Tal y como se ha puesto de manifiesto en los anteriores apartados, el interés por la pobreza energética se ha expandido desde Reino Unido al resto de la Unión Europea. Además de los estudios comparativos entre países y el intento por avanzar hacia una metodología unificada dentro de la Unión Europea, algunos de los Estados miembro han comenzado a realizar sus propios estudios o incluso a establecer sus propias definiciones de pobreza energética. Este es el caso de Irlanda y Francia, los únicos países de los 28 de la Unión Europea que cuentan, en el momento de redacción de este documento, con un reconocimiento oficial del problema y una definición.
En Irlanda, numerosos estudios han revelado las elevadas tasas de pobreza energética del país a lo largo de los últimos veinte años. En estos estudios, se apuntaba como causa principal del problema la baja eficiencia del parque inmobiliario del país y las bajas rentas de los hogares (Combat Poverty Agency, 2013; Hasse, 2011; Healy & Clinch, 2002b, 2004; Healy, 2002b). En el año 2008, una investigación llevada a cabo por el Economic and Social Reseach Institute estimó que el 19% de los hogares irlandeses se encontraban en situación de pobreza energética (Scott et al., 2008).
En el año 2011 el gobierno irlandés se comprometió a combatir la pobreza energética y desarrolló su estrategia Warmer Homes - A Strategy for Affordable Energy in Ireland (Department of Communications Energy and Natural Resources. Gobierno de Irlanda, 2011) con el objetivo de proteger a los consumidores más vulnerables frente a la subida de precios de la energía mediante ayudas económicas institucionales e inversiones en la eficiencia energética del parque inmobiliario. Para poder delimitar los hogares beneficiarios de este programa se estableció que:
“Un hogar es considerado pobre energético si no es capaz de obtener unos estándares aceptables de calefacción y servicios energéticos a un precio razonable.” (Department of Communications Energy and Natural Resources. Gobierno de Irlanda, 2011)
Bajo esta primera definición un hogar es pobre energético si el porcentaje de renta que debe destinar a cubrir sus necesidades energéticas superan el doble del porcentaje de gasto de la mediana nacional aunque actualmente el valor que se utiliza es el del 10% y
29
esta estimación se seguirá utilizando hasta que existan estudios más precisos de medición de la pobreza energética en el país.
En Francia, la pobreza energética fue reconocida en el año 2010 con la ley Grenelle II (Assemblée Nationale Française, 2010) a través de la cual se modificó la ley de 1990 sobre el derecho a la vivienda incorporando la obligación de la administración de luchar “contra la precariedad energética” además de una definición oficial sobre la misma:
“Se encuentra en situación de pobreza energética una persona que sufre en su hogar dificultades particulares para disponer del suministro de energía necesario para la satisfacción de sus necesidades elementales debido a recursos o condiciones de habitabilidad insuficientes.” (Assemblée Nationale Française, 2010)
En el año 2011 se crea en Francia el Observatorio Nacional de la Pobreza Energética, en el marco del cual se llevan a cabo estudios de análisis y seguimiento de los datos relacionados con la pobreza energética. Estudios previos al reconocimiento oficial del problema, ya mostraban como los hogares franceses más desfavorecidos destinaban un 15% de su renta a las facturas energéticas mientras que los más ricos, invertían tan solo el 6% (Callonec, Wellhoff y Cherel, 2008). Para el período 2010-2012, la mediana de gasto energético de las familias, representaba el 7,7% de sus ingresos, lo que deja en una situación de precariedad energética al 10% de los hogares.
Junto con el reconocimiento oficial de la pobreza energética se han desarrollado políticas de actuación sobre los precios de la energía. Desde 2005 existen en Francia las denominadas Tarifas de Primera Necesidad (TPN) y desde 2008 las Tarifas Sociales Solidarias (TSS) para hogares con rentas bajas y que suponen unos descuentos de entre el 40 y el 60% en las facturas.
Además de las medidas relacionadas con las tarifas energéticas, los estudios que se han llevado a cabo en el país muestran que la pobreza energética en Francia afecta especialmente a aquellos hogares situados en el parque de viviendas previo a 1975, año en el que apareció la primera normativa relativa al nivel de aislamiento de la edificación del país. Es por ello que la intervención en las viviendas para mejorar sus condiciones térmicas resulte fundamental y así lo ha entendido el gobierno francés. Es por ello que
para el período 2010-2017, la Anah (L'Agence Nationale de l'habitat) se ha comprometido a sacar de la pobreza energética a 300.000 hogares franceses mediante el programa de rehabilitación de viviendas Habiter Mieux (Agence nationale de L’habitat, 2011).
Además de esto, Rumanía está dando los primeros pasos para establecer una definición oficial de la pobreza energética a través del proyecto del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania (Househam y Musatescu, 2012).
En el resto de países de la Unión Europea, a pesar de la ausencia de definiciones oficiales sobre el problema de la pobreza energética, sí se han llevado a cabo numerosos estudios en los que se ha explorado el problema desde distintas perspectivas: mediante el cálculo del porcentaje de gasto de los hogares en energía, la capacidad de pago de las facturas energéticas, etc. Cabe destacar entre estos estudios los que muestran unos elevados índices de pobreza energética en los países postcomunistas del este de Europa en los que la desregularización del mercado energético, y la consecuente escalada de precios, ha provocado que muchos hogares se conviertan en pobres energéticos (Buzar, 2007). En este contexto, se ha definido un nuevo tipo de pobreza energética en viviendas sociales, con una baja eficiencia energética, que se encuentran conectadas a redes urbanas de calefacción de las que no pueden desconectarse o cambiar de proveedor energético y en las que la regulación de temperaturas, y por tanto de consumos, es inexistente. Así, en esta nueva forma de pobreza energética, los hogares pobres energéticos no pasan frío, pero no pueden hacer frente al coste de las facturas energéticas, lo que genera unos índices de deuda de las familias muy elevados (Tirado Herrero y Ürge-Vorsatz, 2012).
Cabe destacar que algunos países europeos, pese a no contar con una definición oficial de pobreza energética, han puesto en marcha algunos programas que de algún modo contemplan la existencia de hogares más vulnerables respecto a los precios de la energía, en parte como consecuencia de la aplicación de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE. De este modo, muchos hogares de renta baja pueden acogerse a tarifas especiales para los suministros de energía en el hogar. Así, en Bélgica los perceptores de ayudas sociales pueden beneficiarse de tarifas energéticas especiales como "clientes protegidos", en Italia existe el "bono eléctrico", en España el "bono social", en
31
Alemania existen tarifas sociales según los estados federados o en Suecia el sistema de protección social se hace cargo de las facturas impagadas (European Regulators Group for Electricity & Gas, 2009). Además de esto, pese a que los estados no reconozcan oficialmente la existencia de la pobreza energética, hay un creciente número de investigadores llevando a cabo estudios en sus propios países con el objetivo de evaluar las tasas de pobreza energética de los mismos y colocarla en el centro del debate. Este es el caso de algunos países del sur como los recientes estudios realizados en Italia (Miniaci, Scarpa y Valbonesi, 2014) o en Grecia, en la cual no existe tampoco un reconocimiento oficial de la pobreza energética. Sin embargo, sí hay estudios que relacionan la situación socioeconómica de los hogares con las condiciones de las viviendas y la capacidad de pagar por unos servicios energéticos adecuados (Santamouris et al., 2007, 2013)