SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS

ciudadana, lo siguiente:

 Consulta Popular.- Por medio de la cual se requiere la opinión de la población para que el gobierno pueda tomar determinadas resoluciones; era necesario contar con la declaración de voluntad favorable de la mayoría absoluta de votantes.

 Revocatoria del mandato.- Por medio de esta forma de participación los ciudadanos tenían el derecho a revocar, dejar sin efecto, el mandato dado a alcaldes, prefectos y diputados , cuando su plan de trabajo presentado como propuesta para su elección no se hubiese cumplido; procedía también en casos de corrupción.

 La participación en procesos eleccionarios para dignidades de elección popular era considerada la forma más relevante de participación política en el texto de la mencionada constitución.

 Participación de la comunidad en defensa del ambiente. Esta forma de participación permitía a la comunidad pronunciarse en afectaciones al medio ambiente natural, y el Estado debía consultar su criterio; esta participación, no involucra a los sectores productivos privados.

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4.2. La Constitución del 2008 y la Participación Ciudadana.- En el Título IV,

denominado Participación y Organización del Poder, este texto amplía las posibilidades de formar espacios de participación ciudadana, fundados en la realidad social histórica presente, sobre la base de principios políticos que inspiran esta modalidad de gobierno democrático.

 El artículo 95 reconoce el derecho a la participación ciudadana como un derecho inherente al comportamiento democrático y exhorta a ciudadanas y ciudadanos a ejercerlo individual y colectivamente de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

 Los principios que fundamentan la participación: igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

 La organización de la sociedad es la expresión de la soberanía popular para generar los cambios sociales, que contemporáneamente, constituyen demandas de derecho natural y político de la comunidad en procura del bienestar colectivo.

 La organización social en cualquier forma que esta adopte, constituye un factor de desarrollo de procesos de autodeterminación que incide en decisiones y políticas públicas.

 Faculta a las organizaciones a formar redes de organizaciones sociales que sustenten todas las formas de expresión del poder ciudadano como gestor de su propio destino y para presentar resistencia contra decisiones lesivas, de las administraciones públicas.

 La iniciativa popular normativa para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa u otros órganos con competencia normativa, según el texto del artículo 103, es considerada como forma de participación ciudadana, considerada democracia directa.

 Potestad ciudadana para proponer reformas constitucionales que deban ser llevadas a referéndum.

35  Formación de organizaciones políticas reconocidas como movimientos y

partidos políticos.

 Control popular sobre gestión de autoridad, para defender los derechos de la naturaleza.

 Otras formas de participación se contienen en el texto del artículo 61, en las cuales pueden hacerlo ciudadanas y ciudadanos individual o colectivamente considerados, así: elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultado, participar de la fiscalización de actos del poder público, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, participar de las administraciones públicas en el desempeño de funciones y empleos, e integrar movimientos y partidos políticos.

 Ejercer control sobre la gestión de las administraciones públicas: central, seccionales y locales, por medio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 Desarrollar y fortalecer la formación de organizaciones sociales para la participación ciudadana en niveles significativos, apoyándose en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 Ejercer acciones y reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados a través de la Defensoría Pública.

 Participación en economía popular y solidaria integrando organizaciones de economía social, comunitaria y asociaciones cooperativas.

 Participación a través de las pertinentes organizaciones sociales, en la adopción de políticas migratorias.

 Planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

 Presentación ante la Corte Constitucional, acciones de protección constitucional extraordinaria en forma individual o colectivamente en contra de sentencias ejecutoriadas o autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia, cuando para su emisión se han violado por acción u omisión derechos, o se ha cumplido con el debido proceso.

36 Mediante la mención que hago de las formas de participación ciudadana contenidas en la Constitución vigente pretendo relevar la importancia de este texto en relación al anterior y resaltar cómo esta normativa concebida con ideología de corte social, crea opciones para generar nuevos espacios públicos de real participación ciudadana como factor de desarrollo de vivencia democrática.

La breve revisión realizada en este nivel, me lleva a reafirmar el criterio de la importancia que tiene el estudio teórico y la práctica de la participación ciudadana dentro y fuera de la universidad por los estudiantes de derecho, lo cual permitirá la formación de competencias generales en el ser ciudadano del abogado, y a la vez, competencias específicas en el tratamiento de los elementos que conforman esta institución jurídico-política. Estimo que a mayor amplitud de la normativa constitucional de participación ciudadana es mayor la falencia de conocimientos y competencias de los estudiantes.

5. Conclusiones:

 En el ejercicio docente con valores éticos-cívicos, existe una respuesta siempre generosa en resultados formativos de comportamientos sociales que favorecen el bienestar sistémico dentro de los contextos: familiar, social, laboral y ambiental de quien aprende.

 La docencia desarrolla facultades proclives a la percepción en los estudiantes, de comportamientos sociales caracterizados, cuya lectura permite conocer tendencias y realizar diagnósticos de la realidad contextual sistémica de la ideología política de la masa estudiantil, como indicadores necesarios al diseño de currículos adecuados a la formación de conciencia social.

 La gestión académica universitaria está llamada a la convivencia integral, motivadora y perenne de servicio con la colectividad, sin este vínculo, estará en crisis existencial, pues, la institución educativa separada de su razón de ser, carece de causa vital legítima; este vínculo nace del ejercicio profesional eficiente en comportamientos ético-cívicos.

37  Resultados de la encuesta aplicada por el autor de este trabajo a ochenta personas de un total de ochocientos estudiantes de Derecho de la ULEAM, denotan desconocimiento de la teoría política que les proveería de contenidos referentes de participación ciudadana como comportamiento primigenio de la democracia, así mismo de la praxis de esta, en marcos de valores ético-cívicos necesarios en la formación del saber ser personal del profesional en su desempeño como tal frente a la necesidad de orientación de la colectividad. Esta debilidad de los profesionales abogados no se compadece con la demanda de liderazgo comunitario que el colectivo social reclama a la universidad.

 Únicamente de la universidad puede esperarse la formación de ciudadanos competentes en la gestación de cambios sociales a través del desempeño profesional con vocación de desarrollo integral transmisible a la comunidad social, puesto que, quienes acuden a ella en pos de superación, son parte vital e influyente de la población del área de servicio e influencia de la institución educativa llamada a constituirse en paradigma de notoria vida democrática, en la gestión de sus procesos y en la promoción de esta por medio de sus egresados.  A la universidad corresponde el rol protagónico generador de

comportamientos colectivos idóneos y eficientes como respuestas concretas a las exigencias a favor o en contra de la globalización económica y la mundialización cultural, de manera tal, que la institución educativa entregue la información pertinente a la comunidad social, a través de desempeños competentes de sus egresados profesionales, en demanda de acciones políticas de participación comunitaria social en la gestión administrativa pública, para el diseño de soluciones concretas a la compleja problemática colectiva, en procura del sumaq kawsay.  Si mujeres y hombres egresados de las universidades al terminar la

carrera, no poseen formación ideológica para la prestación de servicio profesional con valor agregado social, las condiciones retardatarias del progreso integral local, regional y nacional prevalecerán, porque no habrá quienes se involucren con pasión en la instrucción y capacitación que requiere la colectividad para organizarse y para ejercitar el poder ciudadano en sus demandas comunes, en su condición soberana de

38 titular de derechos y deberes; sobre la universidad pesará la complicidad institucional en el retraso cultural y político que constituye un impedimento para que el pueblo sea protagonista de su propio destino, porque las características de las condiciones de la realidad social ecuatoriana, cuyos indicadores más notables se conocen públicamente por los boletines del IISE, muestran que las administraciones públicas han venido excluyendo a la población en toda participación ciudadana en niveles decisorios, operativos y en control de ejecución.

 La exclusión política de la masa poblacional, es un indicador de centralismo cuyos efectos son proclives a la formación de clientelismo político, y desasosiego generador de inseguridad y de corrupción, males estos que deben ser enfrentados por los abogados dentro de su área de desempeño profesional mediante la acción política aprehendida en la teoría y práctica de participación ciudadana en aula y en el vínculo permanente con los diferentes sectores de la sociedad, en sus prácticas pre-profesionales y dentro de la gestión universitaria de vinculación con la colectividad.

 Esta diseñada forma de sometimiento, cuya lectura se percibe con mediana conciencia social de pensamiento crítico, y que es parte de las prácticas y procederes del control político por el sistema neoliberal de la economía fomentados por el capital transnacional, afecta a los niveles educativos aún en el tercer nivel y consecuentemente grava a la comunidad social, en la suma de profesionales sin respuestas objetivas y sin desempeños prácticos en áreas de administraciones públicas y de desarrollo social integral.

 La Facultad de Jurisprudencia y la Universidad no están vinculando en forma satisfactoria práctica, el ejercicio de profesiones con valor cívico- social agregado. Sus egresados procuran satisfacer necesidades, placeres y deleites personales egoístas, sin denotar sensibilidad para percibir la variada problemática común, y para visualizar soluciones compartidas con el colectivo social. Conclusión esta que tiene fundamentos en los resultados de la encuesta adjunta y el conocimiento de la ausencia de desempeños profesionales de los egresados de la

39 institución en materia de servicio público significativo, obviamente salvo excepciones.

 La gestión educativa de la universidad, llamada a liderar procesos de desarrollo social en todas las áreas del quehacer humano en la nación, mantiene la gastada visión de preparar profesionales para servir de preferencia a los sectores productivos de la economía y no ha logrado leer los tiempos, que ofrecen la realidad social crítica, dadas las condiciones dialécticamente diferentes al enfoque de la visión. Esta aseveración tiene su basamento en el retraso que, como regla general, acusa la institución en estudio, ya que esta, como toda universidad ecuatoriana debe ser formativa de profesionales para desempeños eficientes, cuando menos en el ámbito nacional; es notorio además, los niveles de corrupción, internacionalmente evaluados, que presentan las administraciones públicas, en las que, profesionales que lideran la gestión, carecen de conciencia social para desempeños éticos e íntegros en función del desarrollo humano que favorezca el alcance el bienestar colectivo.

 Consecuentemente conviene actualizar la visión de la institución educativa superior buscando dar respuesta a la necesidad social de contar con profesionales de desempeños eficientes, y competentes en la orientación cívico-política en su respectiva área de acción.

 El Plan de Estudios de la Facultad de Jurisprudencia e la ULEAM, debe contar con un programa de asignatura de capacitación teórico-práctico de democracia y ciudadanía.

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ANEXOS:

1. Programa de Asignatura Derecho Político y Constitucional de la Facultad