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El Gobierno regional beneficia al aeródromo privado frente al público que está a 35 kilómetros En 2015 tampoco será. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ubicado en Corvera, no iniciará su actividad este año. Todavía sin aviones ni pasajeros, lo que sí asegura esta cuestionada y costosísima infraestructura es polémica, inevitable compañera desde que el consorcio Aeromur, liderado por Sacyr, se hiciera en 2007 con la concesión para la explotación del aeródromo durante los próximos 40 años.

Corvera empezó a construirse en 2008. Dos años después, los trabajos cesaron ante la imposibilidad de Aeromur para encontrar financiación al proyecto. Finalmente, la Comunidad se vio obligada a avalar un préstamo de 182 millones de euros para la terminación de las obras a cambio de que la concesionaria renunciara a recibir ayudas públicas en el caso de producir pérdidas.

Los trabajos concluyeron en enero de 2012. Se avecinaba una fastuosa inauguración que nunca llegó a celebrarse. Aeromur pidió al Ejecutivo regional un reequilibrio financiero para asegurarse el auxilio público si existieran pérdidas, además de solicitar el cierre del cercano Aeropuerto de San Javier, base aérea militar a 35 kilómetros de Corvera, gestionado por la entidad pública Aena en su tráfico civil.

Para entonces, Corvera, como Castellón o Ciudad Real, ya se había convertido en una más de las moles de hormigón sin más vuelos en sus cielos que los de las aves. En septiembre de 2013, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia rescindió el contrato con Aeromur por el incumplimiento de la concesionaria para la puesta en marcha del aeropuerto en los plazos establecidos.

Meses después, la comunidad tuvo que asumir los 182 millones de deuda del aeropuerto tras la ejecución del aval. En términos económicos, esta gestión supone para la región de Murcia, la quinta con mayor tasa de paro en España, una inversión de más de ocho millones de euros al año, casi 22.000 euros al día, para afrontar los gastos de su mantenimiento.

Tras un frustrado intento el pasado año de renegociar un nuevo acuerdo con Aeromur, el Gobierno regional intentó desbloquear la situación con un nuevo concurso que vería la luz, según adelantó la Consejería de Fomento, durante el pasado mes de febrero. Plazo que venció sin hacerse público el concurso.

Mientras tanto, el Aeropuerto de San Javier, que el Gobierno autonómico desea ver cerrado para dejar vía libre a Corvera, donde conviven los vuelos de carácter militar y civil, recibió el pasado febrero el premio ASQ (Airport Service Quality) al mejor aeródromo de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros al año. Este reconocimiento ha sido otorgado, en gran parte, por el buen desempeño de sus trabajadores. Entre ellos, los 80 de Aena que luchan por no tener que trasladarse a Corvera y perder su condición de trabajadores públicos para convertirse en asalariados de una empresa privada. El resto, 450 puestos de trabajo directos y cerca de 1.200 indirectos, sufren la incertidumbre de no tener garantizada su estabilidad laboral si se cierra San Javier.

Este pequeño aeródromo fue calificado como infrautilizado el 14 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Cuentas de la UE. La institución denunció la incoherencia entre Administraciones, con un Ministerio de Fomento invirtiendo grandes cantidades en la ampliación del Aeropuerto de San Javier, al tiempo que desde Murcia se promovía la construcción de uno nuevo.

El cierre de vuelos civiles en San Javier obligaría a Aena a devolver 10 millones de euros a la Unión Europea, cantidad recibida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para ampliar las instalaciones del aeropuerto.

Corvera se ha convertido en un constante quebradero de cabeza para un Gobierno regional empeñado en promover el cierre de un aeropuerto público, eficaz y funcional, privilegiando a otro de gestión privada que desangra, día a día, los bolsillos de los murcianos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/02/actualidad/1430596364 481031.html

21. C.A.MADRID. LA AUDIENCIA ORDENA REABRIR EL CASO CONTRA AGUIRRE POR SU FUGA DE TRÁFICO

El tribunal, que da así la razón a la Fiscalía, ordena proseguir el caso como falta y no como delito

La Audiencia ve indicios de que la candidata del PP se dio a la fuga con su vehículo tras desobedecer a los agentes de movilidad

La Sección Sexta de la Audiencia de Madrid acaba de forzar la reapertura de las diligencias sobre el incidente de Esperanza Aguirrecon agentes de movilidad urbana y policías municipales de Madrid. La Audiencia, que da así la razón a la Fiscalía, ordena proseguir el caso como falta y no como delito. Pero no porque la Audiencia deseche o no la hipótesis de que su fuga implicase la comisión de un delito sino “por cuanto ninguna parte recurrente ha pretendido la continuación por los trámites del procedimiento abreviado”. O sea, por los establecidos para el caso de delito y no el de falta.

A la vista de los recursos planteados, la Audiencia sostiene que “la única opción que cabe es la continuación por los trámites del juicio de faltas, exigiendo que se depure la posible responsabilidad en el acto del plenario bajo los principios de oralidad, inmediación, concentración y contradicción”.

En contra de lo que dictaminó el juez que instruía el caso y le dio carpetazo a finales de enero, la Audiencia ve indicios de que la expresidenta de la Comunidad y ahora candidata del PP a la Alcaldía se dio a la fuga con su vehículo el 3 de abril de 2014 tras desobedecer a los agentes

de movilidad urbana que estaban comprobando sus papeles en la Gran Vía de Madrid, donde Aguirre había aparcado incorrectamente.

La Audiencia “no comparte” el criterio del juez instructor sobre la pretendida falta de indicios que adujo para cerrar el caso. Y no lo comparte “en la medida que las diligencias practicadas en la instrucción vienen a corroborar, a nivel indiciario, que se produjo una inobservancia de mandatos impartidos por agentes de movilidad y policías municipales en el ejercicio de sus competencias dirigidos a la denunciada (…), lo que podría constituir la base objetiva de una infracción penal-desobediencia”

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/04/la audiencia ordena reabrir caso contra a guirre por fuga trafico 32212 1012.html

22. C.A. MADRID. CONTRAPROPAGANDA CON FONDOS PÚBLICOS

El Gobierno de González pagó por noticias amables en diarios digitales para minimizar escándalos políticos

Alejandro de Pedro Llorca tenía don de gentes, buenos contactos y un plan. También manejaba dos pequeñas empresas de Internet plagadas de becarios. No le hizo falta mucho más para ser contratado por algunos de los gigantes del IBEX-35 que pretendían mejorar su reputación en Internet. En su cartera de clientes sobresalían Telefónica, Mediaset, Bankia y hasta el Real Madrid, que le pagó 300.000 euros por un solo año de trabajo, después de que un directivo de banco aconsejase a Florentino Pérez acudir a sus servicios. Pero el plan de De Pedro para levantar un gran grupo tecnológico se quebró a finales del pasado octubre. El empresario fue detenido en una redada contra la corrupción junto a otras 50 personas como uno de los conseguidores de la trama Púnica, un grupo de empresarios que recibió contratos de distintas administraciones públicas por 250 millones. Fue entonces cuando salió a la luz la otra rama de su clientela, la institucional: media docena de ayuntamientos valencianos y madrileños, la Diputación de León y los gobiernos regionales de Madrid y Murcia.

El antecedente de Aguirre que se investiga en ‘Gürtel’

El autobombo con dinero público no es nuevo en la Comunidad de Madrid. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre, el Gobierno regional pagó a través de la red Gúrtel un acto de propaganda política para subrayar supuestos logros de su gestión. Se celebró el 22 de noviembre de 2006, llevaba por título "Tres años de Gobierno, gracias a la suma de todos" y costó a las arcas públicas 45.534 euros. La Comunidad de Madrid contrató para el evento a tres empresas para montar el escenario, presidido por un logo del Gobierno: Fotomecánica Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimage.

La investigación policial reveló que la trama Gürtell usaba a las empresas del Grupo Rafael como tapadera y troceó los contratos en tres tandas de menos de 12.000 euros para sortear el concurso público

En su caída, el empresario De Pedro, bien relacionado con el PP, arrastró a altos cargos de la Comunidad de Madrid. El consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido por ordenar a uno de sus proveedores, la empresa Indra, que abonase facturas falsas a las firmas de De Pedro. Isabel Gallego, responsable primero de la Comunicación del Gobierno de Esperanza Aguirre, y después de su sucesor, Ignacio González, también está imputada tras contratar a las firmas de De Pedro con dinero público a cambio de que este, según el juez, hiciera propaganda del presidente madrileño, Ignacio González y de su consejera de Educación, Lucía Figar.

La pequeña parte del sumario que se ha facilitado a los abogados de los imputados revela que el hombre que se presentaba a los magnates y gobernantes de este país como un mago de Internet tenía un plan rudimentario, muy alejado de los milagros que prometía a su selecta clientela.

La suya era una estrategia de andar por casa. Con una empresa, Madiba, que empleaba a una docena de periodistas recién licenciados, creó medio centenar de diarios en Internet para amplificar las notas de prensa y comunicados que sus clientes les remitían. Una segunda firma, Eico, que contaba con técnicos e ingenieros informáticos, analizaba la imagen en Internet de los políticos que les pagaban. Cuando las noticias venían mal dadas o estallaba algún escándalo que salpicaba a sus clientes, la solución de Eico y Madiba era inundar la Red con propaganda de sus propios diarios para que las informaciones críticas desapareciesen de la parte de arriba de los buscadores.

Preguntadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción — que indagan sobre presuntos delitos de malversación de fondos— sobre qué sentido tenía pagar con dinero público para limpiar la imagen de dirigentes como Fígar o González, dos trabajadoras de De Pedro hablaron alto y claro. Contaron que su cometido era “que no apareciesen resultados negativos de los clientes o que estos figurasen en las páginas dos o tres de Google”. Y que sus mayores “huesos”, durante el tiempo que trabajaron para la Comunidad de Madrid fueron tratar de combatir las noticias sobre el ático de Ignacio González en Estepona y el cheque escolar que el departamento de Fígar concedió a una hija de la propia consejera. “El posicionamiento era subir [en los buscadores] los diarios que trabajaban para la Comunidad, las noticias positivas”, aseguró al juez María José Gutiérrez, una ingeniera contratada por De Pedro.

“Había veces en que si teníamos una noticia negativa, se contaba más neutral en nuestros periódicos digitales, había unos 60, para contrarrestar otros resultados en buscadores”.

Los informes de Eico recabados en los registros por la Guardia Civil se encabezan con las fotos del presidente González y la consejera Fígar. El juez leyó en voz alta el título de los trabajos pagados por la Comunidad: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad on line de Lucía Fígar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación on line”.

Cuando testificó en la Audiencia, la trabajadora de Eico alegó en todo momento que su trabajo era para la institución y no para un particular porque tanto González como Fígar representaban al Gobierno: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Fígar, porque era lo que peor estaba”. Y dio nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios.

La tarea de Eico no era nueva. Años antes a esta firma ya la había contratado la Diputación de León para lavar la imagen de la entonces presidenta, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014. “Estaba imputada muchísimo y tenía muchas cosas malas, lo que hacíamos era hablar de la imputación pero no tan negativamente como hacían otros periódicos o publicábamos visitas de la Diputación de León”, aseguró una de sus trabajadoras.

El Gobierno de González y sus altos cargos siempre alegaron que los encargos a las empresas de De Pedro eran para recopilar noticias de prensa, como hacen otras instituciones. Tanto el empresario como sus empleadas, aseguraron al juez que la pasada primavera la Comunidad de Madrid dejó de pagar. Fue entonces, cuando, según los pinchazos telefónicos incorporados al sumario, De Pedro empezó a llamar insistentemente al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, para que saldase sus deudas. Según ha declarado el alto cargo de ICM, Martínez Nicolás, al juez y a la Guardia Civil, la solución que improvisó Victoria fue que una adjudicataria, la tecnológica Indra, abonase las facturas a De Pedro. Según un sms intervenido al empresario, Indra pagó al menos 10.000 euros, algo que los directivos de la compañía han negado tajantemente al juez. Los investigadores sospechan que a Indra se le pidió pagar al menos otros dos encargos similares por 110.000 euros.

Durante los largos interrogatorios, tanto el juez como la fiscal preguntaron repetidamente a los testigos si Madrid estaba pagando con dinero público trabajos para el PP. La duda quedó en el aire. El sumario en la Audiencia Nacional sigue su curso.

“En la dirección del PP regional me dijeron que un empresario de redes sociales pasaría a verme antes de las elecciones municipales de 2011. Así fue cómo conocí a Alejandro de Pedro Llorca”, cuenta un alcalde del PP en Madrid que no repetirá como candidato el 24 de mayo. Este regidor popular, que exige mantener el anonimato, detalla la fórmula del empresario detenido el pasado octubre en la Operación Púnica.

“Lo que ofrecía De Pedro era poner sus diarios digitales [entre las firmas Eico y Madiva llegaron a crear más de 60 en distintas localidades españolas] al servicio de políticos para hacernos propaganda”. “Cuando vino a verme antes de las elecciones de 2011 ya tenía implantado en mi Ayuntamiento uno de sus periódicos digitales, que se nutría de teletipos y notas de prensa redactadas por tres o cuatro becarios. Tenía una línea editorial neutra e informaba de las cosas que pasaban en el pueblo a miles de vecinos que se enteraban a través del diario de la información más cercana. Unos meses antes de las elecciones empezó a sacar noticias favorables al Partido Popular para influir en los electores. Lo mismo ha hecho en otros Ayuntamientos de Madrid”.

Este regidor explica que el plan se completaba con una agresiva estrategia en las redes sociales y de posicionamiento en Internet para que, al buscar noticias de esos pueblos, esos periódicos a la carta apareciesen más arriba en los buscadores.

¿Quién pagó esa propaganda? El alcalde lo ignora. “Ni yo ni el partido a nivel local pusimos un céntimo para eso”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/01/actualidad/1430508401 079883.html

23. C. VALENCIANA. FABRA SUSPENDE AL DIRIGENTE PROVINCIAL DE VALENCIA, QUE SE NIEGA A DIMITIR

Rus reta a que demuestren que ha cometido un delito tras publicarse unas conversaciones en la que supuestamente cuenta el dinero de un soborno

El Partido Popular ha suspendido de militancia al presidente provincial del partido y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Ha sido el presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, quien ha solicitado al Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular que Rus sea suspendido de militancia. Esta decisión implica retirarle también la presidencia del PP en Valencia. El partido toma esta decisión horas después de que Rus, de quien se hicieron públicas unas conversaciones en la que se escucha supuestamente contando dinero del cobro de una comisión, decidiera atrincherarse en sus cargos de presidente de la Diputación y alcalde de Xàtiva, alegando que no ha cometido irregularidad alguna,.

A mediodía de este sábado, Rus aseguraba que si alguien pensaba que había cometido un delito "lo tendrá que demostrar", tras la publicación de estas grabaciones, que obran en el sumario de la investigación judicial del caso Imelsa. El presidente de la Diputación de Valencia fue grabado contando billetes del supuesto cobro de una mordida. “Correcto, ahí hay un millón. Aquí hay un millón más. Hay 24.000 ahí... 3.000, 4.000, 5.000, 6.000... 12.000 euros, dos millones de pesetas”. Esta conversación entre Rus y del PP provincial, y Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, procede del sumario de un caso de corrupción que ha abierto una grave crisis entre los populares valencianos.

Las grabaciones fueron acumuladas durante largo tiempo por Benavent, hombre de confianza de Rus, como adelantó EL PAÍS, y fueron entregadas a la fiscalía en julio de 2014 por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez. El ministerio público inició entonces una investigación que ha desarrollado sobre el terreno la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que se extendió durante meses. La fiscalía denunció los hechos al juzgado hace unas semanas, y la investigación judicial se encuentra bajo secreto de sumario.

La suspensión de militancia abre un escenario endiablado en el PP valenciano a tres de las elecciones autonómicas y locales. Rus no ha respondido con su dimisión a las presiones del partido, que pretendían apartarle del foco mediático cuando el propio presidente del Gobierno y

líder del PP nacional, Mariano Rajoy, tiene previsto iniciar el próximo martes un periplo electoral en Valencia.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/02/actualidad/1430584377 811596.html

24. C. VALENCIANA. BARBERÁ NIEGA QUE HAYA EXISTIDO TRATO DE FAVOR A SUS FAMILIARES

La alcaldesa defiende a su sobrino pero elude dar la cara por la exconcejala grabada por Marcos Benavent

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, negó ayer que fuese cierto el trato de favor a una serie de empresas vinculadas con un sobrino suyo, tal y como parece desprenderse de una de las grabaciones que Marcos Benavent, hombre de confianza de Alfonso Rus, grabó con la entonces concejal popular María José Alcón, que figura en la actual candidatura municipal del PP.

“Existe una ansiedad irrefrenable por llevar mi nombre a las portadas vinculado a líos”, dijo Barberá que explicó que la empresa supuestamente relacionada con su sobrino era de telefonía. “[La empresa] era propiedad de mí exsuegro y de su exmujer”, argumentó Barberá, “Mi sobrino nunca ha tenido ninguna empresa de nada”.

Sorprendentemente, y sin que nadie la interpelara sobre ello, la alcaldesa de Valencia desveló que su hermana y su cuñado tenían un concesionario que vendía coches al Ayuntamiento de Valencia, pero que cuando pasó a gobernar la Corporación dejó de comprárselos.

Esquerra Unida, que presentó ante la Fiscalía una denuncia y las grabaciones realizadas por Marcos Benavent, aseguraron ayer que las conversaciones indican que la entonces concejal del PP María José Alcón cobró comisiones durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la organización de la Mostra de Cine de Valencia.