Mientras la situación para los profesionales de la DGIJ era dramática, varias empresas fueron beneficiadas con contratos que les permitieron obtener grandes sumas en concepto de prefinanciación y acopio. Había sintonía entre algunas firmas como lo analizó en detalle y denunció el administrador del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría ante el plenario del Consejo.274
Casago SA, tuvo a su cargo la edificación del juzgado federal de San Nicolás,275 la instalación eléctrica del edificio de Avda. De Los Inmigrantes,276 la construcción y remodelación del edificio del Tribunal Oral Federal de la provincia de Santa Fe277 y la construcción del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela. Por esta última adjudicación, que terminó por rescindirse, la firma recibió $2.292.615,52 en concepto de acopio.278
A la sociedad Adanti Solazzi y Cía se le adjudicaron las obras para la construcción de los juzgados federales de Tres de Febrero y Morón en provincia de Buenos Aires, y
la remodelación del edificio alquilado para el fuero comercial de la Capital Federal de Montevideo 546. En tanto, con Ecim SA se acordó la construcción del Centro Judicial de la ciudad de Posadas (Misiones).279
Fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE), constituida por Bonaldi Construcciones SRL-Estudio Ingeniero Villa SRL, a la que se le encargó la construcción del Juzgado Federal de Campana280 y percibió $10.357.309,19 en concepto de adelanto. Pese a que la fecha de entrega de la obra venció el 31 de mayo de 2015, solo se edificó un 25,35%. La contratista, ante un requerimiento, informó que la obra no avanzó porque no tenía material acopiado.
En tanto, la edificación del juzgado federal de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, se adjudicó a la empresa Martínez SRL,281 que se la vinculó con el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Milton Capitanich. Sin embargo, su propietaria Liliana Spoljarich, titular de la Secretaría de Empleo y Trabajo de la provincia del Chaco, ha sido investigada por el juez Sebastián Casanello en “la ruta del dinero K”. En el ámbito judicial recibió en concepto de acopio la suma de $ 13.409.338,02 y la obra no se realizó. La empresa tenía antecedentes de no haber finalizado trabajos en su provincia.282
Ante las presuntas irregularidades, en enero de 2016, el abogado Ricardo Monner Sans impulsó una investigación penal relacionada a las irregularidades denunciadas por los arquitectos de la DIGJ, que recayó en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. De las declaraciones prestadas por los profesionales y técnicos de la DGIJ ante el juez, este podría inferir que los importes abonados bajo los conceptos de adelantos o prefinanciación, acopio de materiales, redeterminación de precios y adicionales de obras, se destinaban, en parte, al pago de “retornos” ya que en la mayoría de las obras inspeccionadas el acopio no existía.
He aquí la cuestión que analizó Cubría. El período entre el 22 de diciembre de 2009 y finales de 2014 fue el más cuestionado por los profesionales. El mismo en el que Krieger, hombre de estrecha vinculación con Lorenzetti, estuvo al mando de la Administración General del Poder Judicial, primero como Subadministrador y, a partir de febrero de 2014,283 como administrador. En ese lapso se alcanzó el pico máximo de afectación a las arcas del Consejo de la Magistratura, presupuesto destinado a construcciones, mantenimiento y reparación de edificios. Se llegó a gastar la sideral cifra de $284.416.556.
Por cierto, las sumas en cuestión eran considerables. Si se compara entre 2010 y 2016 el Poder Judicial de la Nación gastó un total de $382.844.750 en construcción de obras públicas, mantenimiento y reparación de edificios. Aunque los picos máximos estuvieron entre 2010-2014. En mantenimiento y reparación de edificios y locales se gastó $108.891.950. En construcciones se erogó $175.372.436.284
El 2 de junio de 2016, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, solicitó al Consejo de la Magistratura un informe completo sobre la actuación del Comité Ejecutivo de Inversiones y las contrataciones de obra pública.
Nadie se esperaba que la realidad superase la ficción, pero en la madrugada del 14 de junio de 2016285, José López fue detenido in fraganti cuando intentaba esconder bolsos con más de nueve millones de dólares en un convento.
Unos días después, Cubría le contestó a Carrió: “El Comité Ejecutivo de Inversiones, estuvo bajo la responsabilidad de Daniel Marchi, Carmen María Odasso, Germán Krieger y Walter Eusebio, y funcionó solo mientras Krieger fue el Administrador General. La última actividad del comité se registró en noviembre de 2014, a través de la nota 1342/15, no suscripta por mi persona”, señaló.286
El informe era demoledor. Cubría dejaba en claro que el Comité Ejecutivo de Inversiones operó junto a Marchi solo, mientras Krieger estuvo a cargo de la Administración General del Poder Judicial, entre 2011 y 2014. Período en que se produjeron los desmanejos presupuestarios y los sobreprecios en la obra pública denunciados por el abogado Monner Sans. Para muchos, esta es la información que Carrió buscaba para impulsar el juicio político al presidente de la Corte.
Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien desde enero de 2016 tenía en sus manos una serie de denuncias impulsadas sobre la supuesta cartelización de la obra pública en el Poder Judicial, desestimó la investigación el 27 de diciembre de 2016 por “inexistencia de delito”.287 Canicoba Corral —aquel al que Lorenzetti le pidió la renuncia en diciembre de 2015 y febrero de 2016, al menos— se basó en un informe del cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura que preside Meydac, el hombre de la estrecha confianza de Lorenzetti a través de Sanz. “De esta manera los auditores asumen las facultades de los jueces y las investigaciones pasan a ser una farsa”, explicó tajante el abogado denunciante, Ricardo Monner Sans, quien desde 2014 apuntó contra las presuntas irregularidades de la cartelización en la obra pública judicial.
227. El diálogo surge de declaraciones del arquitecto Fabio Daniel Barraza en el Expediente CAU 60/2014 caratulado Remisión Presidencia Consejo Magistratura Nacional sobre Informe Sumarial (Resolución Plenario 295/2014).
228. Documento que suscribe Daniel Marchi, de fecha 5 de mayo de 2011, en el que solicita al presidente de la Comisión de Preadjudicaciones del Poder Judicial un informe semanal sobre el estado de situación de los expedientes por los que tramitan procedimientos relacionados con inversiones a efectuar por parte del Poder Judicial de la Nación.
229. El abogado Ricardo Monner Sans realizó la denuncia penal ante la justicia federal el día 26 de enero de 2016 y la causa recayó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.
230. >Hablen con Julio. Julio De Vido y las historias ocultas del poder kirchnerista, Diego Cabot y Francisco Olivera, Sudamericana, 2007.
232. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada N° 22/12 de fecha 14 de noviembre de 2012, (Expediente N° 7754/12), autorizó a su presidente, Ricardo Lorenzetti, a suscribir un Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica con el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que se firmó al día siguiente, con la intervención de Lorenzetti, Manuel Urriza (presidente del Consejo) y Julio De Vido (titular de esa cartera ministerial). El mismo día se suscribió el Convenio. En adelante, todas las menciones a este tema pertenecen a la documentación respaldatoria detallada.
233. La gestión de la administradora general Cristina Akmentins aprobó la licitación pública 23/09 y adjudicó la obra a la constructora Riva SA el 28 de septiembre de 2009.
234. El art. 50 de la ley 13.064. 235. Licitación Pública N° 23/09.
236. Por Resolución CM N° 664/08 y Resolución CSJN N° 3179/11 Krieger, el 29 de marzo de 2012, autorizó el mecanismo de redeterminación de precios a la empresa RIVA SA.
237. A partir del día 15 de marzo de 2012, hasta nueva disposición del Tribunal, se decretó la feria judicial. Resolución CSJN N° 364/12.
238. Esta contratación se realizó por Expediente N° 14-12619/12. 239. Expediente N° 14-27240/12.
240. En la licitación pública 314/13, a la que se presentaron y cotizaron: A.M.G. Obras Civiles SA con una oferta de $214.650.000; Hel Port SA – Esuco SA (UTE) con una oferta de $ 212.865.390,15; Adanti Solazzi y CIA SACI y F - Casago SA, con una oferta de $223.333.000 y Caputo Construcciones y Servicios SA- Riva SA (UTE) con una oferta de $199.300.000.
241. Resolución AG N° 1546/09 y Resolución CSJN N° 3179/11 (o su equivalente en el Consejo).
242. Perfil, 7 de octubre del 2014: http://www.perfil.com/politica/allanan-la- magistratura-por-una-obra-millonaria-que-nunca-se-realizo-1006-0038.phtml.
243. Hasta la aprobación del nuevo reglamento de contrataciones, vigente a partir de septiembre de 2015, las locaciones de inmuebles en el ámbito del Consejo se regían por una resolución basada en la Ley de Contabilidad, derogada desde el 29 de octubre de 1992. La norma, establecía que los contratos de locación se celebrarían “previo proceso de selección del locador efectuado con arreglo a lo establecido por la Ley de Contabilidad —capítulo VI—, a fin de obtener la oferta más conveniente, según las previsiones del presente reglamento y las necesidades del caso”.
244. En el Expediente N° 10-26888/10 tramitó la Contratación Directa. 245. El contrato de locación fue rescindido a partir de febrero de 2016.
246. El art. ٦º, inc. “d” del Reglamento de Locaciones del Poder Judicial de la Nación Resolución CM N° 75/04 prohíbe el pago de comisiones.
247. Nota DGIJ N° 2086/11, 30 de septiembre de 2011.
248. Expediente N° 13-17812/12, caratulado “Solicitud: Piumato Julio J. (Sec. Gral.) s/ Informe licitaciones de servicios de limpieza en el PJN.
249. Mónica Pauluk, referente del gremio de judiciales enfrentó a los consejeros en la Sala de Audiencias de la Magistratura el 6 de junio de 2013.
250. Las inconsistencias continuaron y en la reunión de la CAF del 4 de septiembre de 2014, se renovaron contratos por $9.416.000, según se constató en la documentación. A partir de noviembre de 2015, los contratos con la UTN no se renovaron y el personal fue directamente contratado por el Consejo de la Magistratura para evitar intermediaciones sospechosas.
251. El predio cuyo comodato o préstamo en uso se realizaba estaba registrado con la nomenclatura catastral en Circunscripción 20-Sección 3-Manzana 100 A-Parcela 1b y 1c-Partidas 0453637 y 0453638.
252. La Nación, 29 de diciembre 2015: http://www.lanacion.com.ar/1857936- sobreseyeron-a-macri-en-el-caso-de-las-escuchas-ilegales.
253. Se advierte de las lecturas de las transcripciones de las Actas N° 6 y 7 de las reuniones de la CAF.
254. Página 12, 12 de mayo de 2014: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20- 246073-2014-05-12.html.
255. Toda la documentación analizada surge de los siguientes expedientes: el primero de ellos, del Consejo de la Magistratura 13-21991/11, los dos siguientes, de la Corte Suprema: 5072/11 y 471/13.
256. Los arquitectos y profesionales denunciantes fueron María Ester Cristina Jiménez, Juan Alfredo Paseyro, Guillermina Inés Lysholm, Miguel Ángel Torales, María Cristina Sosa Kasten, Verónica Mercedes Esther Zagare, María Carolina Menem, Javier Martín Núñez, María Elena Josefina Matt, Andrés Sebastián Lernoud, Marcela Laura Clot, Andrea Alejandra Lorenzo, María Nazareth Lantino, Pablo Enrique Fiori, Carlos Jorge Almagro, María Beatriz Ferrerti y el maestro mayor de obras Alfredo Ángel Espósito, entre otros.
257. Revista Noticias, José Antonio Díaz, 27 de junio de 2016: http://noticias.perfil.com/2016/06/27/mas-que-amigos-complices-el-establishment-y- la-obra-publica/
258. La Nación, Hugo Alconada Mon, 14 de agosto de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1928032-cartelizacion-la-genesis-de-la-corrupcion-en- la-obra-publica.
259. La denuncia de los arquitectos, ingenieros y maestros mayor de obra del Consejo de la Magistratura se plasmó por escrito el 14 de octubre de 2014 y se registró bajo el expediente CAU 60/2014 caratulado “Remisión Presidencia Consejo de la Magistratura Nacional Sobre Informe Sumarial (Resolución del Plenario 295/2014). 260. Consultas y entrevistas realizadas a empresarios vinculados al negocio de la construcción en Argentina y países limítrofes para este libro entre los meses de agosto
y octubre de 2016.
261. El mecanismo de redeterminación de precios fue aprobado por la Resolución CM 664/08.
262. Según denunciaron los profesionales en el Expediente 60/2014 CM caratulado “Remisión presidencia Consejo Magistratura Nacional s/ Informe Sumarial (Resolución Plenario 295/2014-Informe art. 26 RCA). Expediente del Consejo de la Magistratura N°10-25191/2015 iniciado el 11 de diciembre de 2015 por el administrador general, Juan Carlos Cubría.
263. Resolución CM N° 254/2015.
264. Mediante la Resolución de la Corte Suprema N° 3198/2014, Expediente N° 4090/13, se adjudicó la construcción de la Morgue judicial a Corsan Corvian Construcción SA y Teximco SA UTE.
265. La metodología de redeterminación de precios fue establecida por el dec. N° 1295/2002.
266. Entrevistas realizadas a profesionales de la construcción del Poder Judicial para este libro.
267. Resolución CM N° 254/2015.
268. La Política Online, 24 de diciembre de 2014:
http://www.lapoliticaonline.com/nota/85906/ 269. Expediente CM N° 10-25191/15.
270. Resoluciones CS N° 2868/15 y 2892/15, Expediente N° 4139/15.
271. Por Resolución CSJN N° 995/16, Expediente N° 4.193/2015, el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti aprobó el gasto para la UTE Corsan Corvian Construcción SA-Teximco S.A II.
272. Se aprobó mediante Resolución 3841/16 del 12 de diciembre de 2016 (Expediente 6791/2016) con la firma de los cinco ministros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz.
273. Declaraciones del abogado Ricardo Monner Sans para este libro, realizadas el 12 de septiembre de 2016.
274. El Administrador General, Juan Carlos Cubría, elevó el Informe y denuncia sobre el Estado de situación de las Obras Públicas a través del Expediente Administrativo 10-25191/2015 el día 11 de diciembre de 2015.
275. Expediente N° 10-251777/02.
276. Expediente N° 14-31297/06. Licitación Pública N° 98/2010.
277. Expediente N° 14-06200/12 por el que se tramitó la Licitación Pública N° 173/13.
278. Expediente N° 14-13553/12 por el que tramitó el proceso licitatorio N° 311/12. 279. Expediente N° 14-25473/08. Licitación pública N° 17/12.
280. Expediente N° 14-28021/08.
282. Corzuela en la web, 28 de abril de 2016: http://corzuelaenlawebdigital.blogspot.com.ar/2016/04/casanello-investiga-por-ruta- del-dinero.html.
283. Mediante la Resolución CM N° 683/09 del 22 de diciembre del 2009 se designó a Germán Krieger subadministrador general, con el cargo de director general. Por Resolución CM N° 410/10 del 11 de noviembre de 2010 el Consejo de la Magistratura asignó a Krieger las funciones de administrador general del Poder Judicial de la Nación ante la renuncia de Hugo Borgert. Por Resolución CM N° 5/14 del 20 de febrero de 2014 el Consejo de la Magistratura designó a Krieger como administrador general del Poder Judicial tras requerir a la Corte Suprema la transformación del cargo de director general en secretario de Corte.
284. Las cifras son oficiales y surgen de las partidas de ejecución presupuestaria registradas como 331, 336, 421 y 436 de la Administración General del Poder Judicial.
285. La Nación, 28 de junio de 2016: http://www.lanacion.com.ar/1913512-asi- encontraron-los-policias-a-jose-lopez-en-el-monasterio.
286. Juan Carlos Cubría remitió a Elisa Carrio un estudio de situación a través del Oficio N° 303/16 – Expediente N° 10-10410/16 fechado el 24 de junio de 2016.
287. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resuelve desestimar las denuncias sobre la cartelización de la obra pública en el Poder judicial en la resolución de fecha 27 de diciembre de 2016, Expediente N° CPF 8586/2014.