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de actividades prioritarias de interés general, a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales... En el caso de subsidios que se conciben en Cuentas Nacionales, su otorgamiento no implica ninguna contraprestación por parte del receptor y el registro de su ejercicio es a un fondo perdido, sin contrapartida de activo, mercancía o servicio”.

84 Decimos que el mayor bienestar generado en un mercado subsidiado sólo es aparente porque el menor desembolso que efectivamente hacen los consumidores en ese mercado genera un exceso de demanda que se elimina mediante un mayor costo de oportunidad (filas de espera, racionamiento, etc.).

85 Los fallos del mercado incluyen las extemalidades y las imperfecciones del mercado. Las extemalidades son costos y beneficios que las actividades privadas de producción y consumo descargan en la sociedad. Las imperfecciones constituyen situaciones que no corresponden a las condiciones necesarias para la competencia perfecta.

destinase a resarcir el efecto negativo de los sistemas de producción industrial sobre las

condiciones de vida y la dignidad de la mano de obra. j

El desarrollo de la doctrina neoclásica abrió camino al principio impositivo de la capacidad de pago en sustitución del viejo principio predominante del beneficio recibido. Bajo el nuevo principio comenzaron a independizarse las estructuras de los ingresos y la de los gastos públicos. De esta manera fue posible establecer programa de servicios públicos para grupos específicos financiados a través del gasto público cargando contribuciones generales sobre la sociedad.

En este contexto, el inglés Arthur Cecil Pigou (1877-1959), sucesor de Marshall en la Universidad de Cambridge, trasformò el enfoque clásico del gasto, pues discriminó entre los gastos por rendimiento que correspondían a las adquisiciones estatales de bienes y servicios y los gastos de transferencia (las prestaciones sociales y las subvenciones a las empresas) que constituían un traslado gratuito de ingresos. Este enfoque reconoció la intervención (neutra) social y económica del Estado con fines específicos (Faya, 2000, p.45).

El cambio de concepción sobre los fines que el Estado podía promover a partir de la administración de sus gastos, dio lugar al desarrollo de los enfoques intervencionista y moderno del gasto público, enfoques que superaron a la tradición clásica del gasto público.

3.5 La crítica del nuevo liberalismo a la teoría y política de las

finanzas públicas de los Estados modernos

Según Hayek, la teoría y la política de las finanzas públicas han caído en errores fundamentales que han determinado un excesiva intervención mediante el gasto público.

Bajo la influencia de la teoría keynesiana, de las diversas teorías que han justificado a los Estados del bienestar y con el aval de una política neoclásica empeñada en lograr realmente un sistema de competencia, la política impositiva ha quedado supeditada a la enorme presión de gastos crecientes.

Bajo el enfoque moderno de los impuestos, sustentado en el principio de la capacidad de pago (Musgrave y Musgrave, 1991), ha predominado en la política impositiva un objetivo recaudatorio: se establece un ingreso total y a cada contribuyente se le pide que contribuya según su capacidad de pago. Esto es, el monto de los ingresos ha tenido que ajustarse a gastos crecientes y no al revés como prescribieron ios tratadistas clásicos de las finanzas públicas.

Según Hayek, el objetivo de ingresos a recaudar ha crecido desmesuradamente debido a la capacidad de grupos de interés para lograr autorizaciones legislativas a programas sociales específicos.

Los políticos y legisladores han avalado un cuantioso incremento de gasto en programas sociales, porque de ésta manera logran establecer compromisos de apoyo mediante el voto.

La política de impuestos y gastos se han combinado de tal manera que quienes pugnan por autorizaciones de programas, creen que el costo de esos programas puede ser cargado a los demás, es decir, la práctica de las finanzas públicas es tal que primero se decide cuanto gastar y después se discute a quienes cargar el costo de esos gastos (Hayek,1983, p.61

El principio de la capacidad de pago como base de los impuestos, y las amplias funciones que se han depositado en el gasto gubernamental, han hecho creer a los grupos de interés que es posible gozar de beneficios específicos sin pagar por ellos. De aquí se genera el fenómeno del aprovechado, el que goza de servicios públicos pero se niega a pagar por ellos.

En su texto Tyranny o f the Statu-Quo (1984), los Friedman señalan que la fuerte influencia que se ejerce sobre los legisladores es resultado del trabajo de grupos de ciudadanos partidarios de ciertos programas que les brindan beneficios o ventajas, cuyo costo es trasladado al resto de la población. Se forman así triángulos de hierro entre cada grupo de interés , los políticos y los burócratas. Concluyen que en los Estados Unidos esta es la tiranía del statu- quo.

En este estado de cosas, según Hayek, el orden espontáneo deviene en una organización con un número limitado de objetivos escogidos mediante un engañoso

sistema de mayoría, y cada vez más seleccionados por la burocracia, en manos de la cual se ha puesto la administración de recursos públicos.

La burocracia misma, al manejar los recursos públicos mediante reglas y procedimientos faltos de transparencia, se convierte en un grupo de interés que promueve el despilfarro y la corrupción.

Para Hayek las finanzas públicas deben regirse por un principio según el cual la carga fiscal debe repartirse entre las personas de tal manera que cualquiera que se declarara a favor de un gasto, supiera que tiene que contribuir en una proporción conocida de antemano, y pudiera además comparar gastos y beneficios (Hayek, 1983, p.63).

En realidad, la posición de Hayek representa el regreso a la propuesta básica de Smith de que los impuestos deben regirse por el principio del beneficio recibido.

En una democracia, según Hayek, una decisión racional y responsable sobre el volumen de gasto público, implica que los electores no pierdan de vista que será necesario pagar por cada gasto acordado. Nuevamente Hayek se apega a la preferencia que siente Smith por un sistema de impuestos sustentado en el principios del beneficio.

La crítica de Hayek a la teoría y a la política de las finanzas públicas parece correcta en varios aspectos. Es correcto que el Estado ha quedado atrapado la maraña de la demandas de los grupos de interés86, sobre todo cuando el mismo gobierno se ha convertido en un grupo con intereses específicos.

En nuestro sistema de democracia representativa, el poder público ha llegado a convertirse en una de las principales fuentes de riqueza y de influencia, también ha llegado a ser un símbolo de la idolatría humana, uno de esos símbolos reconocidos como nocivos pero al que la mayoría de los individuos gustaría de representar.

El poder político es una especie de obsesión que corrompe el alma humana. Los políticos forman un grupo cuyos intereses están más lejanos del “pueblo” y más cercanos a los grupos de ricos, poderosos y influyentes.

86 El reconocimiento de que los gobiernos modernos se ven envueltos en una densa maraña de grupos de interés marca un diferencia con la interpretación de Adam Smith quien pasa desapercibido este fenómeno.

Contradictoriamente, nuestro sistema de democracia representativa requiere del apoyo popular en las urnas, mismo que los políticos consiguen intercambiando beneficios específicos por el apoyo de grupos de poder popular específicos.

El gobierno efectivamente usa el gasto público para satisfacer demandas de grupos ricos y poderosos, también abusa del gasto público tomando remuneraciones exorbitantes para sí y para los políticos; usa los recursos públicos para comprar apoyo político y finalmente, usa los recursos públicos de una manera corrupta y deshonesta. Ciertamente, el mismo ejercicio gubernamental implica un gasto dispendioso.

También es correcta la aseveración de Hayek acerca de que los diferentes grupos de interés no gubernamentales quieren cargar el costo de sus demandas a la población en general, y no se trata sólo de los grupos de empresarios ricos y de políticos influyentes, sino de una gran variedad de grupos de interés entre los que se cuentan los de las clases medias. De hecho, parece ser que los recursos públicos son un botín al que se accede en función de la capacidad de presión política y extrapolítica.

Milton Friedman87 y su esposa, Rose Friedman, en su libro Free to Choose (La libertad de elegir) escribieron un capítulo titulado muy sugerentemente “De la cuna a la tumba” en el que sostienen que el Estado providencia fracasó debido a que los gastos sociales beneficiaron fundamentalmente a las clases medias, en tanto que, los impuestos para financiarlos recayeron en los más pobres y en los más ricos, es decir, los programas de gasto social no beneficiaron a los grupos pobres a los cuales en principio estaban destinados.

La argumentación de los Friedman no es exacta, ya que con frecuencia, especialmente en los países subdesarrollados, los Estados del bienestar tomaron la forma de Estados promotores de clases medias urbanas industriales, con lo que precisamente el gasto social estaba orientado a favorecer la formación de las clases medias de las nacientes ciudades en detrimento de las clases pobres de origen básicamente rural.

Un argumento central de toda la obra de Friedman es el de que el excesivo gasto público, traducido en déficit , ha implicado que los gobiernos hayan tenido que