CHARACTERISTICS: A COMPARISON OF LATINO HORSE WORKER AND NATIONAL LATINO CROP WORKER SAMPLES
2393 17.3 (11.5) Speaks English well 29 (66) 1330 8 (103) 422 20 (83) 1335 16 (215) 2489 8 (196)
2.1.1 – Referentes históricos de las relaciones entre Estado y sociedad
La revolución de 1952 constituyó el primer intento de transformación efectiva de las estructuras políticas y económicas que imperaban en Bolivia desde los tiempos de la Colonia. Intento en buena medida malogrado, es cierto, pero que por sus métodos e intenciones iniciales imprimió una huella duradera en la memoria colectiva de las capas inferiores de la población, tanto en los sectores obreros como en el campesinado, sin olvidar la izquierda nacional. El programa y el discurso del MAS sacaron partido de algunos aspectos de esa memoria.
Por otro lado, el episodio revolucionario de 1952 representó la explosión de las demandas populares que se habían acumulado a lo largo de varias décadas. La similitud con el contexto de crecimiento del MAS durante un período de intensas protestas no puede dejar de ser notada, aunque debemos precisar desde ahora que las referencias a la Revolución de 1952 no abundan en los datos empíricos que manejaremos. Aun así, consideramos probable que el mensaje reformista- revolucionario formulado por el MAS haya sido integrado por sus oyentes en una perspectiva histórica que sí incluía una visión de los acontecimientos de 1952. Ocupémonos ahora de los cambios políticos e institucionales que el proceso revolucionario ocasionó, antes de abordar sus consecuencias económicas y sociales en el siguiente apartado.
La principal conquista política de la Revolución de 1952 fue la ciudadanía universal. No se trataba, sin embargo, de la primera vez que el conjunto de la población, fuera urbana o rural, mestiza o indígena, podía participar en unas elecciones bajo el principio de “una persona, un voto”. En las elecciones municipales de 1813 y 1814, organizadas durante la vigencia de las Cortes de Cádiz, las consignas del constitucionalismo gaditano habían sido relativamente respetadas. No obstante, la dualidad étnica y la coacción sobre el electorado cautivo minaron la efectividad de las medidas de igualdad entre ciudadanos, que de todas formas fueron revocadas por las autoridades fernandinas y luego republicanas. Tristan Platt, refiriéndose a la región de Potosí en la década del 1830, concluye que “no tiene sentido hablar de una ciudadanía 'homogénea' de 'españoles americanos e indios
españolizados'”184. Cinco décadas después después, el número de electores en las elecciones de 1888 no alcanzaba 2,5% de la población total del país. Esta realidad perduraría, con matices, hasta 1952.
Fue el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en su primera encarnación, el que lideró el proyecto de extensión de los derechos políticos a la población en general, complementado por la democratización del acceso a la educación primaria. Proyecto que coincidió con su intento de apartar a los grupos oligárquicos que monopolizaban el poder y de convertirse en el partido hegemónico de la política nacional, en una especie de fusión entre el ideal revolucionario y el partido, a semejanza de lo que el Partido Revolucionario Institucional lograra alcanzar en México en las décadas anteriores. Aspiración que, irónicamente, sería compartida por el MAS medio siglo después.
La ciudadanía universal, aunque existente en teoría e importante como símbolo, no dio lugar a una práctica democrática sana y prolongada por culpa precisamente de la posición mayoritaria del MNR y de sus lazos con los sindicatos obreros y, en un segundo momento, campesinos. Además, debido al constante recurso del corporativismo y el clientelismo, las elecciones bajo el nuevo régimen pronto se transformaron en una formalidad que contribuyó a vaciar de sentido el nuevo derecho. A largo plazo, esta situación desacreditó la gran conquista ciudadana de la revolución ante la mirada de aquellos que más habían sido excluidos, la gran mayoría indígena campesina. A finales del siglo XX, el número de votantes inscritos para las elecciones generales de 1993 era de solamente 2 400 000 personas185, poco cuando comparado con un universo total de 6 420 000 habitantes186. Tan sólo 1 731 000 emitieron su voto en esos comicios, en un país donde no votar acarrea penalizaciones187.
Esta primera experiencia formalmente democrática duró poco: en 1964, el golpe liderado por el general Barrientos destituyó al tercer gobierno de Víctor Paz Estenssoro e inauguró un período turbulento de más de 15 años, en los que se sucedieron dictaduras y cortos episodios democráticos.
Otro elemento importante de la segunda mitad del siglo XX que se incorporó al imaginario político boliviano fue la memoria de la represión. Infligida por las dictaduras de Barrientos y Banzer a las principales fuerzas mineras, obreras e izquierdistas urbanas, se extendió a partir de inicios de la década de 70 a los sindicatos y/o ayllus (comunidades indígenas) campesinos de las tierras altas, tras el derrumbe del pacto militar-campesino sobre el que se había consolidado el dominio de los generales.
184 PLATT, Tristan: “Tributo y ciudadanía en Potosí, Bolivia. Consentimiento y libertad entre los ayllus de la Provincia
de Porco, 1830-1840”, en GARCÍA JORDÁN, Pilar (ed.), Dinámicas de poder local en América Latina, siglos XIX-XXI, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009, pág.157
185 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL; PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD) E IDEA INTERNACIONAL: Atlas Electoral de Bolivia. Tomo I. Elecciones Generales 1979-2009. Asamblea
Constituyente 2006, 2ª edición, La Paz, Órgano Electoral Plurinacional-PNUD Bolivia-IDEA, 2012, pág.124
186 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992 187 TSE; PNUD Bolivia e IDEA: Atlas Electoral de Bolivia. Tomo I (…), pág.516
La violencia política fue una constante en la historia de las relaciones entre Estado y sociedad.188 Tomando en cuenta las décadas más recientes, muy presentes por los testimonios de los participantes que todavía viven, recordemos cuatro momentos destacados en la memoria de esa represión, cada uno relativo a un sector socioeconómico distinto. En primer lugar, la matanza de San Juan en los campos mineros de Siglo XX y Llallagua, en 1967, ordenada por el general Barrientos y en el cual 87 personas fueron asesinadas. En segundo lugar, en octubre de ese mismo año, la muerte de Ernesto Guevara y la supresión de su grupo guerrillero, embajadores de la utopía revolucionaria y de la por entonces inspiradora experiencia cubana. El tercero es la masacre del Valle, en el mes de enero de 1974, escenario de la muerte a manos de los militares de Hugo Banzer de un número todavía indeterminado de campesinos cochabambinos, estimado entre 80 y 200 personas189. Por último, en 1980, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el senador socialista que había promovido la segunda oleada de nacionalizaciones durante el gobierno del general Ovando Candia.
Estos cuatro episodios se convirtieron en referentes de la izquierda boliviana, más aún porque se relacionaban, cada uno a su manera, con otras demandas históricas: los derechos laborales y el peso político de los mineros y de la clase obrera en general, la explotación propia de los recursos naturales y un proyecto de socialización del Estado basado en la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.
Con el regreso de la democracia, a comienzos de los años 80, la represión estatal cambió de naturaleza y asumió dos nuevas facetas. La primera fue el hostigamiento a los mineros y a sus poderosos sindicatos fue trasladado del enfrentamiento físico al modelo económico. Lo que décadas de violencia no habían logrado alcanzar –el debilitamiento del sindicalismo obrero– fue obtenido a partir de 1985 con el cierre o la privatización de los complejos mineros y otras empresas estatales y el despido de miles de trabajadores. Sin embargo, el sindicalismo campesino tomó el relevo del proletariado urbano: la Confederación Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fundada en 1979, suplantó a su matriz, la Central Obrera Boliviana, y se fue afirmando como la principal fuerza de oposición a los designios económicos gubernamentales.
La segunda cara de la represión en democracia está relacionada con dicha evolución. Los
188 Gray Molina arguye, por el contrario, que Bolivia se singularizó en el siglo XX latinoamericano por la “ausencia de
violencia social y política a larga escala, guerra civil o etnocidio”, a pesar de su elevado nivel de diferenciación étnica (Cf. GRAY MOLINA, George: “Ethnic Politics in Bolivia: 'Harmony of Inequalities', 1900-2000”, CRISE Working Paper, nº15, 2007). Estamos de acuerdo en que el factor étnico no desempeñó un papel central en el origen de los principales sucesos de violencia a lo largo del siglo, aunque la existencia de algunos episodios de rebelión y represión por motivos étnicos no deba ser minorada. En cambio, la violencia política y social recurrente sí se produjo en contra de organizaciones campesinas y obreras.
189 ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA: La masacre del Valle. Cochabamba,
enero 1974, 3ª edición, La Paz, 1980. Véase también VIOLA RECASENS, Andreu: “'La política del olvido' en un 'país
sin memoria': la masacre del Valle (Cochabamba, 1974), veinte años después”, en GARCÍA JORDÁN, Pilar; IZARD, Miquel y LAVIÑA, Javier, Memoria, creación e historia: luchar contra el olvido, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1994, pp.390-395
productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, que fueron ganando influencia en la confederación sindical, se convirtieron en el blanco predilecto del acoso militar. La represión se alejó entonces de las ciudades y de las minas y se concentró en una región aislada y todavía poco poblada. Además, las justificaciones de cariz ideológico y político (el anticomunismo de las dictaduras) fueron aparentemente reemplazadas por razones de orden penal y moral (la coca como planta prohibida y destinada a la cocaína). Sin embargo, este cambio de motivaciones y de blanco acabó convirtiendo a los cocaleros del Chapare en opositores que se inscribían así en el linaje histórico de los resistentes al Estado. Un Estado que, aunque ahora democrático, seguía acumulando descrédito por sus resultados socioeconómicos mediocres y unas prácticas institucionales deficientes.
Por último, consideremos el problema de las relaciones entre Estado y sociedad desde la perspectiva de esta última. Como hemos visto, la reacción de las instituciones estatales a las reivindicaciones de la sociedad civil o a sus intentos de organización corporativa presentó a menudo un carácter violento. Por su parte, los actores sociales no estatales también interiorizaron la necesidad de firmeza en su trato con un Estado que, por falta de medios o por convicción ideológica, se veía regularmente en la imposibilidad de responder a las demandas ciudadanas. La combinación de estos dos factores provocó la multiplicación de conflictos sociales por parte de los movimientos de la sociedad civil boliviana y a la adopción del conflicto como pauta de comportamiento preferencial para obtener una respuesta de las autoridades. La incapacidad del sistema político para generar mecanismos institucionales de resolución de conflictos por vías pacíficas fue en aumento hasta comienzos del siglo XXI, lo que alimentó la frecuencia de eventos conflictivos190.
Mientras tanto, el perfil de estas movilizaciones fue cambiando, sobre todo a partir del debilitamiento del sindicalismo obrero en los años 80. Con la disminución del poder de la huelga masiva como fuerza de presión, los nuevos movimientos activos en la sociedad civil –trabajadores informales, jubilados, desempleados, indígenas de las tierras bajas, campesinos del Altiplano o cocaleros, entre otros– desarrollaron métodos alternativos de movilización: recordemos las ocupaciones de terrenos por el Movimiento Sin Tierra en los departamentos orientales; los bloqueos de caminos, usuales en el Altiplano, o la precursora Marcha por el Territorio y la Dignidad, impulsada en 1990 por la entonces Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), que cruzó el país del Beni hasta La Paz y que inspiraría marchas subsecuentes por otros colectivos, entre ellos los cocaleros cochabambinos. Frente a estas nuevas formas de acción, las autoridades respondieron a menudo con más represión, al menos hasta que la magnitud de los enfrentamientos las obligara a entablar un frágil diálogo.
De este modo, la tensión consustancial de la relación entre Estado y sociedad parece confirmar la
190 LASERNA, Roberto y VILLARROEL, Miguel: Enero de 1970 – enero de 2008. 38 años de conflictos sociales en
sentencia algo fatalista de René Zavaleta Mercado: “Bolivia, en efecto, es un conflicto y no se puede resolver sino en los términos de un conflicto y la catástrofe, de alguna manera, es la forma del carácter de la nación.”191 La reflexión del filósofo quizá nos sea más útil en un sentido menos metafísico, interpretando también el conflicto como la manera de hacer política por otras vías. En un país atravesado por asimetrías de varia índole, lastrado por la imperfección de los canales de expresión institucionales, bajo el influjo de cambios socioeconómicos más rápidos y profundos que en los siglos anteriores, la búsqueda de la resolución mencionada por Zavaleta Mercado –esto es, alcanzar un mayor equilibrio en la distribución del poder y de las riquezas– no podía sino pasar por disputas políticas no convencionales. Así, la expresión “ciclo rebelde” aplicada a las movilizaciones del período entre 2000 y 2005192 es cierta en una visión a corto plazo, aunque siendo más precisos podríamos considerar que se trata de la aceleración de un cadencia secular de conflictos.
Por último, aclaremos que la reflexión anterior no pretende reducir las relaciones entre Estado y sociedad o entre sus actores políticos a la única dimensión del enfrentamiento declarado entre dos entidades separadas. En los últimos años, esta perspectiva, propuesta por los estudios subalternos de Silvia Rivera193, Xavier Albó194 o el mismo Zavaleta Mercado, entre otros, ha sido en parte corregida por una nueva interpretación histórica defendida por historiadoras como Marta Irurozqui195 y Pilar Mendieta196. Esta nueva visión plantea que la participación política de las comunidades indígenas campesinas sólo adoptó la forma de revueltas violentas cuando los mecanismos de negociación habituales no lograron dar respuesta a cambios demasiado profundos. Como hemos afirmado en otro lugar:
“A nuestro modo ver, la perspectiva que ve a los pueblos indígenas bolivianos agazapados en la Historia, esperando el momento adecuado para subvertir la dominación blanca y occidental, parte de un presupuesto ideológicamente marcado e incluso ahistórico, al subestimar otras formas de relaciones de poder no violentas
191 MERCADO, René Zavaleta: “El desarrollo de la conciencia nacional”, incluido en Obra Completa I, La Paz, Plural,
2011 [1967], pág.208
192 Véase por ejemplo ESPASANDÍN LÓPEZ, Jesús e IGLESIAS TURRIÓN, Pablo (coords.): Bolivia en movimiento.
Acción colectiva y poder político, Barcelona, El Viejo Topo, 2007
193 RIVERA, Silvia: 'Oprimidos pero no vencidos'. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980, 4ªedición
(1ªed., 1984), La Paz, La Mirada Salvaje, 2010
194 Entre otros, véase ALBÓ, Xavier: “Larga memoria de lo étnico en Bolivia, con temporales oscilaciones”, en
CRABTREE, J. y otros, Tensiones irresueltas: Bolivia, pasado y presente, La Paz, Plural Editores, 2009, pp.19-40
195 IRUROZQUI, Marta: La armonía de las desigualdades: elites y conflictos de poder en Bolivia: 1880-1920, Cusco,
CSIC-CBC, 1994 y los aportes de la misma historiadora y de Rossana Barragán en la obra colectiva IRUROZQUI, Marta (ed.), La mirada esquiva: reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia,
Ecuador y Perú). Siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005.
196 MENDIETA PARADA, Pilar: Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena de
1899 en Bolivia, La Paz, ASDI-IFEA-Plural-IEB, 2010 y “Política y participación indígena en Bolivia: una reflexión
desde la Historia: siglos XIX-XXI”, en GREBE LÓPEZ, Horst (coord.), Continuidad y cambio en el orden político. Las
y los cambios estructurales de largo plazo que imposibilitan comparaciones apresuradas.”197
El movimiento cocalero y su brazo político personifican la concomitancia de ambas tendencias: una presión sobre el Estado de un tono entre amenazante y conflictivo, con posibilidades de insurrección esporádica, pero nunca renunciando a la negociación política y al respeto por la institucionalidad allí donde es necesario. Tanto en la historia boliviana como en la realidad contemporánea, los dos elementos no son extremos irreconciliables, sino dos caras de la misma moneda. En el siguiente apartado expondremos la evolución reciente de esa institucionalidad en el ámbito político-partidario y la respectiva posición del MAS.
2.1.2 – El sistema político y sus normas institucionales
Los factores que enumeramos en los párrafos precedentes –a saber, la ciudadanía restringida, la memoria de la represión estatal y el conflicto como modus operandi de las organizaciones sociales– constituyen parte del sustrato sociológico de mediano y largo plazo sobre el cual se estableció un sistema político que, a pesar de algunas alteraciones, se mantuvo vigente entre 1985 y 2005. Sus tres principales características consistieron en la fragmentación de la representación popular, la formación de amplias coaliciones de gobierno y la estabilidad de los ejecutivos. Estos tres rasgos, aparentemente incompatibles, fueron impulsados por el célebre artículo 90 de la Constitución de 1967, que regía la elección del Presidente y Vicepresidente de la República. El artículo 90 establecía que, en el caso de que ninguno de los candidatos obtuviese más de la mitad de los votos en la primera vuelta de las elecciones generales, una segunda vuelta tendría lugar en el Congreso recién elegido entre los tres candidatos más votados. En los comicios de 1985, Víctor Paz Estenssoro, segundo en las urnas, salió del Parlamento como Presidente. En 1989 fue el tercer candidato, Jaime Paz Zamora, el escogido por los diputados y senadores.
Esta disposición constitucional se convirtió en la auténtica piedra angular del sistema político boliviano en su conjunto, promoviendo a cada nueva elección la creación de una mayoría legislativa de apoyo al Presidente electo. Una regla de este tipo, como señala Josep Colomer, “fomenta la formación de una mayoría compuesta por varios partidos tanto para respaldar al Presidente como para legislar en el Congreso, favoreciendo la cooperación entre ambas instituciones, la gobernabilidad y un amplio apoyo social a las decisiones políticas”198, al menos en teoría. Concretamente, el artículo
197 GOMES, David: “Estado, nacionalismo y exclusión ciudadana: apuntes históricos desde el caso boliviano”,
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, XI, 2012, pág.214
198 COLOMER, Josep P.: “The Americas: General Overview” en COLOMER, Josep P. (éd.), Handbook of Electoral
90 impulsó lo que el sociólogo Fernando Mayorga bautizó como “presidencialismo parlamentarizado (…), fruto de un peculiar mestizaje de estructuras básicas del régimen presidencialista con mecanismos parlamentaristas.”199
Para Mayorga, que escribe en 2001 (antes de la debacle del sistema político-partidario), la naturaleza sui generis del presidencialismo boliviano en vigor de 1985 en adelante ofreció una solución a la mayoría de las críticas enunciadas contra este sistema de gobierno200. Así, tuvo el mérito de eliminar el riesgo de bloqueo entre el ejecutivo y el legislativo, habitual en el contexto de los presidencialismos americanos. La llave de este equilibrio residía en la cultura de pactos y de coaliciones que el artículo 90, la proporcionalidad y el multipartidismo moderado habían creado y fomentado en el funcionamiento de las instituciones políticas. La lógica centrípeta de tal sistema, afirma Mayorga, transformaba todos los partidos con representación parlamentaria en potenciales socios de coalición, pese a la existencia de distancias ideológicas o rivalidades históricas. En resumen, el modelo boliviano parecía demostrar que el multipartidismo y el presidencialismo podían coexistir sin amenazar la estabilidad democrática y la gobernabilidad, proporcionando un equilibrio en el clásico debate entre eficacia y representación201.
A pesar de sus innegables virtudes, la forma muy particular adoptada por el presidencialismo boliviano padecía de algunos inconvenientes que se fueron intensificando. En primer lugar, la voluntad popular acababa por escoger al Jefe de Estado y al gobierno solamente de forma indirecta. La conjunción de la fragmentación del voto y de las reglas de los comicios presidenciales y