Socially related arguments

El propósito de esta investigación constaba de dos objetivos: en primer lugar, la revisión tanto de la teoría de los principios y sus alcances en materia de derechos fundamentales, como de la doctrina de la state action dentro del sistema constitucional estadounidense. En segundo lugar, se pretendía dar una explicación de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, desde la teoría de los principios y desarrollada por los alcances de la state action.

El tratamiento de ambos objetivos se estructuró en dos capítulos. El primero, estrictamente de teoría analítica, revisaba los alcances de la distinción estructural entre los principios y las reglas y la crítica a la teoría de los principios de Robert Alexy. La diferencia cualitativa entre las reglas y principios –ya sea por la aplicación binaria y gradual o la lógica subsuntiva o ponderativa, respectivamente- sirve de sustento teórico para la comprensión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

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Lo que se pretende, bajo esta argumentación, es dar un sentido coherente de la state action en el marco de decisiones tan disímiles entre sí. Una objeción posible a este planteamiento sería repetir la crítica de realistas y CLS. En ese caso, habría que señalar que la deconstrucción descriptiva del requisito de la state action no implica un potencial normativo dentro de las cargas de argumentación posibles en el marco de ponderaciones entre la libertad contractual y otros principios iusfundamentales. Por otra parte, parece de mayor coherencia con la jurisprudencia de la Corte Suprema, mantener la state action y reformularla en este sentido débil, preservando el rol de protección prima facie de las actuaciones privadas en el marco regulatorio estatal.

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Es la línea de Gomes, quien ha sostenido que en esta materia se exigen soluciones diferenciadas, desde el punto de las normas iusfundamentales. Recogiendo la idea del poder privado y contrastándolo con un “núcleo irreductible de autonomía personal”, Gomes afirma que la tarea demanda una concordancia práctica de los principios en tensión; logrando una interpretación conforme a los derechos fundamentales, sin ser absoluta. GOMES CANOTILHO, J. 1998. Direito Constitucional e Teoría da Constituçâo. Coimbra, Portugal, Almedina. pp. 1204-1214, esp. 1212-1213.

En esta línea, también se revisó las críticas y, consecuentemente, las limitaciones de una distinción fuerte entre ambos tipos de normas. Sin embargo, la máxima de irradiación de los derechos fundamentales sobre las normas infraconstitucionales, en conexión con la conceptualización de los principios como mandatos de optimización, permite articular una aproximación a la problemática de la eficacia horizontal que respeta el resto de los principios constitucionales –como el de corrección funcional- y que permite dar cabida a consideraciones amparadas en principios tendencialmente contradictorios. Es lo que sucede entre enunciados que amparan la libertad negocial y aquellos que tutelan la igualdad entre privados.

Esta investigación, por lo tanto, revisó y explicó el modelo de tres niveles de eficacia horizontal de Alexy, con el objetivo de ilustrar una forma de operatividad de los principios en el tráfico privado. Este desarrollo analítico pretende dar una forma de control de la argumentación de los casos de eficacia horizontal y, además de ello, constituir una base de fundamentación para las ponderaciones que se realicen en el marco de la articulación de la autonomía privada.

Por último, el desarrollo de la teoría de los principios no pretende agotar los problemas que pueda suscitar la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, sino tan sólo encauzar la discusión y permitir un lenguaje común respecto de los límites de los derechos fundamentales dentro del Derecho privado.

El segundo capítulo, por otra parte, ha tenido por objeto una revisión sistematizada de los leading cases de la doctrina de la state action. Complementado con la opinión de la literatura y con la crítica a la distinción público/privada, la explicación de la state action involucra un acercamiento práctico de casos de eficacia horizontal, principalmente, de casos de segregación racial. Como pudimos analizar, los grupos de casos que la jurisprudencia de la SC ha delineado, carecen de coherencia y suelen ser contradictorios: sus márgenes son difusos, el casuismo abunda y, sin embargo, el requisito de state action persiste hasta el día de hoy. Las dificultades de generar criterios claros de imputación de responsabilidad constitucional al Estado por actuaciones de privados, ha redundado en fuertes controversias doctrinales, llevando a algunos a desechar de plano la exigencia de state action.

En este contexto, se revisó la distinción público/privada y sus cuestionamientos realizados por el realismo estadounidense y los Critical Legal Studies. Pese a que la crítica que estos autores realizaban respecto de la distinción –en el contexto de la state action- deconstruye las virtudes descriptivas de la misma, las orientaciones normativas que ella genera, no dependen, no pueden depender del diseño explicativo de la división. Ello justificaba una explicación respecto de los rasgos elementales de publicidad del Derecho, puesto que podía diferenciar éstos de las conductas entre privados. La idea que el Estado establece un régimen de Derecho privado y favorezca el enforcement de los derechos surgidos al amparo de dicho régimen no significa, necesariamente, que las conductas privadas puedan ser imputadas al Estado. El Derecho puede generar espacios de autonomía personal, bajo determinadas orientaciones normativas.

En este contexto, las criticas a la state action, desde la debilidad de la distinción público/privada, deben ser aceptadas en su justo alcance. Por otra parte, las dificultades de la cuestionada categoría pueden ser clarificadas por modelos que expliciten el marco de sujeción constitucional. El apartado número 5 del segundo capítulo reproduce tres modelos de vinculatoriedad constitucional ideados por Alexander y Horton. El referente constitucional, en cada caso, pretende explicar los márgenes de sujeción constitucional respecto de diversos actores: agentes productores de normas, agentes estatales y particulares. Los referentes constitucionales de los modelos legalista y gubernamental pueden proyectarse a la función de teorías verticales de los derechos fundamentales y de eficacia horizontal mediata. El referente constitucional del modelo naturalista, por otra parte, puede ser asimilado a las teorías de eficacia horizontal inmediata.

Estos modelos pretendían ilustrar el marco bajo el cual operan los principios, dentro de las teorías de eficacia horizontal. Nuestro excursus, por lo tanto, es un ensayo de argumentación respecto del problema de la eficacia horizontal en el derecho estadounidense a la luz de la teoría de los principios. Bajo esta lógica, los problemas de ponderación, adecuación del derecho vigente a la Constitución y el enforcement de los tribunales, se resolvían según la ley de colisión, el efecto de irradiación de los derechos fundamentales y la adscripción de una norma de derecho fundamental, cuyo contenido permita reclamar decisiones judiciales en concordancia con los principios iusfundamentales.

Estas conclusiones, por otra parte, no permiten determinar la respuesta correcta de cada caso o cómo deben ajustarse ponderaciones particulares. Lo que sí intenta proveer es un esquema de análisis para explicar las decisiones y controlar las argumentaciones. Claramente, los problemas de eficacia horizontal involucran otras aristas que era imposible de abordar: el control constitucional de normas, los límites de los derechos fundamentales y la concepción liberal de los mismos. Estas materias no han podido ser desarrolladas acá, pero ilustran nuevos cursos de investigación respecto de los derechos fundamentales. Es de esperar, pues, que este trabajo sea un punto de partida para un enfoque global respecto a una teoría de derechos fundamentales, cuyas implicancias puedan ser extraídas al derecho chileno.

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