5.3 Case Studies
5.3.3 Summary of Case Studies
En la información recabada por la comisión se advierte que el 30 de julio de 2007 el Sindicato Nacional de Trabajado- res Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Me- xicana (sindicato minero) estalló la huelga en la unidad mi- nera de Cananea, Sonora, aduciendo condiciones deficientes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, no obstante que durante el periodo de prehuelga la empresa se allanó a las pretensiones específicas que estuvieran relacionadas con estos temas.
El 11 de enero de 2008, en acatamiento de lo dispuesto por el Poder Judicial, la JFCA notificó al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga estallada por dicho sindicato el 30 de julio de 2007, en la unidad minera de Ca- nanea, Sonora. El mismo 11 de enero de 2008, el sindicato minero promovió juicio de amparo contra la determinación de la JFCA sobre la inexistencia de la huelga.
El 14 de febrero de 2008, el juez sexto de Distrito en ma- teria de Trabajo en el Distrito Federal concedió el amparo solicitado por el sindicato minero. La empresa impugnó la referida resolución al interponer la revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Cir- cuito, que confirmó el amparo concedido por el juez sexto de distrito, que consideró que la huelga debía ser declarada legalmente existente. En cumplimiento de lo anterior, la JFCA, con fecha 28 de abril de 2008, notificó que la huel- ga de Cananea era legalmente existente.
No obstante haber avanzado en aspectos relacionados con el tema de seguridad e higiene en la empresa, y haberse re- alizado en la mina de Cananea una inspección extraordina- ria en la materia, ante personas representativas de ambas partes, no ha sido posible avanzar en la solución del con- flicto, en virtud de que han prevalecido el encono y la des- confianza mutua, en cuanto a los aspectos relacionados con peticiones económicas y asuntos de orden penal locales en Cananea, lo cual ha impedido que los esfuerzos de conci- liación mencionados rindan el resultado deseado que per- mita el levantamiento de las huelgas y, por ende, el benefi- cio de los trabajadores, sus familias y de la actividad productiva de la empresa en la localidad, en la cual la acti- vidad minera es la principal fuente de subsistencia econó- mica y social.
Del 5 al 9 de marzo de 2008, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desahogó la citada ins- pección, en la que participaron, además de los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene, el representante patronal y miembros del sindicato minero. Como resultado
de la inspección, se detectaron 263 medidas técnicas que no son consideradas graves, de las cuales la empresa sol- ventó 211, y las 52 restantes quedaron pendientes de sub- sanarse por encontrarse suspendidas las labores en la mina. Desde los entallamientos de huelga, en la STPS se han lle- vado a cabo reuniones de carácter formal entre la empresa y el sindicato minero, además de diversos encuentros de al- to nivel que se han tenido con los representantes de las par- tes en conflicto. Dichas reuniones se celebraron el 3, 20, 21 y 24 de agosto, 5 de noviembre y 6 de diciembre de 2007. En la reunión del 5 de noviembre de 2007 comparecieron los representantes del sindicato minero y el ingeniero Ro- berto Rubial Astiazarán, secretario de Gobierno de Sonora, sin que hayan acudido los representantes de las empresas. El 20 de agosto de 2007, el secretario del ramo, acompa- ñado del subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, se reunió con las partes.
En dichas reuniones, el sindicato minero ha insistido en condicionar el levantamiento de las huelgas a la solución definitiva de las demandas laborales y mercantiles contra su entonces secretario general, entre otras demandas que nada tienen que ver con los supuestos motivos de las huel- gas.
Derivado de las citadas reuniones en la STPS, esta comi- sión advierte que las peticiones del sindicato exceden las supuestas violaciones contractuales en materia de seguri- dad e higiene en el trabajo que dieron motivo al estalla- miento de las huelgas, como desistimientos de acciones pe- nales, rescate de cuerpos; desistimiento de las demandas de titularidad de contrato colectivo que fue concedida al sin- dicato alterno; y el multimillonario pago de daño moral al sindicato minero y al señor Napoleón Gómez Urrutia, en- tonces secretario general.
Después de las reuniones llevadas a cabo en la STPS, que resultaron infructuosas en virtud de que las pretensiones del Sindicato Minero excedían el conflicto laboral, el 14 de diciembre de 2007, el titular de la STPS envió un nuevo oficio tanto al secretario general del Sindicato Minero co- mo al presidente de Grupo México para solicitarles el nom- bramiento de un representante plenipotenciario a fin de in- tentar, una vez más, la conciliación del conflicto.
Se convocó al señor Sergio Tolano, secretario de la sección 65 del sindicato minero en Cananea, para que, con la parti-
cipación de autoridades federales y locales, pudiera encon- trarse una solución para la mina de Cananea, sin que el se- ñor Tolano se hubiese presentado a la reunión programada para el 3 de junio de 2008.
Esta comisión ha tenido conocimiento de que la STPS ha reiterado su disposición a atender los conflictos laborales entre las referidas empresas y el sindicato minero para que privilegien el diálogo en la búsqueda de una solución, co- mo se exhortó al sindicato minero, a través de su secretario de trabajo, Javier Zúñiga García, electo en la convención general ordinaria celebrada en mayo de 2008, sin que dicha invitación haya sido atendida.
Esta dictaminadora advierte que, desafortunadamente, ante los esfuerzos realizados para conciliar los conflictos, se ha evidenciado el particular interés del sindicato minero para condicionar las negociaciones de los asuntos laborales a los problemas de carácter penal de su anterior secretario gene- ral, señor Napoleón Gómez Urrutia.
Conforme a la información recabada por esta comisión y la serie de ambigüedades y falta de precisiones sobre tiempo, lugar y forma en que incurre el diputado que realizó la pro- posición con base en suposiciones, ésta considera que no se ha acreditado una intervención violenta o desalojo de tra- bajadores por la fuerza pública. Esto, desde la fecha de pre- sentación de la aquélla hasta el presente.
De acuerdo con la información recopilada, la presencia po- liciaca que, por excepción, estuvo en el centro de trabajo obedeció a un requerimiento de auxilio por parte del tribu- nal laboral correspondiente para que, en forma preventiva, se actuara de manera disuasiva y no represiva, a efecto de evitar enfrentamientos entre grupos de trabajadores anta- gónicos. Los elementos de seguridad no iban armados y su único propósito era garantizar la libertad de trabajo. Por último, esta comisión ha podido constatar que en múl- tiples ocasiones la STPS ha expresado su total disposición a atender los asuntos de carácter laboral y que ha exhorta- do a las partes para que puedan lograr una salida satisfac- toria a la problemática laboral vigente, máxime que la le- gislación laboral exige la voluntad de los trabajadores para poner fin a un movimiento de huelga, y que no basta la par- ticipación de las autoridades para resolver un conflicto de esa naturaleza. Corresponde, pues, al sindicato minero y a la citada empresa asumir una actitud propositiva de nego- ciación con la que se puedan alcanzar acuerdos de solu- ción, ya que las autoridades laborales administrativas de
los diferentes niveles de gobierno no cuentan con atribu- ciones directas que les permitan resolver los conflictos sin la voluntad de las partes.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previ- sión Social se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Por lo expuesto, deséchese el punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a establecer una me- sa de diálogo para solucionar la huelga de los trabajadores de la mina de Cobre Mexicana de Cananea, en Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo- crática de la LX legislatura, presentada el 30 de abril del 2008. Descárguese y archívese como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Tomás del
Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbri- ca), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rú- brica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Miguel Gutiérrez Aguilar, Carlos Armando Reyes López, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez, Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro, Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sando- val (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Ro- sario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Publí- quense en el Diario de los Debates y archívense los expe- dientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe con oficio de la Secretaría de Gobernación.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escu- do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secreta- ría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Con- greso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1909, sig- nado por los diputados César Duarte Jáquez y María Euge- nia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respecti- vamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del si- milar número SSP/ SEIP/ 0692/ 2008, suscrito por el inge- niero Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al combate de la delincuencia organizada en Baja California Sur.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 20 de noviembre de 2008.— Cuauhtémoc Cardona Be- navides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Seguridad Pública.
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente. Por este medio y en atención de su oficio número SEL/ 300/4437/08, en el que hace referencia al punto de acuerdo “Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con- greso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de los titulares (...) de la Secretaría de Se- guridad Pública federal evalúe la implantación, con carác- ter preventivo, de una operación conjunta de combate de la delincuencia organizada, en coordinación con la autorida- des competentes del gobierno de Baja California Sur, que permita mejorar las condiciones de seguridad en esta enti- dad”, aprobado por el Pleno del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 21 de octubre del año en cur- so, me permito señalar lo siguiente:
La implantación de las operaciones conjuntas obedece a distintas áreas y factores, como
1. Entidades federativas que reflejen alto índice delicti- vo.
2. Se tengan identificados el fenómeno de narcotráfico y delitos conexos.
3. Contar con personal operativo de las siguientes insti- tuciones:
• Secretaría de Seguridad Pública federal. • Secretaría de la Defensa Nacional. • Secretaría de Marina.
• Procuraduría General de la República.
En específico, Baja California Sur afortunadamente no tie- ne niveles de incidencia delictiva tan graves, como otras entidades donde se tienen implantadas las operaciones con- juntas, no obstante la Secretaría de Seguridad Pública Fe- deral tiene un estado de fuerza de 294 elementos, a fin de poder ayudar a mejorar las condiciones en materia de se- guridad, coordinándose con las autoridades locales de la si- guiente manera:
Coordinación Elementos Vehículos
Seguridad regional 52 41 Fuerzas federales 186 11 Servicios ministeriales 56
Total 294 52
Adicionalmente, la Subsecretaría de Estrategia e Inteligen- cia Policial mantiene comunicación con las entidades fede- rativas donde no se tienen desplegadas operaciones con- juntas.
Respecto a Baja California Sur, se llevó a cabo una reunión de trabajo el 3 de noviembre del año en curso, con la par- ticipación del gobernador, del procurador de Justicia esta- tal, del secretario de Seguridad Pública estatal, del secreta- rio General de Gobierno del estado y el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.
Dichas autoridades manifestaron sus inquietudes y necesi- dades en materia de seguridad, por lo que se acordó un in- cremento de 60 elementos en el estado de fuerza para la en- tidad y se solicitó un filtro de revisión para el control de acceso al aeropuerto de Los Cabos, por lo que se iba a re- visar la viabilidad jurídica de esta solicitud para dar poste- riormente una respuesta.
Se presentó al coordinador estatal de la policía federal de Baja California, Leopoldo Salvador Dueñas Donnadieu, para lograr una adecuada coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales.
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo número 05/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del año en curso, donde se establecen las coor- dinaciones estatales de la policía federal, las cuales fungen como áreas de dirección que dependerán directamente del coordinador de seguridad regional de la policía federal, és- tas tendrán bajo su mando, responsabilidad y supervisión las siguientes áreas:
1. Unidad modelo de inteligencia policial; 2. Fuerzas federales de apoyo;
3. Seguridad regional;
4. Puertos, aeropuertos y fronteras; 5. Unidad jurídica;
6. Enlace con el centro de mando;
7. Enlace de prevención y participación ciudadana; y 8. Enlace administrativo.
Se realizan también trabajos en el Grupo de Coordinación Interinstitucional Baja California Sur, con la función prin- cipal de intercambiar información para que sea operada por sus integrantes o participantes, según su atribución. Estos esfuerzos se complementan con la denuncia ciudadana a escalas estatal y federal.
Respecto a Baja California Sur, la Secretaría de Seguridad Pública, con el Centro de Investigación y Seguridad Na- cional, ha evaluado a 209 elementos de seguridad pública en los siguientes municipios:
• 105 en La Paz; y • 104 en Los Cabos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para agrade- cerles su interés en el tema, ya que sólo con acciones en las que todos los sectores políticos y sociales se involucren en un esquema de corresponsabilidad podemos ofrecer resul- tados a los ciudadanos.
Atentamente
México, DF, a 13 de noviembre de 2008.— Ingeniero Facundo Rosas Rosas (rúbrica), subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.»
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para su conoci- miento.
CENTROS DE READAPTACION SOCIAL El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escu- do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secreta- ría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Con- greso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1666, sig- nado por los diputados César Duarte Jáquez y Santiago Gustavo Pedro Cortés, Presidente y Secretario, respectiva- mente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SSP/SSPFI/OADRS/UALDH 1919/2008, suscrito por el licenciado Blas Fortino Figueroa Montes, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los Centros de Readaptación Social federales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de diciembre de 2008.— Cuauhtémoc Cárdenas Be- navides (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Seguridad Pública.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
En atención a su oficio número SEL/300/4456/08, de fecha 23 de octubre del presente año, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual solicita se proporcione un informe de las acciones y resul- tados en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos en los Centros Federales de Readaptación So- cial, al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:
1. En relación con las acciones implantadas y avances