Y por lo que hacía referencia a don Juan el problema era muy semejante. La antipatía hacia él venía ya desde antiguo y, a diferencia de doña Isabel, la primera esposa del Rey, ella nunca consintió tratarle con el término de «mi hijo». Conocía bien los sucesos del verano de Aranjuez y, tanto como su esposo, sintió entonces que la arrogancia de don Juan era insufrible. La Reina sabía de su profunda decepción porque había sido excluido de la Junta y eso, este Príncipe, nunca podría aceptarlo. Por ello no habían pasado todavía dos días de la muerte del Rey cuando, con el lenguaje suplicatorio y afectado que le haría famoso, don Juan escribía a la Reina para pedir audiencia y para que se le permitiera «habitar en la Corte». Una consulta rápida de ésta con los miembros de la Junta determinó que eso no sería conveniente porque el Príncipe «no se contentaría con vivir ocioso» en Madrid.57 No pudo sufrir
don Juan este rechazo y, desde entonces, no paró ni un momento por conseguir su objetivo: arrebatar para sí todo el poder absoluto de aquella monarquía.
Doña Mariana sabía de este y otros problemas y, desde luego, conocía que no eran los únicos. Con una Junta tan endeble y cruzada por ambiciones políticas muy 57 J. Castilla Soto, Don Juan José de Austria... op. cit., pp. 200 y 201.
mal encauzadas, sin autoridad certera en los Consejos de la monarquía, y con una aristocracia ambiciosa y egoísta, la tarea de gobernar no podía ser fácil. Cualquier asunto, por mínimo que fuese, podía enredarse en trámites infinitos en cualquiera de aquellas estancias donde todos mandaban y ninguno decidía. Las horas dedicadas a despachar los asuntos de gobierno se alargaban innecesariamente aunque pocas fuesen las decisiones operativas. La Reina, en consecuencia, se sentía descorazonada y aturdida; en aquel ambiente sólo podía hablar con su confesor. «Me pudro de todos estos trabajos de Estado y no puedo echar mano ni confiarme de nadie», había confesado en algún momento en que la majestad de su dignidad dio paso a la confidencia.58 Por ello, finalmente, terminó encomendando muchas de sus
responsabilidades a su confesor Nithard, hombre que conocía su conciencia, porque ella nunca pudo entender bien cuáles eran los límites entre su condición de Regente y los de madre de un Rey pequeño.
En enero de 1666 tuvo lugar el primer reconocimiento de Nithard como hombre público. El 16 de aquel mes Mariana decretó una nueva recomposición del Consejo de Estado dando entrada a nuevos hombres, algunos de ellos con notorios servicios diplomáticos y otros elegidos por su presunta independencia política. Un hombre destacaba entre todos: Everardo Nithard, confesor y, a la vez, mayordomo mayor, es decir, la persona que controlaba todas las dependencias de palacio reservadas a la Reina, así como los servicios y, en general, las personas de su entorno. Aquel día, dicen las crónicas, «Madrid entero desfiló por la calle de San Bernardo» donde estaba ubicado el Colegio de los Jesuitas, la residencia del confesor. De inmediato aquel sacerdote austriaco supo lo que significaba ser tratado de «excelencia».
Muchos pensaron, con razón, que la Regente había optado por restaurar, otra vez, la fórmula política del «valimiento»; pero de ser así se planteaban dos problemas de práctica política: por un lado, Nithard no era miembro de la gran nobleza, espacio de donde surgieron siempre los validos; por otro, este nuevo consejero de Estado era extranjero y, además, ni siquiera era súbdito de la monarquía católica. En seguida comenzaron los problemas. Varios memoriales llegaron hasta la Junta de Gobierno indicando estas singularidades y recordando expresamente la cláusula treinta y tres del testamento del Rey difunto que, recogiendo una norma de derecho tradicional, mostraba tajantemente que «... no se pueda meter —en Consejos y Tribunales— ministros ni jueces extraños de estos reinos»59. El padre Nithard lo
era. Don Juan, Medina, Pastrana, Mondéjar... y otros grandes aristócratas residentes en la corte, así lo manifestaron a modo de queja.
En cualquier caso, ocurrió que Nithard, desde el Consejo de Estado, fue acaparando paulatinamente mayor fuerza política contando siempre con la anuencia de la Regente. Y, efectivamente, el padre confesor desplegó allí la suficiente influencia como para detectar su mano en muchas de las decisiones que firmaba la Regente con su nombre. Entre ellas llamó un tanto la atención que Alejandro VII expidiese tan pronto la bula de nombramiento de don Pascual de Aragón como arzobispo de Toledo. Eso significaba que, de inmediato, don Pascual ocuparía su 58 G. Maura y Gamazo, Carlos II... op. cit. T. I, pp. 199-201.
lugar en la Junta como correspondía a su dignidad. Las atenciones que el rey don Felipe había prestado a este gran prelado, miembro de la Casa de Cardona-Segorbe, hacía pensar que serviría bien los intereses de la Reina y, por lo mismo, apoyaría, desde su autoridad, la persona de Nithard. Así pensaron en palacio y así lo dedujeron, igualmente, los aristócratas que jugaban a la intriga política en la corte.
Sea como fuere el padre-confesor, de cuya honradez y piedad pocos dudaban, viose de pronto metido en la lucha política sin conocer bien ni las personas ni los intereses que constituían las redes de las tramas que se organizaron, de pronto, en torno a él. Porque la gran nobleza, al menos una parte de ella, acostumbrada a ejercer su influencia por medio del valido, ahora había de concebir otras estrategias. En cualquier caso eran muchos los asuntos que requerían la atención de la Junta y de la Regente.60
En primer término, remediar lo que cientos de memoriales llegados desde todas las partes de los Reinos definían como el «miserable estado de esta Monarquía». Muchos lugares estaban despoblados, los campos sin poder ser roturados, y cientos de familias enteras emigraban a la corte y a otras ciudades para llenar las calles de mendicidad y pobreza.61 Muchos grandes estaban, igualmente,
arruinados por el descenso de la renta campesina y por el elevado nivel de consumo que seguían manteniendo.62 La Real Hacienda apenas podía sino percibir una
pequeña parte de lo que le correspondía. El fraude fiscal era masivo y alcanzaba, en ocasiones, a más del 50 por ciento. Las ciudades, que representaban al Reino en Cortes, llevaban mucho tiempo administrando la imposición que se debía a la Corona (millones, tercias, alcabalas, etc.). Las oligarquías de estas ciudades ya no enviaban a sus procuradores a las Cortes del Reino porque «negociaban», cada una por sí misma, con el Consejo de Hacienda la cantidad que habían de aportar.63 Y esa
negociación o consulta, con una administración monárquica endeble, sólo significaba la prórroga de los servicios. Sin embargo, la diferencia entre lo que se pagaba a la hacienda del Rey y lo que se percibía de los pecheros eran tan significada que alejaba la ilusión de una tributación moderada.
En cualquier caso la regencia de doña Mariana se vio en la obligación de suspender temporalmente los pagos de la Real Hacienda impidiendo cobrar a sus prestamistas; y ello significaba que esta deuda se reconvertía en juros, es decir, en papeles o bonos que, emitidos por la Corona, aumentaban la deuda a largo plazo, deuda cuyos tenedores eran los pequeños ahorradores del Reino. La confianza en el crédito de la Corona se resquebrajaba alarmantemente, de este modo. Se observaba, por ejemplo, como hacía observar un clérigo anónimo, que las encomiendas de las 60 L. A. Ribot, «La España de Carlos» en J. M. Jover Zamora, Historia de España Menéndez Pidal. (Tomo XXVIII: La transición del siglo XVII al XVIII), Espasa-Calpe, Madrid, 1993, p. 86.
61 G. Maura y Gamazo, Carlos II... op. cit. Apéndice 2, T. I, p. 467. Programa político de un arbitrista anónimo.
62 H. Kamen, La España de... op. cit., p. 370 y ss.
63 I. A. A. Thompson, «The end of tne Cortes of Castile» en Parliaments, states and representation (N° 4, 1984). Un estudio más general en VV.AA., Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna. (Actas del Congreso Científico; Salamanca, abril, 1987), Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1989. Más particularmente en L. A. Ribot, «Carlos II: el Centenario olvidado» en Rev. Studia Histórica (n° 20, Salamanca, 1999), p. 33.
órdenes militares, instituidas para «honrar armas y pagar servicios hechos a precio de mucha sangre vertida», se otorgaban, ahora, para remunerar a burócratas de golilla o «secretarios de plumas». Los argumentos empleados para explicar esta situación, tan menesterosa, eran todos de tono meramente confesional; y así se decía que Dios estaba enojado por la ruina moral de la sociedad.64 Hurtos, homicidios, desafueros y
una absoluta relajación de costumbres, casi todas ellas referidas a desvergonzados adulterios y a amancebamientos públicos, determinaban, según esta lógica, que las desgracias de esta monarquía fueran manifestación del castigo divino.
Un clérigo anónimo escribió, por entonces, un manifiesto donde expresaba estos pensamientos. Para él, el respeto perdido a la Iglesia y los menosprecios para con los párrocos eran manifestaciones de una sociedad que había perdido su orgullo y que renegaba de los compromisos tradicionales que siempre había defendido. «En España, Señora —escribía este nuestro clérigo dirigiéndose a la Reina— donde vemos tan pura la fe y religión verdadera, está muy perdido el respeto a las Iglesias.»
Con mayor o menor consideración a los pilares principales de aquella sociedad, era verdad que ésta había perdido ya la creencia de que Dios seguía protegiéndola; de hecho muchos pensaban que Dios había retirado su mirada benevolente sobre este pueblo egoísta que había llegado a pensar que era el verdadero intérprete de la voluntad divina. Con unos indicadores de pobreza creciente, sin capacidad para realizar levas de soldados de manera eficaz y con un sistema financiero totalmente colapsado, no resultaba sencillo adoptar decisiones militares apropiadas cuando se trataba de defender territorios en los que las armas españolas ya habían sido derrotadas. Porque todavía continuaba la guerra de Portugal y las esperanzas de una victoria se habían evaporado.65