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IN duda, los casos de protección de los acosadores sexuales como el argentino Luis María Gómez, el turco Mehmet Ulkümen y el egipcio Aly Teymour por parte de Butros-Gali han sido los más graves y famosos ocurridos dentro de la Organización de las Naciones Unidas; pero otros casos no menos flagrantes vienen a demostrar que aún en las sedes de la ONU la ley de «tolerancia cero» ante los acosos sexuales continúa muy lejana.

Dos casos de acoso sexual en el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) iban a mostrar que la protección a los acosadores no solo era cuestión de hombres, sino también de mujeres.

La UNFPA era una de las agencias de la ONU más agresivas en la defensa de las mujeres. Sus funcionarios promovían en todo el mundo medidas anticonceptivas y educación sobre planificación familiar. También su directora ejecutiva, la doctora Nafis Sadik, como vicesecretaria general, era la mujer de mayor rango dentro del sistema de las Naciones Unidas, y bajo su mando se encontraba un staff altamente profesional formado en un 45 por 100 por mujeres. En resumen, la UNFPA se autoproclamaba la gran defensora de los derechos de la mujer en la Organización; pero dos acontecimientos vendrían a demostrar que esta política era sencillamente una fachada.

En 1992, dos mujeres, Saida Belas-Genou, de Argelia, y Lalla Boudour el-Aoufi, de Marruecos, presentaron acusaciones de acoso sexual contra su jefe y supervisor, Abdul Muniem Abu Nuwar. Como contraataque, Abdul Muniem falsificó dos informes sobre ambas mujeres en los que indicaba que tanto Belas-Genou como Boudour el-Aoufi habían mostrado pobres resultados en su trabajo, y Abdul Muniem recomendaba la rescisión de sus contratos. Belas-Genou intentó demostrar que esta

calificación se debía a que ella y su compañera se habían negado a tener relaciones sexuales con Abdul Muniem a cambio de una renovación de sus contratos.

Ambas mujeres decidieron protestar ante la poderosa Nafis Sadik, pero esta se negó a recibirlas a pesar de que otros supervisores y compañeros de trabajo alegaban en un documento que tanto la argelina como la marroquí eran excelentes trabajadoras, muy capaces y eficientes y enormemente responsables.

Sadik siguió negándose a escucharlas, permitiendo que a las dos mujeres no se les renovasen los contratos. Por otro lado, Abdul Muniem Abu Nuwar fue ascendido y enviado como representante de la UNFPA en Siria.

Otro caso que también saltaría a las portadas de los medios de comunicación sería el de Gabriele Mussnig, una ciudadana alemana de treinta años que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud desde 1987 en calidad de asesora técnica para el Programa Global contra el Sida, el GPA.

Mussnig había sido destinada al GPA con base en Luanda (Angola), consiguiendo varias cartas de admiración y felicitación por su trabajo escritas por altos funcionarios del Gobierno angoleño y dirigidas a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.

De forma sorpresiva, el 30 de abril de 1991, cuando expiraba su contrato, la sede central de la Organización le comunicó que este no sería renovado. Gabriele Mussnig entendió que su «no» renovación se debía a los informes negativos que habría enviado a Ginebra su supervisor, el doctor Emmanuel Eben-Moussi, el oficial de la OMS en Angola. Mussnig decidió luchar contra esa injusticia reclamando una vista ante un tribunal de la Organización Internacional del Trabajo. Durante el juicio, Gabriele Mussnig hizo un detallado relato de las vejaciones a las que la había sometido el doctor Eben-Moussi. Por ejemplo, declaró que un día que se estaba duchando en su casa, descubrió cómo Eben-Moussi se encontraba sentado en una silla justo al lado de la ducha. También explicó cómo fue llamada al despacho de Eben-Moussi y, mientras hablaba con ella, descubrió que este se estaba masturbando.

El 13 de julio de 1994, el Tribunal Administrativo acordó: «En vista de todas las evidencias en una campaña de victimización a la que se ha visto sometida una funcionaria de la OMS por negarse a ceder a los acosos sexuales por parte de su supervisor inmediato: Nosotros [el Tribunal] hemos descubierto que el contenido del informe remitido [por el doctor Emmanuel Eben-Moussi] el 17 de enero de 1991 sobre ella [Gabriele Mussnig] debe ser rechazado por la OMS y el oficial que causó daños a la víctima no debe salir indemne. Cualquier organización debe tomarse en serio los casos de acoso sexual y el consiguiente abuso de autoridad. En todos los casos, las víctimas deben ser protegidas de forma confidencial y deben ser protegidas durante las investigaciones. En este caso, la OMS tiene que proteger sus plenos derechos [los de Gabriele Mussnig]»170 .

Mussnig fue nuevamente contratada por un período de dos años y recibió de la OMS 25.000 francos suizos por daños morales y 6.000 francos suizos más en concepto de costas legales. Lo más curioso del caso es que el doctor Emmanuel Eben-Moussi no recibió sanción de ningún tipo por parte de la OMS. Durante un tiempo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que estaban estudiando las medidas disciplinarias a adoptar contra el doctor Eben-Moussi, pero lo más increíble es que el paso del tiempo contribuyó a crear una cortina de humo sobre el atacante. Al final, ya nadie sabía si alguna vez Emmanuel Eben-Moussi había acosado sexualmente a una funcionaria. Todo había quedado en el más profundo olvido de la maquinaria burocrática de la ONU.

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