Los refugiados salvadoreños comenzaron a llegar a Honduras en 1980. Inicial- mente, se establecieron sin problemas en diversas comunidades de la frontera, especialmente en La Virtud. Sin embargo, tras la llegada de nuevos refugiados, las autoridades hondureñas trataron d e p o n e r f i n a e s t e a s e n t a m i e n t o e s p o n t á n e o . E l gobierno de Honduras pensaba que los refugiados eran colaboradores de la gue- rrilla y los trataba con desconfianza y hostilidad. En mayo de 1980, por ejemplo, las tropas hondureñas devolvieron a cientos de refugiados que huían de un ata- que del ejército salvadoreño. Muchos de los que fueron obligados a regresar fue- ron asesinados. Pero a pesar de esta acogida, la intensificación de los combates en El Salvador continuó empujando a miles de salvadoreños a huir a H o n d u r a s . A principios de 1981, la población de refugiados salvadoreños en Honduras era ya de 30.000 personas.
Los refugiados no encontraron la seguridad q u e e s p e r a b a n c u a n d o h u y e r o n a Honduras. Según una enfermera europea que trabajaba en La Virtud: «El ejército salvadoreño, de acuerdo con los soldados hondureños de La Virtud, entraba libre- mente en territorio hondureño. Algunos refugiados desaparecieron, otros fueron encontrados muertos, y otros fueron detenidos por el ejército hondureño».30 El
ACNUR protestó formalmente por los ataques, al igual que altos cargos eclesiásti- cos de la región, pero con escasos resultados.
dar a los refugiados de La Virtud a Mesa Grande, un lugar situado más lejos de la frontera. Según las autoridades, el objetivo era proteger a los refugiados, algo que el ACNUR apoyaba. Sin embargo, algunas ONG y otros observadores creían que los fines reales del gobierno eran impedir que los refugiados auxiliaran a los guerrille- ros salvadoreños y despejar la zona de la frontera para que los ejércitos hondureño y salvadoreño pudieran actuar con más libertad en ella. Los refugiados y la mayoría de las ONG que trabajaban en La Virtud se opusieron al traslado, alegando que los primeros quedarían más a merced del hostil ejército hondureño.
La situación llegó a un punto crítico el 16 de noviembre de 1981, cuando un grupo de paramilitares y soldados salvadoreños entró en La Virtud y secuestró a varios refugiados. El gobierno de Honduras utilizó la incursión como excusa para proceder al traslado inmediato, p e s e a q u e los preparativos en Mesa Grande no habían finalizado aún. A pesar de la oposición de los refugiados y de la preocupa- ción que sentía, el ACNUR no tenía casi más alternativa que prestar asistencia al traslado. En cinco meses, fueron reubicados 7.500 refugiados. Más de 5.000 regre- saron a El Salvador para evitar ser llevados a Mesa Grande. El traslado trajo nue- vos problemas. Muchos de los servicios prometidos nunca se materializaron y las condiciones en Mesa Grande eran mucho peores que las de La Virtud. Como con- secuencia, aumentó la desconfianza d e l o s r e f u g i a d o s tanto hacia las autoridades hondureñas como hacia el A C N U R .
La política del gobierno de Honduras de mantener a los refugiados salvadore- ños en campamentos cerrados dificultó que éstos alcanzaran la autosuficiencia. No se les permitía buscar empleo fuera de los campamentos. Además, sólo podían cultivar la tierra dentro del perímetro de éstos, lo que limitaba la cantidad de alimentos que podían obtener. A p e s a r d e ello, los refugiados eran personas de muchos recursos. Plantaron sus propios huertos dentro del campamento, que lle- garon a cubrir todas las necesidades de sus habitantes. También construyeron piscifactorías que proporcionaban toneladas de pescado, criaron cerdos y gallinas y abrieron talleres en los que producían la mayoría de su ropa, su calzado y sus hamacas.
E n o t r o polémico incidente ocurrido en 1983, el gobierno de Honduras co- municó a l o s refugiados salvadoreños del campamento de Colomoncagua, próxi- mo a la frontera con El Salvador, que también tendrían que trasladarse o regresar a El Salvador. El ACNUR apoyó el plan de reubicación, pero advirtió al gobierno de Honduras de que se opondría a cualquier intento de repatriar a los refugiados por la fuerza.31 Mientras tanto, las ONG internacionales apoyaron la resistencia de
los refugiados al traslado. Finalmente, las autoridades hondureñas se echaron atrás y los refugiados no tuvieron que marcharse, pero la vida en Colomoncagua siguió estando llena de tensiones y peligros. Desde el principio, ese campamento sufrió muchos problemas de seguridad, incluidos ataques violentos contra los refugia- dos, perpetrados a v e c e s e n colaboración con miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas. También hubo varios incidentes causados por conflictos entre los propios refugiados, particularmente cuando querían ser repatriados en contra de los deseos de sus dirigentes.
La situación de los refugiados en el mundo
El ACNUR quedó atrapado en medio de las presiones divergentes en los cam- pamentos de refugiados salvadoreños. Los gobiernos de Honduras y de los Esta- dos Unidos querían aumentar el control sobre las actividades d e l o s r e f u g i a d o s , mientras que éstos, y la mayoría de las ONG que trabajaban en los campamentos, reclamaban mayor libertad. El personal d e l A C N U R en los campamentos sufrió en varias ocasiones malos tratos a manos de las autoridades hondureñas.
Las relaciones del ACNUR con las ONG que trabajaban con los refugiados salva- doreños en Honduras también sufrieron tensiones. Las ONG consideraban a menu- do que el ACNUR estaba aliado con los gobiernos de Honduras y de los Estados Unidos, que en general eran hostiles a los refugiados salvadoreños. Un miembro del personal d e l ACNUR escribió en aquel período: «En ningún o t r o p a í s d o n d e había trabajado antes ha sido el personal internacional de las organizaciones de voluntarios tan hostil al ACNUR como en Mesa Grande y Colomoncagua».3 2
Refugiados guatemaltecos en México
Durante la década de 1980, México —al igual que Honduras— no era signata- rio de la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951 ni de su Protocolo de 1967. Cuando en 1981 comenzaron a llegar guatemaltecos a México en gran- des n ú m e r o s , miles de ellos fueron expulsados de inmediato. S i n embargo, tras una serie de protestas internacionales, el gobierno mexicano estableció un proce- so de registro para los refugiados guatemaltecos y permitió que se quedaran 46.000 d e l o s m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 q u e e n t r a r o n e n e l p a í s e n t r e 1 9 8 1 y 1 9 8 2 . E n 1 9 8 2 , e l ACNUR abrió su primera oficina en México.
Muchos de los refugiados que no estaban registrados habían llegado a diversas zonas de México a las que emigraban tradicionalmente los guatemaltecos en bus- ca de trabajo, y donde les era más fácil mezclarse con los trabajadores locales e inmigrantes. No menos de 50.000 se dirigieron a la capital, la ciudad de México, donde no tenían la opción de registrarse. Otros llegaron al país una vez que el gobierno había concluido ya el proceso de registro. Todos los refugiados no regis- trados vivían bajo el constante temor de ser expulsados.
Los refugiados registrados en México fueron repartidos en más de 50 campa- mentos situados en remotas zonas de s e l v a d e l empobrecido estado de Chiapas, que hace frontera con Guatemala. Las condiciones de vida en estos campamentos eran sumamente precarias. A partir de 1984, el gobierno de México, consciente de las deficientes condiciones de los campamentos, adoptó una política de trasladar a los refugiados desde Chiapas hasta nuevos asentamientos situados en los estados de Campeche y Q u i n t a n a R o o , e n l a p e n í n s u l a d e Y u c a t á n , a donde finalmente fue- ron llevados alrededor de 18.000 refugiados. El gobierno afirmó, con parte de razón, que la medida era necesaria porque el ejército guatemalteco había realiza- do varios ataques a través de la frontera contra emplazamientos de refugiados. Al mismo tiempo, el gobernador de Chiapas se oponía con vehemencia a la presencia de los refugiados, mientras que la península de Yucatán era una zona subdesarro- llada donde los refugiados podían contribuir a los proyectos de desarrollo.
De los refugiados registrados en Chiapas, unos 25.000 se resistieron al traslado a Campeche y Quintana Roo y se quedaron en Chiapas. El gobierno de México disua- dió a las ONG mexicanas de que prestasen asistencia a estos refugiados. Los exiguos salarios que recibían por su trabajo y su falta de acceso a la tierra y a los servicios sociales hicieron que las condiciones de vida para estos refugiados fueran sumamen- te difíciles, y en 1987 varios abandonaron los campamentos, algunos de los cuales regresaron a Guatemala. Sin embargo, la situación de la seguridad y las condiciones de vida para los refugiados en Chiapas mejoraron algo posteriormente.
A partir de 1984, el gobierno de México —en cooperación con el ACNUR y las ONG— proporcionó a los refugiados ya establecidos en Campeche y Quintana Roo tierras, alojamiento, ayuda alimentaria y servicios sociales completos. Estos asentamientos tuvieron un gran éxito en lo que a la autosuficiencia y la integra- ción local de los refugiados se refiere. La mayoría de los que se trasladaron a ellos se quedaron de forma permanente y el gobierno mexicano les concedió eventual- mente la ciudadanía.