La gestión territorial o gestión del territorio12 incorpora dos conceptos
clave: gestión y territorio. El concepto de gestión, en su acepción más general, hace referencia a acciones que hacen posible resolver un asunto, ejecutar un proyecto, dirigir, administrar o gobernar una em- presa o institución, implementar una política, etc.
El concepto territorio, por su parte, implica apropiación social del es- pacio geográfico, a partir del cual se ejerce el dominio, control, direc- cionamiento o administración del espacio apropiado. Dicho en otras palabras, el hombre, a través, del tiempo ocupa, se apropia de la na-
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turaleza o espacio geográfico y lo usa, es decir lo funcionaliza y trans- forma (cambio de uso) lo que resulta en una configuración o patrón de organización territorial. A partir de los procesos de apropiación social, el espacio geográfico se transforma en territorio existiendo sobre éste un control de hecho que puede ser legítimo o ilegítimo de acuerdo con los arreglos institucionales y con el derecho o juridicidad estableci- da. El control de hecho se legitima a partir de derechos de propiedad o de uso que sirven de base a la compartimentación y funcionaliza- ción del territorio, es decir, a la privatización y asignación de funciones específicas que se manifiestan en las distintas formas de ocupación y usos de los espacios apropiados (territorios) y en relaciones funcionales y de poder en las que cobran importancia los contenidos materiales del territorio: condiciones físicas, bienes naturales comunes, bienes y servicios públicos, etc. (Massiris, 2012). Tal razonamiento plantea la ne- cesaria integridad entre las distintas formas de tenencia o propiedad de la tierra y los usos que se da a la misma.
El concepto anterior no es suficiente para la comprensión del territorio en su complejidad, por ello es necesario complementarla con la no- ción sociocultural que define al territorio como una síntesis de las rela- ciones tanto funcionales como afectivas o simbólicas que los grupos sociales establecen con los espacios que ocupan para satisfacer sus necesidades (Herrero, 2009).
Las relaciones funcionales se establecen a partir de vínculos sociales, económicos, culturales, etc., que establecen las comunidades y pro- ductores de un territorio rural determinado con los centros de merca- do, los centros urbanos o centros poblados rurales y con otros territo- rios. Las relaciones afectivas o simbólicas, por su parte, se expresan en identidad y pertenencia territorial en función de los significados, ideas
y valores que ligan a las personas o grupos con el territorio, las cuales hacen parte de la cultura de las poblaciones.
En materia de gestión territorial tanto las relaciones funcionales como las simbólicas son importantes. Muchos planes o proyectos de desarro- llo rural fracasan por problemas irresolutos de acceso o formalización de la propiedad de la tierra o por usos que no corresponden con la idiosincrasia o cultura de las poblaciones involucradas, aspectos que generalmente no se consideran bajo una concepción sectorial. Del mismo modo, las dos dimensiones, contienen importantes elementos para comprender los conflictos territoriales como parte de las dinámi- cas de transformación territorial (Massiris, 2012). Dichos conflictos ge- neralmente expresan diversidad de intereses y de visiones respecto al uso y transformación de los territorios (Herrero, 2009).
En el contexto anterior, la gestión territorial trasciende la consideración tradicional del territorio como espacio de actuación o de ejercicio de competencias (visión político-administrativa)para asumir la visión de territorio como espacio de poder y espacio simbólico en el que existe, por un lado, intereses y lucha por el control de los medios, instrumentos y bienes existentes, generalmente en una estructura social asimétrica en cuanto al poder de actuación y decisión de los actores sociales; y por otro, territorialidades expresadas en percepciones, costumbres, saberes originarios e historias regionales y locales que constituyen fuer- zas culturales poderosas (Massiris, 2012). Según Rosa, Gómez y Kan- del (2003) “la gestión territorial supone un proceso de ampliación del control, manejo y poder de decisión del uso de los bienes que existen en un determinado espacio por parte de sus actores”. Esto lleva a la consideración de que la gestión territorial enfrenta escenarios de con-
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flicto por las distintas visiones e intereses de los actores o grupos de poder, respecto a la ocupación y uso de los bienes comunes natura- les, sociales y culturales del territorio. Estos mismos autores advierten el hecho de que “se ha empezado a entender el territorio como un recurso colectivo, elemento que conduce al tema del desarrollo local y, a la capacidad de gobernabilidad, como modalidad de construc- ción de las decisiones colectivas que permite la apropiación de los actores, la movilización y la definición de proyectos” (Rosa et al, 2013). Esta concepción hace evidente la importancia de la gobernanza en la definición de una estrategia de gestión del territorio (Massiris, 2012). De acuerdo con lo expuesto, la gestión territorial implica la considera- ción integral de todos los componentes territoriales: medioambiente, población, cultura, normas, instituciones, actividades productivas, go- bierno, etc., cuya articulación se da en distintas escalas, que se mani- fiestan en estructuras territoriales diversas que definen el orden existen- te y expresa la territorialidad del desarrollo como parte del concepto de desarrollo territorial.
En el contexto anterior el desarrollo territorial no solo debe pensarse des- de la consideración de las potencialidades productivas que ofrecen los bienes naturales y culturales comunes sino, fundamentalmente, desde las demandas que la sociedad plantea en términos de desarrollo hu- mano sostenible que incluyen la satisfacción plena de las necesidades materiales y espirituales, la protección de las condiciones ambientales propicias para una vida larga y saludable extensible a las próximas gene- raciones; y una nueva cultura política y administrativa en la que se recu- peren valores humanos esenciales como la honestidad, la solidaridad, la democracia plena y el buen gobierno, entre otros (Massiris, 2012).