(12) Nueva redacción dada al artículo 11 por la disposición final primera.Dos de la Ley
22/2014, de 12 de noviembre,a por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras enti- dades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Insti- tuciones de Inversión Colectiva (BOE del 13), en vigor desde 14 de noviembre de 2014.
1. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización:
b) Limitar su objeto social a las actividades establecidas en esta Ley.
c) Disponer del capital social o patrimonio mínimos en el plazo y cuan- tía que reglamentariamente se determinen.
d) Contar con los accionistas o partícipes en el plazo y número legal- mente exigible.
e) En el caso de los fondos de inversión, designar una sociedad ges- tora que cumpla lo previsto en el artículo 43.1.c) si es una SGIIC autoriza- da en España, o que cumpla lo previsto en el apartado 4 de este si es una sociedad gestora autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea en virtud de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Conse- jo, de 13 de julio de 2009, o de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011.
En el caso de las sociedades de inversión, si el capital social inicial mínimo no supera los 300.000 euros, designar una sociedad gestora en los términos previstos anteriormente.
f) Designar un depositario con las excepciones que se prevean regla- mentariamente.
2. Tratándose de sociedades de inversión será necesario cumplir, ade- más, los siguientes requisitos:
a) Contar con una organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control interno adecuados que garanticen, tanto aque- llos como éstos, la gestión correcta y prudente de la IIC, incluyendo proce- dimientos de gestión de riesgos, así como mecanismos de control y de segu- ridad en el ámbito informático y órganos y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales.
b) Que su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, esté situado en territorio español.
c) Que todos los administradores o, en su caso, los miembros de su consejo de administración, incluidas las personas físicas que representen a personas jurídicas en los consejos, así como quienes ostenten cargos de dirección en la entidad, tengan una reconocida honorabilidad empresarial o profesional.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo se considerará que ostentan cargos de dirección los directores generales y quienes desarro- llen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados.
Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una con- ducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capa- cidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. Para valorar la concurrencia de honorabilidad deberá considerarse toda la infor- mación disponible, de acuerdo con los parámetros que se determinen regla- mentariamente.
d) Que la mayoría de los miembros de su consejo de administración, o de sus comisiones ejecutivas, así como todos los consejeros delegados y directores generales y asimilados, cuenten con conocimientos y experiencia adecuados en materias relacionadas con el mercado de valores o con el obje- to principal de inversión de la IIC en cuestión.
e) Contar con un reglamento interno de conducta en los términos pre- vistos en el capítulo I del título VI.
Los requisitos previstos en las anteriores letras a), d) y e) no serán exi- gibles a las sociedades de inversión cuya gestión, administración y represen- tación estén encomendadas a una o varias sociedades gestoras.
En el caso de que se produzcan cambios en quienes desempeñen cargos de administración y dirección en la sociedad, los nuevos datos identificativos deberán comunicarse inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los hará públicos a través del correspondiente registro.
3. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se considera que ostentan cargos de administración o dirección en una entidad sus administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración y aquellas personas que desarrollen en la entidad, de hecho o de derecho, funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados de la misma, incluidos los apoderados que no restrinjan el ámbito de su representación a áreas o mate- rias específicas o ajenas a la actividad que constituye el objeto de la enti- dad.
4. En el caso de que la sociedad gestora esté autorizada en otro Estado miembro de la UE en virtud de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, o de la Directiva 2011/61/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, será ade- más necesario para obtener la autorización, facilitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los siguientes documentos:
a) El acuerdo escrito con el depositario al que se refiere el artículo 58.
b) Información sobre las modalidades de delegación en relación con las funciones de la gestión de activos y de la administración de las IIC. La sociedad gestora notificará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cualquier modificación sustancial posterior de esta documentación.
Si la sociedad gestora ya gestiona otra IIC del mismo tipo en España será suficiente la referencia a la documentación ya facilitada.
En ningún caso la autorización de la IIC estará supeditada a que ésta sea gestionada por una sociedad gestora cuyo domicilio social se encuentre en España ni a que la sociedad gestora ejerza por sí o delegue el ejercicio de algunas actividades en España.
5. En la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de las normas de cuya supervisión sea responsable la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta podrá solicitar a las autoridades competentes del
Estado miembro de origen de la sociedad de gestión precisiones e informa- ción acerca de la documentación a que se refiere el apartado anterior y, sobre la base del certificado que la autoridad competente del Estado miembro de origen de la sociedad gestora debe haberle remitido, acerca de si el tipo de IIC para el que se solicita autorización entra dentro del ámbito de la autori- zación otorgada a la sociedad de gestión.