4.2 Adhesive Testing
4.2.1 Setup and Procedure
La seguridad humana se centra en la protección del núcleo vital de las personas frente a las amenazas críticas y severas que atentan sus vidas diariamente, por lo que desborda el paradigma de la seguridad tradicional del Estado en el que, generalmente, se han enfocado los gobiernos. A partir de la propuesta del PNUD de 1994 y del impulso internacional dado por la Asamblea General de Naciones Unidas recientemente, el concepto ha adquirido nuevas proporciones y su relevancia en círculos académicos y políticos es cada vez más reconocida. Si bien no existe consenso sobre la ‘medición de la (in)seguridad humana’, ésta se torna fundamental para identificar y analizar las amenazas que enfrentan las personas y, en esa medida, valorar los resultados de la implementación de políticas públicas. Ahora bien, la Política de Consolidación Territorial que es objeto de análisis, surgió entre el primer y el segundo gobierno del presidente Uribe Vélez (2002-2010) como una transición en el plan de guerra de la Política de Seguridad Democrática, pasando de un énfasis del control militar territorial a una combinación de acciones
civiles y militares que se podría denominar ‘recuperación social del territorio’ de las
zonas en disputa con los GAML, los narcotraficantes y con presencia de cultivos de uso ilícito (zonas de consolidación). Dicho cambio profundizó en los aspectos políticos y sociales demandados por tales zonas, como una estrategia de sostenibilidad de los logros en materia de seguridad tradicional del Estado. El proyecto piloto de esta política, denominado Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), se inició en el año 2007 en la región de La Macarena – Meta (o zona PCIM) por ser considerada por el gobierno nacional como una zona estratégica de las FARC EP y por la existencia de cultivos de uso ilícito.
A continuación se presentan las conclusiones:
Al cumplirse diez (10) años de la recuperación del control territorial - militar de gran parte de la región de La Macarena por parte de la fuerza pública (después
110
del fallido proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC EP, concluido en 2002) y luego de cinco (5) años de la implementación del PCIM, si bien los resultados en materia de seguridad tradicional del Estado parecen ser positivos, los resultados con respecto a las condiciones en las que se encuentra la población de la zona no son claros. Por su parte, la lógica de intervención estatal de la Política de Consolidación Territorial y de su estrategia de ‘recuperación social del territorio’ en las zonas focalizadas, plantea la existencia previa de condiciones
mínimas de seguridad tradicional del Estado para que el resto de sus entidades puedan tener un despliegue en la atención y prestación de los servicios sociales básicos que requiere la población y promover el desarrollo regional. Esta lógica condiciona la promoción de mejoras en los niveles de seguridad humana a la existencia de niveles de seguridad tradicional del Estado.
Los indicadores de tasa de homicidios, intensidad del desplazamiento forzado y abstención electoral, correspondientes a tres (3) de las cinco (5) dimensiones de la seguridad humana analizados en el presente trabajo, mostraron una reducción considerable en todos los municipios de la zona PCIM, durante los periodos objeto de estudio (periodo I, 2005-2007 y periodo II, 2010-2011). Sin embargo, dichos resultados favorables también se evidenciaron en la mayoría de municipios del departamento del Meta, que no fueron objeto de intervención estatal con la Política de Consolidación Territorial, por lo que bien podrían considerarse más como una tendencia departamental que resultados directos de la política implementada.
Al comparar los municipios de la zona PCIM con el resto de municipios de la jurisdicción departamental del Meta, mediante la ‘medición de la inseguridad
humana’ en los periodos objeto de estudio, se evidenció que la zona presentó un
continuum de niveles de inseguridad humana a pesar de los cuantiosos recursos invertidos (cerca de medio billón de pesos), de los resultados positivos en materia de seguridad tradicional del Estado y del mejoramiento de los indicadores
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analizados, por lo que se requieren mayores esfuerzos por parte del Estado en su conjunto para enfrentar los retos pendientes en la zona.
El resultado del IIH, calculado para el periodo I, ubicó a los municipios de la zona PCIM y a los de Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Gaitán y Puerto Concordia, en un alto índice de inseguridad humana con respecto al resto de municipios del departamento del Meta. Ahora bien, los resultados del IIH coincidieron con la medición de niveles de (in)seguridad humana presentada en este trabajo para el mismo periodo, al identificar a los municipios de la zona PCIM y de Mapiripán y Puerto Lleras como aquellos con los mayores niveles de inseguridad humana en el departamento. Esta situación confirma que los municipios de la zona PCIM son los que registran los mayores niveles de inseguridad humana.
Dado que la zona PCIM presentó los mayores niveles de inseguridad humana en el departamento en los periodos analizados, inicialmente se podría afirmar que la política estuvo bien focalizada y que entre sus criterios no sólo se tuvieron en cuenta factores relacionados con la seguridad tradicional y el orden público, sino también se consideraron las amenazas críticas y severas contra la seguridad humana. No obstante, aunque los municipios de Mapiripán y Puerto Lleras se ubicaron también en el ‘nivel de inseguridad humana’, en ambos
periodos, no hacen parte de la zona de consolidación, lo que significaría que las amenazas a la seguridad humana se consideraron parcialmente en la focalización de las zonas a intervenir con la política. En consecuencia, los criterios establecidos para la focalización de las zonas de consolidación deberían tener una mayor ponderación de los factores relacionados con la seguridad humana.
La Macarena y San Juan de Arama presentaron una mejoría al pasar de un
‘nivel de inseguridad humana’ en el Periodo I, a un ‘nivel de relativa inseguridad
humana’ en el Periodo II. Por su parte, La Macarena registró los mayores
progresos en términos de reducción de las amenazas a la seguridad humana por cuanto en tres (3) de los cinco (5) indicadores analizados –tasa de homicidios,
112
abstención electoral e índice de intensidad del desplazamiento forzado–
presentaron las cifras más bajas con respecto al resto de municipios de la zona PCIM. Sin embargo, a pesar de dichos logros, son municipios en donde persisten amenazas a la seguridad humana que bien podrían significar que la
‘irreversibilidad de la política’ no se puede dar por lograda y que estaría latente un deterioro de las condiciones de seguridad humana.
Uno de los principales resultados del PCIM entre los años 2007 y 2011 ha sido la disminución de los cultivos de coca en la zona, por cuanto se registraron 1.595 hectáreas cultivadas en 2010, equivalentes al 77% menos con relación a 2007, año de inicio del PCIM. Para 2011 se mantienen relativamente estables con un crecimiento aproximado del 2% con respecto a 2010. Este logro, relacionado más con la seguridad tradicional del Estado, podría convertirse, desde el punto de vista de la seguridad humana, en una amenaza puesto que socava una fuente de ingresos de los hogares que podría ser compensada con políticas en materia de desarrollo alternativo permitiendo una pronta generación de ingresos. Lo anterior implica que los logros en materia de seguridad tradicional del Estado, producto de la Política de Consolidación Territorial, deberían traducirse en logros en materia de seguridad humana y no en factores generadores de nuevas amenazas.
Si la Política de Consolidación Territorial en el departamento del Meta
pretende la ‘recuperación social del territorio’ debería prestar atención, también, a
los municipios que no han sido focalizados pero que, en ambos periodos objeto de estudio, se ubicaron en un ‘nivel de inseguridad humana’ (Mapiripán y Puerto
Lleras) y en un ‘nivel de relativa inseguridad humana’ (Barranca de Upía, El Castillo, Granada, Lejanías, Puerto Concordia y Puerto Gaitán), en donde la población se encuentra en situación de crisis humanitaria y de vulnerabilidad frente a las amenazas, respectivamente. Tales niveles de inseguridad humana podrían deteriorarse aún más sin acciones gubernamentales efectivas que propendan por el mejoramiento de la seguridad humana.
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