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“La ciudadanía es un frágil y a la vez un noble mito. Una parte de nuestra herencia clásica. Vivimos, como ciudadanos en democracia, una forma de vida que es, al mismo tiempo, una idea heredada, una parte de nuestra tradición lingüística y literaria, un pedazo cuya verdad, sus orígenes- o hemos perdido- y olvidado- o se nos ha roto. Como seres históricos, los humanos vivimos en tradición, pendientes de ella”.

(BÁRCENA,1997)

Ciudadanía

Ciudadanía, ciudadano, proviene del latín de civitas: ciudad, palabra que tiene el mismo origen etimológico que civilización, que hace relación con las condiciones y las formas de vida propia de las ciudades. Ciudadanía es un término que, en consonancia con la ampliación de los derechos implícitos y explícitos de los ciudadanos y en respuesta al contexto, a las necesidades y a los condicionamientos sociales, políticos y económicos del momento histórico, ha sido muy recreado en su significación; tanto este concepto como el de democracia son conceptos múltiples, dinámicos, intersubjetivos y socio-históricamente contextualizados, y por eso es posible que sean interpretados de diferentes formas (Bárcena, 1997, p. 76); de allí que presente variadas y significativas definiciones,

contradicciones y múltiples acepciones. De esta manera, es común encontrar tres las categorías históricas sobre la ciudadanía; la primera, la ciudadanía civil, esta fue un reconocimiento de los derechos civiles —libertad, libertad de pensar y hablar, de contratar, derecho a la propiedad, a la justicia (ciudadanía donde el Estado reconoce al sujeto como perteneciente a una comunidad); la ciudadanía política incorpora la participación en la vida política —poder de elegir y ser elegido—, una ciudadanía que permite construir opinión, expresión, movilización y organización; y la tercera categoría fue la ciudadanía social, aquí se hace el reconocimiento —a cada sujeto—, a tener desde un derecho mínimo de bienestar económico y de seguridad, hasta el compartir una herencia social. (Oraison, 2005).

En el marco de las ciencias sociales se trata de un concepto que aún no ha sido suficientemente definido, ni tampoco existe una coincidencia completa entre los diferentes actores involucrados tanto en su discusión como en su desarrollo. Precisamente en las últimas décadas ha logrado un importante espacio en las diferentes áreas del conocimiento y, en especial, desde los discursos políticos, donde se comenzó a formar la figura de un ciudadano formal, definido como miembro de un Estado-nación y de un ciudadano sustantivo poseedor de derechos civiles, políticos y sociales, donde la noción de ciudadanía se articula con el modelo de la Democracia.

En la conceptualización sobre ciudadanía se han concebido diferentes perspectivas teóricas con acentos, matices y énfasis. No obstante, cualquier postura sobre la

ciudadanía implica poner de manifiesto los modos de entender el ser, el estar y el actuar del sujeto y de una comunidad, pues la condición de ciudadanía no es heredada sino que es una construcción que hace parte de los modos de vida, de los aprendizajes, de la cultura, del contexto y del momento histórico, en consecuencia, no es una condición heredada. De ahí su carácter cambiante y dinámico, en palabras de Aguilar “La ciudadanía como un proceso y por lo tanto como una dinámica social, en sentido histórico, de cambio y movimiento. Es un proceso que tiene el objetivo de la construcción de una condición: la de ciudadano (…) sujeto que tiene derechos y deberes políticos y, en consecuencia, responsabilidad sobre la gobernabilidad” (Aguilar, 2003, p. 17).

En las perspectivas teóricas sobre ciudadanía se destacan dos grandes líneas de pensamiento: la tradición liberal y los enfoques socio-históricos (donde se ubica la tradición republicana). La tradición liberal tiene sus raíces en la antigua filosofía griega que separaba lo público de lo privado; en ella, la ciudadanía implicaba el acceso a los derechos políticos y civiles que han buscado su igualdad frente al Estado. El valor político de la ciudadanía está ligado a la esfera pública y por ende limitado espacialmente; alcanzarla significa ganar acceso al sistema político mediante procedimientos como el voto. Esta dimensión ha pasado por diferentes etapas siguiendo un proceso acumulativo asociado a las resoluciones y declaraciones universales sobre los derechos humanos. En esta tradición, la ciudadanía se entiende desde un contexto de deberes y de derechos (jurídica) y al Estado como asegurador y protector, sin coartar las libertades individuales que les

permitan ejercerlos; este papel problematiza las nociones de igualdad, equidad y derechos diferenciados.

En la tradición histórica uno de los referentes más importantes de la segunda mitad del siglo XX es el clásico trabajo de T. Marshall (1965) con su obra “Ciudadanía y clase social”, en la que plantea la ciudadanía como plena pertenencia a una comunidad, pertenencia desde la participación activa de las personas en la definición de las condiciones de sus propios derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades, lo que sugiere a su vez la participación de los sujetos en los destinos de la colectividad. Para este autor, cada hombre tiene derechos y obligaciones semejantes en cuanto a lo legal, lo político y lo social. La teoría de Marshall, conocida como derechos ciudadanos, constituyó una teoría del Estado de bienestar y de promoción social.

En el marco de la tradición republicana, con gran sensibilidad hacia el pluralismo cultural, el ciudadano es un sujeto con posibilidad y responsabilidad de participar en la determinación de los destinos de su comunidad; un sujeto creativo y no solo un recipiente de derechos y de bienes distribuidos. En esta tradición, la ciudadanía es la capacidad de cada persona para formar, revisar y perseguir racionalmente su definición del bien, dentro de ciertos límites impuestos por la exigencia del respeto a los derechos de los otros; el ciudadano se concibe como alguien que participa activamente en la configuración de la dirección futura de la sociedad desde el debate y la construcción de decisiones públicas; su participación es activa en la vida política y en la promoción del bien común. Por ello, los derechos no son

concebidos como algo natural y previo a la comunidad y a las metas, sino como el modo colectivo de asegurar al sujeto las condiciones de elegir sus propias metas, libres de intervenciones arbitrarias; su responsabilidad tiene que ver con la formación autónoma del bien y su consecuente ejercicio. La visión republicana enfatiza el valor de la participación política y atribuye un papel central a la inserción del sujeto en una comunidad política.

Desde esta perspectiva, la ciudadanía se vivencia no solo en su carácter formal y sustantivo, sino también en su carácter activo, es decir en la participación real y efectiva y, en consecuencia, en la acción política desde tres dimensiones: la pertenencia a una comunidad política con una fuerte idea de un nosotros vinculante de los intereses particulares y dadora de sentido a los proyectos individuales; la expansión y garantía de igualdad de oportunidades para acceder a bienes sociales y económicos para una vida digna; y la posibilidad de contribuir a la vida pública de la comunidad desde procesos de participación, en consonancia con el pensamiento crítico de Freire (2001) y en respuesta a los nuevos retos colectivos que obligan a pensar y profundizar en el concepto de la ciudadanía en un escenario de complejidades e incertidumbres, donde el ciudadano no puede seguir siendo considerado un objeto pasivo de las políticas sociales, sino un sujeto activo poseedor de múltiples ideas y recursos para aportar a la transformación social (Ghiso, 2010).

En el marco de la investigación se define la ciudadanía desde su doble acepción: una referida al status o condición jurídica: ciudadanía formal o instrumental,

característica de los sujetos que forman parte de un Estado, expresada en el reconocimiento de un conjunto de derechos y responsabilidades jurídicas, sociales y culturales. La otra, ciudadanía sustantiva, como el sentido de pertenencia a un proyecto común, con participación consciente, autónoma y responsable socialmente, que le permite comprenderse, respetarse y participar de manera libre, autónoma e igual, en el marco de la convivencia con los otros y lo otro; y que, además, le ayude a oponerse y a resistir las crecientes desigualdades sociales y la transformación de la propia realidad, para y en la construcción de un sujeto político. Un ciudadano sustantivo entiende lo público como lo común y lo que se construye entre todos, sabe y se compromete con lo que dice y con la realidad social.

En la ciudadanía sustantiva el acento está puesto en que ese ejercicio de existir con otros, del convivir, del participar y hacer parte de —ser reconocido—, se realice de la mejor manera, y en el despliegue de los derechos y de los deberes que se originan en el ser social, en el reconocer la alteridad u otredad que interpela, limita y enriquece a los sujetos; así la ciudadanía, más que un instrumento, es un espacio para la acción política. Entendida la acción política como elemento constitutivo del sujeto y no como una concesión del Estado, ni del derecho positivo. Así, el reto de la nueva ciudadanía es la de concebir y promover el tránsito de la mirada centrada en el objeto destinatario, asistido, usuario o cliente, a una concepción que, desde el respeto y la confianza, promueva la autonomía personal y el papel activo del sujeto en la construcción de lo social; lo que equivale a decir pasar del “individuo objeto” de las políticas sociales al “sujeto activo” protagonista; tránsito que requiere de una profunda reflexión política y educativa (Ghiso, 2006).

Esta caracterización de ciudadanía exige procesos de educación social equitativos en el acceso y distribución del conocimiento y el dominio de los códigos en los cuales circula la información, necesaria para la vivencia y fortalecimiento de las prácticas ciudadanas de la convivencia, la participación y la autonomía.