Specifications

Fuente: Alcaldía de Cali (2017).

En total la Política consideró 40 estrategias y 231 acciones, de las cuales sólo se implementaron 80, lo que evidencia el bajo grado de implementación de la Política. En el Eje cinco se consideraron 4 estrategias y 26 acciones, implementándose 16. Además, las líneas ejecutadas se han llevado a cabo “con debilidades en la continuidad, articulación que potenciara el impacto de las mismas y bajo presupuesto destinado” (Alcaldía de Cali, 2017, pág. 64). Ese bajo presupuesto, como se sabe, limita la implementación de la Política: según la Mesa de Equidad y Género, coordinada por el Concejo y la Alcaldía, concluyeron que, al menos en el 2013, “en las comisarías de familia faltan insumos y logística, los hogares de paso tiene recursos apenas para tres meses y el sector salud no cuenta con protocolos para atender a la mujer violentada” (El Tiempo, 2013). Se cuestiona la situación del Hogar de Acogida para Mujeres Víctimas que comenzó a partir de 2011 pero para el momento no cumplía su función. Tanto el proyecto: Fortalecimiento al Hogar como el proyecto: Apoyo al Proceso de Prevención para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de las Violencia carecieron de una amplia cobertura: el primero atendió, en parte de 2014, sólo a 100 mujeres y el segundo a 250, según la evaluación de la implementación del Eje cinco: Vida digna libre de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia realizada por Bravo (2015).

Para hacer frente a esta situación, Noralba García (El Tiempo, Sep. de 2013) consideró que el gobierno municipal debió abordar la Política desde la Dirección de Hacienda. Al

71 respecto, la entonces asesora de Equidad de Género, Julie del Pilar Reina, consideraba importante la ejecución de un proyecto sobre presupuesto sensible al género porque las vicisitudes en la prevención y sanción de la VCM responden a la carencia de insumos y personal en comisarías de familia. Agrega que se debe poner en práctica la Ley 1257 de 2008 porque es una “una herramienta fundamental para articular los presupuestos que se requieren” (El Tiempo, Sep. de 2013). Además de los problemas presupuestales, en el Hogar la intervención a las mujeres usuarias era, según Bravo (2015, pág. 137) de tipo familista y asistencialista lo que impide la restitución de derechos “al seguir velando por la preservación y cuidado de la familia, antes que el establecimiento de los derechos de las mujeres como sujetos políticos”.

3.1.1. El papel de las organizaciones de mujeres y ONG en la implementación de la Política Pública para Mujeres de Cali 2010

En correspondencia con el lineamiento dos de la Política: Corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos, los procesos de formación para la incidencia promovieron y afianzaron la participación e interlocución de las organizaciones de mujeres entre sí y con la institucionalidad municipal, como se vio en la etapa de formulación. No obstante, en la implementación de la Política, la dinámica varía: aquí el papel de las organizaciones es limitado. A partir de 2011, la Escuela de formación en género para la incidencia política de las mujeres se articula como herramienta de la Mesa Municipal de Mujeres con el fin de apuntalar el liderazgo social de las mujeres en el municipio. Esta Mesa se conformó por iniciativa del Comité Técnico de Organizaciones de Mujeres para la política que en 2008 consideró importante formar una mesa municipal para la interlocución entre las organizaciones de mujeres y el gobierno municipal. En efecto, la Mesa se creó mediante el Decreto 0607 de 2008 siendo integrada en sus inicios por algunas organizaciones que a su vez integraron el Comité Técnico y que abarcaban catorce sectores de la sociedad, como la academia, madres comunitarias, mujeres en situación de desplazamiento. Con el Acuerdo 0292 de 2010 que, a su vez, aprobó la Política, la Mesa se convierte en un espacio destacado para el diálogo entre el gobierno y las organizaciones de la ciudad, aunque se limita a ser un “cuerpo consultivo y veedor en la implementación y ejecución de la política pública” (Acuerdo 0292, 2010). A partir de entonces su función es ser veedora de la Política y permitir la interlocución continua con la Administración.

Sin embargo, a pesar de que en los primeros años de la Política la Mesa fue un espacio fundamental para potenciar la implementación e interlocución con el gobierno,

72 posteriormente se afectaron los procesos participativos en torno a la Política40 en la medida que dicho espacio de interlocución no representaría al conjunto de las organizaciones de mujeres. Al respecto, algunas edilesas e integrantes de las organizaciones del movimiento afirman que la Mesa (Alcaldía de Cali, 2017) es un espacio hostil donde las relaciones entre las mujeres son verticales, donde algunas han sido rechazadas e invisibilizadas, además de que este espacio no representa los intereses de las mujeres de la ciudad. Esto ha generado que se haya perdido credibilidad entre ellas y los(as) funcionarios(as), aspectos que debilitarían el espacio de interlocución.

Además, la Mesa (que está integrada por organizaciones heterogéneas ideológicamente) respondería más a intereses particulares de algunas organizaciones que quieren financiamiento para realizar proyectos o talleres, lo que afecta su finalidad política y social. Estas organizaciones no pretenderían una transformación de las relaciones de género, sino el ingreso del presupuesto de la Política. Según EFA (fragmento de entrevista, 2018):

Después del periodo de la AECID, ya no queda ninguna organización [del movimiento], sobre todo en la Mesa: las últimas organizaciones cercanas al movimiento de mujeres que se retiraron de la Mesa son MAVI y el Centro [CEGMS], porque Gabriela [Castellanos]hasta el último momento insistió, pero la Mesa estaba cooptada por fuerzas politiqueras. Las organizaciones que quedan no son construidas desde un pensamiento político feminista. Lo que buscan es qué proyectos les dan. Hacen un seguimiento a proyectos, de si les dieron refrigerio o cosas que no tienen que ver con el fundamento de la intervención.

EFA (fragmento de entrevista, 2018) agrega que las organizaciones del movimiento abandonaron la Mesa por ética y por sus objetivos, los cuales responden a intereses estratégicos y no se reducen, por tanto, a necesidades prácticas. Como señala Young (1997, pág. 115), en el marco de la heterogeneidad de las organizaciones, algunas de éstas “no están interesadas en el cambio, sino en preservar el statu quo; muchas son altamente jerárquicas, y les interesa mantener los privilegios del estatus y el acceso diferencial a los recursos”. Este panorama permite pensar que la Mesa, en lugar de jalonar la implementación, pasa a ser sólo una instancia consultiva que además “bloquea el accionar de las Mesas Territoriales y no les permite el relacionamiento con la institucionalidad” (Alcaldía de Cali, 2017, págs. 76-77).

No obstante, a pesar de sus conflictos internos, la Mesa debe ser reconocida también por sus aportes y lo que significó para las organizaciones de mujeres frente a la Alcaldía y el

40 _{La formación se basa a partir de allí en la figura de réplica, donde las mujeres de las Mesas Territoriales}

llevan los conocimientos adquiridos a sus territorios. La cobertura de la Escuela, por tanto, se reduce de 500 a 150 mujeres. A pesar de que la “descentralización” de la formación facilitaría el proceso, en los territorios la Política es desconocida (Alcaldía de Cali, 2017).

73 Concejo. Acorde con esta idea, Yajaira Gaviria (Vásquez, 2014, pág. 119), quien formó parte de la Escuela de formación, asevera que la Mesa:

es de los pocos espacios cívicos o civiles que pone a funcionar la Alcaldía, que hace verdadera incidencia política. Nosotras hemos logrado que la Mesa sea tenida en cuenta como un espacio consultivo de la ciudadanía; nos falta mucho porque no es que nos llamen para todo, pero (…) tenemos asiento en el Concejo de política social y hacemos parte del Comité de seguimiento de la ley 1257 y hemos hecho parte de los proyectos de violencia contra la mujer (Sic.).

Además del conflicto de las organizaciones de mujeres alrededor de la Mesa, se suma el choque de intereses entre ONG y funcionarias de la Alcaldía. Según EONG (fragmento de entrevista, 2018), una entonces funcionaria41 importante de la Subsecretaría, al finalizar el periodo de Rodrigo Guerrero, quería incidir en la elección de la ONG que operara el Hogar de Acogida, debido a sus diferencias ideológicas con Alba Stella, directora de la Fundación Paz y Bien. Después de tanta dilación por parte de la Alcaldía, agrega la entrevistada, esta fundación continuó operando el Hogar de Acogida.

A esta dinámica se le agrega que las organizaciones de mujeres y ONG no han tenido un papel determinante en la veeduría de la implementación de la Política. Como afirma EFA (fragmento de entrevista, 2018), el acompañamiento de la ciudadanía, la presión social y el control político que ejerzan sobre toda la Administración (y no sólo a las instancias de los temas de las mujeres) dan como resultado el apoyo, por un lado, al aumento del presupuesto, por ejemplo. Por otro lado, la presión social facilita la labor de funcionarias aliadas del movimiento de mujeres en la implementación de la Política, porque la participación es, según ella, “en dos vías: internamente [en el Estado] nosotras le hacemos, pero ¿qué pasa con la ciudadanía?”. La importancia de este control político está en que el seguimiento y medición determina hasta cierto punto la eficacia y calidad de los programas (AECID, 2010). Igualmente, EFA (fragmento de entrevista, 2018) señala que las organizaciones y ONG han tenido confusiones sobre su papel en la implementación de la Política:

unas organizaciones de mujeres, no necesariamente vinculadas al movimiento de mujeres (porque ahí hay unas diferenciaciones), creen que el lugar que ellas tienen es otro. Yo he hablado con algunas de ellas: “en el diseño el movimiento tenía un lugar en las organizaciones que era muy protagónico, pero en la implementación quien debe implementar es la Administración, no las organizaciones”.

74 Como en los espacios y estrategias de diálogo se producen dinámicas contrarias a una participación autónoma y a una representación amplia del movimiento social de mujeres, la academia y ONG; se afecta el liderazgo de la sociedad civil frente a la Política, haciendo que estas organizaciones no se apropien de los resultados y que por ende puedan darles continuidad en el tiempo, independientemente del apoyo de la Alcaldía y de la vigencia de la Política. Es por esto que, a pesar de que se ha aumentado la participación de las mujeres en las Mesas Territoriales de Mujeres, se haya promovido el diálogo inter-organizacional y también con la Administración Municipal, esa participación es poco cualificada con respecto a temas de enfoques de género y diferenciales, lo que les impide que sus intereses y necesidades se acojan a las agendas políticas de las mujeres de la ciudad. Así, todos los actores de interés, como señala la evaluación de la Política (Alcaldía de Cali, 2017, pág. 94) coinciden que el empoderamiento político de las mujeres, a través de la participación de espacios de decisión en sus territorios, es limitado porque dicha participación no es efectiva, tampoco determinante frente al posicionamiento de sus agendas en estos espacios y al presupuesto. Además, hay un desconocimiento de los proyectos y programas llevados a cabo, lo que implica que se limite el conocimiento que tienen las mujeres de los resultados de la implementación de la Política.

Por su parte, Bravo (2015, pág. 72) asevera que “la participación de las mujeres en la construcción de los proyectos que operan la política pública es escasa”, esto explica que las mujeres participantes del Comité de planificación en comunas y corregimientos desconozcan los alcances de la Política, que sus acciones no corresponden a los problemas sociales y competencias de las mujeres, desconocen cómo se diseñan los proyectos lo que les impide participar en ellos eficazmente. Su participación se reduciría a espacios informativos. Se considera, por tanto, que en estas circunstancias la implementación de la PPMC se transforma así en un proceso complejo donde confluyen las condiciones para su implementación y contracciones técnicas, sociales y políticas que dan como resultado su continuo reajuste (Londoño, 1999).

En cuanto al papel de los operadores de los proyectos, la ejecución de los recursos lo realizan en su gran mayoría operadores privados, en cambio, el sector público por medio de universidades ha ejecutado sólo 0,7%. Los operadores cuentan con soporte financiero, pero tienen limitaciones técnicas y de idoneidad en la operación de los proyectos. A esto se suma que la relación entre las mujeres y los operadores privados es vertical: “Los que ejecutan los proyectos no cuentan con la opinión de las mujeres ni la evolución de sus procesos. Nos dicen hasta cómo tenemos que pensar. Creen que las mujeres solo servimos para peluqueras o para hacer sandalias (…)” (mujer afrodescendiente citada por la Alcaldía de Cali, 2017, pág. 74). Curiosamente, a las fundaciones o empresas operadoras no se les exige la aptitud acerca de la metodología y nociones de género, sino cobertura y brazo financiero en la

75 implementación, limitando la participación de organizaciones conocedoras del tema.Por su parte, algunas mujeres “expresan mucha tensión frente a la posibilidad de que ellas sean quienes operen los proyectos y/o quiénes son contratadas por los operadores para dictar los talleres o hacer parte del equipo del proyecto” (Alcaldía de Cali, 2017, pág. 79), lo que tal vez reflejaría vacíos en la formación y empoderamiento de algunas mujeres.

3.1.2. Escenarios de institucionalización de la Política: el papel de la Administración municipal en la implementación de la Política Pública para Mujeres de Cali 2010

Frente a los proyectos por dependencias de la Alcaldía 2010-2015 (Alcaldía de Cali, 2017) se presentaron 143 proyectos relacionados con la Política Pública para Mujeres de los cuales se ejecutaron 119 (83%) por un valor de $15.109.630.210. Hubo un incremento considerable entre 2012-2013 por los recursos de la AECID, pero entre 2014-2015 el aumento es sólo con recursos propios de la Alcaldía, lo que podría reflejar, de alguna manera, la voluntad política de la Administración frente a la Política y/o la importancia de la AECID. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, desde el Eje Mujer, fue la única dependencia con una inversión que se mantiene en el tiempo en la implementación de la Política desde 2010 con 60 proyectos. Además, aumentó sus recursos: en 2010 contó con $309.037.151 y en 2015 con $6.051.374.670. Esta Secretaría fue neurálgica para la implementación de la Política, en tanto que tuvo una inversión de $10.844.243.142 en el periodo 2010-2015 dirigidos principalmente a tres ejes de la Política. Del total de recursos invertidos 62% fueron de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, 26% de la AECID y de otras dependencias, y el 12% del Situado Fiscal42.

En la Secretaría General se evidenció un incremento sostenido de los recursos, los cuales corresponden a la financiación de la AECID (entre 2012-2013) que fueron asignados a esta dependencia por dos motivos: en ella se encontraba la Asesoría de Equidad de Género y por tanto la Secretaría articularía las acciones de todas demás secretarías en procura de la transversalización. Su inversión en 2011 fue de $122.615.620, en 2012 de $948.826.305, y entre 2013-2014 fue alrededor de $700.000.000. En cuanto a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad se ejecutaron 4 proyectos por un valor de $616.742.935, dirigidos a acciones de educación, información y comunicación para la no VCM a partir de 2014. En la Secretaría de Salud Pública Municipal se ejecutaron $384.859.199 en 13 proyectos que no responden propiamente a la Política, sino a programas de orden nacional sobre salud reproductiva, lactancia y prevención de embarazo. En la Secretaría de Desarrollo

42 _{Es el presupuesto de cada comuna y corregimiento para la ejecución de proyectos “ejecutados por la}

dependencia competente de acuerdo a las necesidades presentadas por la comunidad ante el Comité de planificación, para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Territorial” (Alcaldía de Cali, 2018).

76 Administrativo se invirtieron $83.322.683 dirigidos a capacitar funcionarios(as) nombrados(as).

Ahora bien, para apoyar la implementación de la PPMC se constituyó, mediante el Acuerdo 0292 de 2010, la Asesoría de Equidad de Género43. Su fin era coordinar y llevar a cabo el seguimiento a la implementación de la Política según la información generada por cada dependencia desde ese año hasta 2016, reportando al Concejo de Cali los avances en las rendiciones de cuentas públicas. En ese acuerdo se estableció que se escoge a un asesor para que coordine la Política. Acerca de esto, el movimiento apeló a una asesoría y no a una secretaría (la cual tiene mayor jerarquía en la Alcaldía y mayor capacidad en la toma de decisiones), porque en ese entonces no había una reforma administrativa, lo que impedía su creación. Según Norma Lucía Bermúdez (Vásquez, 2014, pág. 114), a pesar de que el movimiento dejó claro el perfil que debía tener de la asesora (el cual consistía en poseer conocimiento sobre género y tener trayectoria), su nombramiento por parte de la Administración respondió a intereses políticos entre “las mismas mujeres politiqueras”. Por su parte, EONG (fragmento de entrevista, 2018) asegura que la Política para el gobierno de Rodrigo Guerrero se volvió una cuestión burocrática, donde las personas designadas “no tenían ningún acercamiento con las mujeres (…), habiendo una ruptura”.

La primera asesora a partir de 2010 fue Nigeria Rentería, quien era secretaria de gobierno, pero asumió en calidad de encargo; le siguió Julie del Pilar Reina Díaz durante dos años; por un corto periodo desde 2013 la asesora fue Alexandra Hernández; luego en 2014-2015 fue Liza Nathalia Rodríguez Galvis, y por último quien asumió el cargo en 2016 fue Ana Carolina Quijano, la actual subsecretaria de Equidad de Género. A partir del Decreto 0514 de agosto de 2014 algunas de las funciones de la Asesoría fueron, además de las ya mencionadas, que la Política se articule con los planes de desarrollo; promover el diálogo con las organizaciones de mujeres; coordinar los estudios técnicos, jurídicos y financieros para que se creara la Secretaría de Equidad de Género en el marco de una futura reforma administrativa; coordinar la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra la Mujer (MIEVCM). Esta última la preside el Alcalde y/o la Secretaría General y deben participar los secretarios y/o delegados de Educación, Salud, Desarrollo Territorial, y Planeación, además de siete representantes de las organizaciones de mujeres. Sus fines han sido los de deliberar, construir, seguir y verificar la implementación de la Política (El Tiempo, 2012).

43 _{El mecanismo institucional previo a la Asesoría de Equidad de Género fue el Eje Mujer de la Secretaría de}

Desarrollo Territorial y Bienestar Social, pero éste, según EFA (fragmento de entrevista, 2018), no fue integrado en la estructura de acción de la Secretaría. Se redujo a la prevención, atención de la VCM en el Hogar de Acogida para mujeres Victimas ejecutado por la ONG Paz y Bien y la Alcaldía; y un equipo de formación para el empoderamiento político y económico, prosiguiendo la estrategia de la Escuela de formación.

77 La Asesoría, compuesta sólo por cuatro funcionarias (entre ellas Consuelo Malatesta, Katherine Eslava y la asesora Liza N. Rodríguez), en 2014 procuró, por un lado, retomar la transversalización de la Política (cuestión soslayada desde el fin del Proyecto con la AECID) con el propósito de implementarla desde el presupuesto propio de la Alcaldía. Por otro lado, también se buscó el compromiso de funcionarios(as) con la idea de que la Política no es sólo deber de las dependencias que traten los temas de la misma, sino de la Administración completa. Esto se realizó con asesoría, capacitación y acompañamiento a las distintas secretarías, movilizando la MIEVCM. En ese año, al cumplirse los indicadores de la Política (que se redujo sólo al Eje Cinco que corresponde al eje de seguridad del Plan de Desarrollo, como se explicará en el siguiente apartado) establecidos en el Plan de