias cuando se desdeña el apoyo de la opinión pública. Asimismo, algunas de las difi- cultades con las que se tropieza en la lucha contra el sida obedecen a la incapacidad de muchos gobiernos

Modelo clásico (Decisiones lineales) Instituciones científicas (laboratorios, universidades, expertos) Entidades industriales Entidades estatales

Modelo del público

(Decisiones compartidas) Sociedad civil Entidades industriales Entidades estatales Instituciones científicas (laboratorios, universidades,

expertos) Sociedad civil

En el modelo clásico de decisión, las entidades industriales y estatales están en relación directa y casi exclusiva con los lugares de producción de la ciencia, mientras que la sociedad civil y el público son fundamentalmente receptores pasivos. Las flechas apuntan en una sola dirección e indican un modelo de comunicación lineal y unilateral. En el modelo del público se da un triángulo de relaciones. Las entidades industriales y estatales ya no se interponen entre el público y la ciencia. Este cambio ha sido posible gracias a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. En vez de tres flechas en sentido único, tenemos un haz de flechas. Ese haz está dispuesto de tal manera que indica la inexistencia de una relación jerárquica. El haz simboliza al mismo tiempo el espacio público de debate, consenso o confrontación, así como la existencia de redes, y más concretamente de Internet, la red de redes por excelencia.

para suministrar una información científica adaptada a la población desde un punto de vista cultural y social, así como para aplicar políticas de prevención en las que se haga participar más a la sociedad. Las antiguas modalidades de gobierno ya no son eficaces porque se basan en una gestión tecnocrática de los riesgos –a menudo opaca para el público– y en una comu- nicación autoritaria y unilateral, a veces concebida como un mero acto pedagógico en el que sus ejecu- tantes se sitúan por encima de los protagonistas de la sociedad civil. En materia de ciencia y de gobernanza, los gobiernos y la comunidad científica deberían ser conscientes de que la sociedad civil reclama cada vez más una participación en las decisiones que la afectan. Para responder a esas demandas de democracia participativa, los Estados tienen que propiciar –junto a las estructuras de representación y delegación, y de concierto con los protagonistas de la vida económica y social– la participación de otros protagonistas no pertenecientes a las estructuras estatales en la elabo- ración de normas comunes.

La prueba pública permite desechar el argu- mento de la ignorancia o incompetencia del público, que es uno de los más utilizados para impedir que los ciudadanos participen en las decisiones relativas a la ciencia. No se trata de enfrentar a los expertos con el público, sino de propiciar cuando sea posible la creación de interfaces que permitan el diálogo de una pluralidad de protagonistas en un contexto de respeto mutuo. Los primeros interesados son los científicos, por cuanto que son expertos y ciudadanos a la vez. En contra de una imagen bastante difun- dida de que la ciencia es indiferente a los principios morales, conviene recordar que por definición es una fuente de ética, ya que la transparencia, la neutralidad y la veracidad esenciales en toda gobernanza, son normas constitutivas de la práctica científica.2 _Por estas mismas razones de transparencia y neutralidad, corresponde a las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales crear –siempre y cuando sea deseable y posible– las condiciones necesarias para mantener debates contradictorios, documentados y democráticos (véase recuadro 7.1). La creación y gestión de las estructuras que los faciliten (comités, foros, talleres, etc.) deberían ser prioritarias para los

encargados de la adopción de decisiones, si se quiere que las sociedades del conocimiento sean sociedades de participación e integración.

Los comités de ética, una estructura