Enhancing IVI. Specialized interventions to facilitate use of self-help groups
SPECIFIC SCREENING MEASURES
en la ciudad de Comodoro Rivadavia provincia
de Chubut, ataque con armas de fuego contra
el domicilio de un dirigente de la UOCRA
y contra una sede, detención temporal de
dirigentes y trabajadores que participaban
en una manifestación, secuestro temporal
de un dirigente de la UOCRA, etc.
134.
El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2010 y en esa ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 358.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 309.ª reunión (noviembre de 2010), párrafos 172 a 219].135.
El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 21 de febrero de 2011.136.
Argentina ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).A.
Examen anterior del caso
137.
En su reunión de noviembre de 2010, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase 358.º informe, párrafo 219]:a) el Comité observa con preocupación la gravedad de los alegatos presentados en este caso (represión violenta de manifestantes, detención temporal de dirigentes sindicales y manifestantes, ataques con armas de fuego contra el domicilio de un dirigente sindical y contra una sede de la UOCRA, secuestro temporal con fines intimidatorios de un dirigente sindical e injerencia de las autoridades provinciales en la constitución de una organización, etc.), lamenta profundamente el clima de violencia que se desprende de los alegatos y urge al Gobierno a que de inmediato tome las medidas necesarias para que se realicen investigaciones sobre todos los hechos alegados y que envíe sus observaciones y las de las autoridades de la provincia de Chubut al respecto;
b) el Comité espera firmemente que la UOCRA pueda de inmediato disponer de su sede
sindical en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. Asimismo, el Comité urge al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se realice una investigación detallada sobre la alegada destrucción y apropiación de bienes y valores de la UOCRA durante la toma de la sede y pide que le informe al respecto. El Comité queda a la espera de la respuesta de las autoridades de la provincia de Chubut en relación con estos alegatos;
c) el Comité pide al Gobierno que envíe sus comentarios en relación con la posible
realización de una misión de contactos directos que debería centrar sus esfuerzos de cooperación en la situación de la libertad sindical en la provincia de Chubut, y
d) el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter
extremadamente grave y urgente de este caso.
B.
Respuesta del Gobierno
138.
En su comunicación de 21 de febrero de 2011, el Gobierno manifiesta que como primera cuestión debe indicar que la organización política de la República Argentina es de naturaleza federal. En consecuencia la nación detenta la representación exterior de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Señala el Gobierno que por ello, su respuesta está circunscripta a lo manifestado por la provincia de Chubut. Añade el Gobierno que la situación ventilada en las presentes actuaciones — que ha sido calificada de grave por la OIT — no se repite en ninguna otra jurisdicción del país.139.
Informa el Gobierno que la provincia sostiene que las cuestiones ventiladas en la queja de la UOCRA se refiere no sólo a supuestas prácticas antisindicales sino que también hace especial énfasis en la posible existencia de una campaña de persecución contra uno de sus dirigentes, en concreto contra el secretario general de la seccional Puerto Madryn de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina — UOCRA — Sr. Mateos Suárez. Expresa el gobierno de la provincia que la UOCRA a fin de justificar sus dichos relata lo sucedido el 11 de noviembre de 2009 en ocasión de que la entidad sindical decide cortar el acceso de la única vía de ingreso a la villa turística de Puerto Pirámide en el marco de una huelga de solidaridad motivada por el conflicto creado por el despido de 34 trabajadores de la empresa Dragados y Obras Portuarias S.A. (DYCASA). Ello así, conforme surge de los trascendidos y publicaciones periodísticas de aquel momento, la entidad sindical ante el despido de 34 trabajadores que se desempeñaban para la firma DYCASA resuelve realizar una huelga por «solidaridad» y llamativamente se manifestó que la harían en el ingreso a la villa turística mencionada.140.
Continúa manifestando el gobierno provincial que días antes, la Cámara de Turismo y Pobladores de la villa balnearia le manifestaron su preocupación al Gobernador, atento que dicha comunidad es exclusivamente turística y el corte se realizaría sobre el único acceso a ella, perjudicando no sólo a los comerciantes en su actividad sino también a quienes viven allí. El Gobernador solicitó que tal medida de fuerza no se lleve adelante, y de ser así dice, que se verá en la necesidad de intervenir a los fines de desalojar la ruta. Asimismo, recuerda a los dirigentes que el corte de la ruta constituye un delito penal. Expresa la autoridad provincial que ocurridos los hechos, se envían efectivos policiales a los fines de prevenir posibles situaciones violentas, con la única instrucción de resguardar la paz, el orden social y garantizar el libre tránsito de aquellos que quisieran ingresar a la villa de Puerto Pirámide.141.
La autoridad provincial sostiene que ante la presencia policial los manifestantes reaccionaron negativamente y los disturbios se sucedieron y por tanto se hizo necesaria la intervención de los efectivos a los fines de contener el accionar de los manifestantes y que posteriormente, el Sr. Mateos Suárez expresó que injustamente el poder político provincial instruyó a la policía provincial a dispersar a los manifestantes desconociendo el derecho de los trabajadores. Manifiesta que resulta necesario resaltar que el accionar policial meramente se limitó a intentar reducir las acciones violentas, lejos de ser, como mencionó el dirigente Sr. Mateos Suárez en reiteradas declaraciones a la prensa «objeto de la más cruda y desmesurada represión policial…». Los acontecimientos arrojaron como saldo la detención del mencionado dirigente, imputándole los delitos de desobediencia (artículo 239 del Código Penal), corte de ruta (artículo 194 del Código Penal) e instigación al delito (artículo 209 del Código Penal).142.
En cuanto a las medidas de acción directa, argumenta el gobierno provincial que la realizada por la UOCRA se encuadra en el marco de una huelga «por solidaridad», la cual no es lícita por sí, exigiéndose un juicio cuidadoso y razonable de la expresión solidaridad que debe estar vinculada a la índole de la huelga. Asimismo, la autoridad provincial narra que la medida de fuerza se daba contemporáneamente a una serie de denuncias contra el Sr. Mateos Suárez, que incluyen diversos delitos — golpizas, pagos irregulares y sustracción de dinero de los trabajadores o pedidos de aportes económicos a cambio de consentir la flexibilización de las condiciones de trabajo debajo de los mínimos y que a partir de allí, la situación se tomó más violenta aún. Según el gobierno provincial todo ello se agravó por las denuncias de los empresarios involucrados, que lentamente decidieron presentarse a declarar ante la justicia, con grupos de disidentes, reclamando la renuncia del dirigente sindical por no considerarse representados por él.143.
La autoridad provincial relaciona estos hechos con el enfrentamiento producido en el mes de noviembre de 2009 en la sede de la obra social del gremio en Puerto Madryn, entre un grupo de trabajadores desocupados y dirigentes de la UOCRA. En dicha oportunidad la policía debió intervenir a fines de custodiar las instalaciones de la obra social y así evitar que fuera tomada por el grupo opositor. Afirma además, que los trabajadores le manifestaban que los discriminan por no pensar como la dirigencia y evitan que puedan trabajar por eso exigen la renuncia de la conducción. Según el gobierno provincial, esta situación provocó la reacción de la población en general, comerciantes y vecinos de la zona, quienes repudiaron lo sucedido dando lugar a que la autoridad judicial pida el desafuero del Sr. Mateos Suárez, quien ahora está imputado de lesiones graves contra dos personas. En este contexto, la preocupación del gobierno provincial crece, ya que en los desmanes que se suceden se ve comprometida la integridad de la población, que se ve obligada a buscar refugio cada vez que estos grupos se encuentran (finalmente expresa que no se puede dejar de mencionar que en uno de estos incidentes se vio involucrado un jardín de infantes de la ciudad de Puerto Madryn). Añade que dadas las circunstancias y el nivel de violencia alcanzado, resultó imperiosa la intervención de la policía, no para cercenar los derechos constitucionales de expresarse libremente sino para contener los incidentes y restablecer el orden en la comunidad.144.
El gobierno provincial se ha manifestado en reiteradas ocasiones en repudio de estos hechos, declarando que su única prioridad es garantizar la seguridad pública y la paz social, por tanto ha exhortado a que los problemas sindicales sean resueltos de una forma pacífica por los canales que correspondan. Afirma que pese a ello estas situaciones no cesan. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 2009, 17 trabajadores denuncian que van a ser despedidos de la firma JS Construcciones por presiones del Sr. Mateos Suárez, ya que pertenecen a una agrupación llamada «Obreros Unidos del Chubut» (grupo interno opositor a la actual conducción de la UOCRA), en venganza por la manifestación realizada y en la cual hubo enfrentamientos, incluso disparos. Añade que el 5 de octubre de 2010 se apersonaron trabajadores de la construcción para pronunciarse en contra del mandatario provincial. La virulencia de los manifestantes se exteriorizó cuando el Gobernador dejó el edificio vecinal y se subió al vehículo oficial que fue rodeado por este grupo de personas que impedía su salida. Ante la imposibilidad de poder avanzar, el mandatario descendió del rodado y comenzó a caminar recibiendo insultos provenientes del grupo, al mismo tiempo que se arrojaban piedras y botellas, algunas de las cuales impactaron en la luneta trasera del automóvil oficial, generando un estallido, así como también lastimaron a un diputado provincial. El Gobernador radicó la pertinente denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra la UOCRA.145.
Por último, el gobierno provincial indica que en razón de lo mencionado, se desprende claramente que no ha realizado maniobras de persecución contra el Sr. Mateos Suárez, sino que éste ha sido imputado por la justicia por diversos delitos comunes que se encuentran eninvestigación, razón por la cual se ha solicitado su desafuero instalando este tema en la sociedad.