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Hemos visto que la relativa democratización que el proyecto del GRFA formuló para integrar nacional y políticamente a la sociedad alrededor del Estado, desembocó en un fracaso. En síntesis, éste se explica por el hecho de que el gobierno militar pretendió conciliar los intereses sociales en pugna y crear una sociedad solidaria mediante fórmulas autoritarias. A esto se sumaba el condicionamiento del diseño político y económico por los intereses castrenses relativos a la seguridad nacional. Este conjunto de factores produjo exactamente lo contrario de lo que el gobierno militar se había propuesto: un nuevo

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nivel de contradicciones sociales que se manifestó en la intensificación de la lucha de clases y la generalizada oposición de la sociedad al GRFA. En estas condiciones, el gobierno se vio incapacitado para encapsular corporativamente a los campesinos, los obreros y los sectores medios asalariados, que habían experimentado un desarrollo autónomo en cuanto a la organización y la acción política.

El complejo juego de relaciones sociales atravesó la política eco- nómica y propició que el Perú bordeara la bancarrota mientras se agudizaban las contradicciones sociales. Fue en esta coyuntura que el gobierno militar decidió convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente. Su objetivo era hacerse de una base de sustento político a través de la promesa de "transferir" el poder en 1980. Mientras tanto, el régimen delegaba en sus técnicos la conducción rigurosa y represiva de una política económica de ajuste y estabilización.

Los cuadros militares anticiparon correctamente el hecho de que los partidos tradicionales buscarían canalizar y aplacar las exigencias populares, institucionalizando la participación política popular en los marcos legales adecuados al patrón de acumulación capitalista. Esta necesidad se manifestó como urgente, puesto que en las elecciones, alrededor de la tercera parte de la población concentrada en Lima y el sur peruano votó por alguna de las organizaciones políticas de izquierda.Sin embargo, la esperada institucionalización de la participación popular y su absorción en el nuevo régimen político parece improbable por la generalizada fragmentación política y la restringida capacidad del gobierno para legitimarse, debido a sus dificultades para satisfacer las polarizadas exigencias de la sociedad. En cuanto a lo primero, el gobierno y los voceros de los distintos partidos de derecha vienen buscando "pactos" destinados a asegurar la estabilidad política futura, mientras crecen las exigencias populares por la unificación de las fuerzas de izquierda. Esta posibilidad se encuentra obstaculizada por dos razones: en primer lugar, por la falta de una integración orgánica de los distintos intereses dominantes y las agrupaciones políticas; en segundo lugar, porque cada una de las partes tiene intereses propios que defender y distintas clientelas que proteger. Estas condicio

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nes reflejan la precaria naturaleza política de la clase dominante en el Perú.

En cuanto a la capacidad de distribución y legitimación del gobierno, sus restricciones se deben a la integración de la sociedad al nuevo patrón de acumulación capitalista a escala mundial, al relativo fortalecimiento de la burguesía, a los requerimientos financieros internacionales y a la crisis económica global. Así, el Estado carece de recursos para absorber e institucionalizar la generalizada movilización popular, debido a la violenta reducción de los ingresos y las oportunidades sociales, mientras el mercado alienta el desarrollo de altos niveles de consumo.

Si bien el fracaso del proyecto militar ha servido para poner en evidencia las profundas limitaciones de un régimen populista y nacio- nalista, incluso de naturaleza radical, amplios sectores de la sociedad todavía atribuyen el fracaso del gobierno a su naturaleza castrense. Los partidos reformistas tratan de aprovecharse de este juicio para proponer la constitución de diferentes variantes populistas como una forma de aglutinar políticamente a la población.

De concretarse en 1980 la "transferencia del poder", el nuevo gobierno se verá sujeto, de un lado, a multitudinarias exigencias organizadas de campesinos, obreros, sectores medios asalariados y de la mitad de la población activa en estado de subempleo. De otro lado, se encontrará con las presiones del capital para consolidar su predominio, ahora que los sectores oligárquicos de la burguesía han sido eliminados.

Sin embargo, es necesario matizar esta última proposición. Es probable que un próximo gobierno logre hacerse del apoyo de sectores medios y populares, gracias a una muy limitada política de corte asistencial. Pero la generalizada participación popular permite prever que estas medidas no atenderán sino de modo muy restringido a estrechos segmentos de la sociedad. La historia se repetiría. El intento de sobrepasar estos límites - creando un millón de empleos, por ejemplo - produciría una inflación descomunal.

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La propuesta de un proyecto "socialdemócrata" que imite el modelo sueco o israelí no deja de ser más que una licencia literaria. La imposición de una carga tributaria semejante a la que existe en estas sociedades al capital internacional y a la burguesía peruana, como un medio para multiplicar el gasto público y la inversión estatal sin promover la inflación, está fuera de toda posibilidad.

De esta manera, el logro de la democratización de la sociedad y de la política, condiciones esenciales para la integración nacional que las clases subordinadas y las formaciones de izquierda expresan en sus luchas cotidianas, se opone al nuevo patrón de acumulación capitalista, que el Estado patrocina y que excluye a estos sectores de la actividad estatal.

Todo esto hace muy probable que cualquier gobierno civil deba sustentarse necesariamente en las Fuerzas Armadas, y que en él, las organizaciones partidarias compitan con las castrenses por el uso y el destino de los recursos estatales.

Así, los años ochenta se avizoran como la culminación de un largo y lento proceso de experimentación del desarrollo capitalista-dependiente, que ha dado lugar a un Estado incapaz de crear bases legítimas para encauzar la creciente movilización popular, cada vez más autónoma. De esta manera, el Perú presenta las contradicciones que se observan en otros países de la periferia del capitalismo monopólico: entre las reivindicaciones democráticas y nacionales que enarbolan las organizaciones populares y el proceso de acumulación privado que dirigen las empresas multinacionales a escala internacional; entre la creciente autonomía de aquéllas y la debilitada capacidad de los partidos tradicionales y del Estado para legitimar el ordenamiento dominante e institucionalizar la participación popular (Huntington y Nelson, 1976).¿Hasta qué punto, en los años venideros, el gobierno y los partidos reformistas serán capaces de reprimir y neutralizar estos conflictos y dirigir a la sociedad hacia una nueva institucionalidad? En su defecto, ¿la militarización del Estado será el único recurso del sistema de dominación para aplastar las organizaciones y reivindicaciones po

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pulares, que con sus esfuerzos por democratizar la sociedad resquebrajan los fundamentos institucionales? ¿En qué medida las clases populares, en su enfrentamiento con los intereses dominantes, lograrán independizarse políticamente, y actualizar la afirmación mariateguiana de que sólo el socialismo podrá resolver las exigencias democráticas y nacionales del pueblo peruano? Todas son cuestiones abiertas que pronto deberán tener una respuesta.

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