Sensitivity analysis

Una ecuación societal deseable que queda claramente explicitada en las expresiones de un político conservador, ingeniero del Consejo y líder de opinión en la AHB, como Luis Casanueva:

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“(…), por cuanto estimo que un buen plano de casita obrera no es sólo un proyecto de carácter técnico, lo que es también social y él debe consultar los hábitos del pueblo sensatamente dirigidos. Un buen proyecto debe consultar la vida de familia y facilitar las espansiones de hogar para que la casa cumpla con su alto fin de paz social”137_.

La pregunta histórica que queda flotando, quizás materia para otra tesis, es por qué, si los conservadores cercanos a lo social tienen tan clara la forma de lograr la estabilidad para la sociedad chilena (en momentos de confusión y enfrentamiento), éstos no logran convencer ni triunfar en su lucha frente a los sectores liberales, para que se dispongan recursos estatales frescos destinados a construir la anhelada vivienda popular “sana y barata”.

La combinación de formas de vida del modelo oligárquico, de prácticas del paradigma higienista, de la política pública de incentivo al ahorro, de las obras de la beneficencia católica y del trabajo del Estado en la construcción de poblaciones “obreras”, es posible encarnarla en el arquitecto chileno Ricardo Larraín Bravo (1879-1945), de esta forma:

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Creemos que con las evidencias presentadas y su análisis de rigor, se puede concluir que en el período estudiado no se presenta una “política social sin Estado” referida a la acción benéfica católica, dado su carácter sectario y de discrecionalidad religiosa, moral y política al momento de elegir a sus beneficiarios, ya que entendemos una política social como aquella que opera con lo abierto, lo distribuido colectivamente, no con aquello que es objeto de apropiación particular o con extremas restricciones.

Pero sí podemos configurar un “Estado sin política social”, al existir un tinglado institucional sólo formal para dar solución al problema de la vivienda obrera, sin preocupación efectiva por la operación de las distintas leyes y reglamentos

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promulgados al efecto, con una fórmula “desde arriba”, supuestamente para el pueblo, sin que éste tenga interlocución importante, como nos queda claro a la hora de la conformación de una Asamblea de la Habitación Obrera (como la llama el EMS), sin obreros.

Quizás la conclusión más potente está referida a un resultado inesperado o anómalo con respecto a la noble intención de los legisladores en 1906, en los hechos, tanto las construcciones apoyadas por la beneficencia católica, el Consejo Superior y la CCH no constituyen casas para obreros, sino casas baratas, es decir, una plataforma basada en el apoyo estatal indirecto, para familias con acreditación moral y con ahorro individual suficiente. La literatura sobre la vivienda de esos años destaca que son los sectores medios, actores emergentes durante el período estudiado, los que se apropian de una política social de habitación dirigida supuestamente a los sectores populares, al poseer excedente monetario para ahorrar y un trabajo más estable en la burocracia estatal o en la Educación privada.

Esta desalineación de objetivo – meta se produce, como vimos, por la falta de un diagnóstico preciso de la realidad proletaria, la falta de construcción estatal directa de viviendas para los más pobres y por un sesgo ideológico de la elite, al creer que su modelo de intervención haría cambiar a los pobres, en un plazo prudente, con respecto a sus hábitos “inmorales” y su falta de “voluntad” para ahorrar.

La clase media entiende que su mejor representación en las instituciones estatales le permite aumentar cada vez más su presión por nuevos recursos, sabe aprovecharse de la ambigüedad en los objetivos de la LHO y con la creación de la Federación de la Clase Media en 1919, entre otros propósitos, apuesta por participar en proyectos constructivos de mayor envergadura y ser objeto de más apoyo fiscal, buscando abrir la cobertura de la legislación habitacional hacia los empleados, tal como lo informan abierta y directamente sus directivos, en su visita al vicepresidente del CSHO don Ramón Subercaseaux, en 1919.

Sobre esta apuesta de clase de un poder emergente, que también busca vivienda digna, es posible concluir que si hay alguna política pública que resulta

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fortalecida en los años estudiados es la del Fomento al Ahorro, con hitos importantes como la creación de la Caja Nacional de Ahorros en 1910, con su operación administrada por una CCH experimentada en créditos y manejo de inmuebles, y la celebración de la Conferencia del Ahorro de 1915, instancias que permiten profesionalizar y visibilizar el trabajo estatal dedicado al ahorro “popular”.

En relación al período inmediatamente siguiente a la celebración de la AHB, en que más que plantear una Conclusión, se desea resaltar como un dato de interés, que expresa la centralidad del problema habitacional en la vida republicana de entonces, la lucha electoral efectiva por la presidencia de la República en 1920 se da entre dos políticos relacionados al tema de la vivienda:

 Don Luis Barros Borgoño, candidato de la Unión Nacional, adalid del continuismo oligárquico, presidente de las cajas de ahorro del país, presidente del exclusivo Club de la Unión, el orador principal de la inauguración de la población “modelo” Huemul en 1911, quien se enfrenta al representante del “cambio”.

 Don Arturo Alessandri Palma, también miembro del Club citado, nominado de la Alianza Liberal, escritor del tema habitacional desde sus estudios universitarios, ganando este último las elecciones al recoger hábilmente las demandas e inquietudes del proletariado no ideologizado y de la clase media deseosa de reemplazar un modelo que no responde a sus intereses.

Para entender “lo distinto” que se avecina en la política de habitación para el pueblo, don Arturo reitera su postura decimonónica acerca de la acción de los empresarios en la construcción de viviendas, manifestando en una entrevista de 1920, a la recién estrenada Revista de la Habitación138, que el Estado debe construir sólo donde los particulares no lo hacen, dando continuidad al lento movimiento de un

138_{CSHO, Revista de la Habitación, Santiago, año I, Nº 3, 1920, p. 133, en ALMONACID, Fabián, op.}

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Estado poco proclive a cambios sustantivos en su ideología, sobre todo si hay que desembolsar dinero fresco o actuar en la construcción directa de habitaciones.

Como otro dato de esta ralentización, que va más allá del período analizado, el documento de la Memoria de la AHB139 menciona la realización de una segunda versión, en la ciudad de Valparaíso, al año siguiente, la cual no se realiza, seguramente por coincidir con la aguerrida campaña presidencial de ese año, la elección misma y los tensos momentos posteriores de definición, con la instalación de un Tribunal de Honor que desanuda, a favor de Alessandri Palma, el estrecho veredicto popular.

Intentando cerrar, pienso que en materia de vivienda social, son momentos históricos similares el hoy y el final de la segunda década del siglo XX, que hay que seguir investigando, hay un Estado que busca salida a un problema acuciante, ayer enfrentando a su manera o disfrazando la cuestión social, hoy probando atacar los problemas asociados a la NCS con segundas oportunidades, que aunque faltas de participación ciudadana, pueden servir para mejorar el drama habitacional en otros guetos urbanos del país (Alto Hospicio, en Iquique o Las Compañías en La Serena); esperemos que la reconversión del MINVU en Bajos de Mena regenere la calidad de vida de sus habitantes y adquiera un paso firme, contrariando el desempeño mostrado en la política estatal en vivienda popular entre 1900 y 1919.

139 _{CSHO, Memoria AHB, p. 197.}

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